«El despido en este país es causal. Ese modelo es contrario al convenio 158 de la OIT, a la carta de Derechos Humanos (sic) y a la Carta de Derecho Sociales de la Unión Europea (…) además, permite la arbitrariedad del empleado al despedir sin causa». Fátima Báñez, Ministra de Empleo.

El Contrato Único tiene muchos detractores, entre los que me encuentro, ya que, en realidad, es volver temporal todo el empleo. Al contrato Único se le suelen achacar dos grandes problemas jurídicos: Violar la igualdad entre los trabajadores (se darían unos viviendo en un mercado dual y otros en uno único) y el tema del despido arbitrario. Como bien nos recuerdan Bentolila y Jansen*, se pueden articular fórmulas para que tenga encaje legal, y para que no se den los problemas que normalmente se destacan.

No estoy de acuerdo con algunas de las cuestiones que mencionan (un contrato temporal que se extingue no quita la posibilidad al trabajador a recurrir la extinción, aunque sea menos frecuente que esto se haga y más difícil probar), pero sí con algo que es real: Actualmente el despido es libre. Cueste 0 días (determinados tipos de contratos temporales), 9 días (otros), 20 días (despidos causales procendentes), 30 días (improcedentes del contrato de fomento de la contratación indefinida) o 45 días (improcedente) por año trabajado, si al empresario se le permite despedir sin causa (improcedente) y no se le obliga a readmitir al trabajador (lo que actualmente pasa), en realidad estamos ante un despido arbitrario compensado económicamente. ¿Qué lo diferenciaría con el Contrato Único?

Que exista un «contrato único» no significa necesariamente que dicho tipo contractual tenga un despido libre, si lo adecuado es que exista causa, y el convenio de la OIT (art. 4) permite causas basadas en «el funcionamiento de la empresa» (adaptado para España como las causas objetivas que permiten la extinción del contrato, art. 52 del ET), así que la causa siempre podrá ser que a la empresa ya no le interesa el trabajador… Ahora bien, los despidos discriminatorios, que atenten contra derechos fundamentales y demás podrían seguir siendo impugnados, con la obligación de readmitir al trabajador en caso de perder el juicio (además de indemnizarlo).

Pero no hagamos trampas al solitario, la ministra de empleo (porque ya no es Ministerio de Trabajo, ahora es de Empleo y Seguridad Social), que sigue sin aclarar bien lo que sería la reforma laboral, sí deja caer una perla: El despido será más barato. ¿Qué diferencia hay entre tener despidos improcedentes casi al mismo precio que los procedentes y un contrato único con una indemnización única? En la práctica ninguna. Sin contar que abaratar el despido no sirve de nada.

Las causas, en nuestro sistema, se van ampliando poco a poco, es la historia de la legislación laboral en España en los últimos 30 años, contando las reformas de Rodríguez Zapatero de hace un par de años. ¿Qué diferencia hay entre no tener causa a que cualquier causa haga el despido procedente? Se ha invertido, en algunos casos (en los contratos de fomento de empleo, cuando se alega nulidad), la carga de la prueba, esto lleva al trabajador a tener que probar que la causa esgrimida por el empresario no es la real, lo que  es, en muchos casos, una prueba imposible (cuando debería ser el empresario quien demuestre la existencia de la causa, como es en el resto de los casos). Poco a poco alcanzamos un ideal de la patronal: La causa del despido la decide el empresario y el trabajador tendrá que probar que la misma no existe. O mejor todavía: No se podrá recurrir (ya se le ocurrirá algo a Gallardón).

Al final acabaremos con unas indemnizaciones vinculadas a la vida laboral del trabajador (algo parecido al tan mentado modelo austriaco, que en la penúltima reforma laboral se encargó como tarea al ejecutivo, algo que no se cumplió), con un despido libre que, en el Estatuto, dirá que es causal, con lo que ya el empresario ni siquiera tendrá que pagar por ese despido arbitrario, eso sí, sobre el papel siempre, se cumplirá con la causalidad de la extinción de los contratos. Vaya sandez. Para ese viaje, mejor sacamos el Contrato Único y santas pascuas.

Y todo esto en un país, no lo olvidemos, donde la causalidad no solo se incumple en los despidos, sino en los contratos: Es imposible que tengamos un 25% de empleo temporal y este se ajuste bien a las causas, sobre todo cuando 9 de cada 10 nuevos contratos son temporales. Ah, de perseguir a quienes contratan con temporales cuando deberían usar el tipo indefinido la ministra no dijo nada, pero sí contra el absentismo y otros temas vinculados.

* Bentolila, S. y Jansen. M.: «Viabilidad Jurídica del Contrato Único». En: Fundamentos de la Propuesta de Reactivación laboral en España. Fedea, 2009.

Excurso: A todo esto, ¡los minijobs ya existen en España! Demonios, si un contrato de 400 euros es cualquiera a tiempo parcial que esté cerca al SMI, que este gobierno, además, ha congelado.

Es una buena noticia con peros, claro, lo primero que se me ocurre, según cómo lo ha planteado, es el fondo del asunto, no se saca el tema de los juzgados por creer que es lo mejor para las parejas que ya no quieren serlo, o por una concepción realmente contractualista del matrimonio, sino porque se considera que así se quitarán pleitos y aligerará el trabajo de una atorada justicia (varias medidas van en ese sentido, no en mejorar la eficacia y eficiencia de los medios judiciales o dotar de más recursos, sino de quitarles curro), y de paso se manda trabajo a los notarios, que por lo visto se quejan de que estos años de crisis ganan menos que otros.

Esto del divorcio (y matrimonio) vía notarial existe en otros países, en uno muy querido por el Partido Popular: Cuba (si no mal recuerdo). En realidad el tema es sencillo: Lo importante es que se cumplan una serie de requisitos formales y que se registre el matrimonio, ambas cosas se consiguen perfectamente mediante un notario…

El bueno de Gallardón se pregunta por qué un alcalde puede casar y un notario no, bueno, no sé por qué no ha seguido con esa idea y ha llegado a la conclusión que quienes pueden casar puedan, a su vez, divorciar. Antiguamente tenía sentido el tener que pasar por el juzgado, no solo por el previo periodo de separación (que ya no existe), sino porque el divorcio era causal (con culpables, además), ahora no, el divorcio, en buena lógica, es tan libre como el matrimonio, con lo que, al menos en los casos que medie pacto, no tiene sentido reservar a las instancias judiciales la ruptura del vínculo matrimonial (como actualmente dejan claros los artículos 86 y 89 del Código Civil).

Si el juez encargado del Registro Civil (o delegado designado reglamentariamente), el funcionario diplomático encargado del Registro Civil en el extranjero y el alcalde (o concejal) del municipio donde se celebra el matrimonio son competentes para autorizar los matrimonios (art. 51 del CC), deberían poder disolver los matrimonios cuando es por mutuo acuerdo (o con aceptación de un cónyuge) y con convenio regulador de por medio (vamos, el art. 90 relacionado con el 86 y 81 del CC), si además se incluye a los notarios en toda esta ecuación, perfecto (al menos tendrán algo útil que hacer), si solo se da a los notarios, lo que se hace es engrosar sus bolsillos de forma descarada sin tener relación entre quienes pueden celebrar matrimonios y quienes pueden disolverlos.

Veremos cómo se desarrolla esta propuesta, en principio parece positiva.

*Significativo que antes la ley la presentaran la ministra de Igualdad y la de Sanidad una al lado de la otra, mientras que la «contrarreforma» la defendiera en solitario el Ministro de Justicia, como si la de Sanidad (al menos) no tuviera nada que decir, incluso en el Congreso, en la presentación de la ministra, obvió por completo el tema, algo que le afeó la oposición de izquierdas.

«En realidad, esa división entre izquierda y derecha es algo del pasado. Terminó con la caída del muro de Berlín.» Ollanta Humala

Humala, el presidente de Perú, no se reconoce como alguien de izquierda. Más aun, según él, existe una categoría que se define por sí sola («nacionalista») y que la distinción entre izquierdas y derechas no tiene sentido tras la caída del muro de Berlín (ni un día antes, ni un día después). Nunca entenderé por qué la izquierda lo tomó como el caudillo con el que se podía llegar al poder. ¿Y ya ven los resultados? La izquierda no gobierna, se le desconoce, gobiernan los mismos que antes, el discurso transformador (o al menos así se presentaba) se ha vuelto en «mantenedor» del statu quo. Aun no entiendo cómo Diez Canseco y otros congresistas se resisten tanto en abandonar la bancada oficialista.

Nadie se puede sentir traicionado por Humala. Nadie. Él nunca se ha reconocido como izquierdista, menos como socialista o comunista, no digamos ya como libertario, palabras que ni siquiera entiende. Ollanta ya había dejado claro en el pasado que él de izquierdista no tenía nada, defendiendo esa visión unificadora del nacionalismo que jamás termina de definir o perfilar, no le conviene, no apela a la razón, lo hace al corazón, a sentimientos ficticios y construidos, no a discursos lógicos (sea el camino de la izquierda, sea el de la derecha).

Eso sí, Humala asegura que de derechas no es. No sé cómo se come eso de decir que no hay derechas e izquierdas y a la vez asegurar que de derecha no es… Hay una confusión clara en sus palabras, como quienes se confunden pensando que nacionalizar es socializar, que estatismo es socialismo. Así Humala, desde el nacionalismo, en realidad se levanta contra un tipo de derecha, la neoliberal, contra los «efectos perversos de la globalización», que más de una vez ha dicho… Ya, claro, se queja de ese neoliberalismo pero corre a Davos a vender el Perú y los peruanos, «animarles a que inviertan», dice él. Humala declara:

«La idea que yo tengo del nacionalismo no tiene nada que ver con lo que sugieren los movimientos nacionalistas europeos. Nos encontramos ante realidades muy diferentes. Mientras en Europa es de día, en Sudamérica es de noche; mientras allí es invierno, aquí es verano. En Europa, el nacionalismo contribuyó a la división y el enfrentamiento, generó incluso dos guerras mundiales. En el caso de los llamados Estados emergentes, nuestro nacionalismo trata de integrar la realidad del Estado, y también las relaciones con el resto de los países de la zona.»

