«En realidad, esa división entre izquierda y derecha es algo del pasado. Terminó con la caída del muro de Berlín.» Ollanta Humala

Humala, el presidente de Perú, no se reconoce como alguien de izquierda. Más aun, según él, existe una categoría que se define por sí sola («nacionalista») y que la distinción entre izquierdas y derechas no tiene sentido tras la caída del muro de Berlín (ni un día antes, ni un día después). Nunca entenderé por qué la izquierda lo tomó como el caudillo con el que se podía llegar al poder. ¿Y ya ven los resultados? La izquierda no gobierna, se le desconoce, gobiernan los mismos que antes, el discurso transformador (o al menos así se presentaba) se ha vuelto en «mantenedor» del statu quo. Aun no entiendo cómo Diez Canseco y otros congresistas se resisten tanto en abandonar la bancada oficialista.

Nadie se puede sentir traicionado por Humala. Nadie. Él nunca se ha reconocido como izquierdista, menos como socialista o comunista, no digamos ya como libertario, palabras que ni siquiera entiende. Ollanta ya había dejado claro en el pasado que él de izquierdista no tenía nada, defendiendo esa visión unificadora del nacionalismo que jamás termina de definir o perfilar, no le conviene, no apela a la razón, lo hace al corazón, a sentimientos ficticios y construidos, no a discursos lógicos (sea el camino de la izquierda, sea el de la derecha).

Eso sí, Humala asegura que de derechas no es. No sé cómo se come eso de decir que no hay derechas e izquierdas y a la vez asegurar que de derecha no es… Hay una confusión clara en sus palabras, como quienes se confunden pensando que nacionalizar es socializar, que estatismo es socialismo. Así Humala, desde el nacionalismo, en realidad se levanta contra un tipo de derecha, la neoliberal, contra los «efectos perversos de la globalización», que más de una vez ha dicho… Ya, claro, se queja de ese neoliberalismo pero corre a Davos a vender el Perú y los peruanos, «animarles a que inviertan», dice él. Humala declara:

«La idea que yo tengo del nacionalismo no tiene nada que ver con lo que sugieren los movimientos nacionalistas europeos. Nos encontramos ante realidades muy diferentes. Mientras en Europa es de día, en Sudamérica es de noche; mientras allí es invierno, aquí es verano. En Europa, el nacionalismo contribuyó a la división y el enfrentamiento, generó incluso dos guerras mundiales. En el caso de los llamados Estados emergentes, nuestro nacionalismo trata de integrar la realidad del Estado, y también las relaciones con el resto de los países de la zona.»

Y esto nos recuerda, otra vez, a ese discurso transversal, interclasista y antiimperialista que ya leíamos en los primeros textos del APRA,donde la lucha de clases, aunque mencionada (como Humala menciona la Justicia o Inclusión Social, así, con mayúsculas iniciales), deja de ser importante, donde la integración latinoamericana es una prioridad para reafirmar la soberanía antiimperialista.

El nacionalismo siempre será divisor, se basa, finalmente, en diferenciar a ellos de nosotros, sobre unas fronteras ficticias y unas construcciones sociales elevadas a «Institución Natural». Además que dicho discurso trae consigo algunos otros aun más peligrosos: Las ideas del «espíritu» y el «interés» nacional y la necesaria sintonía interclases (con lo que jamás se irá hacia su desaparición). Por no hablar de la justificación del Estado desde un punto de vista de Estado-nación, de la personificación jurídica de esa Nación imaginaria.

Y ya cuando habla de «regalos de Dios» en relación a recursos hídricos y mineros y que eso se desprende de su visión nacionalista resulta todo, cuanto menos, confuso.

Excurso: Por cierto, el plan económico de Humala ya se alejaba bastante de una izquierda socialista o comunista, Ollanta no dice nada nuevo al no reconocerse como izquierdista.

El ROP ha sido muy minucioso en la resolución del pasado 20 de enero en que rechaza la inscripción de MOVADEF, me encantaría ver que los partidos que actualmente se encuentran inscritos pasaran un examen similar, por ejemplo, para ver cuántos comités provinciales tienen correctamente consignada la dirección y funcionan de forma efectiva (nuestra legislación exige demasiado a los partidos, deben nacer ya gigantes, lo cual va en contra de fomentar una cultura de partido y militancia). Al margen del fuerte legalismo (lo de siempre, para el amigo: todo; para el enemigo: la ley), algo de por sí no criticable en una resolución, el ROP insiste en que tiene competencia para valorar la ideología de un partido (dedica a ello el punto 2.e.1, páginas 14 y 15 de la resolución), y se basa en el artículo 38 de la Constitución. ¿Qué dice ese artículo? Lo siguiente:

«Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación.»

Así que el ROP, un órgano administrativo, se da el derecho a sí mismo para decidir si un grupo de personas que se quieren constituir en partido político estarían o no defendiendo o protegiendo los «intereses nacionales», según el ideario de dicho grupo en relación con el statu quo (imagino) para ver si dicho partido es ideológicamente limpio como para ser inscrito o no. Así, de repente, y sin comerlo ni beberlo, el ROP se vuelve una cheka. Esto es lo que me parece peligroso en todo este asunto. Y en esa línea está la reforma propuesta por el gobierno, donde pretenden incluir en el artículo 5º de la Ley de Partidos, Ley Nº 28094, publicada en noviembre de 2003:

«No podrán ser objeto de inscripción las organizaciones políticas que, en su Acta de Fundación, Estatuto o Acta de Constitución de Comités Partidarios, promuevan ideologías orientadas a la destrucción del Estado Democrático o que no reconozcan a las autoridades elegidas conforme a la Constitución y las leyes o incentiven o defiendan las acciones o supuestos a los que hace referencia el artículo 14º de esta Ley. La presente disposición es también aplicable a los movimientos y organizaciones políticas de alcance regional, departamental y local, contenidos en el artículo 17º de la presente Ley.»

Además de modificar el punto el artículo 14º haciéndolo bastante más amplio para que también entre el «apoyo» a «personas» que cometieron los hechos descritos en ese artículo. Con esto en realidad entrarían en situación de ilegalidad los partidos fujimoristas, en tanto que su líder no solo espiritual, sino presidente de honor en alguno de ellos, está encarcelado por crímenes contra la humanidad.

No sé si ustedes lo están viendo, pero no es que prohíban a los «senderistas», incluso si olvidamos esa realización «necesaria» de actos de violencia si se manifiesta seguir el llamado pensamiento Gonzalo (o, si pensamos que siempre se dará, nos encontramos con que concurrir a elecciones o inscribirse como partido legal es contrario al pensamiento Gonzalo, como ya recordé en el otro artículo que tocaba este tema), el pensar que se debe «proscribir» todo pensamiento que en sus textos doctrinales hablen de violencia de cualquier tipo, por una valoración de «antidemocrático», nos llevaría a poder prohibir, por ejemplo, todos los partidos comunistas, no hay que olvidar que el propio manifiesto comunista acaba así (el resaltado es mío):

«Los comunistas no tienen por qué guardar encubiertas sus ideas e intenciones. Abiertamente declaran que sus objetivos sólo pueden alcanzarse derrocando por la violencia todo el orden social existente. Tiemblen, si quieren, las clases gobernantes, ante la perspectiva de una revolución comunista. Los proletarios, con ella, no tienen nada que perder, como no sea sus cadenas. Tienen, en cambio, un mundo entero que ganar.

¡Proletarios de todos los Países, uníos!»

O prohibir todos los partidos cristianos, sí, he dicho cristianos, y también, en el momento que los hubiere, los judíos. ¿Por qué? ¿Ustedes han leído la biblia? No es por nada, pero es contradictorio con ese artículo 38 de la Constitución, ¿por qué o para qué respetar la «democracia»?, ya que la autoridad solo puede venir de Dios (Romanos 13: 1-7), no de la nación o el pueblo, menos de este reunido y eligiendo a sus representantes, debemos obediencia plena a la autoridad determinada por Dios para nosotros, no por los sufragios, aplicando el canon 330 del Código Canónico tenemos que, necesariamente, por encima de nuestro Jefe de Estado estaría el Romano Pontífice. Estos partidos de ideario cristiano (como se reconoce el PPC, por ejemplo), deberían ser prohibidos porque, entre otras cosas, su libro sagrado (pensamiento bíblico, le llamaremos) impone la pena de muerte por no respetar los festivos (Números 15, 32-36), algo contrario a nuestra carta magna, al igual que es contrario eso de ir matando herejes (que pedía San Bernardo de Claraval, o como vemos en el segundo libro de Crónicas, 15: 13, sin olvidar la clara orden de matar a los infieles en Deuteronomio 7: 1) o, incluso, inocentes (como en Éxodo 32, 25-34, entre otros muchos pasajes). Todo el machismo concentrado que tiene la biblia, nuevo testamento incluido (por poner dos ejemplos: 1 Corintios: 3-9 y 34-35) que volverían a toda formación cristiana (en este caso Católica) directamente contraria a los Derechos Humanos al negar la igualdad entre hombres y mujeres.

Ojo, no digo que esto se deba hacer, sino que la lectura que hace el ROP y un magistrado del JNE sobre el llamado pensamiento Gonzalo y la «orden» o necesidad de una revisión ideológica literal (es lo que hacen con MOVADEF), así como la reforma propuesta por el gobierno, nos llevaría al absurdo de que un país que reconoce a la Iglesia Católica como «importante» debiera prohibir los partidos cristianos o con Cristo como «presidente honorario».

En Perú 21 ponían, en una noticia sobre este tema, que MOVADEF buscaba la amnistía de Abimael Guzmán (olvidándose de mencionar que también la piden para Fujimori), recordando que es un preso juzgado por crímenes atroces, bien, el fujimorismo busca una amnistía (indulto) de Fujimori, condenado por violaciones de derechos humanos, ¿por qué el fujimorismo puede pedir eso y otros no pueden pedirlo para «sus» presos? ¿Por qué el fujimorismo puede tener un partido político (y varios) cuando aun justifican los golpes de Estado mientras que se juzga el ideario de otros partidos para decir que son antidemocráticos? ¿Acaso el golpe de Estado es democrático? Acá hay dos varas de medir y eso le hace daño al Estado de Derecho como tal.

