El Consulado General del Perú en Madrid ha enviado, a todos los que hemos indicado un correo en nuestra alta en el consulado, un extenso comunicado de parte del gobierno del Perú sobre la «situación en Bagua», firmado el 11 de Junio (aunque enviado recién el 19 por el consulado), contando toda la versión oficial plagada de desinformación, demagogia y manipulación de la realidad tanto material como jurídica para, supongo, convencer a los ciudadanos residentes en el extranjero de la corrección de la versión oficial.
El comunicado oficial, que me ha revuelto el estómago (por un momento pensé que estaba leyendo Correo, y a estas horas eso es poco más que indigesto), insiste en cifras oficiales, dice que la autónoma fiscalía no encuentra indicios de más de nueve civiles muertos, y que ninguna institución civil respetable tiene indicios que desmientan la versión oficial. Supongo que las ONG de la zona no son respetables, como no lo son los testigos de los hechos o las fotos de varios muertos. En la información reproducida en España por parte de la prensa, al menos se daban tanto las cifras oficiales como estas otras que elevan el número de fallecidos civiles, supongo que por ello el comunicado oficial, dirigido a los residentes fuera del país, se apresura en remarcar las oficiales. Y por ello el comunicado indica: «No hubo pues la mortandad civil que medios sensacionalistas han difundido, como lo demuestra la proporción de víctimas.»
El texto justifica la legislación aprobada por el gobierno así:
El objetivo del gobierno es evitar la destrucción que vienen perpetrando contra el bosque amazónico los mineros informales que contaminan con mercurio los ríos, los sembradores ilegales de coca y quienes practican la tala ilegal y el contrabando de madera. Ellos han deforestado y destruido más de 10 millones de hectáreas en los últimos años.
Se olvidan que la minería informal y la tala no permitida, así como esos cultivos de coca son todos ilegales, por tanto ya era obligación del gobierno combatirlos, no se necesitaba en ningún caso una nueva normativa para acabar con dichas prácticas. También se olvidan de indicar que concesiones petrolíferas y mineras, por ejemplo, también contaminan y destruyen la amazonía, al igual que la minería «legal» (más cuando se permite a las mineras incumplir la legislación ya suave medioambiental).
«(…) el gobierno impulsó una legislación moderna que respeta la intangibilidad de 12 millones de hectáreas de propiedad de los 320,000 nativos de las etnias amazónicas y de los otros 15 millones de hectáreas de santuarios naturales.»
Se «olvidan» de indicar que el gobierno se pasó por las narices el Convenio de la OIT nº 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes que, como ya se ha explicado (también en esta casa), este tipo de normativas siempre se debe consultar, siempre, a las comunidades nativas, algo que no se hizo. La legislación «moderna» (¡cómo le ha gustado el palabrejo al gobierno!) falla desde la base.
Hablando de legislación moderna: ¿Se acuerdan de Decretos Legislativos Nº 1015 y el Nº 1073? Sí, esos que fueron derogados y tampoco se consultó a los pueblos afectados los cuales tuvieron que protestar. Cuando los mismos cayeron los pueblos amazónicos recordaron que otros, como el 1090, también debían caer y continuaron con sus protestas, pero nadie les escuchó. Supongo que eso es lo moderno, taparse los oídos ante las críticas.
El gobierno ha insistido mucho (incluso en un anuncio publicitario nefasto) en dos cantidades de tierras garantizadas a parques nacionales y a las comunidades nativas como si fueran dos distintas que, sumadas, dan el total de tierras «no privatizables» (o intangibles), pero ello es una manipulación de la normativa, por ejemplo, leyendo el artículo 5.4 del ya derogado Decreto Legislativo Nº 1064 sabemos que hay comunidades cuyas tierras, en propiedad o posesión, se encuentran total o parcialmente dentro de las reservas naturales, además, los decretos mentados NO contienen previsión concreta de tierras reservadas para las comunidades o parques naturales, estos se determinan, como no puede ser de otra forma, por la legislación específica y los títulos de propiedad de las comunidades previas a estos decretos legislativos. El DLeg Nº 1090 tampoco tiene previsión de una extensión expresamente reservada (tampoco tiene sentido que lo prevea) y, cuando reconoce la existencia de propiedades comunales, no hace más que cumplir la constitución (por ejemplo, el artículo 7.5 de la derogada Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que reconoce las propiedades de comunidades nativas y campesinas existentes conforme al artículo 89 de la Constitución). ¿Por qué el gobierno usa argumentos directamente falsos para defender su posición? El gobierno manipula la realidad.
