En este sentido, la Agencia Peruana de Cooperación internacional (APCI) tendrá las facultades de "conducir, programar, organizar, priorizar y supervisar la cooperación internacional no reembolsable que se gestiona a través del Estado y que proviene de fuentes del exterior de carácter público y/o privado" (fuente: El Comercio), en otras palabras, permitirá al ejecutivo, por medio de esta Agencia, controlar las actividades de las ONG y "conducirlas" por el "buen camino" que el gobierno considere oportuno, con lo que se eliminaría el papel fiscalizador de las ONG sobre los poderes públicos.
En 60 días las distintas ONG afectadas por la nueva regulación deberán inscribirse en un registro de la APCI, donde, además, deberán registrar todos sus proyectos, programas y actividades, así como la ejecución del gasto (incluso aunque los recursos vengan de la cooperación privada). Además, se castigará a las ONG que alteren el orden público o perjudiquen la propiedad privada o pública, que van desde multas hasta la cancelación de su registro, una verdadera mordaza para las ONG que han visto en la calle una forma de hacerse oír.
El mayor impulsor de la ahora publicada ley que regula a las ONG, el fujimorista Alejandro Aguinaga, dice que las ONG «no quieren someterse a la transparencia que sí le exigen al Estado», olvidándose por completo que ya existen controles para garantizar esa transparencia y que, en todo caso, no se puede considerar "pro transparencia" que el gobierno tenga control directo sobre la actividad de las ONG. Cabe recordar que esta norma ha sido impulsada por Alianza por el Futuro (partido fujimorista que acusa a muchas ONG de "persecución política" al extraditable Fujimori por denunciar las violaciones de derechos humanos realizadas durante el mandato de Alberto Fujimori), en coordinación con el Partido Aprista Peruano -el grupo oficialista- y con el apoyo de la alianza derechista Unión Nacional.
(Publicado en De Igual a Igual)