No me voy a extender en lo de la jura como requisito para el acceso al cargo, voy a recordar dos textos, uno mío de hace dos años: «¡Sí juro!» (no es por echarme flores, es por no repetirme tanto); y la Sentencia del Tribunal Constitucional 74/1991, publicada en el BOE el 14 de mayo de 1991, y recordando, de esta última, lo siguiente:

«Los recurrentes tienen derecho a prestar su juramento o promesa de acatar la Constitución en los términos realizados, y el impedirles la perfección de su condición de Senadores por no utilizar la fórmula establecida en el art. 11.3 R.S. supone una “restricción indebida” a su derecho a acceder al cargo en condiciones de igualdad. Se hace prevalecer una interpretación de la Constitución excluyente frente a otra integradora, teniendo en cuenta que la fórmula «por imperativo legal» según la STC 119/1990, no tiene valor condicionante ni limitativo de la promesa.»

Así que podemos partir de una premisa que ya tiene una jurisprudencia asentada, al punto que las últimas veces (como en el 2008) que alguien agregó el «por imperativo legal» ya no hubo controversia (un presidente negando el acceso al diputado, un diputado electo que no puede ejercer y tiene que recurrir al TC, ya me entienden, lo que dio lugar a toda la jurisprudencia existente). Así que por más circo que sea, es un circo legal y constitucional.

Bien, quien más ha puesto el grito en el cielo es Rosa Díez, en su papel de víctima y defensora de España, declaró:

«[U]n circo y una auténtica falta de respeto (…) no empezamos bien la legislatura (…) si no hay voluntad de reconocer la Constitución lo que deberían hacer es no presentarse a las elecciones».

A mí, personalmente, me parece una falta de respeto tener que jurar la constitución. En RNE hicieron, en el noticiario de las 2pm, una ronda de saludos, felicitaciones y preguntas entre las distintas cabezas de los principales partidos, entre ellos a Rosa Díez (no por gusto es el cuarto partido de España en cuanto a votos totales), y ella aprovechó para atacar a todos los que han agregado alguna coletilla a la jura o promesa (que no han sido solo los pérfidos separatistas), y declaró que su partido es «totalmente constitucionalista».

Y ahí me quedé, escuchando y digiriendo sus palabras, pensando en qué tendrá que ver que tenga más de un millón de votos con el que se le aplique una barrera del 5% para lo de los grupos, y de no entender que la situación del PNV es totalmente diferente (superan el 15% en todos los sitios donde se presentaron*), que incluso si a ellos se le aplicara esa vara de medir sobre los sitios donde han sacado diputados (Madrid y Valencia), tampoco tendrían derecho a grupo (en Madrid tuvieron el 10,29% y en Valencia el 5,92%), incluso, si se le aplicara esa vara a IU-LV-ICV en vez del 5% nacional, los 11 diputados no tendrían grupo propio (en ninguna de las 7 provincias donde obtienen representación llegan al 15%).

Pero volvamos a lo de «constitucionalista», le espeta a los pérfidos que no juran su absoluta sumisión al texto constitucional mientras, a la vez, critica la legislación electoral que parte desde la Constitución. ¿No ven la contradicción? UPyD propone casi más cambios en el texto constitucional (tanto cuantitativa como cualitativamente) que PNV, CiU, ICV, Amaiur, Esquerra… Bueno, más o menos, UPyD quiere un cambio total, que afecte a todos los españoles (otros quieren unos cambios que afecten a una parte de los españoles, al extremo, para algunos, de que parte de los mismos dejen de ser españoles), así UPyD propone toda una reforma que va desde el sistema electoral regulado por la constitución (por ejemplo, lo que proponen para el Senado, o la forma de trampear la provincia como circunscripción para el Congreso de los Diputados), a grandes cambios en la organización territorial (lo que llaman reordenar las competencias y «cerrar el mapa autonómico», además de quitar los derechos forales) y en otros múltiples aspectos, hasta quieren cambiar el juramento del Rey (pero no proponen quitarlo), UPyD no está nada cómoda con la actual constitución, pero se vende como «un partido totalmente constitucionalista».

¿Significa que sus objetivos pasan por reformar la Constitución respetándola? CiU, Esquerra, IU, ICV, PNV y demás también han propuesto reformar la constitución para poder cumplir con sus objetivos, piden referendos y demás, ¿eso los hace menos constitucionalistas que UPyD? ¿Por qué? Creo que el que más honda reforma constitucional propone no es un partido separatista, sino uno federalista, es IU quien propone una constituyente para la III República, que incluye el derecho de autodeterminación (y se quedan muy cortos en lo que quieren como final del camino).

Aun así, todos los que proponen cambios sustanciales (desde el PNV con su petición de bilateralidad hasta CiU con el pacto fiscal o ERC con la autodeterminación, o los ya mencionados de UPyD) son conscientes que los mismos deben tener encaje en la Constitución (al PNV ya se le echó un «plan» para atrás por no tenerlo, por más que ellos insistían que sí), y no son pocas las veces en que intentan justificar la constitucionalidad para no tocar el texto sagrado (CiU y el tema fiscal) o se apuran para pedir reformas constitucionales que abran la posibilidad de lo que ellos quieren (una reforma de la Constitución para que las autonomías puedan convocar referendos cuyo resultado es totalmente vinculante, mecanismo propuesto por ERC), están, finalmente, respetando la Constitución.

Si la Constitución sirve como ideología (no es un texto neutro), y coletillas como «por imperativo legal» (algo que es cierto, además) son «una falta de respeto», el proponer reformar el texto sagrado también sería una falta de respeto, un despropósito herético de innombrables consecuencias apocalípticas. Si ser un partido constitucionalista significa, por otro lado, el respeto a la constitución porque es la norma suprema del ordenamiento jurídico, todos los que están en la cámara son partidos constitucionalistas, con lo que la queja de la diputada rosada sobraría. ¿O es que son constitucionalistas los que no decían coletilla alguna aunque pretendan tocar tanto la Constitución que al final ninguno de sus padres del 78 la reconozca? Porque ahí estaríamos en una definición formal venida desde un acto ritual y formal, doblemente absurdo.

Bueno, señora Díez, yo creo que no existe voluntad de reconocer la constitución por parte de su partido en partes tan importantes para muchos españoles como los derechos históricos de algunas autonomías o comunidades forales, o de no reconocer la posibilidad (constitucional) de la anexión de Navarra al País Vasco (si los navarros quieren), ¿por qué se presentan a unas elecciones si no reconocen la constitución tal cual es? ¡Evidentemente porque quieren cambiarla! El cumplimiento de la Constitución se ve desde el momento en que deciden presentarse respetando las reglas de juego, aunque no les gusten (como a UPyD no le agrada la legislación electoral, que viene desde el propio texto constitucional). No es un tema de respeto o falta del mismo, indudablemente todos deben acatar la constitución (la misma lo manda así), pero no puede ser un ancla ideológica (el propio TC lo ha recordado innumerables veces) y se puede proponer cualquier reforma (que no vulnere los tratados de derechos humanos firmados por España).

Existe una clara doble vara de medir: si UPyD (o el PP o incluso el PSOE) proponen reformar la constitución, son partidos «constitucionalistas» (de «centro», que dicen los del PP), si quienes proponen tocar la carta magna son los demás, los mentados anteriormente los acusan de ser unos partidos que desprecian a los españoles de bien, no quieren la constitución, y les espetan que para qué se presentan a las elecciones, parafraseando a Rosa Díez. Al parecer solo algunos pueden criticar la carta magna y ser, además, sus más fieles defensores al mismo tiempo. Es lo que tiene ser el portador de la verdad absoluta, que el debate o disenso es una falta de respeto.

