Consideraciones sobre el debate del Estado de la Nación (III)

Esta tercera (y penúltima) entrada sobre el Debate del Estado de la Nación (I y II) estará centrada en las intervenciones de la noche del martes (IU, ICV y ERC), con poco más, comentarios, eso sí, con la respuesta de RZ cuando no se repitió de lo ya dicho con sus otros contrincantes dialécticos. Otro problema con los grupos multipartitos es que obliga tanto al presidente como a los que seguimos el debate a retener tres o cuatro debates paralelos, en tanto que hablan todos los de la bancada de forma consecutiva y luego viene la respuesta a la vez pero «separada» a cada uno de ellos.

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Consideraciones sobre el debate del Estado de la Nación (II)

Este segundo apartado sobre el debate del Estado de la Nación (pueden leer el primero acá) se basará más en los minidebates entre el presidente del gobierno y el ponente de la oposición que en las propuestas concretas en particular, tanto por el cariz general (tipo moción de censura) como por el especial desarrollo que se da en el formato de este debate (el presidente suelta su discurso, luego cada partido suelta el suyo y se debate, realmente, sobre el discurso del ponente opositor), también porque muchos no han propuesto nada en concreto, han dado consejos o reprochado políticas concretas, así como han hecho referencia a propuestas de su grupo previamente presentadas o que presentarán.

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Supa, Mariátegui y el Congreso

Y explotó. Uno que está tranquilo visitando las tierras del Cid y todo explota en el patio trasero, Mariátegui, por enésima vez (véase el recopilatorio de José Alejandro Godoy en Desde el Tercer Piso), ataca a una congresista que no le cae especialmente bien, la humilla y demás, con el fin, según se defiende el director de Correo, de demostrar el bajo nivel del Congreso y defender, como hace, que se exija grado académico para ser representante de la nación.

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Candidato al parlamento y a la presidencia

El APRA, a iniciativa de Aurelio Pastor, presentó el pasado 18 de marzo un proyecto de reforma constitucional para permitir que el candidato a la presidencia sea también postulante al Congreso (propuesta 03100/2008-CR), así los líderes de los distintos partidos (sobre todo los de los principales) conseguirían plaza en el Congreso y no serían agentes «externos» a la política parlamentaria. Esta reforma del artículo 90º de la Constitución Política del Perú es, sin dudas, una buena iniciativa, me refiero a la idea en sí misma, no a lo mal que la han planteado los compañeros de la cédula aprista.

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¿Por la mejora de la proporcionalidad?

«Aprueban que el número de congresistas se fije por una ley» titula Perú21. La Comisión del Congreso de la República de Constitución y Reglamento ha aprobado, con los votos favorables del APRA (Mulder, Del Castillo, Pastor y Valle Riestra), Unidad Nacional (Bedoya) y Alianza Parlamentaria (García Belaunde) y el voto en contra del Partido Nacionalista, aprobó un dictamen de modificación del artículo 90 de la Constitución para eliminar el número fijo de 120 curules para que la cantidad de congresistas se fije por Ley adecuándose a la población actual (el modelo brasileño).

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Sobre el debate del aseguramiento universal de salud

Se ha dado un pequeño gran paso en el Perú, tras años de debate y no sin cierta bronca por parte de la minoría (al verse excluida del consenso final, con un dictamen en minoría apoyado por sectores de salud que finalmente no se tuvo en cuenta en los puntos esenciales), se ha aprobado finalmente la Ley de Aseguramiento Universal, que pretende que todos los peruanos tengan asegurado unos mínimos en el acceso a la atención sanitaria sea la que sea su condición. Queda en el aire, lamentablemente, el escaso alcance del paquete esencial de salud y la posible privatización del sistema. Pero, visto lo que teníamos, mejor que lo anterior ya es…

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Matando al mensajero

El ex comandante general del Ejército Edwin Donayre soltó una sarta de burradas hace más o menos poco, alguien lo grabó y subió a Youtube y el congresista (suspendido) Gustavo Espinoza sacó a la luz, unas semanas atrás, el tema, «chivándose» a sus colegas chilenos y demás. Eso es historia conocida. Pues bien, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República del Perú ha decidido «matar» al «mensajero» y da vía libre a una acusación constitucional contra el inefable congresista por «desequilibrar las relaciones cordiales con un país con el cual tenemos un diferendo limítrofe» al propagar una información ya publicada.

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Lo que dijo y lo que quiso decir

Lo que Alan dijo: «¿Por qué nuestro Parlamento no establece, de una buena vez, una legislación de emergencia que permita dar títulos a todos los peruanos?». Lo que quiso decir: «¿Por qué el parlamento no da títulos a los peruanos para que estos puedan revender las tierras sin consenso a las transnacionales?». Porque hay que fastidiarse que justo sea Alan, promotor de los infumables decretos que iban en contra de la propiedad comunal para favorecer la enajenación de las tierras en favor de mineras y demás empresas que la están sacando barata en Perú, el que hable de títulos a todos los peruanos.

