Aunque el Terrorismo tuvo verdaderos picos en 1983 y 1984, no fue hasta la llegada al poder de Fujimori, en concreto, hasta el autogolpe de 1992, en donde vemos la relación entre el poder político y la conducta criminal (en palabras de la CVR, a la que sigo mucho en el presente escrito). Desde el gobierno se configura un sistema en que todos los poderes del Estado quedan al control del ejecutivo; el cual aprovecha fórmulas legales/formales para asegurar la impunidad de una sistemática violación de los Derechos Humanos. Y de la Corrupción.
Fujimori no crea un nuevo sistema antiterrorista, sino que aprovecha la “
estrategia integral de las Fuerzas Armadas (FA)”, aplicada desde 1989, aumentando muchísimo la autonomía y discrecionalidad a las FA e imposibilitando el control de sus acciones. En un principio, permitió a la Dirección Contra el Terrorismo de la Policía (DIRCOTE) continuar con su trabajo.
Poco a poco fue aumentando el poder del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), controlado por Vladimiro Montesinos. Hay que recordar que Montesinos formaba parte de un grupo civil y militar que ya preparaba un golpe de estado para tener una “democracia dirigida” y permitir el accionar “libre” de los militares contrasubversivos, que ya planteaban (desde el 89) la necesidad de violaciones de derechos dentro de campañas psicosociales para acabar con el Terrorismo, Fujimori no se enfrentó a Montesinos, sino que se apoyó en él y, a fin de cuentas, lo superó (al imponer su personalismo frente al gobierno sin rostro pretendido por el asesor). El plan político – militar (llamado “Plan Verde”) se basaba en la creación de un poder “Democrático aparente”, con un poder militar por detrás, secreto, que gobernara el país al margen del desgaste político y con plena libertad de acción.
El Congreso no estaba por la labor de continuar la senda marcada por Fujimori (que, mal que bien, iba por el camino del Plan Verde), donde el mismo no tenía mayoría alguna, así pues, las cámaras comienzan a evaluar un plan contrasubversivo propio, en contra de los decretos dispuestos por el presidente. Mejor dicho, modificando dicha regulación para alcanzar un consenso de cómo canalizar la lucha antisubversiva. El 5 de Abril se produce el golpe de estado, seguido por 9 meses de gobierno en que el presidente hace y deshace a su antojo, mediante DL, la organización del Estado, las FA y el SIN. Un Estado sin ley ni orden, donde el ejército comienza a sistematizar sus prácticas violadoras de DH, donde el SIN mantiene al llamado “Grupo Colina”, que tiene la misión de realizar “operaciones especiales” de todo tipo.
La DINCOTE (antes DIRCOTE) captura a Abimael Guzmán (líder de Sendero Luminoso -SL-) en Surquillo, este hecho es adoptado como un triunfo casi personal de Fujimori, que acrecienta la alta popularidad de la que ya cuenta para esas fechas. Poco antes, el 9 de Junio, Victor Polay Campo, líder del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) había sido recapturado (en 1989 fue capturado por primera vez, pero liberado de la cárcel mediante un túnel construido en el Penal Castro Castro, junto con otros 46 emerratistas), así pues, los cuadros dirigentes de ambos “ejércitos populares” estaban siendo fuertemente golpeados, no sólo se capturó a los máximos líderes de cada uno de los movimientos, sino a muchos dirigentes y mandos intermedios.
La detención de Abimael Guzmán se produjo al final de una breve escalada de violencia acordada en 1989 en el seno de SL, donde se decidió que la guerra contra el Estado debía responder a una estrategia equilibrada, y llevar más terror a las ciudades (sobre todo a Lima). Por otra parte, las zonas declaradas de emergencia (más o menos un tercio del Perú), están controladas por los Comando Político Militares, donde la vida de dichas regiones queda sometida a mandos militares no controlados por ningún otro poder. Estos CPM tienen un alto grado de autonomía, total impunidad, y control de la policía nacional allá donde existieran (aparte de ser aparatos adscritos a las FA).
Dentro de los altos cargos de las FA se realizó una “limpieza”, así pues, todos los altos mandos de la marina que no estaban demasiado de acuerdo con estas medidas fueron destituidos, al igual que se cambiaron los máximos líderes del Comando Conjunto y de las Fuerzas Aéreas. A su vez, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa pasan a manos de generales del Ejército. Así como puestos altos dentro de los ministerios son militarizados.