(Me recuerda todo esto a cuando se puso de moda la expresión de «patriota constitucional». También me recuerda, todo esto, a la doble vara de medir sobre la reforma constitucional en Perú, cuando unos proponen reformas está bien, cuando otros las proponen quieren atentar contra el sistema constitucional, y cosas así…)

*Hace no mucho escuché una entrevista a uno de los dirigentes del PNV, le preguntaron por el tema de los grupos en el parlamento y sobre su postura con respecto a Amaiur (si se fijan, el PNV sí tendrá grupo, mientras que Amaiur, con más diputados, puede que no), y el dirigente vasco recordó que su formación dejó de concurrir en Navarra (con sus siglas y fuera de coaliciones) para asegurarse, justamente, el tener el 15% en cada una de las circunscripciones donde se presentan y así poder tener grupo propio, dejando caer que los colegas de Amaiur ya conocían las reglas, como ellos (y ellos se adaptan a las reglas electorales, ¿eso es ser constitucionalista? porque el PNV se ha adaptado a las reglas electorales mientras que UPyD no -y con todo el derecho, pero ahora PNV le podría espetar a UPyD que por qué se presentan si no les gustan las reglas, como los de UPyD le reprochan al PNV por su forma de jurar la Constitución-), Amaiur no llega a ese 15% justamente en Navarra (se quedaron con 14,86%), y por eso «peligra» su grupo (y de ahí que el navarro no haya recogido su acta aun, estrategia curiosa para que solo se tomen en cuenta los porcentajes de las tres provincias donde sí tienen más del 15%).

La respuesta está en dos elementos: a) La alternativa que actualmente se impone sobre los «servicios públicos» es peor que la existencia de esos «servicios públicos» dados por el Estado (entendiendo el Estado de forma amplia), esto es, que quede en manos de empresas privadas dentro de un esquema de dominación como es el capitalismo es peor alternativa que el tener Estado, máxime cuando el servicio se sigue prestando, pero ahora en otra lógica («cliente-consumidor» y no la de «ciudadano-servicio») aunque muchas veces el dinero siga siendo público; b) No se defienden los «servicios públicos» tal cual existen ahora, sino su transformación en verdaderos servicios públicos autogestionados por la comunidad en su conjunto. Estos dos elementos, por ejemplo, quedan claros en la nota de Tierra y Libertad o en el documento sobre los servicios públicos de la CNT.

Todo este preludio (o nota o artículo o comentario o como quieran llamarlo) es para recomendarles, sobre esto, un interesante artículo de Félix García Moriyón, titulado «Servicios públicos»:

Siguiendo la crítica que ya realizó Proudhon cuando el Estado empezaba a crecer, la generalización de los servicios sociales a cargo del Estado tiene tres aspectos sumamente negativos: la aparición de una potente maquinaria burocrática que se hace cargo del control de nuestras vidas; la pasividad y dependencia que genera en los beneficiarios de esos servicios; la proliferación de los funcionarios públicos y el peculiar estilo de trabajo que les caracteriza.
(…)
Y por eso resulta muy importante dejar claro un discurso anarquista alternativo y diferenciador. El primer rasgo diferenciador de un genuino sector público es tener como objetivo prioritario, casi exclusivo, el beneficio del conjunto de la sociedad, satisfaciendo adecuadamente las necesidades de la población. A eso hay que unir el objetivo de una gestión eficaz que controle el gasto, y también el clientelismo y el amiguismo. El segundo rasgo es el de la participación activa de los interesados en la gestión del sector público, pues es esta participación la que garantiza el objetivo anterior y el siguiente. Sólo avanzando en dicha participación lograremos que se cumpla el objetivo anterior. Se trata de promover la autogestión completa: que todas las personas que trabajan en un sector público participen de hecho y activamente en la organización del mismo, pero que también lo hagan los usuarios de los servicios y productos generados por dicho sector. Un tercer y último rasgo es el de la transparencia absoluta en la gestión y la rendición de cuentas.

No se habla de la defensa de una aparato público mastodóntico que funcione con lógicas de clientelismo, de burocratización e imposición, sino de unos servicios realmente públicos, así como una posición totalmente contraria a unos servicios que terminen funcionando con de dinero público (aunque sea parcialmente), y en su caso privado (de los usuarios-consumidores, no de ONG que ponen de su bolsillo), sin garantizar ni siquiera el acceso universal, o que funcione solo bajo la lógica del «cliente – empresa» (y no, eso del «cliente siempre tiene la razón» no es ni de lejos cierto, además, si el pagador es el Estado, el cliente no es el usuario del servicio, sino el Estado) en vez de una lógica de «cubrir necesidades».

El PP: ¿Cambios electorales? No gracias
Una de las medidas que el Partido Popular propone es ampliar «los mecanismos de participación de la sociedad en la elaboración de disposiciones normativas legales y reglamentarias», lo cual no significa absolutamente nada… Más adelante ya tienen un apartado titulado «Una Democracia Ejemplar» (pp 169 y ss), entre otras cosas el concepto de «regeneración política» es centrarse sober «las verdaderas preocupaciones de los ciudadanos» para pasar a ningunear lo hecho por el PSOE por «obsesiones ideológicas y la satisfacción de intereses minoritarios», una de dos, o esos intereses minoritarios no son preocupaciones de ciudadanos (minoritarios) o simplemente el PP cree que solo lo que ellos opinan es lo que interesa a los ciudadanos, o que solo los intereses de la mayoría son dignos de ser atendidos (lo cual es muy grave).

Una de las pocas medidas concretas sobre participación ciudadana está en «reconocer» el derecho de la oposición a promover iniciativas sin que sean «vetadas», vamos, lo de iniciativa legislativa popular debe ya sonar a chino… La novena medida del apartado 5.1 de «Una Democracia Ejemplar» va en la línea de reformar el sistema electoral municipal «para respetar la voluntad mayoritaria de los vecinos» garantizando «la estabilidad de los ayuntamientos», lo primero que me planteo acá es por qué solo para los ayuntamientos (¿y las Comunidades Autónomas? ¿Y el Estado?), lo que parece indicar que harán que el partido que gane se lleve la mayoría absoluta (no suena a que hagan segundas vueltas)… Y ya. Eso es todo. El sistema electoral para el PP no merece ni una línea, ni reforzar, más allá de lo mencionado, la participación ciudadana, ¡por el pueblo sin el pueblo!

Cabe recordar que la modificación restrictiva de la Ley electoral aprobada a comienzos de año contó con el voto favorable tanto del Partido Popular como del Partido Socialista Obrero Español.

El PSOE ante el sistema electoral
El PSOE tiene un punto, en el quinto apartado («Democracia») que apunta al Sistema Electoral, el 2.3, y otro sobre participación ciudadana, el 2.4, nos centraremos en ambos.

La idea, nos dice el PSOE, es mejorar la relación entre representante y representado (entonces no entiendo la razón que les llevó a aprobar la reforma de la LOREG hace unos meses) y para ello apuntan al «modelo alemán», mientras tanto, como parche proponen «listas electorales desbloqueadas» (lo que se conoce como voto preferente, no solo votas por un partido, sino que dices qué políticos de los que te dan en la lista prefieres), tanto para las nacionales como para las locales, y ya, poco más reseñable, sí, hablan del «voto por Internet» como complemento al del correo y a seguir buscando la «presencia equilibrada entre hombres y mujeres». Ahora, si quieren mejorar la representatividad, sin cambiar la constitución, deberían proponer ir al máximo de diputados (400), reducir el mínimo a 1 por circunscripción y cambiar el método de reparto (de D’Hondt a Resto Mayor, método Hare).