Proporcionalidad y efecto Streisand
Se dirá que con esa interpretación y le legislación propuesta se busca que los terroristas no tengan partido político. ¿Qué significa tener un partido en Perú? Realmente nada. Uno se puede organizar sin o con persona jurídica por detrás, y se usan múltiples fórmulas de personas jurídicas para delinquir, no solo los partidos. Además, para presentarse a elecciones se requiere algo más. ¿Que los de MOVADEF son indeseables? Ya, ¿y? Para mí lo son también los del PP, PNP, fujimoristas varios, PAP y otros tantos, y no me ven pidiendo su ilegalización. MOVADEF, además, no apoya la guerra popular (su intento de inscripción lo demuestra, como son las fórmulas decididas para la toma del poder) ni habla de cometer hechos violentos. ¿Que son «gonzalistas»? ¿Y?

La norma y esa interpretación, por contra, es dejar las puertas abiertas a proscribir cualquier ideología que sea contraria a nuestra neoliberal y burguesa constitución. No es proporcional lo que se dice que se quiere (impedir a los terroristas que se organicen), la forma en que se haría (proscribiendo un partido), con el efecto que la medida puede tener (olvídense de partidos comunistas o socialistas revolucionarios, ni mencionar a Lenin, el Che, Trotsky o cualquier otra línea marxista como adjetivo extra), ni es efectivo el prohibir un partido con el impedir que se organicen los terroristas (como bien demuestra el que el PCP-SL siga existiendo).

Por lo demás, MOVADEF, siglas que hace unos meses conocían pocos y solo se vinculaban de cuando en cuando a noticias en que un movimiento raro de gente rara con el abogado de Abimael y demás pedían la amnistía general para todos los que participaron en el Conflicto Armado Interno (también para Fujimori, Montesinos y otros), ahora son conocidos por todos, que hablen de mí, aunque sea mal, deben estar celebrando los dirigentes del movimiento esa suerte de efecto Streisand, lo que se quiere prohibir se hace popular gracias a la publicidad que se le da al tema.

*Un voto particular en dicha resolución asegura que existe una competencia «implícita» del ROP para hacer valoraciones que superen los requisitos formales que la ley expresamente le encomienda revisar. Ese mismo magistrado, eso sí, afirma que no se puede proscribir a MOVADEF por los hechos de Sendero Luminoso (MOVADEF no los ha cometido) ni deducir, como hace el ROP, que MOVADEF vaya a cometerlos, sino porque el pensamiento Gonzalo «se trata de una ideología proscrita en nuestro país». Lo que uno se entera, ¡sí hay ideologías prohibidas!

«[A]nte la duda de que los componentes químicos pudieran ser abortivos porque no existen definiciones de cuándo se inicia el proceso de la vida en la madre, se establece que el Estado no debe distribuirla [sobre la píldora del día después]» Ana Jara, Ministra de la Mujer del Perú

Eso de los «anticonceptivos naturales» suena a mala broma, al menos no se muestra en contra del preservativo (método que considera natural). Sí me resulta preocupante el tema del aborto, es un «parón» en los leves cambios que estábamos teniendo sobre la materia. ¿Quedará nomás el «aborto terapéutico»? Ya la ministra rechaza de plano el aborto para los casos de mujeres embarazadas tras una violación, lo cual es condenar a la víctima en una situación demasiado dura de por sí.

Pero vamos al tema de los Anticonceptivos Orales de Emergencia, o pastilla del día siguiente o píldora del día después, en Perú hemos tenido un par de resoluciones importantes sobre la materia:

• Corte Superior de Lima determinó que la píldora no era abortiva;
• El Tribunal Constitucional consideró que «podría tener» un efecto abortivo y por ello el Estado no debía distribuirla (aunque no impidió su distribución fuera del sistema nacional de salud).

Me ha sorprendido leer que la ministra de la mujer diga eso de «no existen definiciones de cuándo se inicia el proceso de la vida en la madre», definiciones existen a montones, a grandes rasgos existen cuatro grandes teorías, la de la fecundación (o formación del genotipo), la de la anidación, la de formación de los rudimentos del sistema nervioso y la teoría del nacimiento con vida, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO), autoridades en este tema, mantienen que el embarazo empieza en el momento de la anidación.

Ana Jara puede coger una teoría u otra, sumarse al TC en la extraña sentencia arriba comentada (en el artículo enlazado), pero no puede decir que no existen definiciones para, en realidad, dar por válida la más extensa (ante la duda, la fecundación) y que parezca que su postura no responde a una de esas definiciones. Resulta una postura harto cínica la defendida por el TC en aquel caso enlazado, y más todavía que la ministra se agarre como clavo ardiente: Si se cree que es una píldora abortiva, en cumplimiento de nuestra constitución se debería prohibir en todo caso (solo el peligro de vida de la madre permite el aborto en este momento, y por un choque de intereses insuperable en realidad), y si se acepta que no es abortiva (actúa antes de la anidación básicamente), el Estado debería distribuirla, en este sentido está (infinitamente) más cerca del DIU que de un aborto provocado. Con esa postura errática del TC que la ministra hace suya, genera:

«[q]ue las personas con recursos podrán seguir haciendo uso de la píldora del día siguiente, pero la gente sin ellos se queda sin poder acceder al AOE. En Perú se da el extraño caso que siendo delito el aborto, te venden una píldora abortiva (según el TC), cuyo fin es interrumpir el embarazo (aun inexistente para la OMS y la FIGO, pero existente para nuestros queridos magistrados) y no pasa nada.»

En aquella ocasión, en la STC, dos magistrados dieron un voto particular en que afirmaban:

«[S]e ha probado que el AOE no solo no es abortivo pues no produce el desprendimiento del embrión anidado sino que además no afecta al embrión pues los efectos comprobados teniendo en cuenta la dosis apropiada y la frecuencia de su uso solo tiene efectos antiovulatorios y antifecundatorios; y, en segundo lugar, no ha sido probada la inconstitucionalidad de su distribución con información actualizada. Por lo demás, somos concientes que lo que pretende la demandante es paralizar una medida de política de salud reproductiva cuya ejecución ya fue valorada y decidida en anterior oportunidad.»

Estos magistrados también recordaron lo absurdo que resulta permitir una distribución de la pastilla en favor de quienes tienen medios privados para acceder a la misma y a la par impedir que las personas con menos recursos accedan a esta pastilla aplicando unos principios distintos (en unos casos se aplican principios «pro consumidor» y en otros «pro débil» -del proyecto de ser fecundado-).

Es claro que la píldora del día siguiente no debe ser un método anticonceptivo sustitutivo de otros como los preservativos o la píldoras anticonceptivas, su función no es esa, y sus efectos secundarios desaconsejan su uso frecuente, es un método de emergencia (ante el fallo, por ejemplo, del condón) para evitar embarazos, pero ni evita enfermedades de transmisión sexual (papel que otros preservativos sí cumple) ni favorece un comportamiento responsable (es un método de emergencia, no uno de uso normal).

Por cierto, hay que recordar que una de las «propuestas de políticas» dentro del apartado «7.3.2. Políticas para la Equidad de Género» del plan de gobierno de Gana Perú fue:

«Garantizar el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres; el acceso a métodos de planificación familiar y protección contra ETS, incluyendo la AOE (Anticonceptivo Oral de Emergencia), así como el VHSIDA y la despenalización del aborto.»

¿Qué hace Gana Perú eligiendo como Ministra de la Mujer a una persona contraria a la AOE y a la despenalización del aborto? ¿Se ha leído Humala el plan de gobierno con el que se presentó? ¿Se lo leyó la señora Jara cuando se lanzó como candidata de esa formación? Bueno, si ya incumple Ollanta todo lo que puede, ¿por qué la píldora del día siguiente le quitaría el sueño?

En el Decreto Legislativo nº 635, de 1991, el Código Penal del Perú, encontramos que actualmente se regula la interferencia telefónica (conocido popularmente como chuponeo, art. 162º del CP) por un lado, y la interferencia en el correo por otro (arts. 161º, 163º y 164º), la modificación aprobada cambia la «interferencia telefónica» por «Interferencia y difusión de comunicaciones privadas», lo que aumenta considerablemente el tipo penal (de ser interferencia telefónica a cualquier tipo de escucha), se incluye la difusión dentro del tipo, también se propone un considerable aumento de la pena (de entre 1 y 3 años a entre 2 y 4 años de cárcel). Como digo, quienes difunden están al mismo nivel de quienes interfieren o escuchan, con lo que, por ejemplo, un periodista tendría la misma condena que un «espía», cuando actualmente uno sería condenado y el otro no. Se incluye, eso sí, una curiosa excepción para quienes difunden: No serán condenados si los hechos divulgados son constitutivos de delitos. Acá el IPYS tiene toda la razón cuando dicen que ellos no son quién para determinar si unos hechos son o no son constitutivos de delitos.

Sobre este tema de audios (y la privacidad, ese difícil límite entre la vida privada y el derecho a la información) en esta bitácora he escrito bastante,, para el caso peruano, sobre todo porque hablo de una iniciativa que iba en la misma dirección que la actualmente aprobada, les recomiendo la lectura de: «¿Matando al mensajero?» y, ya que todo esto está íntimamente vinculado con la jurisprudencia constitucional, el comentario que hice sobre la STC nº 655-2010-phc/TC, sobre la prueba prohibida en el caso Químper (los petroaudios).

