El Auto dictado por el Pleno de la Sala de lo Penal acuerda:
"mantener la situación provisional comunicada y sin fianza de José Ignacio de Juana Chaos, debiéndose adoptar por el centro hospitalario donde actualmente se encuentra ingresado la administración de la terapéutica adecuada al caso, incluida la alimentación forzosa conforme a lo ya acordado en resoluciones anteriores."
Así que las cosas para el preso provisional De Juana Chaos, en constantes huelgas de hambre que han mermado su salud, continuarán como estaba.
Como curiosidad: Tanto la fiscalía (por la que actúa Fernando Burgos) como los miembros del Tribunal que juzgaron a De Juana en el caso de las amenazas (Manuela Fernández Prado, Angel Hurtado y Carmen Paloma González Pastor) más otra magistrada de la Audiencia Nacional (Clara Bayarre) estaban de acuerdo con mandar al preso a su domicilio hasta que se mejorara.
Para entender que esta medida es netamente jurídica y no una "claudicación del Estado de Derecho" hay que recordar que la figura del arresto domiciliario por el estado del preso ya está previsto en nuestro ordenamiento jurídico (véase en este sentido el artículo 508.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), artículo que no diferencia si la enfermedad o situación de gravedad del preso es autoinflingida o no. Por otra parte, hay que recordar que lo que pide De Juana es su liberación "incondicional", no un arresto domiciliario por circunstancias de salud. Este último extremo no tiene nada que ver con las razones que llevaron al etarra a la huelga, él no pedía prisión domiciliaria ni nada de eso.
Es decisión del tribunal mantener el statu quo del preso De Juana, y era una de las tantas posibilidades que tenía sobre el tapete. No es una decisión política, ni la prisión domiciliaria ni el mantener la prisión en el hospital, no debemos considerar ninguna de las alternativas como "políticas". Aunque me parece que la interpretación que hace el tribunal sobre una norma penal favorable para el recluso es demasiado restrictiva, y que la consideración del daño autoinflingido sólo debía considerarse para la posible vuelta del preso a la cárcel cuando el mismo se mejorara, y si su situación es irreversible, pues nada, como cualquier otro preso enfermo o discapacitado.
Lo preocupante del asunto:
La AVT y el Partido Popular (PP) mantienen su apuesta por la manipulación, por la desinformación sobre unas leyes que conocen muy bien (no por gusto Rajoy fue ministro del Interior, si mal no recuerdo). Y lo digo por las declaraciones que han realizado tras el fallo de la Audiencia Nacional.
Tenemos por un lado a Rajoy: Por un lado, considera que este fallo "desautoriza" a Rodríguez Zapatero y al fiscal que pidió el cambio del arresto en el hospital al régimen de arresto domiciliario. Acusa al fiscal y al gobierno (supongo que de paso acusará a los cuatro magistrados que votaron a favor del arresto domiciliario) de querer que no se cumpliera la condena de De Juana Chaos. Por otra parte, considera que este fallo es una de las grandes alegrías de su vida y que une a los españoles contra el terrorismo.
Lo último, el tema de la unión y de la alegría, no es más que demagogia pura y dura. No sé cómo se puede alegrar de una medida así, puedes estar de acuerdo o en contra, y si eres un ferviente de De Juana o del mantenimiento de la vida de los presos te puede, incluso, apenar o molestar. Pero: ¿Dar alegría? ¡Por favor! Eso no pasa de ser una postura vengativa. Lo mismo que el tema de la "unión" ¿Une más a los españoles un mantenimiento de prisión y punto? Eso es más que demagógico.
Lo otro es más grave: Insiste en que esto es una derrota del ejecutivo presidido por Rodríguez, cuando el tema no tiene que ver con la cuestión política. Si el alejamiento de presos, los cambios penitenciarios por salud y todo eso lo consideramos político, estamos dando la razón a De Juana y los suyos sin lugar a dudas. Y es lo que hace el PP cuando realiza estas declaraciones, confunde (porque quiere) lo jurídico con lo político. Es político el regular una norma de una u otra forma, pero en el caso de las penales, es jurídico luego el cómo se aplican. Ya he mencionado por qué considero que en ningún caso podemos considerar que el mandarlo al arresto Domiciliario no es una cesión ni una derrota del Estado de Derecho en tanto se está aplicando la normativa del Estado para decidir. El PP no cree en el Estado de Derecho. Todos los días se presentan recursos y peticiones que son atendidas o rechazadas y en ningún caso se habla de desautorizaciones ni nada de eso.