Y esto nos recuerda, otra vez, a ese discurso transversal, interclasista y antiimperialista que ya leíamos en los primeros textos del APRA,donde la lucha de clases, aunque mencionada (como Humala menciona la Justicia o Inclusión Social, así, con mayúsculas iniciales), deja de ser importante, donde la integración latinoamericana es una prioridad para reafirmar la soberanía antiimperialista.

El nacionalismo siempre será divisor, se basa, finalmente, en diferenciar a ellos de nosotros, sobre unas fronteras ficticias y unas construcciones sociales elevadas a «Institución Natural». Además que dicho discurso trae consigo algunos otros aun más peligrosos: Las ideas del «espíritu» y el «interés» nacional y la necesaria sintonía interclases (con lo que jamás se irá hacia su desaparición). Por no hablar de la justificación del Estado desde un punto de vista de Estado-nación, de la personificación jurídica de esa Nación imaginaria.

Y ya cuando habla de «regalos de Dios» en relación a recursos hídricos y mineros y que eso se desprende de su visión nacionalista resulta todo, cuanto menos, confuso.

Excurso: Por cierto, el plan económico de Humala ya se alejaba bastante de una izquierda socialista o comunista, Ollanta no dice nada nuevo al no reconocerse como izquierdista.

El ROP ha sido muy minucioso en la resolución del pasado 20 de enero en que rechaza la inscripción de MOVADEF, me encantaría ver que los partidos que actualmente se encuentran inscritos pasaran un examen similar, por ejemplo, para ver cuántos comités provinciales tienen correctamente consignada la dirección y funcionan de forma efectiva (nuestra legislación exige demasiado a los partidos, deben nacer ya gigantes, lo cual va en contra de fomentar una cultura de partido y militancia). Al margen del fuerte legalismo (lo de siempre, para el amigo: todo; para el enemigo: la ley), algo de por sí no criticable en una resolución, el ROP insiste en que tiene competencia para valorar la ideología de un partido (dedica a ello el punto 2.e.1, páginas 14 y 15 de la resolución), y se basa en el artículo 38 de la Constitución. ¿Qué dice ese artículo? Lo siguiente:

«Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación.»

Así que el ROP, un órgano administrativo, se da el derecho a sí mismo para decidir si un grupo de personas que se quieren constituir en partido político estarían o no defendiendo o protegiendo los «intereses nacionales», según el ideario de dicho grupo en relación con el statu quo (imagino) para ver si dicho partido es ideológicamente limpio como para ser inscrito o no. Así, de repente, y sin comerlo ni beberlo, el ROP se vuelve una cheka. Esto es lo que me parece peligroso en todo este asunto. Y en esa línea está la reforma propuesta por el gobierno, donde pretenden incluir en el artículo 5º de la Ley de Partidos, Ley Nº 28094, publicada en noviembre de 2003:

«No podrán ser objeto de inscripción las organizaciones políticas que, en su Acta de Fundación, Estatuto o Acta de Constitución de Comités Partidarios, promuevan ideologías orientadas a la destrucción del Estado Democrático o que no reconozcan a las autoridades elegidas conforme a la Constitución y las leyes o incentiven o defiendan las acciones o supuestos a los que hace referencia el artículo 14º de esta Ley. La presente disposición es también aplicable a los movimientos y organizaciones políticas de alcance regional, departamental y local, contenidos en el artículo 17º de la presente Ley.»

Además de modificar el punto el artículo 14º haciéndolo bastante más amplio para que también entre el «apoyo» a «personas» que cometieron los hechos descritos en ese artículo. Con esto en realidad entrarían en situación de ilegalidad los partidos fujimoristas, en tanto que su líder no solo espiritual, sino presidente de honor en alguno de ellos, está encarcelado por crímenes contra la humanidad.

No sé si ustedes lo están viendo, pero no es que prohíban a los «senderistas», incluso si olvidamos esa realización «necesaria» de actos de violencia si se manifiesta seguir el llamado pensamiento Gonzalo (o, si pensamos que siempre se dará, nos encontramos con que concurrir a elecciones o inscribirse como partido legal es contrario al pensamiento Gonzalo, como ya recordé en el otro artículo que tocaba este tema), el pensar que se debe «proscribir» todo pensamiento que en sus textos doctrinales hablen de violencia de cualquier tipo, por una valoración de «antidemocrático», nos llevaría a poder prohibir, por ejemplo, todos los partidos comunistas, no hay que olvidar que el propio manifiesto comunista acaba así (el resaltado es mío):

«Los comunistas no tienen por qué guardar encubiertas sus ideas e intenciones. Abiertamente declaran que sus objetivos sólo pueden alcanzarse derrocando por la violencia todo el orden social existente. Tiemblen, si quieren, las clases gobernantes, ante la perspectiva de una revolución comunista. Los proletarios, con ella, no tienen nada que perder, como no sea sus cadenas. Tienen, en cambio, un mundo entero que ganar.

¡Proletarios de todos los Países, uníos!»

O prohibir todos los partidos cristianos, sí, he dicho cristianos, y también, en el momento que los hubiere, los judíos. ¿Por qué? ¿Ustedes han leído la biblia? No es por nada, pero es contradictorio con ese artículo 38 de la Constitución, ¿por qué o para qué respetar la «democracia»?, ya que la autoridad solo puede venir de Dios (Romanos 13: 1-7), no de la nación o el pueblo, menos de este reunido y eligiendo a sus representantes, debemos obediencia plena a la autoridad determinada por Dios para nosotros, no por los sufragios, aplicando el canon 330 del Código Canónico tenemos que, necesariamente, por encima de nuestro Jefe de Estado estaría el Romano Pontífice. Estos partidos de ideario cristiano (como se reconoce el PPC, por ejemplo), deberían ser prohibidos porque, entre otras cosas, su libro sagrado (pensamiento bíblico, le llamaremos) impone la pena de muerte por no respetar los festivos (Números 15, 32-36), algo contrario a nuestra carta magna, al igual que es contrario eso de ir matando herejes (que pedía San Bernardo de Claraval, o como vemos en el segundo libro de Crónicas, 15: 13, sin olvidar la clara orden de matar a los infieles en Deuteronomio 7: 1) o, incluso, inocentes (como en Éxodo 32, 25-34, entre otros muchos pasajes). Todo el machismo concentrado que tiene la biblia, nuevo testamento incluido (por poner dos ejemplos: 1 Corintios: 3-9 y 34-35) que volverían a toda formación cristiana (en este caso Católica) directamente contraria a los Derechos Humanos al negar la igualdad entre hombres y mujeres.

Ojo, no digo que esto se deba hacer, sino que la lectura que hace el ROP y un magistrado del JNE sobre el llamado pensamiento Gonzalo y la «orden» o necesidad de una revisión ideológica literal (es lo que hacen con MOVADEF), así como la reforma propuesta por el gobierno, nos llevaría al absurdo de que un país que reconoce a la Iglesia Católica como «importante» debiera prohibir los partidos cristianos o con Cristo como «presidente honorario».

En Perú 21 ponían, en una noticia sobre este tema, que MOVADEF buscaba la amnistía de Abimael Guzmán (olvidándose de mencionar que también la piden para Fujimori), recordando que es un preso juzgado por crímenes atroces, bien, el fujimorismo busca una amnistía (indulto) de Fujimori, condenado por violaciones de derechos humanos, ¿por qué el fujimorismo puede pedir eso y otros no pueden pedirlo para «sus» presos? ¿Por qué el fujimorismo puede tener un partido político (y varios) cuando aun justifican los golpes de Estado mientras que se juzga el ideario de otros partidos para decir que son antidemocráticos? ¿Acaso el golpe de Estado es democrático? Acá hay dos varas de medir y eso le hace daño al Estado de Derecho como tal.

Proporcionalidad y efecto Streisand
Se dirá que con esa interpretación y le legislación propuesta se busca que los terroristas no tengan partido político. ¿Qué significa tener un partido en Perú? Realmente nada. Uno se puede organizar sin o con persona jurídica por detrás, y se usan múltiples fórmulas de personas jurídicas para delinquir, no solo los partidos. Además, para presentarse a elecciones se requiere algo más. ¿Que los de MOVADEF son indeseables? Ya, ¿y? Para mí lo son también los del PP, PNP, fujimoristas varios, PAP y otros tantos, y no me ven pidiendo su ilegalización. MOVADEF, además, no apoya la guerra popular (su intento de inscripción lo demuestra, como son las fórmulas decididas para la toma del poder) ni habla de cometer hechos violentos. ¿Que son «gonzalistas»? ¿Y?

La norma y esa interpretación, por contra, es dejar las puertas abiertas a proscribir cualquier ideología que sea contraria a nuestra neoliberal y burguesa constitución. No es proporcional lo que se dice que se quiere (impedir a los terroristas que se organicen), la forma en que se haría (proscribiendo un partido), con el efecto que la medida puede tener (olvídense de partidos comunistas o socialistas revolucionarios, ni mencionar a Lenin, el Che, Trotsky o cualquier otra línea marxista como adjetivo extra), ni es efectivo el prohibir un partido con el impedir que se organicen los terroristas (como bien demuestra el que el PCP-SL siga existiendo).

Por lo demás, MOVADEF, siglas que hace unos meses conocían pocos y solo se vinculaban de cuando en cuando a noticias en que un movimiento raro de gente rara con el abogado de Abimael y demás pedían la amnistía general para todos los que participaron en el Conflicto Armado Interno (también para Fujimori, Montesinos y otros), ahora son conocidos por todos, que hablen de mí, aunque sea mal, deben estar celebrando los dirigentes del movimiento esa suerte de efecto Streisand, lo que se quiere prohibir se hace popular gracias a la publicidad que se le da al tema.