La proporcionalidad de las penas es importante, y que el Código Penal castigue de igual forma hechos que afectan al mismo bien jurídico, no puede ser que una grabación de una conversación telefónica y su posterior difusión tenga más pena que una interceptación de un correo privado (electrónico o postal), así la pena máxima por vulnerar el correo de una persona es la misma que la pena mínima por interceptar el teléfono, la difusión de una carta, y solo si dicha difusión causa perjuicio, tiene una pena mínima (limitación de días libres entre 20 y 50), mientras que si lo divulgado es una conversación telefónica (u otra privada) la pena sea entre dos y cuatro años de cárcel. Es incoherente y desproporcional que el teléfono o una conversación cara a cara tengan mayor protección que el correo. Esa incoherencia actualmente existe (y peor, mientras que publicar un correo está taxativamente prohibido, difundir un audio captado ilegalmente no), así que es necesario reformar todo el capítulo IV del Título IV del Código Penal (algo que vengo mencionando -siempre en gerundio- cada vez que puedo, sea dicho).

Las dos (auto) recomendaciones que pongo hace un par de párrafos son mi postura sobre este difícil tema, que se puede resumir en la necesidad de analizar «caso por caso», porque «no todo vale» para el periodista, siempre teniendo presente, eso sí, el derecho a informar y recibir información y el más que importante papel de la prensa (en su acepción más amplia, no de «medios tradicionales»).

Y sobre este proyecto en particular, ya se pueden imaginar: Es una ley que valdría más que fuera observada por el presidente de la república, no solo por lo que dice (y con razón) el IPYS, sino porque lo que necesitamos es una reforma de todo el tema, no un parche particular que encima crea inútiles diferencias entre el correo y una conversación cara a cara o telefónica.

Hay que recordar algo: Humala nunca prometió eliminar los CAS (trampeados desde el principio), sino «mejorarlos», en ese sentido van las dos declaraciones de sus ministros, «mejorar» los CAS. En su día puse unas notas sobre este extremo de las promesas de Humala al tomar el mando del país:

Humala Tasso no acabará con los CAS, con lo que mantendrá un régimen injusto y excepcional en donde la administración en vez de contratar como es debido a su personal (mediante contratos laborales o funcionarios) recurre a ese engendro creado por la administración de García. Mejorar los CAS no sirve de nada, deberían desaparecer, y es algo que compete directamente al Estado.

Aunque podemos encontrar en el discurso del ministro de Trabajo algunos componentes para el optimismo (reforma global del sistema de contratación pública), el que recurra a una patética demagogia como:

«Si los estudios de la Comisión de Trabajo me garantizan que esas personas van a mejorar el servicio al ciudadano, estaría el primer paso (para la reforma del sistema), pero si es solo es algo político, hay que tener cuidado.»

No ayudan en nada a que le tomemos en serio. A mí si él me demuestra que los CAS hacen que pueda darse un mejor servicio público que otro sistema de contratación que garantice los derechos laborales de los trabajadores con buenas condiciones económicas me creeré sus razones para mantener los CAS. Y si eso es así, no sé por qué están tardando tanto en reconvertir a todos los trabajadores públicos en autónomos con CAS y mejorar todo el sector público.

Desde la izquierda cada vez se ve el oficialismo más lejano, y la CGTP, que tanto capital político apostó en Gana Perú, ya se muestra como la novia engañada y recuerda que no es tolerable que el gobierno se derechice así, y menos cuando es una derecha autoritaria y militarista, uno de los temas que escuecen, como no puede ser de otra forma, no es solo el nombramiento de este nuevo Ministro de Trabajo, sino que algunas de las reivindicaciones laborales de la central se ven imposibles con el nuevo gabinete, entre ellas la derogación de los CAS.

No deja de ser curioso que esta cuasi ruptura con la izquierda también esté acompañada de la ruptura con los aliados para la segunda vuelta que se ubicaban a su derecha, hablo del roto con Perú Posible (que trae consigo movidas dentro de la alianza electoral y parlamentaria de la que PP forma parte), y lo que puede significar el comienzo en solitario del gobierno (o en búsqueda de nuevos aliados, que mire bien a la derecha autoritaria del país, encontrarán nuevos amigos).

Por mi parte: No me extraña, aunque «casi» me sorprende el poco tiempo que ha pasado entre esas manifestaciones de apoyo y la crítica más frontal, o lo poco que ha durado el «gabinete de concertación», solo cuatro meses enteros, pero los últimos eventos han acelerado un proceso algo cantado, y la renuncia de Lerner Ghitis simplemente fue el fin del comienzo. Para terminar vuelvo a recomendar un artículo del Jorobado de Notre Dame, conocido por algunos como Carlos Meléndez, titulado «HumAlan». La nota es del 1 de diciembre, 10 días después el autoritarismo de derechas ocupó el cargo de primer ministro, y con él un cambio profundo y antisocial del gabinete (once nuevos en total).

La norma de la discordia es la proposición de ley 00564/2011-CR (PDF), presentada por la bancada de Gana Perú, en especial de la mano de Diez Canseco (aunque en realidad el PNP en la legislatura pasada ya presentó normas similares), se acusa a JDC de querer enriquecerse (él y su familia) gracias a la «conversión», en realidad sí existiría una considerable mejora: De tener unos títulos que solo dan derechos económicos a tener unos títulos que dan derechos económicos y políticos en las sociedades. Pero es simplemente mentira, como repiten los fujimoristas y los medios que no han dado voz a JDC, que con esto pase a «mejorar su patrimonio bursátil en 1000%», la propia norma recoge que no se hace un canje de una acción por otra (se habla de «respetar la proporción de los valores nominales vigentes», art. 4º de la norma propuesta, lo cual ya deja claro los errores de las leyes, al pensar que el valor nominal significa algo realmente).

Creo que, en aras a la transparencia, JDC no solo debería explicar bien la norma, sino que debería vender (él y su familia más directa) todas las acciones de inversión que posea (no voy a pedir que las AFP donde tengan sus pensiones vendan sus acciones de inversión porque eso sí que perjudicaría a mucha gente que ni le va ni le viene el tema), aunque patrimonialmente le pueda suponer un perjuicio (no tanto en el corto plazo, sí en el largo), es importante que, para debatir el proyecto, no pesen sobre él las sospechas (fundadas) de querer favorecerse, esto es, de otra ley con nombre propio, eso facilitaría que, entre otras cosas, los medios dejen de señalar a la persona y entren en el fondo del asunto.

Es importante, insisto, que JDC se deshaga del interés directo que tiene sobre la norma que promueve, ya saben, la mujer del César y todo eso.

Hablando del fondo del asunto, que entren de verdad, no como hace El Comercio en el apartado de «Una Mirada Técnica», donde JF Bertolotto se olvida que en el pasado existieron las «Comunidades Laborales» (estas Comunidades pertenecían a los trabajadores estables por el hecho de serlo, no daban acciones individuales y comerciables a dichos trabajadores), que poseían acciones comunes de las empresas (que iban dándolas detrayendo una parte de su patrimonio de los beneficios hasta llegar a unos porcentajes máximos, distintos por sector), cierto es que la norma la promulgó un dictador.

Bien, aun en dictadura, esa norma que permitía el acceso de los trabajadores al accionariado empresarial (y vinculándolo con su condición de trabajadores, por medio de una persona jurídica separada, cosas raras que se hacen con el Derecho) es anulada, se toma el capital de esas Comunidades Laborales y se crean las «Acciones Laborales», seis años de acumulación de acciones comunes por parte de los trabajadores de un plumazo se volvieron en acciones laborales sin derechos políticos, después de un par de modificaciones y desarrollos más de las formas de participación de los trabajadores en la empresa (siempre entendida como participación económica, no política), se llega al cambio de nombre en 1991 (se habla de «Acciones del trabajo») hasta la actual Ley nº 27028, Ley que sustituye las acciones del trabajo por las acciones de inversión (PDF), norma de 1998, que es la legislación actual. Las acciones de inversión sí tuvieron un origen en acciones con derecho a voto, de una forma peculiar, pero poco discutible.

Tampoco hay que olvidar, algo que los medios enlazados no recuerdan, que ya existen mecanismos de canje entre acciones de inversión y acciones comunes, de capital, o de verdad de la buena, que para eso está la Ley nº 28739, Ley que Promueve el Canje o Redención de las Acciones de Inversión (ley28739), publicada hace cinco años y que ha tenido un uso insignificante (según el proyecto de JDC solo 7 empresas han hecho uso de esta posibilidad), la diferencia entre el proyecto de JDC y esa Ley nº 28739 es que lo que para una es algo voluntario para la otra norma sería una obligación.

Alejandro Indacochea, economista citado en El Comercio, pone la llaga en la herida:

«La participación de los trabajadores puede llegar a ser mayoritaria, lo cual cambia el sistema de gobierno de las empresas»

El tema de fondo (y para que así se ataque a JDC, quien poco a poco se siente en el ala marginada del gobierno) está en ese posible cambio, me pregunto si realmente hay alguna sociedad que, una vez bien hecho el canje, tenga un importante poder del accionariado en trabajadores, y si creen que eso es una amenaza para el control de las sociedades (digamos que una gran empresa que cotiza en bolsa, por ejemplo, tiene el capital realmente distribuido, y los trabajadores, aunque entre todos sumen un 10%, no van a actuar de forma conjunta y solidaria, sino más bien serían accionistas individuales muy pequeños). En el proyecto de ley hablan de que la media es del 7%, con un 7% en manos de un solo accionista se puede tener el control efectivo de una sociedad, pero ese 7% está más que distribuido en realidad.

Sobre la medida: No resulta realmente beneficiosa para los trabajadores, esto es, no tendrán un real acceso a la propiedad de la empresa, sino unas pocas acciones comunes de la misma, también me parece un error en general la redacción de la norma, deja demasiadas preguntas en el aire (para posibles reglamentos futuros), se fija demasiado en el valor nominal, se justifica mucho en la Constitución del 79 (que, recordemos, no está vigente), y se olvida mencionar que estas acciones comunes nacidas del canje de las acciones de inversión pueden ser una de esas «otras formas de participación» que el Estado reconoce como derecho de los trabajadores dentro de la empresa (art. 29º de la Constitución política del Perú).