Es preocupante que alguien como Mariano Rajoy recurra a la demagogia y la desinformación en este tema: él sabe muy bien que el cambio de régimen penitenciario no supone ni una suspensión ni una conmutación de la pena, ni, mucho menos, una suerte de amnistía. Pero miente. Acusa al fiscal de querer que no se cumpla la pena, cuando una pena se puede cumplir en arresto domiciliario, y, además hay que recordarlo, estamos ante una prisión provisional, no una definitiva.
Por otro lado, como cabeza visible del PP en estas declaraciones, tenemos a María San Gil: La presidente del PP vasco dice que esta decisión le reporta una gran satisfacción, a los familiares de los 25 asesinados por De Juana y a todos los que piensan que el Estado de Derecho "no tiene que doblegarse ante el chantaje de un terrorista". Sobre la "doblegación" del Estado de Derecho ya he mencionado que no es tal, que es aplicación de la normativa del mismo quien permite que en casos como el presente un preso pase a recuperarse en un régimen penitenciario distinto que el ordinario (que De Juana está en el hospital, donde no podrá recuperarse por completo si no come por sí mismo), así que no insistiré más en ese punto. Es demagogia la que se hace al repetir tanto lo de "rendirse al chantaje", eso sería "liberarlo sin más".
Por otro, volvemos al tema de los 25 asesinatos: De Juana ya cumplió la condena por esos asesinatos. ¿Qué tiene que ver la familia de esas 25 víctimas en este tema? Estamos hablando de un preso que está en prisión provisional por una condena por el delito de amenazas. Ya los 25 asesinatos no cuentan en todo esto. Volvemos al uso demagógico de las víctimas. Que nadie me salga ahora en que estoy desacreditando o manchando el honor a esas víctimas, nada que ver. De Juana ya pagó por esos delitos (si ha pagado "mucho o poco" por la muerte de esas personas es algo que no valoraré en estas líneas), y aplicando el Estado de Derecho al que María San Gil menciona, en el 2004 hubiera salido LIBRE. Ahí sí libre, no en prisión domiciliaria. Pero se le juzgó por otro delito y nunca pisó la calle.
Desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) también se manipula el contenido de esta decisión de la Audiencia Nacional. De la boca del polémico presidente de la AVT, José Alcaraz, sale pura y dura demagogia, y desinformación: "el Estado de Derecho no cede al chantaje de un asesino" y que una "decisión distinta a la tomada hoy podía haber supuesto una provocación sin precedentes a las víctimas del terrorismo y a la mayoría de la sociedad española ya que hubiera amordazado la libertad que todas las personas de bien llevan exigiendo durante más de treinta años". Termina diciendo que "gracias a la Justicia, el sentimiento de orfandad de las víctimas ante el Estado de Derecho es menor a pesar de que el Gobierno sigue despreciándolas, poniendo por delante los intereses de los terroristas".
Sobre el chantaje y todo eso ya he hablado e indicado por qué considero que es mentira siquiera mencionar ese extremo al hablar de Estado de Derecho, así que no me detendré en ese punto.
El resto de la declaración de Alcaraz patina entre la demagogia pura y dura (habla de que el Gobierno pone por delante los intereses de los terroristas, no veo "al gobierno" en esta decisión por ningún lado -ni siquiera en los fundamentos de la actuación del fiscal- ni que lo haga en ningún caso, pero bueno, cada quien vive sus propias fantasías por más retorcidas que sean) y una amenaza al sistema que dicen defender, al Estado de Derecho. ¿Por qué una decisión fundada en las normas es una provocación a las víctimas del terrorismo o a parte de la sociedad? ¿El Estado de Derecho es una provocación a las víctimas? ¿Qué clase de víctimas son? Para responder a la demagogia de Alcaraz voy a citar las palabras de Enrique López, portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): "estamos ante una resolución judicial que supone el triunfo del Estado de Derecho hubiera sido cual hubiera sido el contenido". No hablaría de triunfo, simplemente de aplicación.
Espero que el Tribunal Supremo conozca de la súplica a la decisión de la AN y decida lo mejor para el preso (sí, para él, es la parte enferma y débil en todo esto, como todos los presos) y se pase a la prisión domiciliaria mientras se recupera De Juana. Y que el TS también resuelva rápido (de una vez) el recurso de apelación a la condena por amenazas.