Organización y lucha contra una reforma negativa

La ley Pulpín, o esa norma que lo único que hará es arrebatar derechos a los trabajadores jóvenes, ha sido contestada masivamente en las calles. Por supuesto, algunos prefieren ocultar el origen de todo y fijarse en los actos de violencia ocurridos (que, a pesar de todo, son anecdóticos simplemente), obviando que en la mayoría de casos la policía comenzó los desmanes; esa que reprime por órdenes del gobierno, esa cuyo arma son las bombas lacrimógenas y los palos.

Como no puede ser de otra forma, hay quienes defienden la norma; lo usual, en estos casos, es usar una falsa dicotomía (o empleo con este régimen, o sin empleo -Mariátegui-; trabajo informal o trabajo formal con este régimen -Del Río; ella escribió en un tuit: «pero con ley hay algo que fiscalizar, sin ley, nada», pero ya hay una ley, la del régimen general, esa ya se tenía que aplicar en los jóvenes y no se hacía-); esta obvia por completo o cómo funciona el mercado de trabajo o que el problema del empleo informal no está en el régimen laboral, si no en la mala (nula) fiscalización para que, justamente, no se aplique la legislación existente y se contrate de forma irregular (contando acá también los falsos trabajadores independientes, claro). Miremos, nomás, el régimen de microempresas (peor incluso que el régimen laboral) y cómo sigue siendo uno de los sectores más informales en cuanto al empleo.

La alternativa para formalizar el trabajo es castigar a quienes empleen mano de obra informal (o usen falsos contratos), así de sencillo (o difícil); no en dar carta de naturaleza al incumplimiento y llamarle cumplimiento.

Si la idea en el fondo -y como otros muchos plantean- es abaratar la contratación por parte de los empresarios, se podía buscar en algo que la norma hace parcialmente: que ciertos gastos corran a cuenta del Estado (como EsSalud en este régimen), no era necesario tocar otros derechos como las vacaciones y demás, este régimen laboral lo que hace es poner el esfuerzo en dos de las tres partes del triángulo laboral: el trabajador cede derechos (vacaciones, CTS, etc.) y el Estado pone plata. ¿Qué esfuerzo hace el empresario? Ninguno.

Formalizar no es un esfuerzo, es una obligación legal, una condición para que la empresa se le permita participar en el mercado (ya solo por temas de competencia; quienes usan mano de obra informal están realizando competencia desleal). Por eso los trabajadores son los que se quejan, son los que tienen que poner todo de su parte para poder trabajar formalmente.

Por mal cálculo algunos políticos piensan que pueden desdecirse de los aplausos que le dieron a la norma, comenzando por los Fujimoristas (la primera gran defensora fue Chávez, que hasta tuvo que renunciar de la presidencia de la comisión de Trabajo porque los fujimoristas dieron un paso atrás en el apoyo del proyecto -al que votaron favorablemente-), o el inefable PPK diciendo que no dijo lo que dijo (siempre esas malinterpretaciones), o apristas -como Luciana León- que tras votar a favor y que la autógrafa ya fuera al ejecutivo para ser sancionada y publicada comenzaron a retirar su voto (algo que no pueden). ¿Acaso fueron tan brutos de votar algo que no habían leído? ¿Ahora quieren hacerse pasar por defensores de los derechos laborales cuando votaron a favor de quitarlos? Esa inconsistencia política es demasiado grave para dejarla pasar.

Se puede cuestionar por qué los jóvenes o no tan jóvenes no protestan por otras leyes que precarizan el empleo (como la de microempresas) o contra el empleo informal existente; es sencillo, porque esto se está discutiendo y aprobando en este momento, con lo que es algo por lo que se puede protestar con un fin concreto (parar la reforma) y un agente político concreto (gobierno).

Pero sí, el resto de temas deberían estar en la agenda… y lo están, de la izquierda sindical, como no puede ser de otra forma. En los planteamientos de cómo deben ser las relaciones de trabajo en todas las izquierdas. Esa lucha existe, aunque no tiene la relevancia política o noticiosa de lo que estos días ocurre.

Actualización:

• La posición sostenida contra la norma por parte de la CGTP; manifestaciones previas y organización posterior. Basta de desinformación y mentiras.
• Una respuesta a Rosa María Palacios (defensora de la norma) que explica cómo hemos llegado a la situación actual, y cómo esta situación es simplemente una coartada para seguir precarizando el empleo formal. Ambas notas por Mejía en Bajada a Bases.