La verdad es que tanto la propiedad como la participación dentro de la empresa por parte de los trabajadores debería hacerse con mecanismos imperativos (en eso estoy de acuerdo con la propuesta de GP, en tanto que la voluntariedad de la norma de 2006 se ha mostrado ineficaz) y no individualizados ni vinculados al capital social (como son las acciones), porque estas acciones de inversión pueden comprarlas (como efectivamente pasa) personas que no son trabajadores de las empresas (se las compran a ellos), de ahí que las AFP tengan tantas, con lo que el canje propuesto realmente no beneficia a «los trabajadores» sino a los poseedores de estas acciones de inversión (no es lo mismo, el propio proyecto recuerda cómo muchos empresarios han seguido estrategias para subvalorarlas y volverlas a adquirir), en este sentido, el mecanismo, aunque limitado, de 1970 me parece mejor, se premia al trabajador, no el hecho de poseer una acción.

* Aunque se llaman «Acciones de Inversión» la Ley General de Sociedades, Ley Nº 26887 (PDF) ya lo deja claro en la disposición final quinta: Ni son acciones (de las reguladas por la LGS) ni a los titulares de éstas se les puede considerar «accionistas».

«La paz obtenida con el filo de la espada no es más que una simple tregua»
Pierre Joseph Proudhon

En un par de días hemos pasado del inicio del diálogo en Cajamarca (tras un largo paro y bloqueo de la ciudad) al Estado de Emergencia (así, suspendidas las libertades), con la lógica militarización regional por dicha declaración (por más que digan que las FF.AA. van en apoyo de la PNP), evidentemente esto trae consigo la suspensión de las protestas antimineras (no hacerlo sería incurrir en delitos y daría pie a un ataque frontal por parte de quienes buscan sangre, esto es, el Estado). El acuerdo no fue posible (muy poco tiempo para pensar que eso es una negociación que pueda cerrarse) y el paro, se suponía, iba a continuar, pero el gobierno jugó su carta: Estado de Emergencia (y por el plazo máximo: 60 días). Fujimoristas y apristas aplauden la medida…

Las visiones que dan las partes sentadas a negociar (solo ocho horas, no pues, en cuatro horas no se resuelve nada) han comunicado a la prensa, evidentemente, una visión totalmente distinta de lo ahí ocurrido, el Presidente de Cajamarca, Gregorio Santos, acusa al ejecutivo de haber ido con unos acuerdos y haber amenazado que o se firmaban o se declaraba el Estado de emergencia. La intransigencia, para el PCM (comunicado de prensa dado el 4), en el cual ni se plantea por encima la posibilidad de declarar el Estado de Emergencia.

También las versiones discrepan en otra cosa: Santos dice que ellos no iban a firmar sin consultar, así que no, no solo se negaron a firmar los «ambientalistas», sino también el resto de alcaldes, con la razón que sea, por más que estaban más cerca al acuerdo (con el tema de un nuevo informe), pero no significa que la reunión la reventaron los ambientalistas ni mucho menos, Santos asegura que el gobierno quería ya tener el acuerdo firmado, que no aceptaba esa posibilidad de que se levantaran de la mesa sin él (¿de verdad pensaban que en ocho horas podían sacar un acuerdo que cerrara el tema?). Al menos sabemos que este gobierno sí cumple… las amenazas. No las promesas, esas no las cumplirá (Arana tiene razón).

Wilfredo Saavedra, presidente del Frente de Defensa Ambiental (uno de esos intransigentes según Ollanta Humala, presidente de la República), declaró:

«Regresemos a la normalidad en todas y cada una de las actividades en Cajamarca y en todas y cada una de las provincias de nuestra región para no caer en el juego de los que hoy todavía se mantienen en el gobierno y quieren solucionar los problemas de nuestro pueblo a bala y a sangre»

Al final se está repitiendo el esquema que con Alan (y antes con Toledo -si al final lo de HumAlan será cierto y todo-), cuando reclamas no te hacen absolutamente nada de caso, se impone siempre lo que al poderoso le conviene, tienes que llegar casi al extremo (hace un tiempo escribí sobre la violencia como única forma de que te hagan caso), después de mucho tiempo en ese extremo (nueve días de paro que vaciaron la ciudad, según las limeñas crónicas de periodistas «que no podían salir»), y ahí el Estado se mueve en la dirección incorrecta y termina proscribiendo cualquier protesta, si no aceptas lo que el Estado «ofrece», eres «intransigente» y vas contra la Nación, un antipatriota. Ahí o hay más violencia o el movimiento descontento actúa con prudencia y firmeza (como las declaraciones de Saavedra).

El tema es complejo y difícil, y el gobierno ha demostrado no estar a la altura desde el primer momento, y ha actuado como lo hicieron sus antecesores.

Criminalizar la protesta e imponer con las armas el orden (eso es un Estado de Emergencia «para asegurar la paz»), a la par que se llama al «diálogo», es la forma de bloquear las soluciones posibles y poner a la otra parte como «enemiga» más que «contraria».

El JNE, si leen la resolución, basa su decisión en lo que hizo SL y lo que supone el llamado «Pensamiento Gonzalo» (esa «cuarta espada del Marxismo» que Abimael Guzmán se creía), una estrategia de «guerra de guerrillas» frontal contra el Estado para tomar el poder por parte del proletariado, de ahí deduce que necesariamente MOVADEF cometerá delitos contra la Constitución y los derechos fundamentales, esto es, MOVADEF no puede ser un partido legal porque Sendero Luminoso cometió delitos contra la Humanidad bajo la dirección del «Presidente Gonzalo».

«Sendero Luminoso» fue un movimiento terrorista brutal que cercenó la vida de decenas de miles de personas (¡ay revolución, cuántas contrarrevoluciones se han hecho en tu nombre!, que diría Parra en uno de sus artefactos). El primer atentado de SL fue en Chuschi (Ayacucho) cuando atacaron el local donde se guardaban las ánforas y padrones para las siguientes elecciones presidenciales (las primeras que se celebraban tras 17 años). En el 85 el PCP-SL (o sea, Sendero Luminoso) recordó que su llamado era contra las urnas, no hay que votar, sino «generalizar la guerra de guerrillas», en 1990 volvieron a lo mismo con un documento titulado: «¡Elecciones, no! ¡Guerra popular, sí!». En los «Estatutos y Programa General de la Revolución Democrática», nacidos tras el 1er Congreso del PCP-SL, podemos leer cosas como:

«Militarización del Partido y construcción concéntrica de los tres instrumentos de la revolución;»
«Desarrollar la guerra popular que, mediante un ejército revolucionario de nuevo tipo bajo dirección absoluta del Partido, destruya por partes el viejo poder, principalmente sus fuerzas armadas y represivas y sirva a construir el nuevo poder para el proletariado y el pueblo.»

En 1992 se desarrolla el III Pleno del CC de Sendero Luminoso, en el Documento Central (no encuentro el resto de documentos) se insiste en la idea de continuar y mejorar en la «guerra de guerrillas», se manifiesta:

«Hay que forjar cuadros, militantes forjados en la guerra en general, en la guerra revolucionaria, y en la guerra en este país.»

¿Por qué menciono esto? Porque si esa inferencia que hace el JNE fuera tan automática, debieron darse cuenta que existe una real contradicción entre ese «pensamiento Gonzalo» y un partido político que busca ser un actor electoral. O dicho de otra forma, no todos los partidos marxistas o maoístas se tiran al monte para iniciar la guerra popular, ni tienen por qué hacerlo.

Sabemos lo que el MOVADEF quiere, ellos no lo ocultan (piden una amnistía general, que también beneficiaría a uno de sus principales enemigos: Alberto Fujimori Fujimori), lo declaran en sus propios principios, desde el nombre del partido, pero hasta ahora todo lo que han hecho (contando el querer inscribirse en el registro de partidos) vulnera el «pensamiento Gonzalo» de los años en que Guzmán (montó y) dirigió Sendero Luminoso, así que o aceptamos que existe una vinculación ideológica que no significa seguir a pies juntillas el ideario declarado (aunque sea por un tema de solo estrategia) o veríamos una seria contradicción entre lo que hacen y lo que dicen ser.

¿Debería ocultar MOVADEF sus principios ideológicos para poder ser aceptado? En la ONPE están registrados los estatutos de partidos como Nueva Mayoría que ni siquiera tienen una declaración de principios (¿le aplicamos a Nueva Mayoría el duro rasero que sufre MOVADEF y defendemos ilegalizar a NM porque en el art. 1 de sus estatutos lanzan un reconocimiento sobre el «liderazgo histórico» del «Presidente Alberto Fujimori Fujimori», condenado por delitos de lesa humanidad, ya que si siguen a un delincuente ellos también son delincuentes?), eso nos llevaría a un ilógico en que es mejor no dejar plasmada la ideología propia en los estatutos del partido o en el ideario que los acompaña para evitar una tacha administrativa.

En todo caso: Lo grave es que el JNE sea capaz de impedir la inscripción de un partido político porque consideran que su ideología no es acorde con la Constitución Política del Perú y significa realizar actos violentos (sin ninguna prueba de estos actos). Esto da un poder demasiado grande al JNE, capaz de decidir si una ideología es o no violenta por lo que hizo alguien en el pasado bajo su nombre (bien, aunque ese alguien sea el «creador»). Para la inscripción de los partidos (como las asociaciones, sindicatos y demás) debería bastar el cumplimiento de requisitos formales (y ya son excesivos en nuestros país con el tema de las firmas), esas lecturas ideológicas son más bien peligrosas.

Y si las razones del JNE se aplicaran por igual a todos, ni NM, ni Sí Cumple ni Fuerza2011 deberían mantener su inscripción, todas están vinculadas a una persona condenada por corrupción y por delitos contra la Humanidad, ¿seguir el ideario de Fujimori no nos llevaría a plantear el terrorismo de estado como alternativa? ¿El auto-golpe de Estado como fórmula de estabilidad de gobierno? Esa misma resolución del JNE, bien leída (y aplicando una historia más extensa que la peruana de los últimos años) llevaría, en la práctica, a impedir que cualquier partido marxista (en cualquiera de sus múltiples intérpretes) se inscriba.

