Sigo sin entender por qué rayos, entre todos los tribunales y órdenes que podían intervenir en el tema, se eligió la jurisdicción contenciosa-administrativa (por medio o de los Juzgados Centrales o la Audiencia Nacional, sigue sin quedarme claro, puñeteras noticias) para que «vise» una resolución administrativa de bloqueo o cierre de webs (órgano que servirá de poco más que para eso, ceguera total)… En fin, pongo enlaces la mar de interesantes sobre el tema (aunque no esté del todo de acuerdo con ellos): «Propiedad Intelectual, Administración Pública, Audiencia Nacional, Páginas de enlaces y otros esperpentos» de Andy Ramos; «Ya tenemos intervención judicial previa al cierre de webs» de David Maeztu; «Un regalo envenenado contra las descargas ilegales: se incluirá con rango legal la intervención de la Audiencia Nacional» y «Cuatro leyes buscadas por el autor frente a las descargas ilegales: Modelo para armar» de José Ramón Chaves García; «La reforma inconstitucional se viste de seda pero inconstitucional se queda» de David Bravo; «La injusticia express de la SGAE» y «Diez preguntas sobre la nueva ley de Internet» de Ignacio Escolar… Y seguro que hay muchos más interesantes, si eso, deje en el comentario el (o los) enlace (o enlaces) a otro artículo (u otros artículos).