Los partidos políticos han saltado, o respondido. El PSC (cabeza del gobierno regional) considera que “[e]s Esquerra quien debe dar explicaciones, no nosotros ni el Gobierno" (palabras del Primer Secretario del PSC, José Montilla), en otras palabras, que esta vez no es su roche y que ellos no tienen nada que ver, pero eso sí, (animó a) que los “afectados por las cartas” vayan a los tribunales si lo consideran pertinente (faltaba más). El otro socio del Gobierno, Iniciativa per Catalunya Verds (ICV, socio de IU en el Congreso de los Diputados), por la boquita de su presidente, Joan Saura, indicó que "No se puede estar en el Gobierno y firmar una carta en estos términos", añadió, eso sí: "No sé si hay alguna incompatibilidad, pero no me parece correcto". También cuestionó la permanencia de Vendrell en el gobierno Catalán (secretario de organización de ERC y secretario general del primer consejero del Gobierno Catalán).
Desde el PP de Cataluña se califica (por el jefazo de dicha organización, Piqué) de “escándalo”, pide la comparecencia de Bargalló en el parlamento Catalán para ver si puede explicar la situación. El portavoz de CiU, Felip Puig denuncia la “supuesta extorsión” que también sufre empleado laboral y funcionarial (por tanto, gente que no son cargos políticos o de libre designación), tratándose de “una noticia inquietante, espeluznante y propia de un régimen del terror”.
Comisiones Obreras de Cataluña ha pedido la convocatoria urgente de la mesa de La Función Pública para que Joan Carretero, Consejero de Gobernación esas informaciones (sólo las insinuadas por CiU, esto es, el tema de los contratados laborales y funcionarios que se vean “extorsionados”, puesto que los cargos políticos no serían de su incumbencia).
Las reacciones de ERC:
Firmes, ante todo son firmes (para bien o para mal), sienten que lo que hacen está bien (Bargalló ha dicho que está "molt orgullós de militar en un partit que només es financia amb les quotes dels militants i les aportacions dels seus càrrecs”), que no tiene nada de malo ni tachable, y dejaron caer que por lo menos ellos se financian sólo por cuotas y participaciones de los cargos, pero sin recurrir al “3%” (comisión que, “se supone”, cobraba CiU mientras estaba en el gobierno a quienes ganaban concursos administrativos) ni a “donaciones anónimas” (siempre se dice que las mismas se hacen “como pago”, y que cuando abundan es sospechoso).
Defienden que dicho cobro se ampara en sus normas internas (por si no lo sabían, las normas internas de un partido no pueden ir en contra de las imperativas generales), y que esto existe desde el 98 (pues ya habrá tiempo de investigarlo a profundidad) y hasta ahora no había pasado nada (el tiempo no “convalida” las normas no válidas).
Tanto Bargalló como Puigcercós atribuyen que ahora salga este tema por la negativa de ERC a decir que “sí” al nuevo proyecto de Estatuto para Cataluña (pactado entre CiU y el PSOE, y que va superando los trámites parlamentarios con la oposición del PP y ERC). Defienden que ellos no mandan cartas a personal funcionarial o laboral, y que si esto ha ocurrido es que se ha “traspapelado” alguna carta (¿un error a ese nivel? ¿O un “si cuela, cuela”?). Ah, y que irán al parlamento a explicar lo que sea necesario, puesto que defienden dichos cobros.
ERC, como hemos dicho, achaca esto a su postura sobre el “Estatut” y dicen que estas presiones externas no le harán cambiar de sistema de financiación. Al margen de si es o no una campaña para desprestigiar al partido, el que realicen estas actividades (y lo reconocen) ya es grave, negativo, e indefendible, así que por más que haya salido a la luz pública como “represalia” por su postura, no exime a ERC por su actitud mafiosa (sí, como lo leen, porque las mafias también cobran a los que se benefician de su protección, aunque no lo hayan pedido, y es totalmente acorde con sus normas internas).
Se agrava el problema
En ERC consideran que 37 de los 209 Cargos (y empleados) obligados a pagar y “regularizar” su situación NO lo han hecho, así pues, el Consejo Nacional de ERC por unanimidad ha decidido que quienes encubren a los que no pagan también serán expulsados del partido (esto se decidió el 18 de Marzo, antes que explotara la polémica). Los militantes del partido están de acuerdo con este “sobre impuesto”, y consideran (al igual que su organización) que quienes se favorezcan con un sueldo “gracias” a Esquerra deben retribuir a dicha organización (la resolución aprobada tiene, en su introducción, la denuncia a "la grave injusticia que representa el que muchas personas estén contribuyendo al sostenimiento de la organización, mientras otras, con independencia de su vinculación con Esquerra, con retribuciones a veces más altas, no están contribuyendo", nótese ese “con independencia de su vinculación” ¡¡menudo despropósito!!).
Quien no paga no tendrá más la confianza de El Partido, con lo cual vemos que no sólo se otorgan los cargos políticos por las capacidades de la persona para desempeñarlo, o que sólo se otorgan a militantes (cosa que no sería “tan” mala), sino que una persona, sin importar su ideología, que es contratada para una actividad en concreto ¡¡debe pagar al partido de quien le contrata!! Si hablásemos de esto en la empresa privada todos pondríamos el grito en el cielo, pero si pasa en cargos públicos, pagados por todos, parece que “no importa tanto”. Es patético que un partido que se enorgullece de “no cobrar comisiones” a los empresarios se las cobre (porque, señores, esta es una comisión perpetua) a los trabajadores ¡¡y se dicen de izquierda!!
Esta persecución a los “amigos de morosos” se vuelve en la típica “el amigo de mi enemigo es mi enemigo, aunque sea afiliado mío y al enemigo le escogí yo para que trabaje”. ¡Es un despropósito!
Por cierto, de vez en cuando amenazan con hacer pública la “lista de morosos”. Lo cual ya podría ser un problema algo mayor (¿cómo puedes ser moroso de una obligación dineraria que no tienes por qué contraer? Esto, seguramente, sería una tacha sobre la persona de forma pública, y por tanto una deshonra, posiblemente acá ya haya problemas “de verdad” porque el perjuicio pasa de la esfera privada a la pública).