Pero vamos por partes, ¿por qué la saña contra el voto preferente? Recordemos que esa «facultad» no afecta al número de congresistas electos por cada formación, sino que «desbloquea» la lista y permite a los ciudadanos «ordenar» a los candidatos dentro de la misma, o dicho de otro modo, decir «sí, quiero este partido, y si puede ser, en concreto estos dos congresistas» (o uno si es Madre de Dios), las listas las han aprobado los partidos, así que quejarse por los integrantes de las mismas es bastante absurdo. Es el partido el responsable final (políticamente hablando) de la limpieza de los integrantes de las listas que presentan, de la integridad de todos ellos, de la competencia para poder ser representantes y, por supuesto, de su comportamiento con respecto al partido.

Todo lo demás (como esa «furia antitransfuguista», representada proyectos de reforma del reglamento del Congreso o de la ley de partidos, que no es de ahora, sino que viene de antiguo), como la crítica de que el voto preferente favorece la pugna interna (pues escojan personas que se nieguen a hacer campañas personalistas, so memos) y una vinculación directa entre el ciudadano-votante y el candidato-elegido en vez de entre el congresista y el partido, habría que recordar, nuevamente, que a ese le eligió el partido, que sin voto preferente también pasaría lo mismo que hoy por hoy ocurre (si hay desapego entre los candidatos y el partido es porque el partido no funciona, no es una institución, no tiene mecanismos internos o estructura real, solo existen en los comicios), y que el congresista no es un representante del partido, sino de «la nación», no tiene mandato por parte de nadie (eso por ahora pone el primer párrafo del art. 93 de la carta magna), pretender que el congresista sea un pelele del partido es, incluso, inconstitucional (y poco democrático), haya o no voto preferente.

Es curioso ver como en algunos sitios con férreas listas cerradas ya hasta algunos partidos mayoritarios plantean el «desbloquearlas» en Perú queremos cargarnos un mecanismo que no es para nada negativo (máxime teniendo en cuenta la inexistencia de partidos y lo llenas que están de morralla, no sé, a mí todas las veces que he votado me ha gustado indicar quién quisiera que saliera dentro del partido que apoyé, incluso siempre he visto muchos indeseables en listas que apoyo, es una forma que esos partidos se lleven mi voto sin que la decisión sea o un indeseable que va cabeza de lista o voto nulo), hace un par de años, de pasada comenté este tema:

No deja de ser curioso la saña que se tiene con el voto preferente, es tal vez el único respiro que tenemos los votantes ante listas cerradas, en tanto que las volvemos rígidas. Si el ciudadano sabe que determinado partido de una formación que sí le agrada es una mala pieza (tenga títulos académicos o no, tenga condenas o no), en un caso de lista cerrada se ve obligado a elegir entre castigar a todo el partido (no votando) o votar por ese candidato no apto (votando por la lista cerrada y rígida), con el voto preferente se incluye una opción más, que es castigar a ese candidato votando por otros dentro de la lista de su preferencia (voto dentro de una lista cerrada con ordenación de preferencia).

Entre ese artículo y hoy han pasado unas elecciones generales, ¿hicieron los partidos políticos lo suficiente para tener unas listas «limpias»? ¿De quién es culpa de que ciertos personajes vayan en las listas al Congreso? (Los ciudadanos también somos responsables de a quiénes votamos, pero nosotros estamos mediatizados por lo elegido por los partidos.) Lo que es más importante: ¿Eliminando el voto preferente hubiésemos impedido que, por ejemplo, Armando Romero saliera electo? Pues no, él fue el cabeza de lista en Madre de Dios. La «robacable» sí está ahí gracias al voto preferente, pero el problema de quiénes son candidatos por cada partido es independiente a su número en la lista, es que desde el saque no debían ser candidatos, o atenerse a las consecuencias de su nombramiento.

Como dice El Jorobado y como lo hacen otros muchos, eliminando el voto preferencial no se soluciona ningún problema en cuanto a los congresistas, sí se cierra una vía más de participación de los ciudadanos-votantes, tampoco ayuda a los partidos políticos en nada (no asegura fidelidad entre los congresistas y el partido, ni limpieza en los candidatos, ni apertura de los partidos a los ciudadanos). ¿Se requiere una reforma global? El problema no está tanto en la legislación (y que yo diga esto tiene tela), aunque la misma sea mejorable (o haga falta una «gran reforma») sino en la práctica política, si los partidos siguen funcionando como lo hacen hoy en día, da igual lo maravillosa que sea la ley, el Congreso será una porquería de cara a los ciudadanos y los partidos, fuera del imaginario de cuatro políticos, seguirán sin existir.

Por parte de los partidos me parece una irresponsabilidad política y partidaria creer que el camino es una reforma puntual en el voto preferente.

El que convoquen una manifestación para el 12 de octubre con el fin de «respaldar los cambios» es pasarse tres pueblos y acercarse demasiado a lo que puede ser un «sindicato amarillo». Está bien que la CGTP apoye algunas medidas del actual gobierno, y que las defienda ante los ataques que las mismas reciban, pero movilizar a las bases para apoyar al partido que gobierna y al presidente del país es un paso excesivamente grande, máxime cuando la amenaza está lejos de ser grande (no hablamos de salir a la calle para intentar detener un golpe de Estado a la venezolana, ahí lo entendería).

La CGTP, desde mi punto de vista (o sea, de alguien que está fuera de ese sindicato y del país) no debería vincularse de una forma tan fuerte con el gobierno, perderá así la capacidad de representar a los propios trabajadores del y para el estado, en tanto que será un sindicato vinculado con un patrón, y tampoco es ni pretende ser el gobierno de Humala régimen comunista o de construcción del socialismo, más bien es un modelo que se sigue sustentando en el capitalismo (llámenlo como quieran, pero proponen más mercado) y que cuando puede reniega de la izquierda tanto como de la derecha (o considera superadas ambas posturas ideológicas).

Desde esta bitácora he apoyado cuanta manifestación ha hecho la CGTP (aunque muchas veces he criticado los documentos, comunicados o demás que saquen), pero me resulta inasumible la pérdida de fuerza reivindicativa cuando se pone al servicio del poder todo el capital político y de lucha. La apuesta que está haciendo la CGTP es muy alta, y puede resultar contraproducente en la construcción o el mantenimiento de un sindicato de clase.

¿Cómo podemos, los trabajadores, confiar en una institución que puede ser instrumentalizada por el gobierno al punto de marcarle la agenda de movilizaciones?

Voy a decirlo de otra forma: Está bien que la CGTP apoye las medidas del gobierno, pero las reivindicaciones y movilizaciones deberían ser para ir más lejos que lo que el mismo propone y dispone, no solo para darle un espaldarazo a esas medidas, que siguen quedándose cortas, sino para decir «sí, está bien, pero queremos más», sino el apoyo es pleno y no crítico, sino parece que la CGTP es simplemente un instrumento del gobierno, sino aparenta un control que espero que no exista, sino da la impresión de ya no servir a los intereses de los trabajadores para acercarse a los intereses de la clase gobernante, que la de hoy no es muy distinta a la de ayer (solo hay que ver el gabinete actual).

Ojo, la nota enlazada no es una tergiversación de los motivos de la marcha, está firmada por el propio Mario Huamán, donde nos pone que la movilización se realiza:

«con el fin de respaldar el proceso de cambio que va orientándose a promover la generación de trabajos con derechos, aumento de salarios y pensiones, libertad sindical, seguridad social para todos, gas y energía barata, entre otros. Asimismo, la marcha es para rechazar las pretensiones de la derecha y ultraderecha empresarial y política de mantener la exclusión social y la desigualdad, todavía imperante.»

Triste sindicato de clase el que sale a morder a los enemigos del gobierno sin nada de crítica constructiva, el que simplemente apoya y aplaude al poder vigente. Una cosa es apoyar medidas concretas del gobierno y otra muy distinta el ser su rottweiler.

Hace unos días el compañero Carlos Mejía escribió un más que interesante artículo titulado «Más huelgas: La estrategia sindical en la presente coyuntura», en el mismo reflexiona sobre la situación actual más proclive al respeto de la libertad sindical y del derecho a la huelga, dice que:

«dicho apoyo [a medidas concretas del gobierno], a nivel político y confederal, no implica necesariamente una mayor “paz social”. En algunos espacios sindicales, se entiende que este es el momento más adecuado para recuperar la densidad en membresía, reducir la brecha salarial y engrosar los convenios colectivos. Efectivamente, compañeros y compañeras, doña Correlación de Fuerzas ha cambiado de domicilio y ahora hay nuevas oportunidades.
(…)
Tenemos que organizar una ola de huelgas que nos permita recuperar todo lo perdido: mayores salarios, mejores contratos y condiciones de trabajo, así como el pleno respeto a las libertades sindicales.»

No sé hasta qué punto un apoyo no ya decidido, sino activamente funcional, al gobierno no pasará factura justamente a la capacidad movilizadora en el nivel de las bases, en la de convocar huelgas.

Espero equivocarme.

Excurso: Deberían ser las juventudes del PNP, o el propio PNP, quien organizara las marchas en favor del gobierno, luego, si eso, que CGTP las apoyara, pero apostar tanto capital político así, a primeras… Malo.

La cantaleta sobre las condiciones laborales ya nos las sabemos: Todo es rígido y cualquier aumento salarial significa informalidad. No, esa relación de causa – efecto es falsa, en periodos de contención salarial (los últimos años los trabajadores han perdido poder adquisitivo) o disminución de derechos laborales (los últimos 30 años de reformas, básicamente) el sector informal ha crecido, si existe una relación no es la que vincula rigidez laboral con la informalidad, mucho menos si lo comparamos con otros países con legislaciones mucho más tuitiva que la peruana, y que apenas tienen sector informal.