*Un voto particular en dicha resolución asegura que existe una competencia «implícita» del ROP para hacer valoraciones que superen los requisitos formales que la ley expresamente le encomienda revisar. Ese mismo magistrado, eso sí, afirma que no se puede proscribir a MOVADEF por los hechos de Sendero Luminoso (MOVADEF no los ha cometido) ni deducir, como hace el ROP, que MOVADEF vaya a cometerlos, sino porque el pensamiento Gonzalo «se trata de una ideología proscrita en nuestro país». Lo que uno se entera, ¡sí hay ideologías prohibidas!

«[A]nte la duda de que los componentes químicos pudieran ser abortivos porque no existen definiciones de cuándo se inicia el proceso de la vida en la madre, se establece que el Estado no debe distribuirla [sobre la píldora del día después]» Ana Jara, Ministra de la Mujer del Perú

Eso de los «anticonceptivos naturales» suena a mala broma, al menos no se muestra en contra del preservativo (método que considera natural). Sí me resulta preocupante el tema del aborto, es un «parón» en los leves cambios que estábamos teniendo sobre la materia. ¿Quedará nomás el «aborto terapéutico»? Ya la ministra rechaza de plano el aborto para los casos de mujeres embarazadas tras una violación, lo cual es condenar a la víctima en una situación demasiado dura de por sí.

Pero vamos al tema de los Anticonceptivos Orales de Emergencia, o pastilla del día siguiente o píldora del día después, en Perú hemos tenido un par de resoluciones importantes sobre la materia:

• Corte Superior de Lima determinó que la píldora no era abortiva;
• El Tribunal Constitucional consideró que «podría tener» un efecto abortivo y por ello el Estado no debía distribuirla (aunque no impidió su distribución fuera del sistema nacional de salud).

Me ha sorprendido leer que la ministra de la mujer diga eso de «no existen definiciones de cuándo se inicia el proceso de la vida en la madre», definiciones existen a montones, a grandes rasgos existen cuatro grandes teorías, la de la fecundación (o formación del genotipo), la de la anidación, la de formación de los rudimentos del sistema nervioso y la teoría del nacimiento con vida, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO), autoridades en este tema, mantienen que el embarazo empieza en el momento de la anidación.

Ana Jara puede coger una teoría u otra, sumarse al TC en la extraña sentencia arriba comentada (en el artículo enlazado), pero no puede decir que no existen definiciones para, en realidad, dar por válida la más extensa (ante la duda, la fecundación) y que parezca que su postura no responde a una de esas definiciones. Resulta una postura harto cínica la defendida por el TC en aquel caso enlazado, y más todavía que la ministra se agarre como clavo ardiente: Si se cree que es una píldora abortiva, en cumplimiento de nuestra constitución se debería prohibir en todo caso (solo el peligro de vida de la madre permite el aborto en este momento, y por un choque de intereses insuperable en realidad), y si se acepta que no es abortiva (actúa antes de la anidación básicamente), el Estado debería distribuirla, en este sentido está (infinitamente) más cerca del DIU que de un aborto provocado. Con esa postura errática del TC que la ministra hace suya, genera:

«[q]ue las personas con recursos podrán seguir haciendo uso de la píldora del día siguiente, pero la gente sin ellos se queda sin poder acceder al AOE. En Perú se da el extraño caso que siendo delito el aborto, te venden una píldora abortiva (según el TC), cuyo fin es interrumpir el embarazo (aun inexistente para la OMS y la FIGO, pero existente para nuestros queridos magistrados) y no pasa nada.»

En aquella ocasión, en la STC, dos magistrados dieron un voto particular en que afirmaban:

«[S]e ha probado que el AOE no solo no es abortivo pues no produce el desprendimiento del embrión anidado sino que además no afecta al embrión pues los efectos comprobados teniendo en cuenta la dosis apropiada y la frecuencia de su uso solo tiene efectos antiovulatorios y antifecundatorios; y, en segundo lugar, no ha sido probada la inconstitucionalidad de su distribución con información actualizada. Por lo demás, somos concientes que lo que pretende la demandante es paralizar una medida de política de salud reproductiva cuya ejecución ya fue valorada y decidida en anterior oportunidad.»

Estos magistrados también recordaron lo absurdo que resulta permitir una distribución de la pastilla en favor de quienes tienen medios privados para acceder a la misma y a la par impedir que las personas con menos recursos accedan a esta pastilla aplicando unos principios distintos (en unos casos se aplican principios «pro consumidor» y en otros «pro débil» -del proyecto de ser fecundado-).

Es claro que la píldora del día siguiente no debe ser un método anticonceptivo sustitutivo de otros como los preservativos o la píldoras anticonceptivas, su función no es esa, y sus efectos secundarios desaconsejan su uso frecuente, es un método de emergencia (ante el fallo, por ejemplo, del condón) para evitar embarazos, pero ni evita enfermedades de transmisión sexual (papel que otros preservativos sí cumple) ni favorece un comportamiento responsable (es un método de emergencia, no uno de uso normal).

Por cierto, hay que recordar que una de las «propuestas de políticas» dentro del apartado «7.3.2. Políticas para la Equidad de Género» del plan de gobierno de Gana Perú fue:

«Garantizar el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres; el acceso a métodos de planificación familiar y protección contra ETS, incluyendo la AOE (Anticonceptivo Oral de Emergencia), así como el VHSIDA y la despenalización del aborto.»

¿Qué hace Gana Perú eligiendo como Ministra de la Mujer a una persona contraria a la AOE y a la despenalización del aborto? ¿Se ha leído Humala el plan de gobierno con el que se presentó? ¿Se lo leyó la señora Jara cuando se lanzó como candidata de esa formación? Bueno, si ya incumple Ollanta todo lo que puede, ¿por qué la píldora del día siguiente le quitaría el sueño?

En el Decreto Legislativo nº 635, de 1991, el Código Penal del Perú, encontramos que actualmente se regula la interferencia telefónica (conocido popularmente como chuponeo, art. 162º del CP) por un lado, y la interferencia en el correo por otro (arts. 161º, 163º y 164º), la modificación aprobada cambia la «interferencia telefónica» por «Interferencia y difusión de comunicaciones privadas», lo que aumenta considerablemente el tipo penal (de ser interferencia telefónica a cualquier tipo de escucha), se incluye la difusión dentro del tipo, también se propone un considerable aumento de la pena (de entre 1 y 3 años a entre 2 y 4 años de cárcel). Como digo, quienes difunden están al mismo nivel de quienes interfieren o escuchan, con lo que, por ejemplo, un periodista tendría la misma condena que un «espía», cuando actualmente uno sería condenado y el otro no. Se incluye, eso sí, una curiosa excepción para quienes difunden: No serán condenados si los hechos divulgados son constitutivos de delitos. Acá el IPYS tiene toda la razón cuando dicen que ellos no son quién para determinar si unos hechos son o no son constitutivos de delitos.

Sobre este tema de audios (y la privacidad, ese difícil límite entre la vida privada y el derecho a la información) en esta bitácora he escrito bastante,, para el caso peruano, sobre todo porque hablo de una iniciativa que iba en la misma dirección que la actualmente aprobada, les recomiendo la lectura de: «¿Matando al mensajero?» y, ya que todo esto está íntimamente vinculado con la jurisprudencia constitucional, el comentario que hice sobre la STC nº 655-2010-phc/TC, sobre la prueba prohibida en el caso Químper (los petroaudios).

La proporcionalidad de las penas es importante, y que el Código Penal castigue de igual forma hechos que afectan al mismo bien jurídico, no puede ser que una grabación de una conversación telefónica y su posterior difusión tenga más pena que una interceptación de un correo privado (electrónico o postal), así la pena máxima por vulnerar el correo de una persona es la misma que la pena mínima por interceptar el teléfono, la difusión de una carta, y solo si dicha difusión causa perjuicio, tiene una pena mínima (limitación de días libres entre 20 y 50), mientras que si lo divulgado es una conversación telefónica (u otra privada) la pena sea entre dos y cuatro años de cárcel. Es incoherente y desproporcional que el teléfono o una conversación cara a cara tengan mayor protección que el correo. Esa incoherencia actualmente existe (y peor, mientras que publicar un correo está taxativamente prohibido, difundir un audio captado ilegalmente no), así que es necesario reformar todo el capítulo IV del Título IV del Código Penal (algo que vengo mencionando -siempre en gerundio- cada vez que puedo, sea dicho).

Las dos (auto) recomendaciones que pongo hace un par de párrafos son mi postura sobre este difícil tema, que se puede resumir en la necesidad de analizar «caso por caso», porque «no todo vale» para el periodista, siempre teniendo presente, eso sí, el derecho a informar y recibir información y el más que importante papel de la prensa (en su acepción más amplia, no de «medios tradicionales»).

Y sobre este proyecto en particular, ya se pueden imaginar: Es una ley que valdría más que fuera observada por el presidente de la república, no solo por lo que dice (y con razón) el IPYS, sino porque lo que necesitamos es una reforma de todo el tema, no un parche particular que encima crea inútiles diferencias entre el correo y una conversación cara a cara o telefónica.

Hay que reconocer que Amaiur ha jugado mal sus cartas, o mejor dicho, las ha jugado de forma que se puedan hacer la víctima, por lo visto hasta última hora no buscaron amistad con nadie, apostaron todo a que no se considerara el diputado elegido por Navarra (como se hizo tanto en 1996 como en el 2000 para favorecer al PNV, favor realizado por el PP en ambos casos, esas dos legislaturas el PP estuvo generoso también con CC, en ambos casos les prestó los diputados de la coalición UPN-PP para que CC tuviera grupo propio, con 4 congresistas; antes el PSOE también le echó una mano al PNV no contando Navarra), ahora mira a Geroa Bai, pero Barkos ya es portavoz del Grupo Mixto, con lo cual todo se complica. Aun así, el Reglamento pudo ser aplicado con menos severidad tanto a UPyD (para que no requiera préstamos) como a Amaiur. En realidad esa norma del reglamento debería ser cambiada, da más problemas que soluciones. Se debería poder conformar grupo con más de un diputado en la cámara y santas pascuas.

