¿El lumbreras de García qué preguntaría en el referendo? «¿Está usted de acuerdo con dejar libre a los terroristas o cree que debamos castigarlos?», cuyas respuestas serían: «sí», «no», «no sé», «Hay que castigarlos». Por supuesto, debajo de cada respuesta vendría una advertencia que rezaría así: «Si usted no vota la última opción será considerado un terrorista». Claro, ya se imaginan cual sería ese ejemplar castigo tan respetuoso con los Derechos Humanos de todo quisqui. En fin, un despropósito.
Y no, no vengan a decir que la ley que proponía el ejecutivo era viable, en tanto que ni siquiera sería constitucional (al parecer, abundaban las penas abiertas -prohibidas por el TC-, no respetaba el principio de proporcionalidad, no se acomoda a los tratados internacionales suscritos por Perú -en todo caso, antes de la entrada en vigor debiéramos retirarnos de algunos TI-).
La pena de muerte no es la solución para nada, y eso bien que lo sabe Alan García (entre otras cosas porque la usó -inconstitucionalmente, todo sea dicho- durante su anterior mandato, donde las ejecuciones sin juicios se daban, y donde en los penales se masacró gente, pero esa es otra historia), pero en un país como el nuestro, como ese Perú que tiene tanto de todo, las penas de muerte reciben cierto visto bueno por parte de una sociedad que se cree los discursos de que con mano dura se solucionan todos los problemas, de una sociedad que sigue maltratando a sus mujeres, linchando a los delincuentes, que sigue justificando la guerra antiterrorista que tantas muertes y violaciones de derechos humanos dejó, y que lo hecho por Fujimori no fue para tanto…
Lo peor es que nuestro sistema judicial ni siquiera sería capaz de evitar al cien por cien errores en las sentencias de terroristas, y eso lo tenemos reciente: ¿Cuanta gente vio revisada su sentencia condenatoria por terrorismo y salió libre en los últimos ocho años? Una verdadera burrada (también es cierto que el fujimorismo se dedicó a sentenciar sin pruebas), si esa gente hubiera sido ejecutada en virtud a una sentencia condenatoria no podríamos, como sociedad, intentar reparar el error (está claro que el daño ya se ha hecho, has apartado a una persona de su vida por unos años, pero si la matas no hay vuelta atrás). Y no, ni una sola de las víctimas (error del sistema) de un Estado con pena de muerte es justificada por un (supuesto) bien mayor de seguridad.
El referendo jamás se debe aplicar para violar Derechos Humanos, y sí, tener pena de muerte significa ser potencialmente un violador de Derechos Humanos, sin más y sin menos. No tiene sentido preguntar si queremos ejecuciones legales cuando las mismas no deben ser una opción siquiera. Sería como realizar un referendo para reactivar el esclavismo, pero sin poder enmendar a las víctimas que sufrirían los abusos de la mayoría.
Alan García, otra vez, gobierna con la calculadora de votos en el bolsillo, con el revanchismo en la punta de la cabeza y con la coherencia que jamás el APRA ha tenido. Por no decir que el APRA se enorgullece de pertenecer a la Internacional Socialista -socialdemócrata- (¿Alan no la ha presidido?) cuando ni siquiera cumplen una de sus más importantes campañas, que pretender abolir la pena de muerte.