En realidad la informalidad está más vinculada con la falta de aplicación de la ley, esto es, que toda esa supuesta rigidez es papel mojado si las instituciones que deben velar por su cumplimiento no funcionan, como es el caso peruano. ¿Cuántas empresas en Perú son sancionadas por tener trabajadores irregularmente contratados? Por favor, hasta el Estado se inventó un tipo contractual (los CAS) para saltarse la legislación laboral. No solo los derechos laborales y sindicales no son protegidos por la Inspección laboral de turno, sino que tampoco funciona el Poder Judicial en este punto.

Argumentos como el esgrimido por el director de Perú 21 que relaciona la legislación laboral con la informalidad (¿entonces Alemania debería tener mucho más informalidad que Perú? tiene mayores salarios, mejor legislación laboral e impuestos al doble que los peruanos), afirmando que lo excluyente es esa legislación, nos llevaría a pensar que (y lo llevo a un absurdo) una ley que permitiera la esclavitud de todos los hoy informales volviéndolos al momento formales (esclavos) sería más incluyente que la actual legislación…

Pero bueno, no se le pueden pedir peras al olmo tras leer afirmaciones como esta:

Desde que Velasco tuvo la desastrosa idea de mandar a todo el agro peruano –donde estaban los principales contribuyentes de antaño– a la precariedad e informalidad en un solo y brutal acto, nuestro país ha cargado con un sector informal que ha ido inexorablemente aumentado.

Velasco es culpable de muchas cosas, entre ellas no haber realizado bien la Reforma Agraria (ese es el brutal acto al que se refiere Fritz Du Bois), pero esa reforma está lejos, muy lejos, de ser la causa de la informalidad de Perú, entre otras cosas porque dicha informalidad está más vinculada a lo urbano que a lo rural. Hay que tener en cuenta, además, que aunque los grandes terratenientes pagaran impuestos por sus explotaciones, los jornaleros no solían ser contratados de forma regular, con lo que esa población ya vivía en el sector informal antes de la Reforma Agraria.

La afirmación es falsa porque vincula esa reforma con la informalidad del país, hay que tener en cuenta que la tendencia de la informalidad en Perú fue decreciente esto es, en la década de los cuarenta hubo un pico del 32% de trabajadores en el sector informal, en 1980 fue de 28,8%, esto es, después de muchos años de la fallida reforma en el campo peruano la informalidad todavía no despegaba (era alta, pero no mayor que antes de la reforma). En 1969 se inicia la reforma agraria de Velasco y diez años más tarde la informalidad ha caído un punto. Tenemos pues que antes y después de la reforma la informalidad era similar. En realidad la reforma sacó de la informalidad a muchos campesinos y jornaleros mediante las nuevas cooperativas.

¿Cuándo se dispara la informalidad en Perú? En los años ochenta, y no está, nuevamente, vinculada con el campo, sino con las crisis económicas que afectaron principalmente al tejido más productivo, y luego vinculado al crecimiento desordenado de las ciudades y la situación de pobreza persistente. Así en la década de los ochenta el PIB peruano cayó el 30% (en la región la caída fue del 10%) y la pobreza aumentó hasta el 52% en el 86, esto acompañado con el desplome entre el 82 y el 87 del gasto en políticas sociales.

¿Qué sectores acumulan informalidad? Si fuera cierto lo que dice el director de Perú 21 nos encontraríamos con el agro con el sector con mayor informalidad, pero no es así, está el comercio, el transporte y la construcción a la cabeza en este epígrafe, en el comercio llegó, en 1991, al 77% de informalidad. ¡77%! Y no todos eran campesinos perjudicados por la reforma agraria, ni grandes terratenientes que perdieron sus tierras.

Sí existe un vínculo estrecho entre los sectores que antaño estaban en el Rural Tradicional y migraron a la ciudad y su nueva situación de informalidad en la ciudad, pero estas migraciones se iniciaron antes de Velasco y se intensificaron después del mismo, y no por la Reforma Agraria.

Para algunos todo vale para justificar sus filias y fobias.

Todo esto no quita para que, en el fondo, esté de acuerdo con que hay que luchar contra la informalidad en el país, pero esa lucha no pasa, ni por asomo, por precarizar a los trabajadores (¡aun más!) ni bajar los impuestos, sino por el cumplimiento de la ley y la persecución de quienes se aprovechan de la informalidad (comenzando por esos grandes empresarios que pagan mal o contratan de forma irregular, sin olvidar el propio estado).

Trabajo
La comisión de trabajo la presidirá un fujimorista. Sí, eso es, el partido que más daño le ha hecho a los trabajadores del Perú en los últimos 30 años presidirá esa comisión. Si la elección de Vega como ministro de Trabajo fue una cachetada (en parte remendada por el nombramiento del viceministro de trabajo), el no haberse preocupado de esa comisión parlamentaria y dejar, lo que es peor, que caiga en manos de los fujimoristas hace que las dudas que tengo sobre el «cogobierno» de Humala con los trabajadores. La reforma laboral parece que no es una prioridad para el ejecutivo, encima nos insulta dándosela a los fujimoristas…

Mujer y Familia
El partido de las esterilizaciones forzosas llevará la comisión de Mujer y Familia, ese mismo partido que tiene como «guía de la familia» al más que conservador Cipriani. Suena a mala broma, de verdad. Aunque es cierto que la política con respecto a la familia de Gana Perú no era excesivamente progresista tampoco, el dejarle esta comisión a los fujimoristas sigue siendo una mala señal.

Economía
Por alguna extraña razón que no llego a entender (¿los cambios de cromos?) esta comisión se la lleva la «ultraliberal» bancada de Alianza por el Gran Cambio. Cosas de la vida.

Fiscalización
Es gracioso, es casi un chiste… Fuerza 2011 pone el grito en el cielo y habla de «traición a la democracia» porque su partido, «el principal partido de la oposición» no preside esta importante comisión, a esto contestan desde el humalismo que hay mucho que investigar del gobierno pasado, donde el fujimorismo fue un aliado importante. Sería un insulto que los fujimoristas llevaran esta comisión, máxime cuando tienen entre sus filas algunos que juraron por el ex presidente Alberto Fujimori, preso por delitos contra la humanidad usando al Estado para cometerlos (entre otros delitos contra las personas y sus bienes, como allanamientos) y confeso corrupto (pagos indebidos y demás).

Ahora, entre todos los partidos, darle esta comisión a Solidaridad Nacional es una mala broma. Por eso digo que casi es un chiste, los adoradores de un corrupto y criminal que usó el Estado para delinquir pidiendo ser los fiscalizadores del actual gobierno mientras que los miembros de éste le dan la comisión ni más ni menos que a SN, partido dirigido (y fundado) ni más ni menos por el [presuntamente] sucio Luis Castañeda Lossio. Y es curioso que desde Fuerza 2011 se recuerde casos como el de Comunicore para cuestionar (y con razón) que SN lleve esa comisión, cuando ellos tienen una real viga en el ojo sobre este tema…

El Congreso será más que entretenido este año… Lamentablemente.

Como se pueden imaginar viendo el cartelito que acompaña esta entrada, he decidido «adoptar» a Javier Diez Canseco. La trayectoria de este congresista es larga, y su pertenencia a la izquierda está más que comprobada, es de los pocos candidatos por los que hubiese votado por Gana Perú para el Congreso (algo que no hice), fue uno de los opositores, desde el Congreso, de Alberto Fujimori, denunciando continuamente las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen, así como los delitos de corrupción del gobierno.

Esta es la primera vez que JDC está en la bancada oficialista, normalmente lo vemos exiliado o como la más dura oposición posible, y no oculta sus deseos de ser ministro (un escalón más abajo de su intento presidencial en el 2006 con el Partido Socialista), me pregunto si como congresista oficialista será un crítico o un «justifico todo lo que hace el jefe», algo que no tendría sentido en una persona como él, como lo que esperamos que él sea. Si no mal recuerdo, JDC perteneció a la Unidad Democrático Popular (UDP) en la Asamblea Constituyente de 1978-1979, que aportó lo que pudo, que tampoco fue mucho, la izquierda aunque logró introducir algunas de sus posturas en general se vio, en esa constitución, superada por el pacto del APRA con el PPC que hicieron una constitución a su medida (y mucho más flexible de lo que normalmente se presenta, también en el plano económico, no podemos olvidar que permitió que dos gobiernos de derecha hicieran políticas económicas o liberales o conservadoras).

Javier Diez Canseco criticó a los ministros nombrados por Humala, a la par que le exhorta, cada vez que puede, a cumplir con el programa por el que se presentó, aunque tiende, para mi gusto, a ver demasiado positivo algunos gestos del electo presidente, como es el propio juramento del mismo «por el espíritu de la constitución del 79», pero espero fervientemente que sea un congresista que haga bien su trabajo en el parlamento, que pelee por ese cambio económico y social que los peruanos necesitamos, y que lo haga incluso si tiene que enfrentarse con su bancada. Que demuestre, en otras palabras, su compromiso por encima de las alianzas que le han devuelto a la política de primera línea y con salario.

Por eso lo elijo. Obvio que aun no mando el fax pidiendo información, no hay tiempo para que me den nada del recién jurado congresista, en unos meses enviaré la carta al Congreso. JDC siempre se ha mostrado favorable a la transparencia, y espero que lo siga siendo, como espero que siga siendo un personaje crítico y de izquierdas dentro de una bancada bastante heterogénea. Espero que JDC sea el primero en votar a favor de cuanta medida aumente la transparencia de un Congreso que demasiadas veces actúa por intereses particulares y dando la espalda al pueblo que lo elige, no queriendo rendir cuentas y comportándose como si fueran reyezuelos que pueden hacer lo que les plazca. Espero que los actuales congresistas no sean como los anteriores, incluso los que repiten puesto pueden haber cambiado.

Excurso: Para quien lo desee les dejo acá una imagen editable de  Adopta un Congresista en XCF (Gimp y otros).