Es cierto, he comenzado hablando de la necesidad de respetar el Estado de Derecho y luego pido una aplicación «flexible» de la norma, pero la pido para todos, no solo para los partidos que me gustan, esto es, una norma organizativa debe ser relativamente flexible, y en el Congreso se debe buscar la forma de «dar voz» a todos, no de dificultar el trabajo parlamentario, y esa es la lógica que se ha seguido en todos esos otros casos donde la mesa no ha tenido en cuenta determinados porcentajes para permitir grupos parlamentarios a partidos que rozaban el cumplimiento. Es que con tantos diputados Amaiur, incluso, es un estorbo en el Grupo Mixto, dentro del tiempo que le corresponderá será una resta al resto de partidos que se encuentran en ese grupo (que ya están bastante incómodos), con lo que no es tanto un castigo a Amaiur como una forma de apagar más las voces del resto que estén en el grupo mixto. Al final o alguien les prestará diputados o terminarán con «agrupaciones de diputados» (para parcelar el Grupo Mixto), lo cual es «casi» como un GP.

Pero eso de «favores a unos y la ley a otros» lo he leído y escuchado bastante estos días, «es de justicia» que UPyD tenga grupo propio, decían en coro, y a Amaiur hay que ilegalizarla. Cuando le preguntaban a Díez sobre el tema negaba la mayor, su grupo ya ha pedido la ilegalización de Amaiur (oyéndola en RNE, en la entrevista mañanera de hoy), Díez recordaba las sentencias de ilegalización de Batasuna a la par que decían que Amaiur es la heredera, «como Bildu», pero olvidaba que el Tribunal Constitucional dio el visto bueno a Bildu (por eso la ilegalización de Amaiur es harto difícil, más sin ETA actuando), y Amaiur no es heredera de Batasuna, lo es de la legal Bildu (eso de recordar unas sentencias y no otras queda mal)… Volvamos a los opinadores, que de eso les venía a hablar, les copio parte de la columna de Ignacio Camacho en ABC el pasado jueves:

«Contra esa democracia tonta hay que oponer una democracia antipática, firme, de persianas bajadas. Contra las tretas de listillos, la interpretación estricta de normas y reglamentos. Derechos, los que les correspondan, pero ninguna generosidad, ninguna cortesía, ninguna complicidad. Cero. Los favores, para quienes se los merezcan.
Para UPyD, por ejemplo. Favorecer al grupo de Rosa Díez y los suyos es un modo de enviar un mensaje de firmeza democrática: todo para los partidarios de la convivencia y de la libertad, nada para sus adversarios. Pedagogía política fácil de entender. Buenos y malos, como en el libro gordo de Petete. Al alcance incluso de esas mentes obtusas capaces de seguir justificando o comprendiendo la violencia ideológica.»

En otras palabras, para los amigos todos, para los enemigos la ley. Pero claro, el columnista se despacha llamando filoetarras y diciendo que ellos no condenan a la banda terrorista ETA cuando en la coalición están tanto Eusko Alkartasuna, Alternatiba y Aralar (partidos que han pedido el fin de ETA innumerables veces) suena a repetir una mentira mil y un veces, aunque es cierto que la mayoría de parlamentarios electos pertenecen a esos «independientes de la izquierda abertzale» (y no a miembros de los partidos antedichos)… Es como el titular en La Razón del 6 de diciembre «Amaiur sigue las órdenes de ETA y no festeja la Constitución», ¿perdón? ¿Y el PNV -que tampoco «festeja la constitución»- también sigue los dictados de ETA? ¿E Izquierda Unida, que tampoco la celebra y pide reemplazarla, también sigue los dictados de ETA?

Y sí, dejar un diputado en casa puede ser «fraude de ley», pero si así lo creemos, «prestar» diputados también lo sería. Lo que tiene difícil explicación, sin dudas, es que a veces se sea tan estricto y a veces tan flexible. Y encima pedir que así sea, que la aplicación de la ley no se base en principios pro-derechos (dar más voz, en este caso) sino en a quienes se considera «buenos» y a quienes «malos», esto es, piden la aplicación desigual de la ley para favorecer a quienes te caen bien. Eso sí torpedea la lógica del Estado de Derecho.

* Hace tres años y mucho desde UPyD se declaró que el acuerdo entre ERC, IU-ICV y BNG para que el partido gallego les preste los dos diputados y poder formar Grupo Parlamentario propio era un «uso instrumental» del Reglamento del Congreso de los Diputados, consideró que era una «chapuza» que el BNG fuera al Grupo Mixto tras ayudar a IU-ICV y ERC a tener grupo propio. ¿FAC se quedará en el grupo con UPyD o se irá al grupo mixto? ¿Ahora ya no es un «uso instrumental» del reglamento y una «chapuza» o lo sigue siendo? ¿Estaba mal si lo hacían los colegas de otros partidos y está bien cuando UPyD lo tiene que hacer? ¿Ahora es algo «de justicia» y antes no lo era? Cada vez UPyD cae en vicios que solía denunciar, contando la incoherencia.

La única razón para esta propuesta (retirada y nunca formal) es que se regule su compatibilidad real con otras ayudas o prestaciones (como la Renta Garantizada y similares), porque sino, bueno, por parte del trabajador, mejor en negro que perder la prestación por cuatro horas. Según la EPA (III trimestre de 2011) 851500 personas tienen, en su empleo principal, una ocupación efectiva en la semana de entre 1 y 19 horas, así que ese «contrato» de 15 horas a la semana ya es una realidad… Ahora, seguro que la mayoría no ganan 400 euros al mes.

Eso de 400 euros al mes me dejó otra duda: ¿A doce o a catorce pagas? En España son, por lo menos, 14 pagas, pero muchas veces cuando se habla de salarios ya se incluyen las dos extras prorrateadas. Así que nos movemos entre 4800 y 5600 euros al año, y son unas 45,57 semanas laborales al año, si hablamos de 15 horas a la semana, tenemos unas 683,57 horas al año, lo que nos da el precio-hora entre 7,02€ y 8,12€. Bien, el Salario Mínimo Interprofesional, regulado en España para el 2011 por el Real Decreto 1795/2010, es de 8979,6€ al año, en otras palabras, 4,92€ la hora. En realidad, 400 euros por algo más de 60 horas al mes es equivalente a 1062 euros al mes, si hablamos de 14 pagas, 14896€ al año, lo cual pondría a ese salario sobre el 43,03% de los salarios españoles (en relación con información de fuentes tributarias sobre el mercado de trabajo, para 2009). De todas formas, en el 2009 el 18,45% de los trabajadores cobró menos de medio SMI al año, con lo que cobrar 400 euros al mes ya te pone por encima de ese grupo (y te manda al siguiente, que es en el que se encuentran el 12,2% de los asalariados).

¿Por qué estoy diciendo todo esto? Por lo que comentaba al principio: Ya mucha gente se encuentra en la situación de miniempleos con minisalarios, no hay trabas para contratar de esta forma. Lo siguiente que se me ocurre es que la patronal intente que no se apliquen las tablas salariales para personas con menos de cierta cantidad de horas a la semana y, para ellos, se aplique una tabla fija salarial independientemente del puesto, lo curioso es que si hacen esto los empleos más precarios y que más gente contratan de esta forma verían aumentados sus haberes (en no pocos trabajos y categorías profesionales no se llega a 7 euros ni de casualidad).

Sin contar mi actividad remunerada principal, el último empleo que compatibilicé con el mismo era de 8 horas semanales. He llegado a firmar por 4 horas semanales -contrato indefinido, eso sí- y he recibido ofertas por empleos de un par de horas a la semana -y casi todos por el SMI, por tanto, menos que la «propuesta patronal»-. Dentro del personal de limpieza -por nombrar un colectivo afectado por este tema- es habitual que se compaginen muchos empleos de pocas horas a la semana cada uno, considerando además que al final más tiempo se gasta en el transporte que en trabajar; sectores como la hostelería tienen este tipo de contratos parciales como la norma -pagando menos que lo propuesto por la patronal o muy similar-… Así que no sé de qué hablamos.

Lo que sí sé es lo siguiente: En ningún caso es una medida contra el paro. En Alemania no se puso para atajar el desempleo, sino para favorecer contrataciones de personas que no querían trabajar a tiempo completo*. Si un empresario no necesita un trabajador, no demandará un trabajador, da igual si es por una hora a la semana o cuarenta, si no le necesita no le contrata. Lo sé, es una Perogrullada, pero a veces se les olvida esto. ¿Cómo va a crear empleo esta medida? Es como la moderación salarial (¿ya lo han visto, este año los salarios han crecido por debajo del IPC? ¡Y no se han creado empleos! pero si es que hasta desde la OIT se reconoce que es una medida que no crea empleo -PDF-), lo único que hace es aumentar la cuenta de resultados de unos pocos, pero ni más empleo ni en mejores condiciones ni nada.

Así que, imagino, si piden un nuevo contrato de trabajo (¿no que había que simplificarlos o ir al contrato único? ¡aclárense!) de 15 horas por 400 euros solo puede ser para pagar menos para los casos que el precio/hora sea superior al resultante de esos 400 euros y así saltarse el Convenio Colectivo de alguna forma legal. Engañarnos, eso es lo que quieren. ¿O es que queremos repartir el trabajo? Siempre recordando que el trabajo demandado no es una cantidad fija, sino que es una demanda derivada. Bien, planteémoslo en serio y de forma global, propuestas como la soltada por el presidente de presidentes de patronales resultan un insulto a la inteligencia y/o un desconocimiento de la realidad bastante vergonzoso. Importar medidas concretas sin ver el conjunto del sistema resulta absurdo.

*Hay que tener en cuenta que en España existe un rechazo al trabajo a tiempo parcial, al punto que el 54,25% de los ocupados a tiempo parcial lo son por no haber encontrado un empleo a tiempo completo (datos de la EPA).