Es curioso que el primer hecho de impunidad se dé sobre Alan García, el Congreso impidió la acusación contra el mismo en una época en que el fujimorismo aún era la tercera fuerza parlamentaria y tenía que mantener a los dos primeros grupos divorciados, para ello iba pactando con cada uno alguna política específica (económicas con la Derecha de Vargas Llosa y políticas con el APRA), como “favor” se impidió la acusación contra García como responsable de las matanzas de los penales.
La política de Fujimori en el tema subversivo comenzó a oscurecerse, a cinco meses de ser elegido se comenzaron a multiplicar las acusaciones de desapariciones, que no eran efectivamente investigadas. Se encuentra una fosa común en Chilcahuaico (a 50 km al noroeste de Huamanga, Ayacucho) con 17 cadáveres y otra con 18 en Chumbivilcas (Cusco). Más adelante se descubre en Chonta Punta (Ancash) un cementerio clandestino que, al parecer, era usado por la Policía Nacional. Desde la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado se reclamaba que durante los primeros meses del fujimorato ya existían más de 200 personas desaparecidas en Huancavelica. Varias decenas de estudiantes (unas cuantas decenas) de la Universidad Nacional del Centro (Huancayo) fueron desapareciendo progresivamente. Nadie respondió por estos hechos, las comisiones de Investigación del Congreso no llegaban a puerto alguno. El campo de acción de los militares antisubversivos fue ampliado, incluso a las universidades San Marcos y La Cantuta. En 1990, a finales del mismo, el gobierno decretó que todas las acciones militares englobadas en las zonas de excepción quedaban en el fuero militar, no siendo competentes los juzgados ordinarios ya que se consideraba que su actividad “de servicio” duraba las 24 horas del día. Por otra parte, algunos generales de Brigada implicados en las matanzas del Frontón y Lurigancho, y en el asesinato colectivo de una comunidad andina en Cayara conseguían el ascenso en el Senado (la contrapartida para no juzgar a García).
A su vez, Fujimori aprovechó un consenso multipartito que le otorgaba facultades legislativas para desbordar al Congreso con más de 150 Decretos legislativos que no iban en la dirección planeada por la lucha antisubversiva pactada, más aún, la mayoría eran o ilegales, o inconstitucionales, o simplemente inadmisibles en cualquier democracia. Por ejemplo, todos los generales del Comando Conjunto pasaban a ser nombrados exclusivamente por el presidente, por el tiempo que éste considerara oportuno, se otorgaba plenos poderes al SIN, estando obligados el resto de ciudadanos y organizaciones a otorgarle lo que pidieran (en cuanto a información) y ampliaba los poderes de los CPM. Comienza la “guerra” entre el Congreso y el ejecutivo, concluyendo en el mentado golpe de 1992, que acabó también con el Poder Judicial, siendo totalmente “reorganizado”. Comenzó la persecución al líder del APRA. Fujimori comenzó un gobierno por decretos, y el Congreso Constituyente Democrático (CCD) no se opuso a ello (la mayoría absoluta fujimorista se lo permitía), más aún, se pusieron a dictar leyes de amnistía general a los presuntos violadores de DH por parte del ejército o la policía.
Se instauró el procedimiento de los jueces sin rostro, se puso la cadena perpetua para ciertos supuestos de terrorismo, se “agilizó” los procesos limitando la capacidad de defensa del imputado, se permitió que los tribunales militares juzgaran a civiles, juicios sumarísimos por el proceso militar a los responsables de terrorismo, por otro lado que se permitía juzgar en ausencia a estos acusados de terrorismo. En conclusión, la seguridad de un juicio justo o el debido proceso era inexistente.