En cuanto a participación ciudadana, y en un claro guiño al 15-m, quieren «un Estado más abierto (…) participativo e incluyente» y así abrir «más espacios para la participación política», por ello quieren crear una nueva Ley Básica de Participación Cívica e Institucional, que parta de un proceso de participación impulsado desde los ayuntamientos, mejorar el proceso de Iniciativa Legislativa Popular, bajando los requisitos y límites, hablan del diputado 351 (el defensor de la iniciativa en el pleno, comisión y demás, con voz pero sin voto), convertir la comisión de Peticiones en una de Participación Ciudadana, que las comisiones del Congreso deban «oír» a los representantes de los sectores afectados por las normas que debaten, crear procedimientos para que todas las administraciones públicas para dar a conocer sus iniciativas y poder recibir valoraciones y propuestas ciudadanas.

Algunas propuestas del PSOE no son malas, lástima que no las hayan planteado durante los últimos 7 años, pero ni de lejos. ¿Por qué ahora sí y antes no? ¿Por cambios filosóficos? No, no lo parece. ¿Para atraer a los del 15M? Puede. ¿Para limitar el poder del PP gobernante poniéndolo en jaque? Puede también. Aun así, son propuestas insuficientes.

UPyD y la reforma profunda en el tema electoral
El saque del programa de UPyD es «Reforma de la Ley Electoral General» y dentro del apartado de «Reforma de la Constitución y el Estado» nos encontramos con el apartado de «Mejora de la participación ciudadana en las decisiones políticas» (2.7). En cierta medida sorprende que la reforma electoral no esté dentro de la Reforma de la Constitución y el Estado y sea el primer punto del programa (¿lo más importante? tal vez no lo sea, ¿algo con autonomía propia e independiente como para no entrar en el siguiente apartado? No), pero está claro que a UPyD el tema electoral le preocupa de forma importante, son uno de los partidos más damnificados por el actual sistema.

De saque proponen llegar al límite constitucional actual de 400 diputados y el cambio del método de reparto por Resto Mayor usando Hare (hasta cierto punto hecho en falta que expliquen en su programa qué significa este cambio), a la par que un cambio del sistema de forma que «trampea» la circunscripción provincial, 200 diputados se elegirían por circunscripciones provinciales y los otros 200 por circunscripción única nacional. Bien, un pequeño paso inicial para luego cambiar la provincia como circunscripción en favor de las Comunidades Autónomas (esto me sorprende, mantienen un doble sistema para el Congreso, preferiría una circunscripción única para el Congreso de los Diputados, y un Senado fuerte con una representación territorial basada en las autonomías). También proponen las listas desbloqueadas, pero me asusta que lo vinculen a las «herramientas informáticas», ya saben que en esta casa no queremos el voto electrónico.

Sobre la última reforma, proponen eliminarla (quitar ese 0,1%, esto les honra, ya que esa reforma no les ha perjudicado), me pregunto si también eliminarían la barrera electoral, esos 200 diputados en una única circunscripción usando Resto Mayor con el método Hare permiten que partidos pequeños, realmente pequeños, puedan entrar en el Congreso de los Diputados, algo que yo veo positivo, pero en la web de UPyD más de una vez he leído cosas como subir la barrera para eliminar a los nacionalismos del Congreso de los Diputados (con una barrera nacional alta, del 3 o 5%, y eso también se lo he oído a varios de sus ideólogos), lo que es contradictorio con esa proclamación de respeto a la pluralidad.

Todo este cambio de políticas para favorecer el derecho a elegir choca con una prohibición: Limitación de los mandatos máximos a dos legislaturas (es la 328). No termino de entender esta medida, y menos la interpretación que hace Rosa Díez de la misma (muy parecida a la forma en que la planteó Fujimori en su día), ¿para qué tanto voto preferente y demás si luego me prohíben elegir a Menganito porque ya ha sido diputado durante dos legislaturas? ¿Y si lo está haciendo realmente bien? ¿Y si ahora sería gobierno y ayer fue oposición? Lo curioso es que esto lo suelte una persona que es política profesional y que no ve realmente nada malo en ello.

Sobre participación ciudadana resulta interesante que los ciudadanos podamos promover referendos consultivos (con esas 500 mil firmas) así como una reforma de la constitución para permitir que la Iniciativa Popular pueda entrar en temas de Ley Orgánica (curioso que no digan lo mismo de cuestiones tributarias, también excluidas). Y nada más.

Izquierda Unida y el eje «Para una Democracia avanzada»
Los tres primeros puntos del Eje 2 del programa de Izquierda Unida van dirigidos al tema electoral y de participación ciudadana. Aunque es un poco vago, sabemos por dónde van, proponen «eliminar los factores que provocan la desproporción», hablan del «tamaño de las circunscripciones», su magnitud, la barrera electoral, la fórmula electoral, y mejorar la proporcionalidad, pero no, realmente no proponen nada (en ese sentido está mejor el programa de UPyD), sí me parece destacable que hablen de que todos los partidos tengan los mismos requisitos (actualmente se distingue a los partidos ya representados frente a los extraparlamentarios, favoreciendo a los que ya están en las cámaras). Es una pena que no concreten más.

Es interesante además dos propuestas que amplían el universo de las personas con derecho a votar: Bajar la edad legal a los 16 años y permitir que los inmigrantes con 2 años de residencia puedan votar en las generales. ¡Genial! Eso sí permitirá una verdadera integración.

Desde IU buscan un «Estado Social Participativo», con especial protagonismo para las organizaciones y colectivos sociales, no solo en la participación al configurar y planificar las políticas, sino también para la ejecución de las mismas y en la gestión de los servicios públicos, llevando la democracia «a las empresas públicas y privadas» (no concretan, nuevamente, qué significa eso), solo dicen que se debe educar mejor (para una cultura participativa, no solo de ciudadanos pasivos) y que se deben establecer mecanismos de participación a todos los niveles. En cuanto a la Iniciativa Legislativa Popular, quieren que realmente sirva y los ciudadanos en el procedimiento legislativo, eliminando restricciones, dando voz a los proponentes, entre otros… También proponen implementar los «presupuestos participativos»… Y llegamos a la oveja negra en casi todos estas propuestas: Potenciar el voto electrónico. No, por ahí no debemos pasar.

El apartado de participación ciudadano está bastante explicado, en cambio el tema electoral, aunque es un constante en los debates de IU, queda vacío de contenido propio más allá de unas declaraciones de intenciones y esas dos medidas positivas sobre la masa de ciudadanos que podrán votar.

Consideraciones finales
El PP pasa por encima de este tema, realmente no le interesa un pimiento, en su ideario, por lo visto, tal como estamos la participación ciudadana es más que suficiente… El PSOE propone algunas cosas curiosas, insuficientes, pero curiosas, lástima que no lo haya pensado hace 7 años (o durante los mismos), fijo que en partidos como IU, UPyD, ERC, BNG y alguno más hubiese encontrado suficientes votos para reformar la LOREG en el sentido que ahora proponen. Es que su único gesto en la materia electoral fue a peor. UPyD tienen un buen desarrollo del tema y propuestas interesantes (algunas quedan algo raras por las prohibiciones o por lo que el partido normalmente manifiesta) e IU creo que ha desperdiciado una oportunidad para explicar mejor cómo debe ser el sistema electoral para ellos, aunque la parte en que describen la participación ciudadana no está nada mal.

De todas formas, tanto UPyD como IU son, de los 4, los dos que más se acercan a algunas ideas que he pintado en esta casa de lo que pienso que deberían ser las elecciones para mejorar la representatividad, así como en el tema de participación ciudadana.

