El presidente del Perú, Martín Alberto Vizcarra Cornejo, anunció un proyecto de reforma constitucional para adelantar las elecciones. En fiestas patrias, para el aplauso general, compró el «que se vayan todos» y lo transformó en un «nos debemos ir todos»; dijo que así se solucionaría en parte el descrédito de la clase política y todo eso que siempre se tiene que decir.
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Hoy toca hablar de la constitución. Como estás leyendo una bitácora que navega entre España y Perú, y es 6 de diciembre,según desde dónde nos lees podrás pensar en una u otra (o en ninguna, que todo puede ser). No, hoy, aunque sea el feriado por la Constitución española, voy a hablar de la Constitución Política del Perú, en concreto, del referendo de este 9 de diciembre.
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El gobierno de Villanueva al servicio del exvicepresidente y actual presidente Vizcarra superó la cuestión de confianza vinculada con los tres proyectos de reforma constitucional. La negativa de la confianza hubiese significado la caída del gobierno, otra vez, y con ello la posibilidad del cierre del Congreso (por pura reiteración, ya cayó el gobierno de Zavala). El fujimorismo estaba entre la espada y la pared, por un lado, no quieren perder el amplio poder del que disfrutan actualmente (y que no es nada fácil que se repita) y, por otro, no quieren darle ni un respiro a Vizcarra y los suyos (como no se lo dieron al dimitido PPK). Esta difícil posición del partido del expresidente autogolpista se vio reflejada en la ruptura de su tradicional disciplina partidaria.
[Siga leyendo…]Hace ya muchos años, en Costa Rica se abrió un camino curioso: una norma constitucional puede devenir en inconstitucional, apoyada (al menos en parte) en el Derecho Internacional. Explico un poco el caso: en 1969 se realiza una reforma rápida de la Constitución Política de Costa Rica en que se prohíbe tajantemente la reelección presidencial (para cualquier periodo, no solo la reelección consecutiva); en 2003, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de dicho país decide (sentencia n.º 02771/2003, PDF) que dicho precepto incorporado a la constitución es inconstitucional y lo declara nulo. ¿Con qué argumentos? Básicamente dos: una Asamblea Legislativa ordinaria, que realice una reforma parcial de la Constitución, no puede restringir los derechos fundamentales de las personas (en este caso: el sufragio pasivo); estos derechos solo los puede regular el Poder Constituyente, no un poder constituido. El segundo argumento es que ese límite impuesto vulneraría la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH, copia en PDF), en concreto, sobrepasaría los límites posibles determinados en el apartado 2 del artículo 23 sobre el apartado 1 de dicho artículo, esto es, que no se puede limitar los derechos políticos (sufragio) por ya haber ejercido un cargo (como nota interesante, la reforma del 69 es un año anterior a la ratificación de la CADH por ese país).
No hay que olvidarlo: Alberto Fujimori dio un golpe de Estado acabando con la frágil democracia e instaurando un sistema dictatorial durante unos años, que tuvo su continuación con la Constitución Política de 1993, que aún nos gobierna. Un autogolpe, como el perpetrado por Fujimori y los suyos, no es más que una forma entre los tipos de golpes que encontramos en nuestros sistemas. No es justificable y no es aceptable, no se puede hablar de «salvar la democracia» destruyéndola. No por gusto el «Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional» inició su vida con los tanques en la calle, secuestrando periodistas y opositores, disolviendo el Congreso y destituyendo al Tribunal Constitucional y todos los elementos del Poder Judicial que no rendían pleitesía a Fujimori.
«Artículo 103°. Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de las diferencias de las personas. La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo. La ley se deroga sólo por otra ley. También queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad.
La Constitución no ampara el abuso del derecho.»
Ese precepto constitucional -su primera oración, en concreto-, desde el Día Cero de la llamada Ley Pulpín (Ley nº 30288), se ha blandido contra la norma, afirmando que la edad no puede servir para hacer diferenciación entre las personas y, por tanto, la norma podría ser inconstitucional. Dos cuestiones sobre este punto: a) la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley pulpín es, en realidad, una anécdota que no afecta en nada al fondo de los reclamos que están en la calle; b) la norma puede ser inconstitucional por otros puntos, pero creo, sinceramente, que no por el 103º de la Constitución Política del Perú. Con esta entrada intentaré explicar por qué se está leyendo mal la disposición constitucional en muchos de los artículos (de opinión o información) aparecidos sobre la ley pulpín en que se menciona el mandato constitucional.
Mediante un editorial el diario El Comercio -ahora bajo el yugo de Du Bois- pretende «contestar» a La República sobre todo el tema de la «concentración de medios» que se está dando en Perú tras la adquisición de Epensa por El Comercio -más económica que en cuanto a la diversidad, en tanto que El Comercio y Correo tienen y han tenido similar línea editorial, solo viviendo bajo matices, como los que existen entre el propio El Comercio y sus otras cabeceras, Perú21 y Trome-…
¿Los congresistas no tienen correctores de estilo? Mejor dicho: ¿por qué no tienen correctores de estilo? Es que hay proyectos llenísimos de faltas ortográficas… y no solo eso. ¿Cómo es posible que una pregunta tenga termine con signo de cierre y seguida de un punto? ¡Punto! En fin. Saben (y si no lo sabían, ahora ya lo saben) que uno de mis «placeres culposos» es revisar los proyectos de ley que hay en el Congreso, se encuentran verdaderas perlitas. Normalmente busco algún tema concreto (por ejemplo, las reformas penales propuestas), otras veces solo miroteo… en parte para ver qué hacen nuestros congresistas (también le pego vistazos a los diarios de sesiones; pero esto menos y solo por temas concretos).