No me voy a extender en lo de la jura como requisito para el acceso al cargo, voy a recordar dos textos, uno mío de hace dos años: «¡Sí juro!» (no es por echarme flores, es por no repetirme tanto); y la Sentencia del Tribunal Constitucional 74/1991, publicada en el BOE el 14 de mayo de 1991, y recordando, de esta última, lo siguiente:

«Los recurrentes tienen derecho a prestar su juramento o promesa de acatar la Constitución en los términos realizados, y el impedirles la perfección de su condición de Senadores por no utilizar la fórmula establecida en el art. 11.3 R.S. supone una “restricción indebida” a su derecho a acceder al cargo en condiciones de igualdad. Se hace prevalecer una interpretación de la Constitución excluyente frente a otra integradora, teniendo en cuenta que la fórmula «por imperativo legal» según la STC 119/1990, no tiene valor condicionante ni limitativo de la promesa.»

Así que podemos partir de una premisa que ya tiene una jurisprudencia asentada, al punto que las últimas veces (como en el 2008) que alguien agregó el «por imperativo legal» ya no hubo controversia (un presidente negando el acceso al diputado, un diputado electo que no puede ejercer y tiene que recurrir al TC, ya me entienden, lo que dio lugar a toda la jurisprudencia existente). Así que por más circo que sea, es un circo legal y constitucional.

Bien, quien más ha puesto el grito en el cielo es Rosa Díez, en su papel de víctima y defensora de España, declaró:

«[U]n circo y una auténtica falta de respeto (…) no empezamos bien la legislatura (…) si no hay voluntad de reconocer la Constitución lo que deberían hacer es no presentarse a las elecciones».

A mí, personalmente, me parece una falta de respeto tener que jurar la constitución. En RNE hicieron, en el noticiario de las 2pm, una ronda de saludos, felicitaciones y preguntas entre las distintas cabezas de los principales partidos, entre ellos a Rosa Díez (no por gusto es el cuarto partido de España en cuanto a votos totales), y ella aprovechó para atacar a todos los que han agregado alguna coletilla a la jura o promesa (que no han sido solo los pérfidos separatistas), y declaró que su partido es «totalmente constitucionalista».

Y ahí me quedé, escuchando y digiriendo sus palabras, pensando en qué tendrá que ver que tenga más de un millón de votos con el que se le aplique una barrera del 5% para lo de los grupos, y de no entender que la situación del PNV es totalmente diferente (superan el 15% en todos los sitios donde se presentaron*), que incluso si a ellos se le aplicara esa vara de medir sobre los sitios donde han sacado diputados (Madrid y Valencia), tampoco tendrían derecho a grupo (en Madrid tuvieron el 10,29% y en Valencia el 5,92%), incluso, si se le aplicara esa vara a IU-LV-ICV en vez del 5% nacional, los 11 diputados no tendrían grupo propio (en ninguna de las 7 provincias donde obtienen representación llegan al 15%).

Pero volvamos a lo de «constitucionalista», le espeta a los pérfidos que no juran su absoluta sumisión al texto constitucional mientras, a la vez, critica la legislación electoral que parte desde la Constitución. ¿No ven la contradicción? UPyD propone casi más cambios en el texto constitucional (tanto cuantitativa como cualitativamente) que PNV, CiU, ICV, Amaiur, Esquerra… Bueno, más o menos, UPyD quiere un cambio total, que afecte a todos los españoles (otros quieren unos cambios que afecten a una parte de los españoles, al extremo, para algunos, de que parte de los mismos dejen de ser españoles), así UPyD propone toda una reforma que va desde el sistema electoral regulado por la constitución (por ejemplo, lo que proponen para el Senado, o la forma de trampear la provincia como circunscripción para el Congreso de los Diputados), a grandes cambios en la organización territorial (lo que llaman reordenar las competencias y «cerrar el mapa autonómico», además de quitar los derechos forales) y en otros múltiples aspectos, hasta quieren cambiar el juramento del Rey (pero no proponen quitarlo), UPyD no está nada cómoda con la actual constitución, pero se vende como «un partido totalmente constitucionalista».

¿Significa que sus objetivos pasan por reformar la Constitución respetándola? CiU, Esquerra, IU, ICV, PNV y demás también han propuesto reformar la constitución para poder cumplir con sus objetivos, piden referendos y demás, ¿eso los hace menos constitucionalistas que UPyD? ¿Por qué? Creo que el que más honda reforma constitucional propone no es un partido separatista, sino uno federalista, es IU quien propone una constituyente para la III República, que incluye el derecho de autodeterminación (y se quedan muy cortos en lo que quieren como final del camino).

Aun así, todos los que proponen cambios sustanciales (desde el PNV con su petición de bilateralidad hasta CiU con el pacto fiscal o ERC con la autodeterminación, o los ya mencionados de UPyD) son conscientes que los mismos deben tener encaje en la Constitución (al PNV ya se le echó un «plan» para atrás por no tenerlo, por más que ellos insistían que sí), y no son pocas las veces en que intentan justificar la constitucionalidad para no tocar el texto sagrado (CiU y el tema fiscal) o se apuran para pedir reformas constitucionales que abran la posibilidad de lo que ellos quieren (una reforma de la Constitución para que las autonomías puedan convocar referendos cuyo resultado es totalmente vinculante, mecanismo propuesto por ERC), están, finalmente, respetando la Constitución.

Si la Constitución sirve como ideología (no es un texto neutro), y coletillas como «por imperativo legal» (algo que es cierto, además) son «una falta de respeto», el proponer reformar el texto sagrado también sería una falta de respeto, un despropósito herético de innombrables consecuencias apocalípticas. Si ser un partido constitucionalista significa, por otro lado, el respeto a la constitución porque es la norma suprema del ordenamiento jurídico, todos los que están en la cámara son partidos constitucionalistas, con lo que la queja de la diputada rosada sobraría. ¿O es que son constitucionalistas los que no decían coletilla alguna aunque pretendan tocar tanto la Constitución que al final ninguno de sus padres del 78 la reconozca? Porque ahí estaríamos en una definición formal venida desde un acto ritual y formal, doblemente absurdo.

Bueno, señora Díez, yo creo que no existe voluntad de reconocer la constitución por parte de su partido en partes tan importantes para muchos españoles como los derechos históricos de algunas autonomías o comunidades forales, o de no reconocer la posibilidad (constitucional) de la anexión de Navarra al País Vasco (si los navarros quieren), ¿por qué se presentan a unas elecciones si no reconocen la constitución tal cual es? ¡Evidentemente porque quieren cambiarla! El cumplimiento de la Constitución se ve desde el momento en que deciden presentarse respetando las reglas de juego, aunque no les gusten (como a UPyD no le agrada la legislación electoral, que viene desde el propio texto constitucional). No es un tema de respeto o falta del mismo, indudablemente todos deben acatar la constitución (la misma lo manda así), pero no puede ser un ancla ideológica (el propio TC lo ha recordado innumerables veces) y se puede proponer cualquier reforma (que no vulnere los tratados de derechos humanos firmados por España).

Existe una clara doble vara de medir: si UPyD (o el PP o incluso el PSOE) proponen reformar la constitución, son partidos «constitucionalistas» (de «centro», que dicen los del PP), si quienes proponen tocar la carta magna son los demás, los mentados anteriormente los acusan de ser unos partidos que desprecian a los españoles de bien, no quieren la constitución, y les espetan que para qué se presentan a las elecciones, parafraseando a Rosa Díez. Al parecer solo algunos pueden criticar la carta magna y ser, además, sus más fieles defensores al mismo tiempo. Es lo que tiene ser el portador de la verdad absoluta, que el debate o disenso es una falta de respeto.

(Me recuerda todo esto a cuando se puso de moda la expresión de «patriota constitucional». También me recuerda, todo esto, a la doble vara de medir sobre la reforma constitucional en Perú, cuando unos proponen reformas está bien, cuando otros las proponen quieren atentar contra el sistema constitucional, y cosas así…)

*Hace no mucho escuché una entrevista a uno de los dirigentes del PNV, le preguntaron por el tema de los grupos en el parlamento y sobre su postura con respecto a Amaiur (si se fijan, el PNV sí tendrá grupo, mientras que Amaiur, con más diputados, puede que no), y el dirigente vasco recordó que su formación dejó de concurrir en Navarra (con sus siglas y fuera de coaliciones) para asegurarse, justamente, el tener el 15% en cada una de las circunscripciones donde se presentan y así poder tener grupo propio, dejando caer que los colegas de Amaiur ya conocían las reglas, como ellos (y ellos se adaptan a las reglas electorales, ¿eso es ser constitucionalista? porque el PNV se ha adaptado a las reglas electorales mientras que UPyD no -y con todo el derecho, pero ahora PNV le podría espetar a UPyD que por qué se presentan si no les gustan las reglas, como los de UPyD le reprochan al PNV por su forma de jurar la Constitución-), Amaiur no llega a ese 15% justamente en Navarra (se quedaron con 14,86%), y por eso «peligra» su grupo (y de ahí que el navarro no haya recogido su acta aun, estrategia curiosa para que solo se tomen en cuenta los porcentajes de las tres provincias donde sí tienen más del 15%).

Hay que recordar algo: Humala nunca prometió eliminar los CAS (trampeados desde el principio), sino «mejorarlos», en ese sentido van las dos declaraciones de sus ministros, «mejorar» los CAS. En su día puse unas notas sobre este extremo de las promesas de Humala al tomar el mando del país:

Humala Tasso no acabará con los CAS, con lo que mantendrá un régimen injusto y excepcional en donde la administración en vez de contratar como es debido a su personal (mediante contratos laborales o funcionarios) recurre a ese engendro creado por la administración de García. Mejorar los CAS no sirve de nada, deberían desaparecer, y es algo que compete directamente al Estado.

Aunque podemos encontrar en el discurso del ministro de Trabajo algunos componentes para el optimismo (reforma global del sistema de contratación pública), el que recurra a una patética demagogia como:

«Si los estudios de la Comisión de Trabajo me garantizan que esas personas van a mejorar el servicio al ciudadano, estaría el primer paso (para la reforma del sistema), pero si es solo es algo político, hay que tener cuidado.»