«Antes el poder económico influía en la prensa, ahora el poder económico hace la prensa.»
César Hildebrandt

Mientras leía el bastante sensato artículo de Marco Sifuentes en Perú 21, «La pared de mi baño es más grande que la tuya», sobre, una vez más, la relación de los periodistas con el «comentarista digital», no dejaba de acordarme «malos ejemplos» en la prensa tradicional (lo que él indica como el típico y salido de tono comentario en FB es algo que he visto en portadas de diarios de tirada nacional), a la par que me acordaba de una anotación de Versvs de hace ya un par de años titulado: «Por qué dejar de leer los periódicos es una necesidad inminente» (título que ya es toda una provocación).

El artículo de Sifuentes, creo, se debe leer desde la perspectiva del «deber ser» del periodismo, esto es, el mejor periodismo como tal (eso quitaría validez a esos ejemplos que pensaba de mala prensa, así como sobre las notas basadas únicamente en lo que la gente escribió en twitter, FB, los comentarios de la propia noticia, etc.), pero no levantaría la cuestión sobre lo que Versvs expone.

Sifuentes concluye (les recomiendo todo el artículo):

«El viejo periodismo se construyó sobre un mercado en el que tenía el monopolio de la información (y la opinión). El periodismo de ahora vive en una situación completamente distinta: la sobreoferta de información (y la opinión). Pasamos de una economía de la escasez a una de la abundancia. Nuestro viejo juego ahora lo juega todo el mundo, dejando en evidencia lo fácil que siempre nos la llevamos. Tenemos que jugar otro juego, ofrecer algo más, algo mejor o, sino, la única diferencia será que nosotros tenemos más grandes las paredes de nuestros baños.»

Esa realmente no es una defensa de los medios tradicionales, o marcando la ruta de los mismos, esto es, no está haciendo una distinción del periodista en un medio tradicional (sea o no en la web o impreso) y el resto de la gente (finalmente Marco estuvo implicado en el inicio y desarrollo de La Mula), sino entre lo que debe ser el periodismo para seguir teniendo razón de ser.

Ese extra que pide Sifuentes para diferenciarse del «comentarista agresivo» lo puede realizar cualquier persona (esa es nuestro principio en De igual a Igual), sea o no un periodista formado para dicha tarea y pagado con ese objetivo (aunque, presumimos, ellos tienen doble ventaja para dar el extra que el resto del mundo, una formación específica en comunicación y un incentivo económico).

Personalmente sigo viendo los medios (nuevos y viejos, juntos pero no revueltos) con una utilidad clara, y solo les pido que sean veraces en su contenido (I y II), que no manipulen a sabiendas (I, II, III, III y V) o mientan directamente (I, II, III, IV y V), vamos, que el periodismo no solo tiene que darnos un contenido más elaborado que el «comentario rabioso», sino que debe ganarse y tener esa integridad en dicho contenido elaborado (la manipulación requiere de elaboración).

Antes de acabar esta entrada, y saltando tal vez a un tema anexo a la misma, me permito recordarles algo dicho por acá hace también un par de años:

Cierto que Internet se ha vuelto una forma barata de comunicar y ampliar audiencias, pero sin contactos y recursos, por ejemplo, no se puede sostener una Unidad de Investigación en condiciones, y las que ahora existen o se dedican a las anécdotas o simplemente rebotan información dada ya masticada y editada por quién sabe (salvo honrosas excepciones). Sin recursos poco daño se puede hacer al poder (político o económico, tanto da que da lo mismo). Sí, se puede dar información que incomode, pero no se llega lejos con ella.

Pascual Serrano (periodista español muy conocido por el proyecto Rebelion.org, y durante un par de años fue asesor editorial de Telesur) defiende que el futuro de los medios independientes (alternativos) está en los medios comunitarios apoyados por el gobierno de forma económica, donde el medio sea plural y democrático y pone como ejemplo las experiencias en Venezuela, Bolivia y Ecuador, pues bien, como ya sabemos, quien paga manda (por eso los anarquistas se niegan a recibir subvenciones para sus actividades), y como bien señalan (en varias ocasiones) medios independientes como El Libertario, en Venezuela (no sé si en Bolivia o Ecuador pasa lo mismo) el dinero solo va para los medios comunitarios adeptos al régimen, sino te quedas sin plata, y pasa lo que pasa, a la quiebra, sin recursos, lo mismo de siempre, con lo que el medio comunitario alternativo depende del Estado con lo cual nunca se enfrentará al mismo. Además, gobiernos como el de Venezuela descabezan las organizaciones sociales y «cambian», dinero mediante, o presiones varias, a los dirigentes por unos más favorables al chavismo, y eso bien lo saben los sindicalistas trostkistas del país hermano (entrevista en RTF).

(…)

[S]í que hay que recordar la labor a lo largo de la historia de los periodistas comprometidos, que incluso dieron su vida para un mundo más justo, y que informaban a la par que hacían pedagogía. Tal vez eso es lo que falte, más que grandes recursos para equipos de investigación de primera línea.

En fin, en esas estamos, en esas nos encontramos…

El PP no trae nada nuevo en el pequeño apartado sobre la reforma laboral (de la página 36 a la 38), incluso en el resumen del programa las líneas ahí contenidas eran casi iguales al contenido de la noticia de Expansión que originó la entrada, en esta bitácora, de «Breves notas sobre el PP y la negociación colectiva», con lo que ya el contenido lo teníamos adelantado.

El diagnóstico que hace el partido que aspira a gobernar es que el sistema laboral en España es demasiado rígido, lo que hizo que las empresas en España tuvieran que despedir como mecanismo de ajuste. Lo interesante es que ya existían mecanismos para suspender contratos, para bajar el tiempo de trabajo (el sistema más usado en Alemania) y durante la última legislatura se mejoró el mecanismo del mismo complementándolo con un mejor funcionamiento de la prestación por desempleo cuando la rebaja del tiempo contratado de trabajo es superior a un porcentaje (como se hace en Alemania), por no decir que las empresas tienen otros costes y también pudieron, por ejemplo, reducir los beneficios, muchas empresas con números muy azules han aprovechado que el Pisuerga pasa por Valladolid para despedir o pre-jubilar. Pero bueno, es la cantaleta de siempre, la rigidez del sistema…

El objetivo (declarado) del PP es igualar el sistema español con «los mejores sistemas europeos» que han capeado la crisis sin tanto desempleo, evidentemente no van a copiar cosas como el salario mínimo allá existente, o el alcance de la prestación por desempleo, creo, además, que ellos son conscientes de que un tejido productivo distinto también hace que se pierda más o menos empleo con respecto a una bajada de producción puede, al margen de la legislación laboral, causar una mayor o menor caída del empleo, vamos, que si la construcción llegó a suponer el 14% del empleo y ahora no es el 8% (y siempre ha sido muy cíclico) es difícil pensar que esto se deba a la rigidez del mercado laboral, en países como Alemania no hubo una burbuja inmobiliaria ni un peso tan grande de la construcción en ningún momento. Por otro lado, la cultura empresarial es también distinta, acá primero se despide y luego se pregunta, en Alemania primero se baja el tiempo de trabajo (algo que ya se podía hacer en España, y que tras una reforma se intentó favorecer, algo que no se ha hecho). Es la industria quien menos empleo ha destruido en España, pero su peso es testimonial, en otros países también ha sido el sector que menos ha cerrado, pero su peso es mayor.

