Matando al mensajero

El ex comandante general del Ejército Edwin Donayre soltó una sarta de burradas hace más o menos poco, alguien lo grabó y subió a Youtube y el congresista (suspendido) Gustavo Espinoza sacó a la luz, unas semanas atrás, el tema, «chivándose» a sus colegas chilenos y demás. Eso es historia conocida. Pues bien, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República del Perú ha decidido «matar» al «mensajero» y da vía libre a una acusación constitucional contra el inefable congresista por «desequilibrar las relaciones cordiales con un país con el cual tenemos un diferendo limítrofe» al propagar una información ya publicada.

Los apristas Edgar Nuñez (el que busca impunidad entre militares) y Luis Giampietri (un ex militar que buscó y consiguió que se prescribieran sus presuntos delitos contra la humanidad) presentaron la denuncia contra Espinoza por reenviar el vídeo a unos cincuenta congresistas chilenos, se basan en que Espinoza atentó contra los intereses nacionales y, además, contra su deber de promover la integración latinoamericana.

El tema es un poco complicado, por dos razones, por un lado, el ex comandante general del Ejército no es trigo limpio* y aun así salió con honores de la institución militar, aupado por el gobierno como un verdadero héroe (sí, el partido del gobierno y el de los denunciantes en la Subcomisión es el mismo, más aun, Giampietri es vicepresidente del ejecutivo) aun teniendo en cuenta los procesos y acusaciones en su contra, y por otro lado tenemos el tema de si es o no un acto privado en el que se vierten esas opiniones (el acto puede parecer privado, pero no olvidemos que ahí salen vestidos oficialmente), así pues, en principio una reproducción del vídeo atentatorio a la privacidad del ex CG del EP sería igualmente ilícita que la inicial de subir el vídeo a Youtube (matizo: Si existía autorización para realizar la grabación y en su caso subirla a Youtube, no hay problema alguno con la misma, o si consideramos que un militar de uniforme no puede estar en un acto privado en ningún caso, puesto que siempre que esté vestido con el mismo actúa como oficial del ejército, por algo los galones y el código de conducta), pero las responsabilidades posibles de la realización de ese supuesto ilícito nada se parecen a la pretendida acusación constitucional.

A Espinoza no se le quiere «resancionar» por distribuir un vídeo de dudosa procedencia, sino por el propio contenido del vídeo y a quién se lo dio a conocer. Así pues, se asegura que darle la URL del vídeo (público en Internet, con acceso global, no lo olvidemos) a los vecinos del sur es atentar contra los intereses peruanos. ¿Y las declaraciones del ex CG del EP no lo son entonces? ¿Está bien «decir» lo que dijo Donayre pero no «retransmitir» el mensaje de Donayre? ¿Acaso los chilenos, en general, no podían dar con el vídeo de otra forma si no fuera por medio de Espinoza? Acá estoy de acuerdo con ocraM, mejor que uno de los nuestros destapara el asunto a la gran opinión pública a que lo hubiese hecho algún grupo antiperuano o conservador de los mass media chilenos.

Quien atentó contra los intereses del Perú y contra la integración latinoamericana no fue, en ningún caso, el indefendible Gustavo Espinoza, en todo caso son esas declaraciones provocativas y altisonantes del ex Comandante General del Ejército, son sus palabras las que traen problemas, ya disponibles al gran público desde febrero (hay que tener en cuenta ese dato, no es que Espinoza grabara subrepticiamente una conversación con Donayre para «desacreditarlo» ni nada de eso, el vídeo ya era visible antes de Espinoza, y después de él).

No voy a valorar la oportunidad del semidestape del congresista suspendido, pero sí puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que él solo era el mensajero, que intentar achacarle un atentado contra la nación y dejar vía libre a los honores a quien profirió el mensaje es, cuanto menos, absurdo, propio de un país que no tiene ningún respeto por la verdad, que premia la canallesca e impide por todos los medios la transparencia, donde los militares son semidioses intocables a los que el Derecho ni alcanza ni debe alcanzar. Y no, así sí que no vamos a ninguna parte.

Veremos cómo se desarrolla el caso, desde acá me solidarizo con quien dice la verdad, y no con quienes intentan ofuscarla. Ahora todo queda en manos de la Comisión Permanente del Congreso, donde se escucharán a las dos partes y demás.

* José Alejandro Godoy realizó un balance del ex CG del EP, al margen de las declaraciones antichilenas, comentando lo siguiente: «[P]ues el saldo es bastante negativo: Impulsó la censura a una exposición artística, siguió con el discurso de “persecución judicial” frente a los casos abiertos por violaciones de los derechos humanos, se alineó con los sectores menos reformistas de las Fuerzas Armadas y está involucrado en el caso de corrupción más grande de la última década en las instituciones castrenses.«