No ayudan en nada a que le tomemos en serio. A mí si él me demuestra que los CAS hacen que pueda darse un mejor servicio público que otro sistema de contratación que garantice los derechos laborales de los trabajadores con buenas condiciones económicas me creeré sus razones para mantener los CAS. Y si eso es así, no sé por qué están tardando tanto en reconvertir a todos los trabajadores públicos en autónomos con CAS y mejorar todo el sector público.

Desde la izquierda cada vez se ve el oficialismo más lejano, y la CGTP, que tanto capital político apostó en Gana Perú, ya se muestra como la novia engañada y recuerda que no es tolerable que el gobierno se derechice así, y menos cuando es una derecha autoritaria y militarista, uno de los temas que escuecen, como no puede ser de otra forma, no es solo el nombramiento de este nuevo Ministro de Trabajo, sino que algunas de las reivindicaciones laborales de la central se ven imposibles con el nuevo gabinete, entre ellas la derogación de los CAS.

No deja de ser curioso que esta cuasi ruptura con la izquierda también esté acompañada de la ruptura con los aliados para la segunda vuelta que se ubicaban a su derecha, hablo del roto con Perú Posible (que trae consigo movidas dentro de la alianza electoral y parlamentaria de la que PP forma parte), y lo que puede significar el comienzo en solitario del gobierno (o en búsqueda de nuevos aliados, que mire bien a la derecha autoritaria del país, encontrarán nuevos amigos).

Por mi parte: No me extraña, aunque «casi» me sorprende el poco tiempo que ha pasado entre esas manifestaciones de apoyo y la crítica más frontal, o lo poco que ha durado el «gabinete de concertación», solo cuatro meses enteros, pero los últimos eventos han acelerado un proceso algo cantado, y la renuncia de Lerner Ghitis simplemente fue el fin del comienzo. Para terminar vuelvo a recomendar un artículo del Jorobado de Notre Dame, conocido por algunos como Carlos Meléndez, titulado «HumAlan». La nota es del 1 de diciembre, 10 días después el autoritarismo de derechas ocupó el cargo de primer ministro, y con él un cambio profundo y antisocial del gabinete (once nuevos en total).

La norma de la discordia es la proposición de ley 00564/2011-CR (PDF), presentada por la bancada de Gana Perú, en especial de la mano de Diez Canseco (aunque en realidad el PNP en la legislatura pasada ya presentó normas similares), se acusa a JDC de querer enriquecerse (él y su familia) gracias a la «conversión», en realidad sí existiría una considerable mejora: De tener unos títulos que solo dan derechos económicos a tener unos títulos que dan derechos económicos y políticos en las sociedades. Pero es simplemente mentira, como repiten los fujimoristas y los medios que no han dado voz a JDC, que con esto pase a «mejorar su patrimonio bursátil en 1000%», la propia norma recoge que no se hace un canje de una acción por otra (se habla de «respetar la proporción de los valores nominales vigentes», art. 4º de la norma propuesta, lo cual ya deja claro los errores de las leyes, al pensar que el valor nominal significa algo realmente).

Creo que, en aras a la transparencia, JDC no solo debería explicar bien la norma, sino que debería vender (él y su familia más directa) todas las acciones de inversión que posea (no voy a pedir que las AFP donde tengan sus pensiones vendan sus acciones de inversión porque eso sí que perjudicaría a mucha gente que ni le va ni le viene el tema), aunque patrimonialmente le pueda suponer un perjuicio (no tanto en el corto plazo, sí en el largo), es importante que, para debatir el proyecto, no pesen sobre él las sospechas (fundadas) de querer favorecerse, esto es, de otra ley con nombre propio, eso facilitaría que, entre otras cosas, los medios dejen de señalar a la persona y entren en el fondo del asunto.

Es importante, insisto, que JDC se deshaga del interés directo que tiene sobre la norma que promueve, ya saben, la mujer del César y todo eso.

Hablando del fondo del asunto, que entren de verdad, no como hace El Comercio en el apartado de «Una Mirada Técnica», donde JF Bertolotto se olvida que en el pasado existieron las «Comunidades Laborales» (estas Comunidades pertenecían a los trabajadores estables por el hecho de serlo, no daban acciones individuales y comerciables a dichos trabajadores), que poseían acciones comunes de las empresas (que iban dándolas detrayendo una parte de su patrimonio de los beneficios hasta llegar a unos porcentajes máximos, distintos por sector), cierto es que la norma la promulgó un dictador.

Bien, aun en dictadura, esa norma que permitía el acceso de los trabajadores al accionariado empresarial (y vinculándolo con su condición de trabajadores, por medio de una persona jurídica separada, cosas raras que se hacen con el Derecho) es anulada, se toma el capital de esas Comunidades Laborales y se crean las «Acciones Laborales», seis años de acumulación de acciones comunes por parte de los trabajadores de un plumazo se volvieron en acciones laborales sin derechos políticos, después de un par de modificaciones y desarrollos más de las formas de participación de los trabajadores en la empresa (siempre entendida como participación económica, no política), se llega al cambio de nombre en 1991 (se habla de «Acciones del trabajo») hasta la actual Ley nº 27028, Ley que sustituye las acciones del trabajo por las acciones de inversión (PDF), norma de 1998, que es la legislación actual. Las acciones de inversión sí tuvieron un origen en acciones con derecho a voto, de una forma peculiar, pero poco discutible.

Tampoco hay que olvidar, algo que los medios enlazados no recuerdan, que ya existen mecanismos de canje entre acciones de inversión y acciones comunes, de capital, o de verdad de la buena, que para eso está la Ley nº 28739, Ley que Promueve el Canje o Redención de las Acciones de Inversión (ley28739), publicada hace cinco años y que ha tenido un uso insignificante (según el proyecto de JDC solo 7 empresas han hecho uso de esta posibilidad), la diferencia entre el proyecto de JDC y esa Ley nº 28739 es que lo que para una es algo voluntario para la otra norma sería una obligación.

Alejandro Indacochea, economista citado en El Comercio, pone la llaga en la herida:

«La participación de los trabajadores puede llegar a ser mayoritaria, lo cual cambia el sistema de gobierno de las empresas»

El tema de fondo (y para que así se ataque a JDC, quien poco a poco se siente en el ala marginada del gobierno) está en ese posible cambio, me pregunto si realmente hay alguna sociedad que, una vez bien hecho el canje, tenga un importante poder del accionariado en trabajadores, y si creen que eso es una amenaza para el control de las sociedades (digamos que una gran empresa que cotiza en bolsa, por ejemplo, tiene el capital realmente distribuido, y los trabajadores, aunque entre todos sumen un 10%, no van a actuar de forma conjunta y solidaria, sino más bien serían accionistas individuales muy pequeños). En el proyecto de ley hablan de que la media es del 7%, con un 7% en manos de un solo accionista se puede tener el control efectivo de una sociedad, pero ese 7% está más que distribuido en realidad.

Sobre la medida: No resulta realmente beneficiosa para los trabajadores, esto es, no tendrán un real acceso a la propiedad de la empresa, sino unas pocas acciones comunes de la misma, también me parece un error en general la redacción de la norma, deja demasiadas preguntas en el aire (para posibles reglamentos futuros), se fija demasiado en el valor nominal, se justifica mucho en la Constitución del 79 (que, recordemos, no está vigente), y se olvida mencionar que estas acciones comunes nacidas del canje de las acciones de inversión pueden ser una de esas «otras formas de participación» que el Estado reconoce como derecho de los trabajadores dentro de la empresa (art. 29º de la Constitución política del Perú).

La verdad es que tanto la propiedad como la participación dentro de la empresa por parte de los trabajadores debería hacerse con mecanismos imperativos (en eso estoy de acuerdo con la propuesta de GP, en tanto que la voluntariedad de la norma de 2006 se ha mostrado ineficaz) y no individualizados ni vinculados al capital social (como son las acciones), porque estas acciones de inversión pueden comprarlas (como efectivamente pasa) personas que no son trabajadores de las empresas (se las compran a ellos), de ahí que las AFP tengan tantas, con lo que el canje propuesto realmente no beneficia a «los trabajadores» sino a los poseedores de estas acciones de inversión (no es lo mismo, el propio proyecto recuerda cómo muchos empresarios han seguido estrategias para subvalorarlas y volverlas a adquirir), en este sentido, el mecanismo, aunque limitado, de 1970 me parece mejor, se premia al trabajador, no el hecho de poseer una acción.

* Aunque se llaman «Acciones de Inversión» la Ley General de Sociedades, Ley Nº 26887 (PDF) ya lo deja claro en la disposición final quinta: Ni son acciones (de las reguladas por la LGS) ni a los titulares de éstas se les puede considerar «accionistas».

La respuesta está en dos elementos: a) La alternativa que actualmente se impone sobre los «servicios públicos» es peor que la existencia de esos «servicios públicos» dados por el Estado (entendiendo el Estado de forma amplia), esto es, que quede en manos de empresas privadas dentro de un esquema de dominación como es el capitalismo es peor alternativa que el tener Estado, máxime cuando el servicio se sigue prestando, pero ahora en otra lógica («cliente-consumidor» y no la de «ciudadano-servicio») aunque muchas veces el dinero siga siendo público; b) No se defienden los «servicios públicos» tal cual existen ahora, sino su transformación en verdaderos servicios públicos autogestionados por la comunidad en su conjunto. Estos dos elementos, por ejemplo, quedan claros en la nota de Tierra y Libertad o en el documento sobre los servicios públicos de la CNT.