(Ojo, que en otros países la destrucción de empleo, en términos relativos, fue mayor en menos tiempo, pero o se han recuperado antes o es que pasaron de pleno empleo a situaciones malas, mientras que España pasa de una mala a una pésima y se nota más, vamos, que Estados Unidos, ejemplo máximo de mercado flexible, entre enero de 2007 y enero de 2010 ha aumentado su desempleo en más del 110% -el aumento de España en ese periodo fue de más del 138%-, pero es que en Estonia -otro de los Estados ejemplo en tema de flexibilidad- la destrucción fue del 238% -pero ellos están en una rápida recuperación actualmente-, en Dinamarca entre enero de 2008 y enero de 2011 la destrucción es del 128%, y es este país el mejor ejemplo de la flexiseguridad -¡lo inventaron ellos prácticamente!-, el mercado Alemán es mucho más rígido que el Español en cuanto a la negociación colectiva y participación de los sindicatos en las empresas, así como el sueco, en el primero de los periodos puestos en Alemania la tasa de desempleo se redujo en un 19% mientras que en Suecia solo aumentó un 34%.)

El PP dedica un par de párrafo a hablar de lo que normalmente se conoce como flexiseguridad (algo que CiU defiende en las Cortes con insistencia), aunque el PP no le pone ese nombre, más bien habla de seguridad y flexibilidad, la seguridad es para el trabajador desde la perspectiva de su empleabilidad (vinculado con la formación continua), esto es, que siempre podrá encontrar un trabajo cuando le echan del primero, y la flexibilidad para la empresa, para que pueda contratar-despedir con más facilidad (¿más que ahora? será más barato, pero más flexible es imposible) así como variar (mucho) las condiciones de trabajado durante el contrato (esto sí es más flexibilidad que ahora, y es algo que, curiosamente, no se puede hacer en un contrato mercantil), también se ponen como objetivo acabar con la segmentación entre temporales y fijos, esto es algo que todos dicen pero, salvo que el objetivo sea cargarse la definición, con el actual marco productivo se me antoja imposible (de paso les recuerdo la entrada «Mercado dual y contrato único», las medidas del PP van en esa línea, que es la tomada por las últimas reformas laborales).

Son 12 medidas «concretas» las propuestas por el PP, no iré una por una pero sí comenzaré citando el final de la primera:

«Esta reforma integral supondrá un cambio coherente y coordinado de la contratación, la negociación colectiva, el sistema de relaciones laborales, la formación orientada al empleo y la intermediación.»

No creo que en el plano de «intermediación» haya un cambio, este se produjo de forma efectiva con la reforma que le costó una huelga general al aun gobierno del PSOE, esto es: Más intermediación privada y con ánimo de lucro. Es un tema sobre el cual ha insistido el PP en el Congreso de los Diputados, y ha sacado algunos triunfos (aunque luego digan que sus enmiendas no son recogidas, buena parte de las mismas van en las transaccionales). Pero vamos a las medidas de verdad (la primera es una reiteración del diagnóstico y los objetivos realmente) agrupadas:

Negociación Colectiva y regulación laboral
Casi podría copiar y pegar lo adelantado hace un mes largo, pero agregándole un par de ingredientes extras. El PP primero habla de adecuar los ámbitos de negociación colectiva sectorial dentro del más «óptimo» (hasta ahora qué se negocia y dónde se negocia, en general, es decidido por los agentes sociales, más tras la última reforma sobre la negociación colectiva, que quitó la coletilla de «convenio colectivo estatal o en su defecto autonómico» para ciertas materias, lo que abría el paso de otros ámbitos para esas materias), este impulso, si es por ley, más bien sería una imposición, hablan de unidad del mercado, pero es que luego viene el meollo de la cuestión: Primará el convenio de empresa para condiciones salariales y laborales. Así que dejan fuera formación, seguridad, y grupos profesionales para los convenios sectoriales, y todo lo demás, lo que en el fondo más preocupa a trabajadores y patronos, va por convenio o acuerdo entre empresarios y trabajadores (ni siquiera hablan de convenios de empresa, lo cual deja la puerta abierta a pactos individuales o con sub-grupos de trabajadores en realidad). Una de las razones de los CC es que impiden el llamado «dumping social», esto es, que las empresas fijen los precios del trabajo por debajo de unos mínimos, lo que permite a todas competir en igualdad, si cada empresa fija sus salarios ese «dumping» será una realidad. ¿Dónde está ahí la unidad de mercado? Recuerdo, de la entrada enlazada, que Soraya Sáenz de Santamaría insistía que no debían primar los convenios autonómicos porque a igual trabajo igual salario… ¿Dónde queda eso si los salarios se deciden en cada empresa? (Sin contar con que actualmente los CC autonómicos pueden variar el salario del CC estatal, al igual que el resto de CC, siempre a más, claro.)

Las otras medidas son de flexibilizar o variar las condiciones de trabajo, así el PP propone aumentar las medidas de flexibilización dentro de las empresas para que estas se adapten al mercado (por ejemplo, más movilidad geográfica, funcional, modificaciones de las condiciones de trabajo como el número de horas contratadas, etcétera, insisto en la idea que eso no se puede hacer en un contrato civil-mercantil pero cada vez se hace más en uno laboral) y, algo que me aterra, es la idea de «adecuar la legislación laboral a las necesidades específicas de autónomos y microempresas», me aterra porque si tanto hablan de la igualdad de los trabajadores esa frase supone todo lo contrario, habrá (como ya los hay en la práctica) trabajadores de primera (en empresas grandes) y de segunda (en pequeñas empresas), ojo, hablan de trabajadores de autónomos, un autónomo es cualquiera realmente. Estas dos sentencias suponen menos derechos para los trabajadores, por un lado sus derechos se vuelven «flexibles» y por otro, según tu empleador, tus derechos pueden ser legalmente mermados (y otra vez, adiós negociación colectiva, ¿de qué servirá un CC si no es aplicable al 100% de las empresas?).

(En favor del PP cabe decir que el PSOE ya se cargó la negociación sectorial en gran medida, y que lo que proponen en su plan de gobierno es más de lo mismo.)

Contratos de trabajo y modelo austriaco
En una de las reformas laborales de esta legislatura se obligaba al gobierno para que creara un Fondo de Capitalización, en el último Real Decreto Ley de reforma laboral el gobierno aumentaba el plazo para la presentación de ese proyecto. Pues bien, el PP (medida 3) trae dicho modelo como promesa electoral, pero va más allá de lo propuesto por el PSOE: Este modelo sustituirá la actual prestación de desempleo, el fin de la medida es que «favorezca la movilidad y la formación continua». La movilidad en España la asegura la precaridad del mercado de trabajo (en Austria se puso como un incentivo para la movilidad, en su caso bajísima, igual que la temporalidad), en España no hace falta, como no lo hace para la formación continua. En realidad el cambio de modelo puede perjudicar a la mayoría de trabajadores, cuando se vive en precario (como hace la mayoría de gente, imposible estar 5 años en el mismo trabajo) ese fondo será constantemente vaciado e insuficiente. En el caso Austriaco, además, está ligado con la indemnización por despido, ¿lo harán así en España también? ¿Garantizarán la parte de la prestación no contributiva?

En el PP han abandonado el hablar de «contrato único», pero sí dicen que simplificarán los tipos contractuales existentes (medida 2), es cierto que actualmente hay muchos (superan la treintena), también es cierto que se usan, básicamente, cuatro tipos (con los matices que cada uno permite). No indican en qué sentido se reducirán, sí aseguran que será más «simple» y reducirá la flexibilidad (me gustaría saber cómo la reducen mediante cambios legales en sectores que funcionan de forma temporal, que es lo que abunda en España), a mí me aterra pensar que lo que harán será llamar fijo a contratos que de hecho son temporales (que es el fondo de la medida del «contrato único», vamos, como en Estados Unidos). En el PP aseguran que así dan «expectativas de estabilidad, flexibilidad y seguridad a todos los trabajadores y empresas», esto es contradictorio, si eres flexible no eres estable. Aunque mantengas el empleo. (Todo esto me recuerda mucho a la Corrosión del Carácter.)