Se decía, antes del discurso de Ollanta Humala, que iba a hacerlo de cara a la galería, esto es, a sus votantes, sobre todo tras las decisiones e qué ministros jurarían con él. En realidad la alocución presidencial estuvo más cercana a lo que mantuvo durante la campaña de la Segunda Vuelta que a su programa de gobierno, manteniendo, eso sí, un discurso socialdemócrata algo más asentado de lo previsible tras algunos nombramientos de ministros, vinculado en todo momento al nacionalismo del que todo viene y al que todo va en Humala (no por gusto es del Partido Nacionalista Peruano), sin olvidar en ningún momento su origen militar (desde el saque se define como un «soldado de la República»), por ello el primer tema del discurso y sobre el que pivota el mismo es la «patria», qué es el Perú y cómo somos los peruanos (mejor dicho, cómo nos entiende él).

Promesas concretas*:

• Respetar las reglas fiscales;
• Honrar los acuerdos comerciales con países y bloques amigos;
• Aumentar en 75 soles la Remuneración Mínima Vital desde hoy día y otros 75 soles más en el 2012 para alcanzar los 750 soles, ligando las subidas de remuneraciones a la productividad y al crecimiento económico;
• Creación del Consejo Económico y Social, con participación de empresarios, trabajadores y «representantes de la sociedad civil»;
• Mejora de las condiciones laborales, sobre todo de los CAS y los SNP;
• Creación del Ministerio de Desarrollo y de Inclusión Social;
• Reagrupar los programas sociales;
• JUNTOS deberá alcanzar los 800 distritos más pobres;
• 250 soles, dentro del programa «Pensión 65», para los ancianos pobres sin ingresos, que deben alcanzar los 800 distritos más pobres de forma progresiva;
• El programa «Cuna Más» deberá alcanzar los 800 distritos más pobres, acompañado de un programa contra la desnutrición infantil que incluya desayunos y almuerzos en las escuelas;
• Reagrupación de los programas existentes de becas para crear un único programa de «Beca 18» que permita la educación de jóvenes sin recursos económicos y buen rendimiento escolar en niveles superiores (técnicos o universitarios);
• Conseguir la «jornada de 8 horas de estudio» y reforzar el sistema de acreditación universitaria;
• Instalación del sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), que se iniciará en Lima y tres capitales de departamento;
• Creación de un programa para facilitar el acceso a medicinas genéricas de calidad;
• La construcción de unos 50 hospitales en las capitales de provincia que aun no tengan ninguno (el objetivo es que al menos haya un hospital por provincia);
• Los contratos con las mineras serán respetados, pero se negociará que las ganancias extraordinarias de las empresas mineras contribuyan al «esfuerzo nacional en pro del combate contra la pobreza»;
• El Gas del Lote 88 se orientará prioritariamente al consumo interno y se realizarán «acciones para que se reduzca significativamente el precio del balón de GLP» sin distorsionar el mercado, y dentro de la política de masificación del gas Lima, en cinco años, deberá contar con unas 400 mil conexiones;
• Se apoyará la elaboración y construcción de proyectos ferroviarios;
• Una promesa para que el Perú tenga una «línea aérea de bandera» (no dice si será una compañía pública, privada, mixta o cómo se hará);
• Reconocimiento de la Asamblea de Gobiernos Regionales dentro de la creación de un «mecanismo de relación fluida del gobierno con los presidentes regionales»;
• Reconstrucción de los pueblos afectados por el terremoto de 2007 (donde participarán los batallones de ingeniería de las FF.AA.);
• Creación de un Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Política de Lucha contra la Criminalidad (similar al CDN);
• Incremento de los salarios de los policías y reforma del sistema de remuneraciones;
• Activación de un «Servicio de Policial Voluntario»;
• Creación de penales fuera de Lima y las principales zonas urbanas;
• Trabajos forzosos físicos para condenados por graves delitos;
• Penas más altas si los delitos se cometen con el uso de armas de fuego;
• No legalizar ninguna droga ni cultivo: Combatirlas directamente;
• La corrupción será tratada como problema de seguridad, defiende la imprescriptibiliad de esos delitos, la inhabilitación a perpetuidad, la supresión de penas condicionales y prisión efectiva, así como la eliminación de los beneficios penitenciarios para esos reos;
• Mejorar el equipamiento de las FF.AA. así como reformar su sistema remunerativo, respetando en todo caso las pensiones;
• Creación de un Instituto Tecnológico de las FF.AA.;
• Fomento del retorno de los emigrantes peruanos favoreciendo la concesión de créditos a su favor.

Humala sigue insistiendo, y esto sí está en la línea con su plan de gobierno, en la Economía Nacional de Mercado Abierta al Mundo, no cuestiona la globalización en la que vivimos, sino nuestro papel en la misma (quiere que el Perú sea protagonista, no simplemente un país que vende materia prima), coloca al Estado no como agente principal de la economía, sino como «promotor» tanto de inversiones como de mejoras sociales, en favor de la «inclusión social», tampoco cuestiona, de esta manera, el capitalismo en sí mismo, simplemente quiere «corregir» sus resultados no demasiado perfectos. Ojo en este punto, no es que a corto o medio plazo nos presente esta hoja de ruta de ir mejorando el funcionamiento del mercado para finalmente reemplazarlo con otra cosa, no existe ese final a largo plazo, nos promete así más capitalismo.

Un tema positivo, aunque no sé si finalmente lo hará así (sobre todo viendo algunas actitudes tan personalistas como que la página web de la Presidencia del Perú, presidencia.gob.pe, redirija a «OllantaPresidente.pe», confundiendo totalmente lo que es un escaparate virtual para un órgano del Estado -la presidencia de la República- con la persona que ocupa ese cargo), es el favorecer la concertación y la participación social, ya sea en esos instrumentos de comunicación entre los distintos gobiernos, ya sea buscando pactos en el Congreso (donde no tiene mayoría absoluta, por otro lado), ya sea favoreciendo los Presupuestos Participativos y demás. Tiene razón cuando dice que para que una transformación sea durable en el tiempo debe venir de grandes acuerdos, hay cosas que cuando se imponen no funcionan, lo que cuestiono, personalmente, es la dirección de su «transformación» (o llamarla así siquiera). Aunque esa participación no debería incluir a la policía con ese «servicio Policial Voluntario»…

En materia laboral promete poco, es cierto que no se olvida del aumento de la RMV, pero al ligar posibles incrementos a la productividad comete un gran error: Son dos temas (el salario y la productividad) que no deben ir de la mano. Es insistir en la creencia de que el salario se marca en relaciones que van más allá de la negociación, esto es, del enfrentamiento de dos agentes con dispar poder, la productividad, por otro lado, depende más del empresario que del conjunto de los trabajadores (en tanto que la fuerza de trabajo se convierte en trabajo efectivo con los recursos y la dirección del empresario). Poco más, salvo la promesa de reducir la informalidad, hay para los trabajadores del Perú en el discurso presidencial.

Humala Tasso no acabará con los CAS, con lo que mantendrá un régimen injusto y excepcional en donde la administración en vez de contratar como es debido a su personal (mediante contratos laborales o funcionarios) recurre a ese engendro creado por la administración de García. Mejorar los CAS no sirve de nada, deberían desaparecer, y es algo que compete directamente al Estado.

El tema de la inclusión social, por otro lado, está presente en todo su discurso de forma consistente, así desde esa crítica al Estado por dar la espalda a todo lo que no es Lima como el hacer nuestras diferencias una ventaja y no una razón para la discriminación, pero, ya en el plano de las medidas, las mismas son más bien asistencialistas, y la reducción de la pobreza resulta una promesa como consecuencia del crecimiento y de la lucha contra la informalidad que de un plan concreto, lo mismo con eliminar la exclusión social. También mantiene el error de vincular fuertemente las políticas sociales a la clasificación de los distritos, si bien es un buen sitio dónde comenzar las políticas, mantiene un esquema de programas sociales que olvida que hay extremos pobres viviendo fuera de los distritos así clasificados. La igualdad en Humala es más una búsqueda de «igualdad de oportunidades» que otra cosa (y esto lo menciono sin dejar de reconocer que una igualdad de oportunidades, estando el Perú como está, sería un gran avance).

En materia penal, y recordemos que la inseguridad fue uno de los ejes de su campaña, promete más mano dura, que es una receta que a mí me desagrada bastante. Cierto, promete mucho contra los corruptos (no tanto así contra los corruptores), pero el mero incremento de las penas o disuade cuando las condenas se compran y venden. También asume el discurso prohibicionista sobre las drogas.

Aun sigue la duda, al ver su gabinete, de qué tanto de lo que promete lo cumplirá, o al menos la forma y el alcance de la forma en que cumple con la palabra dada.

Ya en otra ocasión me extenderé sobre el nacionalismo y lo dañino que termina resultando para todos los obreros y campesinos de cualquier país.

*Puede que en el listado de promesas concretas me haya olvidado alguna, también puede que alguna de sus declaraciones no la vea como «promesa concreta» sino como declaración de intenciones y por eso no la haya incluido y ustedes sí la consideran promesa concreta…

No me imagino cómo debe ser la vida de una persona en entradas y salidas de dinero para que reciba ni más ni menos que 450 mil dólares en el año 2000 y no sepa (y lo considere obvio) quién le dejó el dinero. En marzo de ese año la RMV era de 410 soles mensuales, y el cambio rondaba los 3,5 soles por dólar, esto es, Carlos Raffo recibió 305,3 veces el salario bruto anual en términos de sueldo mínimo en un periodo de un año más o menos y ni se preguntó quién le daba la plata realmente. En donde trabajo está contado hasta el último centavo, incluso asumiendo que hay dinero que no se puede controlar (por falta de tiques y demás), 430 mil dólares es demasiado dinero para que entre en la zona oscura de esa plata que no sabes ni a dónde va ni de dónde vino.

Carlos Raffo sí admite haber recibido la plata, según él era para «ayudar en la campaña presidencial del 2000», y presenta facturas (algunas) para asegurar que ahí se gastó la plata. Poco claras deben estar las cuentas del partido de Fujimori para no poder determinar de dónde vinieron esos 430 mil dólares (más dinero que el que tienen muchos partidos en Perú), y poco claras deben estar también las propias declaraciones tributarias del fujimorista ahora procesado para que ese dinero «para ayudar en campaña» haya permanecido tanto tiempo en la oscuridad.

