Podemos entender que, cuando estamos en una situación de urgencia, las administraciones se cisquen en los procesos: Prima la necesidad. Ahora bien, si la municipalidad de Lima, con su anterior burgomaestre y actual candidato a la presidencia del Perú, contrató el 48% del presupuesto de Obras Públicas por medio de una institución internacional «para agilizar el proceso» (palabras textuales de Marco Parra, ex teniente alcalde limeño, recogidas en la edición impresa de El Comercio) estamos ante un claro fraude de ley. Ese fraude de ley, además, es puerta para todo tipo de corrupción (ya que esa «agilización» se consigue saltándose controles), de ahí se entiende sin ningún problema cómo unas obras que debían costar Equis terminaron costándonos Equis más mucho (el Intercambio de la Panamericana Norte y Habich, por ejemplo, pasó de 32,5 millones de soles a costar 93 millones de soles, la Vía Expresa de Grau pasó de 59 millones a 124 millones, por poner dos ejemplos, y sin olvidarnos, por supuesto, del metropolitano, que se acortó en trayecto pero duplicó el precio).