Todo este preludio (o nota o artículo o comentario o como quieran llamarlo) es para recomendarles, sobre esto, un interesante artículo de Félix García Moriyón, titulado «Servicios públicos»:

Siguiendo la crítica que ya realizó Proudhon cuando el Estado empezaba a crecer, la generalización de los servicios sociales a cargo del Estado tiene tres aspectos sumamente negativos: la aparición de una potente maquinaria burocrática que se hace cargo del control de nuestras vidas; la pasividad y dependencia que genera en los beneficiarios de esos servicios; la proliferación de los funcionarios públicos y el peculiar estilo de trabajo que les caracteriza.
(…)
Y por eso resulta muy importante dejar claro un discurso anarquista alternativo y diferenciador. El primer rasgo diferenciador de un genuino sector público es tener como objetivo prioritario, casi exclusivo, el beneficio del conjunto de la sociedad, satisfaciendo adecuadamente las necesidades de la población. A eso hay que unir el objetivo de una gestión eficaz que controle el gasto, y también el clientelismo y el amiguismo. El segundo rasgo es el de la participación activa de los interesados en la gestión del sector público, pues es esta participación la que garantiza el objetivo anterior y el siguiente. Sólo avanzando en dicha participación lograremos que se cumpla el objetivo anterior. Se trata de promover la autogestión completa: que todas las personas que trabajan en un sector público participen de hecho y activamente en la organización del mismo, pero que también lo hagan los usuarios de los servicios y productos generados por dicho sector. Un tercer y último rasgo es el de la transparencia absoluta en la gestión y la rendición de cuentas.

No se habla de la defensa de una aparato público mastodóntico que funcione con lógicas de clientelismo, de burocratización e imposición, sino de unos servicios realmente públicos, así como una posición totalmente contraria a unos servicios que terminen funcionando con de dinero público (aunque sea parcialmente), y en su caso privado (de los usuarios-consumidores, no de ONG que ponen de su bolsillo), sin garantizar ni siquiera el acceso universal, o que funcione solo bajo la lógica del «cliente – empresa» (y no, eso del «cliente siempre tiene la razón» no es ni de lejos cierto, además, si el pagador es el Estado, el cliente no es el usuario del servicio, sino el Estado) en vez de una lógica de «cubrir necesidades».

Ahora pasamos a las versiones propias (click para hacer más grande, se abre en la misma ventana/pestaña):

No necesitan mucha explicación, uno está dibujado más «tipo cómic de superhéroe» o «manga» o «amerimanga» o lo que rayos sea, digamos más superheróico, los cambios son evidentes, le he puesto botas (en vez de las zapatillas de siempre), guantes (en vez de nada), lentes y el traje también le cubre el rostro, además de ser un traje «escamado» (no sé si se ve la textura), y los pantalones cortos ya no son tales, sino que son parte del traje rojo. Y tiene un cinto azul oscuro… La pose es en plan Thor con el Chipote Chillón como arma.

El segundo es más con mi estilo «cómico», zapatos grandes, cabeza gigante, nariz prominente, desproporcionado, vamos, el traje, salvo por las zapatillas, es más como el original (y que he olvidado hacer el cinturón), la postura es más desenfadada y el color más simple (algo más simple) que el anterior (que tampoco me he comido la cabeza), y sí, tiene la chicharra paralizadora, y la usará si a ustedes no les gustan los dibujitos.

En fin, espero que hayan disfrutado con esta entrada y que les hayan gustado los dibujos.

«La paz obtenida con el filo de la espada no es más que una simple tregua»
Pierre Joseph Proudhon

En un par de días hemos pasado del inicio del diálogo en Cajamarca (tras un largo paro y bloqueo de la ciudad) al Estado de Emergencia (así, suspendidas las libertades), con la lógica militarización regional por dicha declaración (por más que digan que las FF.AA. van en apoyo de la PNP), evidentemente esto trae consigo la suspensión de las protestas antimineras (no hacerlo sería incurrir en delitos y daría pie a un ataque frontal por parte de quienes buscan sangre, esto es, el Estado). El acuerdo no fue posible (muy poco tiempo para pensar que eso es una negociación que pueda cerrarse) y el paro, se suponía, iba a continuar, pero el gobierno jugó su carta: Estado de Emergencia (y por el plazo máximo: 60 días). Fujimoristas y apristas aplauden la medida…

Las visiones que dan las partes sentadas a negociar (solo ocho horas, no pues, en cuatro horas no se resuelve nada) han comunicado a la prensa, evidentemente, una visión totalmente distinta de lo ahí ocurrido, el Presidente de Cajamarca, Gregorio Santos, acusa al ejecutivo de haber ido con unos acuerdos y haber amenazado que o se firmaban o se declaraba el Estado de emergencia. La intransigencia, para el PCM (comunicado de prensa dado el 4), en el cual ni se plantea por encima la posibilidad de declarar el Estado de Emergencia.

También las versiones discrepan en otra cosa: Santos dice que ellos no iban a firmar sin consultar, así que no, no solo se negaron a firmar los «ambientalistas», sino también el resto de alcaldes, con la razón que sea, por más que estaban más cerca al acuerdo (con el tema de un nuevo informe), pero no significa que la reunión la reventaron los ambientalistas ni mucho menos, Santos asegura que el gobierno quería ya tener el acuerdo firmado, que no aceptaba esa posibilidad de que se levantaran de la mesa sin él (¿de verdad pensaban que en ocho horas podían sacar un acuerdo que cerrara el tema?). Al menos sabemos que este gobierno sí cumple… las amenazas. No las promesas, esas no las cumplirá (Arana tiene razón).

Wilfredo Saavedra, presidente del Frente de Defensa Ambiental (uno de esos intransigentes según Ollanta Humala, presidente de la República), declaró:

«Regresemos a la normalidad en todas y cada una de las actividades en Cajamarca y en todas y cada una de las provincias de nuestra región para no caer en el juego de los que hoy todavía se mantienen en el gobierno y quieren solucionar los problemas de nuestro pueblo a bala y a sangre»

Al final se está repitiendo el esquema que con Alan (y antes con Toledo -si al final lo de HumAlan será cierto y todo-), cuando reclamas no te hacen absolutamente nada de caso, se impone siempre lo que al poderoso le conviene, tienes que llegar casi al extremo (hace un tiempo escribí sobre la violencia como única forma de que te hagan caso), después de mucho tiempo en ese extremo (nueve días de paro que vaciaron la ciudad, según las limeñas crónicas de periodistas «que no podían salir»), y ahí el Estado se mueve en la dirección incorrecta y termina proscribiendo cualquier protesta, si no aceptas lo que el Estado «ofrece», eres «intransigente» y vas contra la Nación, un antipatriota. Ahí o hay más violencia o el movimiento descontento actúa con prudencia y firmeza (como las declaraciones de Saavedra).

El tema es complejo y difícil, y el gobierno ha demostrado no estar a la altura desde el primer momento, y ha actuado como lo hicieron sus antecesores.

Criminalizar la protesta e imponer con las armas el orden (eso es un Estado de Emergencia «para asegurar la paz»), a la par que se llama al «diálogo», es la forma de bloquear las soluciones posibles y poner a la otra parte como «enemiga» más que «contraria».

El JNE, si leen la resolución, basa su decisión en lo que hizo SL y lo que supone el llamado «Pensamiento Gonzalo» (esa «cuarta espada del Marxismo» que Abimael Guzmán se creía), una estrategia de «guerra de guerrillas» frontal contra el Estado para tomar el poder por parte del proletariado, de ahí deduce que necesariamente MOVADEF cometerá delitos contra la Constitución y los derechos fundamentales, esto es, MOVADEF no puede ser un partido legal porque Sendero Luminoso cometió delitos contra la Humanidad bajo la dirección del «Presidente Gonzalo».

«Sendero Luminoso» fue un movimiento terrorista brutal que cercenó la vida de decenas de miles de personas (¡ay revolución, cuántas contrarrevoluciones se han hecho en tu nombre!, que diría Parra en uno de sus artefactos). El primer atentado de SL fue en Chuschi (Ayacucho) cuando atacaron el local donde se guardaban las ánforas y padrones para las siguientes elecciones presidenciales (las primeras que se celebraban tras 17 años). En el 85 el PCP-SL (o sea, Sendero Luminoso) recordó que su llamado era contra las urnas, no hay que votar, sino «generalizar la guerra de guerrillas», en 1990 volvieron a lo mismo con un documento titulado: «¡Elecciones, no! ¡Guerra popular, sí!». En los «Estatutos y Programa General de la Revolución Democrática», nacidos tras el 1er Congreso del PCP-SL, podemos leer cosas como:

«Militarización del Partido y construcción concéntrica de los tres instrumentos de la revolución;»
«Desarrollar la guerra popular que, mediante un ejército revolucionario de nuevo tipo bajo dirección absoluta del Partido, destruya por partes el viejo poder, principalmente sus fuerzas armadas y represivas y sirva a construir el nuevo poder para el proletariado y el pueblo.»

En 1992 se desarrolla el III Pleno del CC de Sendero Luminoso, en el Documento Central (no encuentro el resto de documentos) se insiste en la idea de continuar y mejorar en la «guerra de guerrillas», se manifiesta:

«Hay que forjar cuadros, militantes forjados en la guerra en general, en la guerra revolucionaria, y en la guerra en este país.»

¿Por qué menciono esto? Porque si esa inferencia que hace el JNE fuera tan automática, debieron darse cuenta que existe una real contradicción entre ese «pensamiento Gonzalo» y un partido político que busca ser un actor electoral. O dicho de otra forma, no todos los partidos marxistas o maoístas se tiran al monte para iniciar la guerra popular, ni tienen por qué hacerlo.

Sabemos lo que el MOVADEF quiere, ellos no lo ocultan (piden una amnistía general, que también beneficiaría a uno de sus principales enemigos: Alberto Fujimori Fujimori), lo declaran en sus propios principios, desde el nombre del partido, pero hasta ahora todo lo que han hecho (contando el querer inscribirse en el registro de partidos) vulnera el «pensamiento Gonzalo» de los años en que Guzmán (montó y) dirigió Sendero Luminoso, así que o aceptamos que existe una vinculación ideológica que no significa seguir a pies juntillas el ideario declarado (aunque sea por un tema de solo estrategia) o veríamos una seria contradicción entre lo que hacen y lo que dicen ser.

¿Debería ocultar MOVADEF sus principios ideológicos para poder ser aceptado? En la ONPE están registrados los estatutos de partidos como Nueva Mayoría que ni siquiera tienen una declaración de principios (¿le aplicamos a Nueva Mayoría el duro rasero que sufre MOVADEF y defendemos ilegalizar a NM porque en el art. 1 de sus estatutos lanzan un reconocimiento sobre el «liderazgo histórico» del «Presidente Alberto Fujimori Fujimori», condenado por delitos de lesa humanidad, ya que si siguen a un delincuente ellos también son delincuentes?), eso nos llevaría a un ilógico en que es mejor no dejar plasmada la ideología propia en los estatutos del partido o en el ideario que los acompaña para evitar una tacha administrativa.