Formación
Tal vez lo más interesante (o lo que menos me asusta, como prefieran verlo) está en la formación, muy vinculado a esa mejora de la empleabilidad, pasa de ser un instrumento manejado por la negociación colectiva (que es donde está el dinero para sindicatos y patronales, por cierto) a algo individual, así el esquema pasa de ser la empresa la que forma bajo una contribución obligatoria (es la que decide, dentro de un marco negociado, los cursos, luego los trabajadores se apuntan o no libremente) a uno de «bonos» (medida 8) donde la formación pasa a ser una decisión de la persona para mejorar. Lo curioso de esta medida es que resulta contraria a la inversión en capital humano, esto es, desincentiva los planes de formación de las empresas y pone la pelota sobre el tejado de los trabajadores. En la práctica eso ya está pasando, solo que ahora el trabajador contará con bonos. No sé cómo vincularán estos bonos al fondo de capitalización individual (supongo que ahora las cuantías de la Seguridad Social para formación y para desempleo irán a un único fondo que el trabajador podrá manejar) de la medida 3.

La medida 9 contiene una mención a la formación dentro de ese periodo de tiempo en desempleo, así la formación es impulsada como mecanismo para conseguir empleo (básicamente lo que ahora pasa, incluso las prestaciones están vinculadas a realizar cursos de reciclaje o mejora de la formación) pero se agrega la formación a empresas, cuya sola mención deja una gran interrogante sobre la propia medida.

El papel del Estado: Inspección e Impulso laboral
El papel del estado no desaparece ni se agota en el plano regulador (o re-regulador, como la medida para adaptar la regulación a microempresas y autónomos), sino que se mantiene en el resto de aspectos, de una forma algo distinta. Insisten en la idea de la colaboración público-privada para los servicios de intermediación laboral y selección de personal (es algo que la reforma del 2010 impulsó con fuerza, supongo que esta medida, la 9, del PP es reforzar o mejorar esos mecanismos, porque existir, lo que se dice existir, ya están ahí), esto en cierta medida significa (como viene pasando desde el 84) insistir en la privatización total del sistema de intermediación (nunca se ha dotado al INEM y a su sucesor de recursos e instrumentos que permitan que funcionen de verdad, así que su fracaso es la lógica aplastante de su diseño sin recursos).

Este impulso del trabajo también lo es del teletrabajo (medida 11) y de la conciliación familiar, así como los planes de reinserción para los que estuvieron lejos del mercado de trabajo (esto lo deberíamos conectar con la formación, supongo, aunque no lo mencionan), la bonificación (medida 12) para el primer contrato realizado por un «autónomo empresario» (¿hay otros autónomos? por definición un autónomo que contrata es un empresario), esta insistencia en las bonificaciones es tan generalizada en la legislación española (y en las propuestas del PSOE también) que en términos prácticos es costosa e inútil, España es uno de los países de la UE (creo que solo por detrás de Italia) que más peso tiene en este apartado, cuando está más que demostrado que las bonificaciones no crean empleo neto.

El impulso del trabajo tiene un tercer eje que sí me parece positivo (sí, alguna de las 12 medidas me debía gustar, ¿no?), que es permitir «la cotización por el tiempo real de actividad profesional a aquellos trabajadores que ya coticen  jornada completa en el régimen general y que viene obligados a cotizar en el RETA» cuando realizan otra actividad económica alternativa en la que realmente no ocupan una «jornada completa», esta medida (la 6) tiene dos carencias, por un lado, deja fuera a los que estudian y tienen una actividad económica autónoma a tiempo parcial (esto es, personas que no cotizan en régimen general porque no trabajan) y a quienes tienen un contrato laboral a tiempo parcial (extrañamente no hay medidas para favorecer estos contratos, cuando son un clásico y es lo que triunfa en el resto de la Europa con tasas de desempleo bajos) y ocupan parte de su tiempo en una actividad económica. La otra carencia está en la forma de evitar que sea un coladero de fraude en las cotizaciones mediante el concepto de «por el tiempo real» (al ser este autodeclarativo), o las dificultades e incoherencias que plantea ese concepto. El tiempo dedicado en una actividad profesional no está necesariamente vinculado con el rendimiento económico, debería buscarse otro valor (o una batería de los mismos) para esa cotización parcial al RETA. Es el impulso del pluriempleo mediante la mezcla de empleo asalariado y autoempleo, de una forma en que no se perjudica a la Seguridad Social.

La inspección de Trabajo seguirá existiendo (medida 10), pero cambia, ya no solo perseguirá a las empresas sino también a los trabajadores (medida 10). Así, tal cual.Ojo, el impulso de la inspección es contra los comportamientos que supongan «un trato discriminatorio contra los trabajadores» (no en el plano de la seguridad o para evitar los fraudes en los contratos temporales, la verdadera lacra del sistema español), así que eso de vigilar el abuso de las medidas flexibilizadoras internas (algo que pasa demasiado) tampoco será impulsado, pero sí el «absentismo laboral injustificado». Actualmente ese absentismo solo es controlado cuando afecta a la Seguridad Social (que no se le caen los anillos para «espiar» a ver si las bajas son de verdad bajas, y con razón), pero ahora el acento se pone en términos generales, es una de las reivindicaciones históricas de la patronal (y que CiU ha llevado a las Cortes muchas veces), que el Estado se implique en la lucha contra el absentismo. Esto no tiene sentido. La inspección sirve para hacer cumplir la ley donde no existe autocomposición, esto es, el empresario si detecta ausentismo tiene instrumentos para atajarlo (sanciones que pueden llegar al despido disciplinario), el trabajador ante incumplimientos del empresario no tiene nada, o solo tiene instar a que otros (Inspección y Juzgados) hagan cumplir la ley, así que no tiene sentido que la inspección se dedique al tema del absentismo cuando el empresario ya tiene instrumentos para atajarlo.

Consideraciones finales
No voy a llamar idiotas a los trabajadores que voten ese programa (como lo hizo el portavoz del PP sobre los votantes del PSOE), cada quien vota lo que quiera por las razones que sean, a mí ya solo el apartado laboral (salvo esa medida puntual que veo positiva) me echan totalmente para atrás.

No creo ni en las razones ni en los objetivos que el PP nos presenta, ni en la utilidad de las medidas para conseguir los mismos, hace poco la OIT ya nos recordó que la moderación salarial, por ejemplo, no crea empleo neto, como no lo hacen todas esas medidas que el PP propone, tampoco mejoran las condiciones objetivas de los trabajadores, solo permiten más inseguridad, más flexibilidad (en el mal sentido), y más, bueno, todas las lacras en el sistema laboral.

Y reducir la temporalidad llamando fijo a empleo precario e inestable es hacer trampas al solitario. También es un programa que marca con más fuerza la individualización en las relaciones de trabajo, lo que nos devuelve a una relación asimétrica de amo-siervo, con una mayor segmentación de los trabajadores, lo que aumenta las desigualdades sociales… No sé, el modelo en general me parece un tremendo error.

