Otra perspectiva sobre los «Servicios Públicos»

A primera vista pueden sorprender noticias como la Semana de Lucha de hace casi un mes (entre el 14 y el 18 de noviembre), que entre los temas por los que salimos a la calle estuvo la defensa de los Servicios Públicos (mencionando sanidad, transporte y enseñanza), si bien hay quien duda del carácter anarcosindicalista de la CGT (no solo por participar como tal en las elecciones sindicales, sino por recibir las subvenciones relacionadas a sus delegados electos), de la CNT a nadie se le escapa que su trayectoria es total y absolutamente apegada al anarcosindicalismo. La CNT incluso tiene un interesante documento, dentro de sus Cuadernos para el Debate, titulado «La permanente encrucijada de los servicios públicos». Y en el periódico de la FAI, Tierra y Libertad, encontramos (en la edición de diciembre de 2011) un interesante artículo en defensa de la educación pública: «El único hábitat de la educación es la comunidad». ¿Por qué los anarquistas defienden servicios dados por el Estado si buscan su destrucción? Esa es la duda del millón de dólares.

La respuesta está en dos elementos: a) La alternativa que actualmente se impone sobre los «servicios públicos» es peor que la existencia de esos «servicios públicos» dados por el Estado (entendiendo el Estado de forma amplia), esto es, que quede en manos de empresas privadas dentro de un esquema de dominación como es el capitalismo es peor alternativa que el tener Estado, máxime cuando el servicio se sigue prestando, pero ahora en otra lógica («cliente-consumidor» y no la de «ciudadano-servicio») aunque muchas veces el dinero siga siendo público; b) No se defienden los «servicios públicos» tal cual existen ahora, sino su transformación en verdaderos servicios públicos autogestionados por la comunidad en su conjunto. Estos dos elementos, por ejemplo, quedan claros en la nota de Tierra y Libertad o en el documento sobre los servicios públicos de la CNT.

Todo este preludio (o nota o artículo o comentario o como quieran llamarlo) es para recomendarles, sobre esto, un interesante artículo de Félix García Moriyón, titulado «Servicios públicos»:

Siguiendo la crítica que ya realizó Proudhon cuando el Estado empezaba a crecer, la generalización de los servicios sociales a cargo del Estado tiene tres aspectos sumamente negativos: la aparición de una potente maquinaria burocrática que se hace cargo del control de nuestras vidas; la pasividad y dependencia que genera en los beneficiarios de esos servicios; la proliferación de los funcionarios públicos y el peculiar estilo de trabajo que les caracteriza.
(…)
Y por eso resulta muy importante dejar claro un discurso anarquista alternativo y diferenciador. El primer rasgo diferenciador de un genuino sector público es tener como objetivo prioritario, casi exclusivo, el beneficio del conjunto de la sociedad, satisfaciendo adecuadamente las necesidades de la población. A eso hay que unir el objetivo de una gestión eficaz que controle el gasto, y también el clientelismo y el amiguismo. El segundo rasgo es el de la participación activa de los interesados en la gestión del sector público, pues es esta participación la que garantiza el objetivo anterior y el siguiente. Sólo avanzando en dicha participación lograremos que se cumpla el objetivo anterior. Se trata de promover la autogestión completa: que todas las personas que trabajan en un sector público participen de hecho y activamente en la organización del mismo, pero que también lo hagan los usuarios de los servicios y productos generados por dicho sector. Un tercer y último rasgo es el de la transparencia absoluta en la gestión y la rendición de cuentas.

No se habla de la defensa de una aparato público mastodóntico que funcione con lógicas de clientelismo, de burocratización e imposición, sino de unos servicios realmente públicos, así como una posición totalmente contraria a unos servicios que terminen funcionando con de dinero público (aunque sea parcialmente), y en su caso privado (de los usuarios-consumidores, no de ONG que ponen de su bolsillo), sin garantizar ni siquiera el acceso universal, o que funcione solo bajo la lógica del «cliente – empresa» (y no, eso del «cliente siempre tiene la razón» no es ni de lejos cierto, además, si el pagador es el Estado, el cliente no es el usuario del servicio, sino el Estado) en vez de una lógica de «cubrir necesidades».