Creo que esta vez me ha quedado demasiado sensacionalista el título, pero es más o menos la idea que a uno se le viene a la cabeza cuando escucha hablar del actual ejecutivo del Perú, donde el Presidente quiere ser el verdadero centro de todo, ser quien da las soluciones para absolutamente todo asunto mundano y que, además, desea poder legislar sobre una serie de medidas penales. Sobre todo cuando ese poder legislativo, se sabe, sólo se usará para endurecer las penas y dar más poder al poder.

Mario Amoretti, abogado penalista, tiene razón al indicar que las penas ya son altas (hasta la cadena perpetua, que como saben, no es poco), que lo que hay que hacer es aplicarlas, junto con otras medidas que sean efectivas contra el crimen (aumentar las penas hasta el infinito no revierte en menor cantidad de delitos cometidos). El ejecutivo pide el legislar sobre esas materias para presentarse, una vez más, como el mesiánico salvador de todos. Y no es que esté pidiendo al Congreso una regulación específica, o que la bancada aprista (que para algo sirve) pida una serie de reformas y que sea la cámara de representantes de todos los peruanos quien decida. Por supuesto que no, Alan García quiere emular a Fujimori cuando a principios de los noventa dieron decretos hasta por gusto en estos temas, en el que el SIN y el ejército ganaban una impunidad casi criminal a la par que atoraban, todos los decretos, al Congreso, incapaz de trabajar “con todo”.

Ya es irónico, ademñas, que un legislador del Partido Nacionalista advierta que el Presidente García está a punto de entrar en un “juego autoritario”, no le falta nada de razón, pero viniendo de una formación de carácter autoritario, la ironía se palpa. Abugattás Majluf, el legislador del PNP mencionado, opina de la misma forma que yo: la administración aprista está siguiendo el camino del Ex Presidente Fujimori. «Las similitudes en el manejo de ambos gobiernos son cada vez mayores, y (existe) el peligro de entrar en un autoritarismo marcado, o en una violación de los derechos constitucionales» declaró el congresista.

Javier Ordóñez, vocero del PNP en el parlamento, se mostró en contra de que la cámara otorgue esas facultades al presidente, él también (como su compañero ya citado) ve un “tufo dictatorial” en el gobierno y considera que el ejecutivo lo que desea es aplicar una política de “ojo por ojo y diente por diente”, que, por supuesto, no sirve de nada. A la par indicó que prefería que el parlamento no dejara sus funciones al ejecutivo.

Es un poco lo que decíamos, esta petición de facultades legislativas sobre temas como la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, el lavado de dinero, el combate al terrorismo no pinta nada bien, el gobierno sólo entiende de venganzas y muertos (hay cosas que no han cambiado con respecto al periodo 85-90, aún los apristas deben responder a muchos de los crímenes cometidos bajo su mandato).

Si el APRA desea una nueva regulación en temas tan delicados como la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, que su bancada plantee la reforma en el parlamento, que ahí se discuta, y que de la cámara salga lo que tenga que salir. Si sólo quisiéramos a un rey no escogeríamos a un parlamento. Pareciera que la bancada aprista sólo está en el parlamento para impedir que echen a los ministros del gobierno o para aplaudir a los mismos cuando van a las cesiones del hemiciclo.

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