Referendo sobre el Fonavi y la Ministra de Economía

La ministra de Economía, Mercedes Aráoz, saltó contra la pregunta del referendo a celebrarse a la par que las elecciones locales y regionales este 3 de octubre. También aprovechó para atacar al Tribunal Constitucional (TC) y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y, de paso, mintió e indicó que el Estado no devolvería el dinero. Si alguien pensaba que este gobierno sería públicamente neutral al menos para esta consulta popular, se equivocó completamente.

La pregunta del referendo es clara y sencilla: «¿Aprueba el “Proyecto de Ley de Devolución de Dinero del FONAVI a los Trabajadores que contribuyeron al mismo”?». Este proyecto de ley es una conquista de la Asociación Nacional de Fonavistas de los Pueblos del Perú (ANFPP) que consiguió las suficientes firmas para forzar el referendo que ahora se celebrará, la cuestión es sencilla, si se aprueba el proyecto de ley en referendo, este será ley y sus términos se deberán cumplir.

Breve resumen
En el 2001 la ANFPP consiguió que el proyecto se tratara en el Congreso (una iniciativa popular en toda regla), el hemiciclo no lo consideró y sacó un ley sobre el mismo tema en el 2002 (la Nº 27677) que permitía el uso de los fondos del Fonavi por parte del Fondo MIVIVIENDA para la construcción de viviendas de interés social o para adquirir terrenos de interés social o material de construcción. Esto a la ANFPP no le gustó un pelo y, gracias a los artículos 16º y 41º de la Ley 26300, Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadanos, solicitaron que su proyecto fuera votado en referendo.

En un primer momento el JNE declara improcedente el referendo al considerar que es un tema tributario y presupuestal, con lo que no cabe este instrumento (resolución 1215-2006-JNE, de 7 de julio), comienzan los recursos internos y ya judiciales, viendo la ANFPP cómo todos sus intentos fracasaban hasta que se llegó al Tribunal Constitucional, en septiembre de 2007 el TC resuelve los casos (expedientes nº 1078-2007-PA/TC y 3283-2007) fundamentado en que las aportaciones al Fonavi no eran un tributo según el DL 22591 ni son impuestos según la legislación que liquidó el fondo en el 98. El TC dio la razón a los fonavistas y declaró nulas las decisiones del JNE al respecto.

La ANFPP pide al JNE en octubre de 2007 que se convoque el referendo para el 2008, en diciembre del 2007 el JNE, por resolución Nº 260-2007-JNE, declaró improcedente la solicitud de referendo. El TC declara nulo de pleno derecho la decisión del JNE en tanto que este debe cumplir con las sentencias del alto tribunal y básicamente mandó al JNE a convocar el referendo. Esto continua en los tribunales, al punto que el 7º juzgado civil de Lima ya pide al JNE que haga caso al Constitucional (ya es abril de 2008), el JNE responde que la propia STC determinaba la necesidad de que el poder ejecutivo debe implementar los mecanismos y criterios para determinar los montos de los beneficiarios del fonavi, el juzgado le tuvo que recordar al JNE que ese era un consejo del TC al ejecutivo, y no determina el no-cumplimiento de las sentencias. Así, muy a su pesar, el JNE termina convocando el citado referendo (Resolución Nº 331-2008-JNE). Se debió celebrar dentro de los cuatro meses de esa resolución, pero «omitieron» la fecha, se convocó en posterior resolución para mayo del 2009… en el 2009 el JNE dictó la resolución Nº 285-2009-JNE postergando el referendo por falta de presupuesto, en sus considerandos está lleno de «pedimos dinero al MEF pero no nos dieron ni respondieron», el gobierno ya estaba poniendo fuertes trabas en el tema, pero esto no es extraño en tanto que en este tema solo miente y da largas.

