Reformas sobre la ley electoral para restringir derechos

Ya deberíamos irnos acostumbrando a esto. Es lo que lleva años pasando en la arena política: Restricciones. Ahora van en dos líneas distintas, con acuerdo del PP y del PSOE que demuestran sin rubor que cuando el tema es restringir derechos, siempre se ponen de acuerdo. Una puede que tengan una trascendencia constitucional mayor que la otra, aunque no sé yo… Por un lado, se habla de una reforma del derecho electoral para los españoles emigrantes: Imposibilidad de votar en las elecciones municipales (y no sé si también en las autonómicas, eso no me ha quedado claro de las noticias que leí sobre el tema), dificultades en votar en las generales (ya no voto por correo e inscripción automática en el censo electoral, como hasta ahora, sino un censo especial, al que hay que apuntarse, y voto con urnas en las embajadas y consulados). La otra reforma tiene que ver con las candidaturas «ilegalizables», y ojo porque esta puede ser una restricción que el Constitucional ya avisó que sería excesiva.

Ilegalizaciones
Los dos partidos mayoritarios de España han decidido que las listas «particulares» (al margen del partido) presentadas con candidatos que hayan estado en listas de partidos ilegalizados o estén «vinculados» al «entorno» de una organización ilegalizada puedan ser, a su vez, «ilegalizadas» sin proceder a tachar el conjunto del partido «anfitrión». Hablando en plata: Quieren evitar que candidatos «vinculados» a Batasuna/EH/loquesea se presenten en listas de partidos legales y con actividad política conocida y fuerte, como sería el caso de EA, y evitar también que pase lo mismo que ocurrió con Iniciativa Internacionalista (¿se acuerdan? el TS dio la razón a la fiscalía y el TC dijo que de eso nada).

Voy a recordar un par de los puntos claves, para mi gusto, de lo que fue la sentencia del TC en el caso de Iniciativa Internacionalista, y que perfectamente se puede aplicar al presente caso:

«[L]a disolución de un partido político no comporta la privación del derecho de sufragio, activo o pasivo, de quienes fueron sus promotores, dirigentes o afiliados.» (FJ 9, pr 3, citando la STC 85/2003, de 8 de mayo, FJ 23).

En otras palabras, que haya candidatos «actuales» que en el pasado se presentaron por una lista finalmente ilegalizada no significa que esa persona pierda el derecho de sufragio pasivo (el poder ser votado, esto es, candidato), para que dicho derecho se restrinja debe mediar una condena penal concreta en esa dirección, lo contrario es «expandir» una ilegalización de una formación política a todos, absolutamente todos, los que la apoyaron de alguna forma, y esto mediante una simple ejecución de sentencia de una sala especial que solo trata sobre ilegalizaciones de partidos (y no sobre sus miembros) es ir muy lejos, como el propio TC señala:

Muy en particular, no es constitucionalmente aceptable la tesis de la denominada “contaminación sobrevenida” que, en el parecer del Tribunal Supremo, padecerían cuantos, sin ser ellos mismos motivo para la ilegalización de una candidatura, figuraron como candidatos en una lista ilegalizada (fundamento jurídico Octavo), pues el efecto jurídico que ello implica no puede ser en ningún caso consecuencia de la disolución de un partido que, según tenemos repetido, no supone la privación del derecho de sufragio de sus dirigentes, afiliados, simpatizantes o votantes.» (FJ 13 pr 4)

Para quienes digan que el objetivo es que ETA no «instrumentalice» una candidatura, o que se puedan tachar listas concretas dentro de un partido legal, pues bien, dos cosas: Eso ya se puede hacer (y ANV lo vivió en sus propias carnes, siendo tachadas algunas listas sí, otras no) y la instrumentalización es una de las razones para ilegalizar candidaturas, así que no haría falta una reforma en esos sentidos.

Lo que pasa es que se quiere consagrar por la vía legal una postura sostenida por el Ministerio Fiscal y aceptada por el Tribunal Supremo que el Tribunal Constitucional ya dejó claro que no sería constitucional, que sería la «contaminación sobrevenida», expandiendo la ilegalización de una lista en un momento concreto a la pérdida de derechos electorales de los ciudadanos que la apoyaron.

La izquierda parlamentaria y los nacionalistas no españolistas ven con malos ojos esta reforma, por distintas razones, unos dicen (y con razón) que servirá para realizar persecuciones ideológicas (lo cual es inconstitucional y antidemocrático) y otros (el PNV) porque se usará de forma torticera (ahí salió un mandamás del PNV diciendo que el PP y el PSOE usarían esta norma para cargarse a EA ahí donde les conviene para poder gobernar ellos, y dejando que esta formación se presente donde le pueda quitar votos al PNV, para dificultar el gobierno de estos últimos).

Emigrantes
La idea básica es restringir su derecho al sufragio, sin darles nada «a cambio». Esto es, si quieren hacerlo bien, lo que correspondería sería crear circunscripciones para los emigrantes (como existen en otros países, y como recientemente se ha aprobado en Perú), para ello haría falta una modificación de la constitución (en tanto que constitucionalmente la circunscripción en las elecciones generales es la provincia), y nadie quiere dar un paso en esa dirección.

Pero los partidos están «mosqueados» porque sus emigrantes puedan decidir sus votaciones (sobre todo en las regiones más pobres, que son los que más alto índice de emigrantes tienen, y donde más funcionan, las elecciones, con elementos clientelistas y caciquiles), y lo pongo entre comillas porque los partidos hacen un gran esfuerzo para hacer propaganda electoral fuera de España (durante las elecciones generales pasadas, las calles de Buenos Aires  parecían las de Madrid de tanto cartelito electoral, también mandan publicidad a las casas de los emigrantes y demás), y para entablar relaciones clientelares con los votantes emigrantes (¿o se creen que tanta «casa de…» sufragada o por partidos o por autoridades locales son un simple gesto de hermandad, así como los programas para que los «hijos y nietos» de españoles, con la nacionalidad de sus antepasados, puedan venir a todo pagado para visitar «la tierra de sus padres» lo hacen por puro gusto de servir?)… Pero aun así, es un campo en que no les gustan.

Por supuesto que hay argumentos a favor de que no participen en las locales (aunque yo lo dejaría tal cual está ahora, en las locales, por cierto, sí tienen que pedir «específicamente» las papeletas para votar), y es lógico que sí lo puedan hacer en las generales, el problema de esta reforma es que también va a restringir el apartado de las «generales», al poner un censo voluntario específico para los residentes ausentes y no veo nada claro cómo van a funcionar esas urnas en los consulados. ¿Pondrán una urna por provincia con todas las papeletas de todas las circunscripciones? ¿Por qué cambiar el voto por correo que hasta ahora se realiza que es tremendamente más práctico y fácil?

No veo claro cuál es la finalidad de poner estas trabas, no son un colectivo que «realmente» decida las elecciones (no las generales, las locales en muy pocos sitios, pero muy pocos), además de ser un colectivo con alta abstención electoral. El censo de los emigrantes, los residentes ausentes, en las pasadas elecciones generales fue de 1.205.329 ciudadanos, de los cuales votaron 382.568*, esto es, el 31,74%, frente al 73,85% de participación de esas elecciones de los residentes. ¿Qué sentido hay en restringirles o dificultarles aun más el que puedan votar?

En una democracia sana se debe incentivar el voto como forma de participación política, no dificultarlo.

*Como notas complementarias o curiosas, el 57,47% votó por el PSOE, el PP el 28,05%, el tercer partido fue CC-PNC (2,74%), y el PNV (0,76%) sacó menos votos que el Partido Antitaurino (0,97%).