Me centraré un poco en esta última, puesto que sus consecuencias inmediatas son más amplias que la primera, que es como un fluir constante y más interpretable, salir a la calle, cuando quienes salen no son los propios, es visto como «desorden y caos» por algunos (esos mismos que aplauden a rabiar cuando quienes salen a la calle se manifiestan en contra del Aborto, en favor del Papa, en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, en contra de la política antiterrorista del gobierno… en fin, en contra de lo que ellos están en contra, cuando la manifestación es contra la reforma laboral, el sistema político o económico, etc., son unos desordenados que no aceptan el mandato de las urnas), y así lo reflejan en sus medios e interpretación de la realidad (parafraseando a uno de los directores de esos medios, ese ejercicio intelectual de interpretar la realidad para los consumidores del medio).

En el segundo caso mencionado, en la Conferencia de Paz, se ha rozado la calumnia (cuando no nadado dentro de la misma) al asegurar, sin rubor ni pruebas, que es una conferencia «al servicio de ETA», o que incluso el principal impulsor de la misma, desde la sombra, es Rubalcaba o el gobierno o los dos (otra vez basándose únicamente en deducciones nada lógicas como cuando Mayor Oreja -Ministro del Interior cuando negoció el PP con ETA y cuando el jefe antiterrorista decía que no debía haber vencedores ni vencidos- suelta perlas en plan «si no mata es porque está ganando»), o cuando dicen que Lokarri está al servicio de ETA (cuando ya desde tiempos de Elkarri esta formación, como su hija Lojarri, han criticado los medios violentos de ETA a más no poder), esta afirmación de que todo en la llamada izquierda abertzale es ETA se ha demostrado en los tribunales de forma repetida que es falsa, por un lado tenemos formaciones políticas que inequívocamente condenan la violencia y forman parte de esa izquierda, y por otro tenemos organizaciones sociales que ya han sido procesadas y absueltas (varios pacifistas de la Fundación Joxemi Zumalabe -que abogan por la desobediencia civil- fueron absueltos de ese macroporceso del sumario 18/98 que se basó en la tesis de Todo es ETA que, finalmente, quedó desvirtuada), y dos casos recientes insisten en la línea de que se puede coincidir en fines sin ser coincidentes en medios, organización y, por tanto, ilegalidad (me refiero a los casos de Bildu y de Iniciativa Internacionalista).

Que en Lokarri se busque la independencia de Euskal Herria no significa que sean de ETA, ni quieran ayudarles. Más bien, Lokarri ha demostrado una apertura y lucha frontal contra el terrorismo de forma legal que el Estado no siempre ha tenido (sí, pienso en los GAL, estos días se ha insistido mucho que en España, a diferencia de otros países con terrorismo y conflicto interno, no tuvo «paramilitares» ni fuerzas ilegales antiterroristas pagadas por el Estado, se olvidan de lleno de los GAL, y de otros delitos ya cometidos directamente por el Estado, como los casos de torturas y demás), sin contar con que buscan una solución consensuada (no abogan, por ejemplo, por una declaración de independencia unilateral, algo que algunas formaciones legales sí lo piden o han pedido en el pasado, o incluso intentado).

Y es calumnia porque están diciendo que Lokarri, el gobierno, gente del PSE-EE o de otros partidos, están ayudando a ETA, y eso significa colaboración con banda armada, que es un delito tipificado en el Código Penal, no es una mera acusación dialéctica. Acá no pasa nada porque muchos consideran que es mera opinión, pero no debemos olvidar que alguno de esa izquierda abertzale (y otras izquierdas básicamente) ya se ha cansado de que le llamen terrorista, y alguno ya ha conseguido condenas a opinadores y similares por llamarles terroristas cuando no lo son.

¿Están contra «los asesinos» o contra «los etarras»? La diferencia, cuando el etarra es asesino, es pequeña, pero aun así es un matiz importante, esto es, se está en contra del proyecto político que ETA dice defender o contra los medios usados para conseguir ese objetivo político. Porque ahí sí que radica la diferencia fundamental. Hace ya un año y mucho escribí sobre el tema, «¿Están contra los “etarras” o contra los “asesinos”?», así que no me extenderé demasiado en este punto, pero es importante para lo que acá estoy diciendo: la ideología independentista no está proscrita, está prohibido matar, coaccionar o imponer la independencia. Si confundimos fines con medios no hay nada que hacer, no hay punto de encuentro y, en realidad, se está atacando a la democracia misma en esa confusión. Me autocito del artículo enlazado y acabo con este punto:

«Siempre están exigiendo que ETA deje de matar y busque sus fines por medio de la política, pero cuando hay una posibilidad de que eso ocurra, afirman que no es suficiente, que ETA no solo debe dejar los medios violentos, sino que debe abandonar sus fines políticos. Ellos, los que exigen esto, que no se puedan perseguir determinados fines políticos por medios legales, son los que disuelven esa España constitucional, son los que niegan la libertad y el pluralismo, y los que olvidan que la propia Constitución prevé la forma de modificarla, y si la mayoría de españoles lo aprobara (no importa quién tenga la iniciativa de la modificación), no habría problema alguno con eso, individualmente estemos o no de acuerdo con lo decidido.»

Y vuelvo a lo de las realidades y el comunicado de la Conferencia de Paz

Como decía al principio de la entrada, este es un claro ejemplo de «interpretaciones distintas», y la verdad es que superan lo que es la interpretación para romper con la veracidad exigible a un medio, esto es, se sobrepasa el ámbito de esa distinta lente con la que todos miramos el mundo para llegar al terreno de la mentira y la manipulación.

La noticia en La Razón, cuyo título es «17-O: el día de la infamia», comienza mintiendo al decir que el PSE-EE es un impulsor de la cita (en realidad se negaron a asistir hasta que uno de sus miembros más ilustres dijo que él sí iría, por lo menos a título personal, fue después de esto que el PSE-EE decidió ir, como quien va a la tercera boda de su suegra, sin ganas y con mente cerrada), en la entradilla de la nota ya encontramos esto:

«La “Conferencia de Paz” alentada por los socialistas vascos termina sin exigir a ETA la entrega de las armas y asume todas las peticiones de los terroristas, entre ellas, que el Gobierno negocie. Pide que se cree una mesa de partidos para abordar la independencia del País Vasco y la anexión de Navarra y que se equiparen víctimas y verdugos»

Ramírez, el director de El Mundo, decía que su interpretación de la realidad podía ser contrastada en otros lados para que el consumidor del medio (lector en ese caso) se hiciera su propia idea de la realidad, pues bien, invito a todos los lectores de La Razón, ABC (que tiraron parecido), El Mundo, La Gaceta, así como los telespectadores y radioyentes de Intereconomía, Veo 7, Cope, Punto Radio, Antena Tres, Telecinco, entre otros, que se lean la declaración de la conferencia de paz (los cinco puntos de las conclusiones sí se encuentran en el artículo de La Razón, mas no el resto del documento). La primera de las conclusiones del documento:

«1.- Llamamos a ETA a hacer una declaración pública de cese definitivo de la actividad armada, y solicitar diálogo con los gobiernos de España y Francia para tratar exclusivamente las consecuencias del conflicto.»

¿Pedir que una banda armada cese de forma definitiva su actividad armada no es pedir el fin de la misma? Cierto, no dicen literalmente «entreguen las armas», pero es una consecuencia lógica del fin del conflicto, del fin de la lucha armada, y de entablar negociaciones para tratar exclusivamente las consecuencias del conflicto (por ejemplo, una amnistía para la entrega de armas, en tanto que la mera posesión de esas armas es delito, el entregarlas es reconocimiento de culpa, para que haya una entrega debe haber un gesto que permita la misma, o dejar que las destruyan por su lado, no se entregan, de forma literal, pero desaparecen, que es lo que importa). Decir que esa conferencia NO ha pedido el fin de ETA, de ETA como organización armada, es simplemente mentira, si decimos que ya no pueden tener actividad armada, nos queda solo la parte política de ETA, eso ya pasó en el pasado con una escisión de ETA, y fue el inicio de la paz por parte de los que en ese momento empuñaban armas.