Volviendo con la ministra
Mercedes Aráoz asegura que es imposible la devolución individual de los aportes liquidado al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), porque es «muchísimo dinero» y es «muy difícil identificar quienes son los beneficiarios directos». Lo primero es cierto: Es mucho dinero. Dinero que el Estado malversó, usó un fondo para lo que no debía y así lo estableció el Constitucional al declarar nulo el inciso 6.2 del artículo 6º de la Ley Nº 26969, de 27 de agosto de 1998, que liquidó el Fonavi (creado en 1979 por Decreto ley Nº 22591), inciso que permitía al Estado disponer de los fondos del Fonavi a su antojo. Así que por más que sea mucho dinero, eso no excusa al Estado para que se le exija su devolución.

Lo segundo es falso: No es difícil identificar a los beneficiarios directos de las devoluciones, más aun, es sencillo: El Estado debe tener un registro con todos los que aportaron al fondo entre 1979 y 1998, a esas personas se les debe devolver lo aportado, y si no es a ellos, a sus herederos. Puede haber algún caso concreto más o menos difícil de determinar, pero la gran mayoría de aportantes (y por las cuantías aportadas) no es difícil. Y aunque lo fuera, la dificultad no exime de cumplir una obligación legal.

El argumento básico de los fonavistas es que el fondo era de aportación individual a un fondo social, al perderse la finalidad del fondo, durante la liquidación del fondo se debe respetar el derecho de propiedad de sus aportantes (que es inconfiscable en este caso), sin olvidar que hablamos de una aportación que salía directamente del salario del trabajador (y parte del empleador). Vamos, que el fondo tenía un fin concreto, si desaparece este fin lo aportado de quienes no se beneficiaron tenía que revertir en ellos y que el gobierno usó el dinero en lo que quiso.

Por su parte el gobierno, haciendo algo que tiene prohibido (posicionarse electoralmente a favor de una opción política), ha decidido atacar con todo no solo a los fonavistas (la ANFPP ha cometido, para mi gusto, un gran error al constituir un partido político y presentarse, dan esa apariencia de «utilización» de un tema sensible simplemente para conseguir «puestos», y de ello se aprovecha la ministra para atacarles) sino también al JNE, que no ha convocado el referendo ni contra la ley ni por puro gusto, sino que, como he recordado más arriba, lo hizo tras un largo proceso en que el TC y los juzgados le obligaron a convocar la consulta popular, y al TC, que lo único que ha hecho es garantizar los derechos participativos para no usar normas constitucionales para limitar iniciativas populares de forma fraudulenta (si el fondo no era un tributo ni un impuesto, no puede ser excluido de la iniciativa popular).

Ni el JNE ni el TC vieron «la necesidad de hacer un referéndum» como menciona la ministra, sino que obligaron a cumplir la ley en favor de un grupo de personas que sí veían esa necesidad. En el matiz está la diferencia, y es muy importante.

Consideraciones finales
Si no me equivoco esta sería la primera ley aprobada por referendo desde una iniciativa popular. No deja de ser triste que la misma nazca de la disfuncionalidad del Estado, esto es, de un Estado que crea un fondo para un fin concreto, este fondo se mal utiliza por mucho tiempo, nunca es eficaz y el gobierno decide, un día, liquidarlo y darse la potestad de usar ese dinero (lo que quedara, si es que algo había) para lo que le diera la gana.

Ante esto los trabajadores que aportaron, básicamente, se sintieron estafados e iniciaron una carrera para la «devolución» de las aportaciones, y esa termina en este referendo, en un proyecto que marca varias vías de devolución (entre las que están viviendas, terrenos urbanizados, efectivo, bonos, compensaciones tributarias y de deudas). Esto es, en vez de plantearse una salida solidaria a un problema acá cada quien baila con su pañuelo, y lo hacen porque cuando se hizo una chanchita todo se fue a la porra.

Resulta triste la verdad.

Les dejo adjunto el proyecto de ley que votaremos el próximo 3 de octubre: Proyecto de Ley del FONAVI (PDF).