La defensa de Raffo es simple: Él no sabe quién le dio el dinero, pero sabe que no fue Montesinos ni fue en el SIN (algo que asegura la propia secretaria del ex asesor presidencial, ahora preso por corrupto), y explica que todo lo recibido se debe a que era proveedor de la campaña de Fujimori (entre otras cosas, del ritmo del Chino) o del Estado, según corresponda en cada caso, en el pasado afirmó:

«Yo era un proveedor. Me quieren mandar cinco años preso porque Montesinos y su banda dicen que ellos me dieron la plata, que fui al SIN a recibir ese dinero [...] Cuando yo hago el presupuesto del ritmo del chino y unos caset para ser distribuidos, Fujimori me dijo que la gente de Perú 2000 me iba abonar este asunto y me lo iba a llevar [...] si me preguntan qué ciudadano o mensajero me dejó el dinero en la oficina, yo no lo sé, yo estaba viajando con Fujimori [...] Yo puedo no saber quién dejó ese dinero pero sí te puedo asegurar que no fue Montesinos [...] el cargo es que él me dio el dinero en la mano y que yo sabía que eran fondos públicos (unos 250 mil dólares)»

La corrupción en los últimos años del régimen de Fujimori era pública y notoria, es difícil asegurar que siendo parte del aparato del partido y proveedor del mismo no se supiera la malversación constante de fondos públicos en favor del presidente que buscaba la re-reelección, al punto que le estalló al régimen en la cara una vez ya re-reelecto y el presidente huyó del país y dimitió por fax.

Además, cuando se reciben importantes sumas de dinero en metálico es difícil pensar que las mismas están pagándose de forma regular, y cuando de ellas no consta prueba documental (un recibo emitido por la recepción del dinero), más todavía. Miles de dólares entregados en sobres y a Carlos Raffo le parece normal y justificable. Es cierto que en ese entonces era legal, ahora ni siquiera lo es.

¿Como proveedor pagó todos los impuestos por las sumas recibidas en pago de sus trabajos para la campaña o del Estado? Porque probando eso quedaría claro, al menos, el destino del dinero, y que no se estafó, mientras tanto, al Estado (aunque me da que los delitos tributarios, en todo caso y si existieran, ya han prescrito). Luego quedaría por probar que no sabía que el dinero que recibía era del erario, pero ahí jugaría en su favor la presunción de inocencia.

Existe un gran problema, en cambio, cuando solo se tienen unas facturas con las que se pretende probar la finalidad del dinero recibido, pero no más, y en cambio hay otras pruebas y declaraciones, además de indicios, que apuntan al conocimiento efectivo del origen del dinero (una malversación de fondos públicos) y al menos su utilización irregular.

Parece increíble que a Carlos Raffo le pareciera normal que el Estado (él dice que lo que recibió -según él nomás fueron 237 mil dólares-, el 90%, era por su trabajo directo para el mismo) le pagara en sobres con dinero u otras fórmulas extrañas… A la gran familia fujimorista le cuesta demasiado probar que no fueron corruptos en términos generales, pero aun hoy hay congresistas que en su juramentación lo hacen, además de por dios y la patria, por el bienestar de Alberto Fujimori. A la propia Keiko Fujimori, líder sobre el papel del fujimorismo y ex candidata presidencial, le cuesta explicar de dónde salió todo ese dinero con el que vivía y estudiaba en Estados Unidos. Entre todos los peruanos le hemos pagado la gran vida a toda una generación de sanguijuelas que no dejan de tentar el poder.

Ya sabemos cómo queda el plano laboral (algo que me preguntaba unos días), al menos el primer gran gesto del presidente electo Ollanta Humala: en el ámbito del Trabajo la dirección política está en manos de un miembro de la derecha peruana: Rudecindo Vega Carreazo, ex ministro de Vivienda (2005-2006). No la extrema derecha, claro, pero sí la derecha que ya gobernó el Perú hace unos años (2001-2006) y que la fórmula de distribución de la riqueza era el chorreo, en cuyo haber no encontramos más que deudas con los trabajadores y los sindicatos, cuya legislación laboral no cambió en nada la fujimorista.

Así Rudecindo Vega Carreazo, afiliado de Perú Posible y candidato al congreso por esa formación en el distrito electoral de Amazonas, es un experto en temas como urbanismo, y también tiene una maestría en civil, pero en el ámbito laboral, como dice el secretario general de la CGTP, no es que sea un dechado en conocimientos. Incluso la designación de Vega está trayendo problemas en el interior del PP, en tanto que Vega es de la facción Bruce del partido, esto es, los contrarios a la alianza con Gana Perú. No es Vega el único de esa facción que consigue poder en el nuevo gobierno, René Cornejo, neoliberal él, será el nuevo ministro de vivienda, mientras que la facción del que acaba de presentar la renuncia, Reátegui, que trabajaron a favor del acercamiento con Humala, se quedan sin las cuotas completas de poder que soñaron.

Las pugnas dentro del PP nos deben dar un poco igual, salvo en un punto: El nuevo ministro de trabajo pertenece a la familia del PP que no quería tener nada que ver con Ollanta Humala, esto es, los que criticaron duramente el plan del partido Gana Perú, contando todos los puntos vinculados a las promesas a los trabajadores. Así que ya sabemos, más o menos, a qué atenernos.

Sobre el nombrado ministro comparto la afirmación de Mejía:

«Así es. Rudecindo Vega NO es la persona adecuada para la difícil cartera de Trabajo. Su nombramiento es expresión del escaso interés del presidente Ollanta por los temas de la reforma laboral. Más importante es afianzar la alianza con Perú Posible (Toledo) que resolver los problemas de los trabajadores. Tal como están las cosas, es incluso probable que el incremento de la Remuneración Mínima Vital sea postergada ¿pues que ministro va a comprarse ese pleito? y el hasta ayer famoso programa de “Pensión 65″ se vea reducido a un simple piloto en algunas regiones.»

Los gestos económicos del presidente electo son para alegrar a la confederación de grandes empresarios y los gestos laborales… también.

Ollanta Humala ya dejó claras cuales son sus prioridades y a qué sector político hace ojitos y caso, y no es precisamente a la izquierda peruana (por más que Diez Canseco esté feliz por el nombramiento de Mocha García Naranjo -espero que haga un buen papel ahí-). Así que del «cogobierno» prometido mejor nos olvidamos, porque Humala ni se acuerda.

Incluso el Tribunal Constitucional español, aunque avala la necesidad u obligatoriedad de jurar cargos como acto puramente formal mandado por la ley, sí que recordó ya hace casi más de veinte años (STC 119/1990):

«[...] el requisito del juramento o promesa es una supervivencia de otros momentos culturales y de otros sistemas jurídicos a los que es inherente el empleo de ritos o fórmulas verbales ritualizados como fuente de creación de deberes jurídicos y de compromisos sobrenaturales».

En Perú tenemos constitucionalizado el juramento del presidente del Perú, en el art. 116° de la carta magna se establece: «El Presidente de la República presta juramento de ley y asume el cargo, ante el Congreso, el 28 de julio del año en que se realiza la elección». Esta obligación, si se fijan, solo existe para el presidente de la República. ¿Por qué el resto de cargos juran? Tonterías. En el caso del Congreso la obligación de jurar cargo está en el artículo 12º del Reglamento del Congreso, letra e):

«A continuación, los candidatos elegidos prestan juramento y asumen sus funciones de inmediato. El Presidente electo lo hará ante el Presidente de la Mesa que presidió el acto electoral, el resto de miembros de la Mesa Directiva lo hará ante el nuevo Presidente del Congreso. En el caso de la Junta Preparatoria, el Presidente del Congreso electo será incorporado y jurará el cargo ante el Presidente de la Junta, procediendo luego el nuevo Presidente a incorporar y tomar juramento a los demás miembros electos de la Mesa Directiva. La Mesa Directiva puede acordar que la juramentación de los nuevos Congresistas se realice por grupos. La fórmula de la juramentación será la de uso común, por Dios y por la Patria; salvo que algún Congresista expresara el deseo de que se prescinda de la invocación a Dios en su juramento, a lo cual la Mesa Directiva accederá de inmediato. Ningún miembro del Congreso o de la Mesa Directiva puede asumir sus funciones o cargos si no ha prestado juramento.»

La falta de juramento del cargo acarrea el no poder ejercer el cargo, cargo por el que le elegimos los peruanos y siendo una obligación añadida que no se encuentra en la Constitución. Ojo con el contenido del juramento, se hace «por Dios y por la Patria», salvo pedido expreso de que no se invoque a Dios. En realidad esta es otra muestra de que Perú no es un país laico. Cierto, se incluye la más que lógica previsión de que en el juramento de un congresista no se incluya dicha invocación, pero se da por hecho que lo «normal» es invocar a Dios en el juramento de un cargo.

El vicio lo tenemos en la propia constitución, que por más que diga en un momento que el Estado es laico, el artículo 50º habla de independencia y autonomía del Estado y la iglesia, pero ese mismo artículo de la Constitución incluye un reconocimiento expreso a un tipo de confesionalismo, que es el cultural – histórico, vinculado de forma directa con la Iglesia Católica, con lo que realmente no se puede aceptar que Perú sea un Estado laico desde la norma suprema.

Así que no solo tenemos un ritual anacrónico y sin fundamento, que no sirve para nada en términos prácticos, como es la juramentación de cargos, sino que la misma está sazonada con una fórmula que demuestra que el Perú sigue sin ser un país laico, mencionando a Dios y poniendo por encima de todo a la «patria», y no con la constitución en la mano, se jura con la biblia mediante.

Si quieren mantener esa absurda costumbre de jurar los cargos, bueno, pase, pero que al menos cambien el texto del juramento y de lo que luego se dice, se elimine del mismo toda mención a Dios, la Patria y demás y se ciñan a la Constitución y los Derechos Humanos.