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Y se acabó la posibilidad de transparencia en el Congreso

Y al final por 61 votos a favor contra 17, se modificó el artículo 22 del Reglamento del Congreso de la República, que ha convertido la asignación para gastos operativos en un «bono» que «en teoría» no tiene carácter remunerativo, no es pensionable y está afecto al pago de Renta por parte de los congresistas. El «bono» es una «asignación por desempeño» del congresista (¿para eso no está el sueldo?) que en teoría se debería gastar en los mismos conceptos que los llamados gastos operativos, pero que ahora no se justifican dichos pagos, por tanto es una cantidad de libre disposición por parte de los congresistas.

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Algunos congresistas y sus circunstancias

La duda crece. No se me ocurre otra forma de mencionarlo. Cuando se habló de la sanción sobre Anaya, se comentó mucho del reembolso de un pasaje a Italia que, en teoría, había sido pagado por la Liga Parlamentaria de la Amistad Perú-Parlamento Europeo y que Anaya quería que el Congreso le diera el dinero del pasaje, para más inri se cuestionaba si los documentos entregados para justificar el costo del pasaje fueran verdaderos… Bueno, al parecer el viaje de los congresistas se hizo sin invitación de la Liga antedicha.

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«Cambio Gastos Operativos controlables por Cheque en Blanco»

Ante los pedidos de transparencia con la campaña «Adopta a un Congresista» los congresistas respondieron con su peor cara, se cargaron la directiva de la mesa que pedía una justificación del 90% para aplicar los mínimos normativos del artículo 22.f.1 del Reglamento de la cámara, esto es, que solo tuvieran que justificar el 30% de los gastos, valiendo para el resto (70%) una declaración jurada. Ante el grito en el cielo por la falta de transparencia que eso significaba, varios grupos parlamentarios salieron al paso para pedir o proponer «alternativas», cada cual más improvisada y descabellada que la anterior. Al final se presentó, por varios partidos, la propuesta 02739/2008-CR, entre los que encontramos al propio presidente de la cámara, esta propuesta cambia el sistema actual por uno de asignación fija al congresista, que además está sujeto al pago del impuesto de la renta…

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Sanciones en el Congreso: Unas de cal y otras de arena

Gustavo Espinoza Soto1 suspendido por 120 días2, José Anaya suspendido por 120 día3 y aprobada la acusación constitucional contra él4 y Margarita Sucari, de suspensión leve gracias a extrañas defensas, ha visto cómo un Congreso un tanto vacío5 era incapaz de aprobar la acusación constitucional6… Unas de cal y otras de arena en la tarea un tanto endogámica de enjuiciarse los unos a los otros para o aprobar sanciones internas o permitir que el poder judicial analice si la «falta» es más bien constitutiva de delito, y las consecuencias derivadas de ello.

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Adopta un Congresista: La respuesta y contrarrespuestas

No son pocos los que han recibido ya respuesta escrita del Congreso (rubricada por el Director General de Administración del Congreso, Víctor Guerrero de los Ríos)*, y aunque la misma sea negativa (y más adelante analizaré) creo que sí es sano que el Congreso se digne a contestar a los ciudadanos que hacen valer sus derechos (luego vuelvo sobre esta cuestión), cierto es que en gran medida se debe a la presencia mediática de la campaña y que al parecer, salvo honrosas excepciones, el ánimo pasa más por «ocultar» que por «dar».

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Velásquez Quesquén manda a publicar la ley derogatoria

Que sí, que no… Y así todo el rato, hasta que al final fue el propio congreso, bajo la batuta del cuestionado Javier Velásquez Quesquén, el que tuvo que ordenar la publicación de la Ley Nº 29261 por la que se derogaron los Decretos Legislativos Nº 1015 y Nº 1073, conocidos como Ley de la Selva. Así pues, los Decretos Legislativos pierden vigencia y la situación vuelve a la anterior existente, que exige mayorías cualificadas para enajenar tierras comunitarias a comunidades campesinas y amazónicas.

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Voto voluntario y Unidad Nacional

Hace unos días uno de los gerifaltes de Unidad Nacional (del Partido Popular Cristiano realmente, ya que UN se ha disuelto de hecho) declaró: «Se necesita realizar reformas constitucionales para trabajar un modelo político fundamental en el país y esto pasa por la bicameralidad, eliminar el voto preferencial y el voto obligatorio, son temas que se necesitan priorizar» (la negrita es mía). Es interesante el cariz reformador que tiene el PPC en el actual parlamento, y aunque pongo pegas a casi todas sus líneas de actuación, lo primero que uno piensa es «en algo están al menos», pero luego recuerdo la realidad: Unidad Nacional votó en contra de la reforma constitucional para eliminar la obligación del voto.

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