La violencia terrorista, después de esos arrestos y de un acoso y derribo por parte de las comités de autodefensa y las FA, fue disminuyendo, deslegitimada por completo la lucha de Sendero tras el asesinato de la Teniente Alcalde de Villa el Salvador, miembro de la Federación Popular de Mujeres de dicho distrito, resultó contraproducente, pues fue considerado como una traición en que SL demostraba NO luchar por las clases populares, con lo que perdió la poca aceptación con la que ya contaba. Entre el 90 y 93 se registró una cantidad única de muertos por el conflicto, siendo el mayor aumento en Lima, después del 93 el descenso fue muy rápido. Lo reseñable es que la disminución de la violencia terrorista no fue acompañada por un cese de las violaciones de DH por parte de las autoridades, las violaciones de los mismos continuaron a manos del nuevo sistema judicial ya expuesto. Incluso, después del golpe, se conocieron nuevas formas de violencia Política. Las universidades y las cárceles pasaron a ser consideradas reductos subversivos. El control de las cárceles (sobre todo las dos mayores) pasó a manos del ejército, con amplios poderes, se reformó el INPE para dar más discrecionalidad a la autoridad. Una muestra del nuevo orden penitenciario son los sucesos en el Penal de Miguel Castro Castro, donde hubo unos problemas cuando se decidió trasladar a 100 reclusas, los senderistas se opusieron al traslado, el saldo de la operación se cuenta en 41 muertes de reclusos, entre ellas muchos líderes senderistas. Muchos hablan de una matanza selectiva de los mismos.
La universidad, hasta entonces muy autónoma y con un ingreso restringido de las fuerzas armadas, vio violada su autonomía en pro de una militarización de sus instalaciones, permitiendo a las FA y PNP entrar cuando consideraran que serviría para la lucha contrasubversiva. En 1992 se procedió a “desaparecer” a 9 alumnos y un profesor tras allanar una residencia Universitaria (de la U. Enrique Guzmán y Valle). En la U. del Centro la eliminación selectiva ya estaba sistematizada por las FA controladas desde un CPM. Por otro lado, el SIN dirigió una operación en la U. Cantuta que se saldó con varios muertos y desapariciones. Al poco tiempo se descubre que una serie de muertes (ejecuciones) y desapariciones en Lima eran perpetrados por el Grupo Colina, dirigido desde el SIN. Matanza en Barrios altos, desaparición de campesinos y de dirigentes de Asentamientos Humanos y el asesinato del dirigente de la CGTP, Pedro Huilca. Comienzan las desapariciones de periodistas.
Mientras tanto, la mayoría fujimorista impedía cualquier comparecencia de los militares en las pocas comisiones de investigación creadas para el seguimiento de algunos de los actos descritos, denunciados por militares descontentos con la “desprofecionalización del ejército”. El GD Robles denuncia públicamente los actos del grupo Colina, así como la violación sistemática de DH, tanto el MD como Fujimori salen a “desmentir” eso, y juzgan al General disidente. El SIN usa al ejército y se pasa la cadena de mandos por donde bien le parece.
La disminución de la violencia terrorista ocasionó que las FA se centraran en la persecución del narcotráfico, sin dejar de aplicar los medios usados contra los subversivos, con igual índice de violación de DH. Se debe tener en cuenta el vínculo entre el narcotráfico y SL, puesto que el mismo era su principal fuente de financiamiento. Comenzó la época de la guerra abierta contra los cultivos, donde comenzó el fuego masivo, bombardeos desde helicópteros, ataques indiscriminados a pueblos campesinos.
En el 95 se dictó una amnistía a todos los condenados por violación de DH en la lucha contra el terrorismo. Por otro lado, comenzaron los arrestos masivos de “inocentes”, que por el simple hecho de la sospecha fueron declarados culpables sin que exista un proceso debido. Por la presión, Fujimori se vio obligado a indultar a más de 500 personas (cuyas pruebas inculpatorias o fueron conseguidos mediante tortura o fabricadas por la fiscalía o FA), gracias a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, durante el 2000, los tribunales liberaron unas 600 personas. Curiosamente, se mantuvo el esquema antisubversivo, incluso, se amplió su zona de actuación, aunque ya no existía subversión (o era mínima). Esa estructura militar fue utilizada para favorecer su reelección en el 95.
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Esta es la segunda parte de la ponencia que hice para las Primeras Jornadas de Debate sobre América Latina (acá la crónica del día de la ponencia que realicé), es un resumen del primer quinquenio del gobierno de Fujimori en cuanto a la violación de Derechos Humanos y la actuación tanto del Gobierno como de las fuerzas armadas en esa época. La tercera y última parte tratan del último quinquenio fujimorista y unas conclusiones sobre los hechos.
La Primera parte la tienen en: «Pequeño y breve repaso sobre los primeros años de La Violencia en el Perú».