En todo caso: Lo grave es que el JNE sea capaz de impedir la inscripción de un partido político porque consideran que su ideología no es acorde con la Constitución Política del Perú y significa realizar actos violentos (sin ninguna prueba de estos actos). Esto da un poder demasiado grande al JNE, capaz de decidir si una ideología es o no violenta por lo que hizo alguien en el pasado bajo su nombre (bien, aunque ese alguien sea el «creador»). Para la inscripción de los partidos (como las asociaciones, sindicatos y demás) debería bastar el cumplimiento de requisitos formales (y ya son excesivos en nuestros país con el tema de las firmas), esas lecturas ideológicas son más bien peligrosas.

Y si las razones del JNE se aplicaran por igual a todos, ni NM, ni Sí Cumple ni Fuerza2011 deberían mantener su inscripción, todas están vinculadas a una persona condenada por corrupción y por delitos contra la Humanidad, ¿seguir el ideario de Fujimori no nos llevaría a plantear el terrorismo de estado como alternativa? ¿El auto-golpe de Estado como fórmula de estabilidad de gobierno? Esa misma resolución del JNE, bien leída (y aplicando una historia más extensa que la peruana de los últimos años) llevaría, en la práctica, a impedir que cualquier partido marxista (en cualquiera de sus múltiples intérpretes) se inscriba.

Cuarta entrega de «Al Toque», la historieta sobre los andares de «Defensor Los Andes» (el equipo que llevo en Trophymanager. Pueden ver estas páginas dando click sobre las miniaturas, o toda la historieta (que tampoco es muy larga) en Garabatos, en la galería «Al Toque». Como suele ser costumbre, los sucesos son más o menos fieles a lo que ocurre en el juego (que otro equipo puje por jugadores, que ponga a la venta uno o el minuto y forma del gol, quién dio el pase de gol y esas cosas), el resto de cosas es cosecha propia (como que el presidente de un equipo lance un hadouken -波动拳, para los entendidos-, y sí, usé la típica postura de Ryu para las portadas de videojuegos).

Y sí, en tres páginas solo hay cinco viñetas de fútbol, una del estadio rival y cuatro del gol ese que pintarrajeo, todo porque Izquierdo (uno de salida) daba el pase de gol.

En la parte de dibujo he usados escenas muy fáciles en general, tanto en composición como en factura, esta vez no hay casi fondos (en muy pocas), y he usado más tonos para las sombras (no mucho más), sigo intentando un dibujo y relleno rápido, ahora lo es un poco más, también me voy acostumbrando a la tableta y se nota en el tembleque de las líneas (que siguen demasiado cobardes).

Es la primera vez que hago la típica trampa de «copiapega» para el estadio Anfield, digo, Barricadas, con lo que la décima página y la primera tienen la misma viñeta (lalala), y también la primera vez que meto un estadio distinto al propio, en este caso usé una fotografía mía de un estadio de España (una chocolatina a quien averigua cuál es), que tiene una capacidad similar a la que se supone tiene la del juego de ese equipo.

Espero que les guste.

Pero vamos por partes, ¿por qué la saña contra el voto preferente? Recordemos que esa «facultad» no afecta al número de congresistas electos por cada formación, sino que «desbloquea» la lista y permite a los ciudadanos «ordenar» a los candidatos dentro de la misma, o dicho de otro modo, decir «sí, quiero este partido, y si puede ser, en concreto estos dos congresistas» (o uno si es Madre de Dios), las listas las han aprobado los partidos, así que quejarse por los integrantes de las mismas es bastante absurdo. Es el partido el responsable final (políticamente hablando) de la limpieza de los integrantes de las listas que presentan, de la integridad de todos ellos, de la competencia para poder ser representantes y, por supuesto, de su comportamiento con respecto al partido.

Todo lo demás (como esa «furia antitransfuguista», representada proyectos de reforma del reglamento del Congreso o de la ley de partidos, que no es de ahora, sino que viene de antiguo), como la crítica de que el voto preferente favorece la pugna interna (pues escojan personas que se nieguen a hacer campañas personalistas, so memos) y una vinculación directa entre el ciudadano-votante y el candidato-elegido en vez de entre el congresista y el partido, habría que recordar, nuevamente, que a ese le eligió el partido, que sin voto preferente también pasaría lo mismo que hoy por hoy ocurre (si hay desapego entre los candidatos y el partido es porque el partido no funciona, no es una institución, no tiene mecanismos internos o estructura real, solo existen en los comicios), y que el congresista no es un representante del partido, sino de «la nación», no tiene mandato por parte de nadie (eso por ahora pone el primer párrafo del art. 93 de la carta magna), pretender que el congresista sea un pelele del partido es, incluso, inconstitucional (y poco democrático), haya o no voto preferente.

Es curioso ver como en algunos sitios con férreas listas cerradas ya hasta algunos partidos mayoritarios plantean el «desbloquearlas» en Perú queremos cargarnos un mecanismo que no es para nada negativo (máxime teniendo en cuenta la inexistencia de partidos y lo llenas que están de morralla, no sé, a mí todas las veces que he votado me ha gustado indicar quién quisiera que saliera dentro del partido que apoyé, incluso siempre he visto muchos indeseables en listas que apoyo, es una forma que esos partidos se lleven mi voto sin que la decisión sea o un indeseable que va cabeza de lista o voto nulo), hace un par de años, de pasada comenté este tema:

No deja de ser curioso la saña que se tiene con el voto preferente, es tal vez el único respiro que tenemos los votantes ante listas cerradas, en tanto que las volvemos rígidas. Si el ciudadano sabe que determinado partido de una formación que sí le agrada es una mala pieza (tenga títulos académicos o no, tenga condenas o no), en un caso de lista cerrada se ve obligado a elegir entre castigar a todo el partido (no votando) o votar por ese candidato no apto (votando por la lista cerrada y rígida), con el voto preferente se incluye una opción más, que es castigar a ese candidato votando por otros dentro de la lista de su preferencia (voto dentro de una lista cerrada con ordenación de preferencia).

Entre ese artículo y hoy han pasado unas elecciones generales, ¿hicieron los partidos políticos lo suficiente para tener unas listas «limpias»? ¿De quién es culpa de que ciertos personajes vayan en las listas al Congreso? (Los ciudadanos también somos responsables de a quiénes votamos, pero nosotros estamos mediatizados por lo elegido por los partidos.) Lo que es más importante: ¿Eliminando el voto preferente hubiésemos impedido que, por ejemplo, Armando Romero saliera electo? Pues no, él fue el cabeza de lista en Madre de Dios. La «robacable» sí está ahí gracias al voto preferente, pero el problema de quiénes son candidatos por cada partido es independiente a su número en la lista, es que desde el saque no debían ser candidatos, o atenerse a las consecuencias de su nombramiento.

Como dice El Jorobado y como lo hacen otros muchos, eliminando el voto preferencial no se soluciona ningún problema en cuanto a los congresistas, sí se cierra una vía más de participación de los ciudadanos-votantes, tampoco ayuda a los partidos políticos en nada (no asegura fidelidad entre los congresistas y el partido, ni limpieza en los candidatos, ni apertura de los partidos a los ciudadanos). ¿Se requiere una reforma global? El problema no está tanto en la legislación (y que yo diga esto tiene tela), aunque la misma sea mejorable (o haga falta una «gran reforma») sino en la práctica política, si los partidos siguen funcionando como lo hacen hoy en día, da igual lo maravillosa que sea la ley, el Congreso será una porquería de cara a los ciudadanos y los partidos, fuera del imaginario de cuatro políticos, seguirán sin existir.

Por parte de los partidos me parece una irresponsabilidad política y partidaria creer que el camino es una reforma puntual en el voto preferente.

Esta carta es de un «joven musculoso lleno de cicatrices», en la descripción se hablaba de pinchos en los pantalones y de una espada de pinchos, ojos verdes (que están pintados así, aunque casi no se nota), así que nada, típica postura a lo Conan o algo por el estilo y un dibujo resultón sin mucho más… Las manos quedaron particularmente chicas y los hombros algo raros, los pantalones simplemente son negros puros. Las cadenas no se ven mucho, pero bueno.

La descripción hablaba de muchos complementos «macabros», del báculo y el lanzamiento de una «bola negra y morada», de un brujo al que no se le ve el rostro, así que a tirar, capucha que le tapa la cara, puse la calavera como parte superior del palo ese con el poder «morado», el original es más grande, pero igual no se le ven los pies, creo que subiré los dibujos sin meterlos en la miniatura, algunos tienen más detallitos. Creo que exageré con el morado.

¿Hulk rojo? ¿Hulk rojo con un solo ojo? Sí, es la postura de Hulk, con un palo en la mano (que olvidé hacer la parte de abajo, pero nadie se ha dado cuenta en realidad), en la descripción me hablaban de un cíclope hiper musculoso y con una camiseta rota o algo así (me pasaron una carta y me dijeron: «La ropa como ese», la ropa no es muy igual, una camisa media rota, como ese dibujo, pero poco más). La descripción decía «piel rojiza» y creo que me pasé tres pueblos con el rojo ese. Es un Hulk (de ahí copié la postura), así que es un dibujo muy poco original.

Hablando de poco originales, la primera dama que me piden dibujar y voy y saco la postura de una figurita de Witchblade, La postura básicamente. Y bueno, también de cintura para abajo es medio copia de la figurita esa (he de admitir). La descripción hablaba de pelo largo azulado (es la base y el brillo), así como un corsé rosado claro (me emocioné y no quedó claro, pero la base sí lo era, el resto vino de la aplicación de sombras y demás) y una gran sonrisa…  Así que poco original también. El pintado sí que me gustó cómo quedó en general.

Como siempre: espero que les guste.