¿En el Congreso qué queremos: elitismo o transparencia?

Vuelve el mismo debate, y vuelve sin más novedades que el llamado a un elitismo en el parlamento que jamás ha evitado que esa institución sirva para algo ni, por supuesto, asegurado mejores congresistas o mandatarios o, lo que es más importante, mejores legislaciones o gobiernos. Un titular que es toda una declaración de intenciones, y tal vez la primera mentira del texto, abre la sección de actualidad de hoy en Perú21: «¡Qué fácil es ser congresista en el Perú!». ¿Cómo que fácil? ¿Cuántos se presentan y cuántos salen? ¿Cuántos intentan presentarse pero no pueden? ¿Cuántas personas consiguen cientos de miles de votos? Eso no es fácil (se refieren, claro, a los requisitos personales para ser candidatos, pero obvian los requisitos para que una formación puede inscribirse y presentar candidatos).

Vamos a separar los temas, por un lado, está la necesidad de transparencia, mientras más mejor, así que temas como publicar las sentencias condenatorias de delitos por los que aun no se haya cancelado el antecedente (no por todos los de la vida del posible condenado) es una necesidad que nada tiene que ver con filtros como la exigencia de un título universitario, técnico o equiparable, exigir «buena salud» o perseguir a quienes, en su hoja de vida, han dado información falsa (es mentir en un documento público, no es tema menor). Así pues, la entradilla del artículo e incluso el propio título no tienen que ver, en el fondo, con lo que los responsables de ONG de transparencia declaran y así es recogido en la segunda parte del artículo.

Ser congresista no es fácil, pero, obviamente, no es una institución meritocrática (ningún parlamento no es, ya que se eligen por medio de votos, no de méritos), volver el Congreso más elitista (en cuanto a requisitos previos mediante titulaciones, por ejemplo) no ayuda necesariamente ni a la transparencia de los congresistas ni, mucho menos, a que sea un buen congreso o con, al menos, congresistas que no sean delincuentes condenados o corruptos y corruptores en potencia. Los dos máximos corruptos y corruptores que hemos tenido en el país en los últimos años tenían titulación académica, y uno de ellos, presidente de la república durante muchos años, que cuenta en su democrático haber un golpe de Estado, no tenía condena penal alguna. ¿De qué sirve evitar que los que ya han sido condenados (sobre todo si ya cumplieron la pena) puedan ingresar al Congreso si muchos están limpios o porque no han tenido la oportunidad o porque la justicia no les ha pillado (como el actual presidente de la República y su Vicepresidente, ambos además con títulos académicos)?

El artículo de Patricia Quispe Villanueva en Perú 21 parte con una falacia más propia del director de Correo, Aldo Mariátegui (lo hizo con un falso escándalo con la congresista Supa), que es asemejar falta de instrucción con falta de capacidad ética, finalmente es eso, se habla de títulos cuando lo que hay es escándalos, donde muchos de los que están inmersos en los mismos sí hubiesen pasado los filtros planteados en el 2004 por Rafael Valencia (salvo que eso de «solvencia moral» lo decidiera el propio congreso o un órgano gubernamental, lo que sería el acabose de lo que consideramos como democracia representativa).

Sobre el elitismo en el Congreso y cómo eso no funciona para nada, hablé en el caso de Mariátegui contra Supa, a esa parte del texto me remito.

Transparencia
Donde debe estar el debate es en la transparencia y en la responsabilidad, no en los filtros previos, que de nada valen (no evitan gente como Fujimori, incluso la posibilitan), está en las recomendaciones de Cecila Blondet (directora ejecutiva de Proética) o José Elice (director de Reflexión Democrática), está tanto en la financiación de los partidos como en la responsabilidad de esos mismos partidos sobre los candidatos que presentan, y de estos candidatos sobre la información que brindan, también sobre la información que les obligamos a dar así como a los mecanismos que mejoren el derecho a voto de los ciudadanos, como sería el voto por correo y el voto voluntario.

Y todo ello dentro del debate de la democracia interna de los partidos (realmente inexistente) y de, incluiría, los elevados requisitos de acceso a ser candidato al Congreso o a la presidencia de la república, lo que fomenta el sistema de financiación ilegal de partidos, los partidos atrápalotodo, y el poco acceso a ser candidato por sectores que quedan excluidos de las formaciones previamente mencionadas, más las barreras de votos que intentan preservar los partidos que ahora tienen representación y dificultar la entrada a nuevas formaciones políticas.

No deja de ser curioso la saña que se tiene con el voto preferente, es tal vez el único respiro que tenemos los votantes ante listas cerradas, en tanto que las volvemos rígidas. Si el ciudadano sabe que determinado partido de una formación que sí le agrada es una mala pieza (tenga títulos académicos o no, tenga condenas o no), en un caso de lista cerrada se ve obligado a elegir entre castigar a todo el partido (no votando) o votar por ese candidato no apto (votando por la lista cerrada y rígida), con el voto preferente se incluye una opción más, que es castigar a ese candidato votando por otros dentro de la lista de su preferencia (voto dentro de una lista cerrada con ordenación de preferencia).