El comunicado de la postura oficial aplaude la intervención de la policía y comenta que lo hicieron bajo obligación legal. Cuando se produce un desalojo de una carretera no se debe ir con fuerza letal, algo que la policía sí hizo, con lo cual la legalidad de la intervención es cuestionable. Por otra parte, el texto enviado por el Consulado parece traslucir un automatismo que no es real (protestantes cortan una carretera, la policía interviene por imperativo legal), en tanto que hubo una orden y un plan de intervención para desalojar a unos protestantes que llevaban más de 50 días de protesta en esas vías, con lo cual es difícil ver una actuación «automática» en la «aplicación de la ley». Existe una responsabilidad policial y política en la forma en que se procedió al desalojo.
En el comunicado, como fundamento y base de las protestas, podemos leer:
«Pero movimientos políticos extremistas difundieron entre los nativos que se les arrebatarían las tierras y ello motivó la toma de carreteras y de plantas productivas.»
En otras palabras, el gobierno llama ignorantes a todos los nativos, engañados, y no se detiene a analizar por qué protestan o si sus reclamos de «debimos ser consultados» (como marca la normativa aplicable), en cambio se señala algo que es falso (la protección de una cantidad determinada de tierras, por un lado para parques naturales y por otro para los nativos), ¿por qué debemos creer el engaño del gobierno en detrimento de la postura de los protestantes? ¿Por qué se mantiene ese paternalismo cuasi ilustrado de nosotros sabemos lo que te conviene por eso decidimos a tus espaldas? ¿Por qué seguimos asistiendo a que toda protesta sea ninguneada con argumentos del tipo «es que están siendo engañados» en vez de responder a las peticiones según el contenido de las mismas? Así es imposible debatir o dialogar, si desde un principio un interlocutor parte del engaño profundo del otro.
El comunicado termina:
«El Gobierno peruano reitera su firme compromiso con la democracia, la promoción y protección de los derechos humanos y con el estado de derecho y su permanente voluntad de diálogo con todos los sectores involucrados en esta delicada problemática y su voluntad de evitar la destrucción de la amazonía, cumpliendo su compromiso con las propias etnias nativas y con el futuro de la humanidad.»
No sé si llorar o pedir que sea cierto todo eso. Por una parte, tenemos un gobierno que no cree en los derechos humanos, que cierra el grifo del dinero a las víctimas de delitos contra la humanidad (en El Útero de Marita nos muestran la carta del MEF a la Presidencia del Consejo de Ministros al respecto), ya hace un tiempo se amplió la posibilidad de intervención del ejército peruano en conflictos sociales y se echó a la sociedad civil (ONG de derechos humanos y confesiones religiosas) del Consejo Nacional de DDHH, eso sí, se tendió puentes con las confesiones religiosas, a las ONG se comenzó a perseguir de forma furibunda.
Este gobierno criminaliza la protesta social y solo se sienta a hablar con las partes afectadas (como en el presente caso) después de derramamientos de sangre y una repulsa ciudadana contra la actuación del gobierno (las manifestaciones de apoyo a las comunidades amazónicas tras los enfrentamientos son la prueba de ello, recién ahí el gobierno aceptó el diálogo y la consulta, algo a lo que estaba obligado legalmente), y la mentira y el insulto son su principal parámetro comunicacional (como demuestra el correo enviado por el Consulado).
Me parece que en el Consulado han tenido poco tino de mandar este comunicado, en tanto que el mismo ataca a los defensores de la derogatoria cuando, finalmente, se han derogado, mediante la ley N° 29382, los decretos legislativos de la discordia (1090 y 1064), con lo que, como poco, el comunicado está «fuera de momento». Ahora bien, me parece deleznable que el gobierno use canales como el consular para comunicar su postura directamente al buzón de correo de los ciudadanos, que no damos el correo para que nos adoctrinen, sino para que nos avisen de la actividad del consulado y de novedades normativas o políticas que nos afecten directamente, u otros hechos extraordinarios. No para la propaganda gubernamental.