Como ya pasó hace unos años: Una mala ley produce unos malos resultados. O como lo anuncia el propio Jurado Nacional de Elecciones: «ROP cancela inscripción de 12 partidos políticos» por no superar la barrera electoral en las generales del 2011 o no haber participado, estos partidos son: Despertar Nacional, Adelante, Fuerza Nacional, Justicia, Tecnología, Ecología (Juste), Descentralista Fuerza Social (en partido de Susana Villarán, alcaldesa de Lima), Cambio Radical (de José Barba Caballero, que intentó lanzar a Kouri), Agrupación Independiente Si Cumple, el Frente Popular Agrícola FIA del Perú (Frepap), Nueva Mayoría, Participación Popular, Renovación Nacional y Movimiento Nueva Izquierda. Muchos de estos paridos sin representación en el Congreso sí tienen autoridades locales o vida partidaria. Y aunque no tuvieran autoridades
Hoy día uno de los parlamentos más fragmentados, pero con mayoría absoluta, ha comenzado su andadura, y lo más interesante (además de la poca cintura del PP para no aceptar la mayoría absoluta en cuanto órgano pueda, contando la dirección del Congreso de los Diputados, que ha dejado a IU sin ningún puesto), a falta que conozcamos los destinos posibles del grupo parlamentario de Amaiur y UPyD (los primeros han hecho una jugada la mar de curiosa y los segundos se fían en una aplicación laxa del reglamento, o un préstamo ajeno si eso), lo divertido fue la inútil jura de la constitución. Lo siento, por más que el TC se esfuerce en justificar un requisito que no está en la Constitución. Esta vez fue más circo que otros años (ahí, España peruanizándose, que nosotros ya somos expertos en eso de prometer haciendo el ridículo y hasta por ex presidentes condenados por delitos contra la humanidad).
En el programa de UPyD (PDF) encontramos, con el número 10, la propuesta de eliminar la Disposición Transitoria Cuarta del texto constitucional, junto con otras propuestas que afectan de forma directa a los llamados territorios históricos (básicamente es eliminarle esa consideración y los privilegios que trae consigo). En el programa del Partido Popular (PDF) Navarra nunca es mencionada, más bien, en el apartado sobre las comunidades autónomas (apartado 4.4, página 157 y ss.), no se menciona en ningún momento la posibilidad remota de eliminar la previsión constitucional acá mencionada. No he encontrado, por otra parte, el programa «específico» de la coalición con UPN, si es que el mismo existe (sí los spot de campaña de esta formación).
Vuelve la matraca sobre la constitución del 79 frente a la del 93 (esto es como en el 2006, ¿se acuerdan?), al margen de la falta de discurso unificado en Gana Perú (que si unos hablan de Asamblea o cambio total, que si otros hablan de reformas puntuales y unos últimos dicen que retoques como mucho -como se han hecho o pedido en los últimos años-), lo cierto es que el espíritu del 79 vuela sobre nuestras cabezas, desde el propio juramento (troll) de Ollanta Humala y sus vicepresidentes, que no sé cómo ese texto legal pueda significar la «gran transformación» de Perú en el sentido de generar inclusión (¡como si la hubiera en los años ochenta!), al punto que hasta El Comercio se lanza con un artículo de lo más limitado titulado «Lo positivo y lo negativo de las constituciones del 79 y 93». No voy a extenderme mucho en esta entrada, ya que simplemente me remitiré a dos artículos escritos para Perú Político hace bastante tiempo en que realizo una comparativa entre los dos textos (en uno es el tema principal, en otro lo trato de forma tangencial, para marcar el «estado de la cuestión» que nos ocupa ahí): «De Constituciones ¿Por qué debiéramos volver (o no) a la del 79?» (18 de marzo de 2006) y «La mal llevada descentralización del Perú, un problema de partida» (4 de febrero de 2006). Sobre el primero, lo curioso es que hablo del APRA y otros partidos que pedían, en ese entonces, volver a la del 79, pero se podría aplicar a buena parte de Gana Perú.
Las democracias formales (como cualquier democracia burguesa) no dejan de ser, básicamente, democracias de procedimiento, y si son Estados de Derecho más aun. De repente la constitución peruana se ha vuelto sagrada. Uno de los partidos que llegan a segunda vuelta tienen, como promesa electoral, un cambio constitucional profundo (pero muy mal determinado por el plan de gobierno), el otro de los partidos, básicamente, fue quien aprobó el actual texto constitucional en el 93 tras un autogolpe.
En el fondo lo que quieren es carta blanca. «Piden que se ponga freno al TC en materia económica» titula Perú21. La cuestión, como tantas otras veces, se plantea como un «límite» a un organismo fiscalizador cuyas resoluciones no gustan sobre un tema concreto, en este, las «vinculadas a aspectos del manejo económico», esto es, cuando hay dinero de por medio, limitar la labor del máximo intérprete de la constitución en el país, norma suprema del ordenamiento jurídico cuya garantía, a la postre, es la del Estado de Derecho en sí mismo.
Poniendo titulares no tengo límites. Al lío, la Comisión de Constitución aprobó un proyecto de ley (que unía dos, presentados por el PNP y el APRA) que modifica la ley N.º 27683, De Elecciones Regionales, publicada el 15 de marzo de 2002, en el sentido de permitir que sean candidatos para dichas elecciones tanto los residentes (que prueben tres años de vida en la región) como los que aun no siendo residentes sí han nacido en dicha región. Todos los grupos representados en la comisión votaron favorablemente. Ahora toca que el pleno la vote y tal…