En el tercer puntos leemos:

«3.- Instamos a que se adopten pasos profundos para avanzar en la reconciliación, reconocer compensar y asistir a todas las víctimas, reconocer el dolor causado y ayudar a sanar las heridas personales y sociales.»

Afirmar, como lo hace La Razón, que se igualan víctimas y verdugos es falso, lo que se intenta es que todas las víctimas tengan un tratamiento igual, un (presunto) etarra asesinado por la policía (ejecución extrajudicial) o por los GAL es tan víctima como ese concejal que recibió el tiro en la nuca. Debemos entender esto simplemente para honrar el Estado de Derecho que dicen defender los que están en contra de, por ejemplo, la negociación con ETA.

El punto que creo que más ha escocido y más alas ha dado a la imaginación de los presuntos periodistas de La Razón creo que es este:

«4.- En nuestra experiencia de resolver conflictos hay a menudo otras cuestiones que si son tratadas pueden ayudar a alcanzar una paz duradera. Sugerimos que los actores no violentos y representantes políticos se reúnan y discutan cuestiones políticas así como otras relacionadas al respecto, con consulta a la ciudadanía, lo cual podría contribuir a una nueva era sin conflicto. En nuestra experiencia terceras partes observadoras o facilitadoras ayudan el diálogo. Aquí, el diálogo también podría ser asistido por facilitadores internacionales si así fuese decidido por las partes involucradas.»

Primero, pasa por decir lo evidente: En todo el documento no se habla de Navarra, no expresamente, se insta a que se negocie entre partes que no ejerzan la violencia, esto es, no con ETA armada. ¿Negociar es dar la razón a los terroristas? Por favor. Por eso mencionaba más arriba el tema de contra quién se está, si contra el que asesina o contra quien tiene un proyecto político determinado. Los terroristas no ejercen su actividad para negociar, sino para imponer, prácticamente cualquier solución que se tome sin armas sobre la mesa es una derrota de la vía terrorista-militar.

No es cierto, como dicen en La Razón, que uno de los objetivos de ETA es negociar con el gobierno, ETA tiene como objetivos la independencia unilateral de Euskal Herria dentro de un régimen socialista, ni más ni menos, sino no hubiesen tomado las armas y seguirían caminos de consenso como buena parte de la izquierda abertzale.

Así que frases en La Razón como la siguiente: «En 17 líneas, los organizadores del evento hacen suyas las demandas de la banda etarra, salvo en el tercer punto, de una extensión de cuatro reglones escasos, referido a “todas las víctimas”» simplemente son mentiras, no es que estén interpretando el documento, es que mienten sobre el contenido del mismo y sobre los objetivos de la banda terrorista. Lo de las dos mesas no es un objetivo de ETA, es una salida para la rendición de ETA, que no es lo mismo.

Si no hay violencia, la segunda mesa, contando con todo lo demás, no solo es posible, sino totalmente legal, hay que recordar que la constitución se puede modificar, y si hablamos de la «anexión» de Navarra al País Vasco (yo apostaría por lo contrario, si hablamos de derechos históricos) es algo que ya está contemplado en el Estatuto de Autonomía del País Vasco (art. 2 de la LO 3/1979) y en la propia Constitución (Disposición Transitoria Cuarta de la Carta Magna), ¡es que para ese punto no hay que tocar siquiera la constitución! Es algo que, evidentemente, deben decidir los navarros. Incluso la anexión de provincias al País Vasco actual (estoy pensando en el país vasco francés) no requieren, por parte del lado español, más cambio que una Ley Orgánica de Alteración de límites provinciales y una modificación del Estatuto de Autonomía del País Vasco (del art. 2 y relacionados al mismo), no sería necesario tocar la Constitución española (no contiene un «listado» de territorios que forman parte de España, solo una declaración de la indisoluble unidad de la Nación española, pero esta nación no está definida).

Además, entrar en un diálogo para un reacomodo político no es rendirse a ETA, rendirse a ETA es aceptar la independencia del País Vasco bajo su directo mando, que está lejos de ser lo que la Conferencia de Paz afirma, y el contenido final de un posible acuerdo de la negociación política, que no será, ni de lejos, lo que ETA podría llamar «un triunfo».

Además, el orden de los factores acá sí altera el producto, si decimos que primero debe cesar la violencia y luego, si eso, se negocian temas políticos, no se acepta la tesis del 2006 de ETA (que tanto recuerda La Razón), ya que no serían paralelas, y la segunda dependería del final de la violencia previo. ¿Y no habíamos quedado en que sin violencia todo es negociable y opinable en una democracia? ¿No habíamos quedado en aceptar el pluralismo político? Hay que entender que en el País Vasco el independentismo no es bandera exclusiva de ETA, ni fue ETA el primero en plantear dicho deseo u objetivo, el independentismo viene de antiguo, y se pueden articular varias formas para que las partes independentistas y las no independentistas queden más o menos contentas, eso es el régimen especial foral que tienen tanto Navarra como el País Vasco. El conseguir un consenso nuevo que contente a buena parte de la sociedad (independentistas, autonomistas, federalistas, no-independentistas, centralistas, etc.) y todo esto sin armas sobre la mesa, no puede interpretarse en ningún caso como una rendición al terrorismo, es todo lo contrario, un triunfo del sistema democrático. Ojo, hablar de negociar algo no significa que todas las tesis de una parte sean aceptadas sin más, sino, al menos, dialogar sobre el tema propuesto. Tal vez esa negociación no llegue a puerto alguno, o la conclusión de la misma se aleje, y mucho, de las pretensiones iniciales de alguna de las partes.

Y no, no es un precio político por dicho final, en tanto que el fin se produce ANTES que la propia negociación política, y dicho acuerdo sería, además, consensuado, no las condiciones impuestas por la banda para considerarlo un precio de la paz.

Sobre los cambios en la Constitución
Ya para acabar, no sé por qué se rasgan tanto las vestiduras diciendo que tal quiere romper España o que su propuesta atenta contra la Constitución y por tanto no hay que ni hablar de ella (y como digo, la anexión de Navarra no atentaría contra la carta magna) a la vez que aplauden a formaciones como UPyD que entre otras cosas propone acabar con los sistemas fiscales forales (que están en la Constitución) o cambiar el texto constitucional para que el Estado recupere determinadas competencias actualmente en manos de las autonomías (algunas por derecho propio y otras por cesión del Estado). Aquí entramos en una lógica perversa: Si un partido no españolista quiere cambiar la constitución para que su región tenga la cabida que él cree, es atentar contra la carta magna, si un partido españolista quiere cambiar la constitución para que el estado sea más centralista o no se mencionen los «derechos históricos», es un avance en la democracia.

No pues, el querer cambiar la constitución, siempre que se haga por los mecanismos en ella establecidos, venga la decisión de un debate en Las Cortes porque un partido presentó la propuesta, venga como finalización de una mesa negociadora entre partidos en unas regiones con posturas radicalmente distintas y con fuerte arraigo social todas ellas, se debe entender en el mismo plano: «Procesos plurales y democráticos de funcionamiento». Ni más ni menos.

Hay que recordar que los estados democráticos de Derecho son básicamente, espacios en que se decide una norma suprema y unos procesos, y todo lo que quepa ahí dentro, para respetar el pluralismo dentro del Estado Democrático, debe ser aceptado (no necesariamente compartido, sino aceptado) como parte de las reglas de juego. El problema está cuando eso se vicia, y las reglas de juego sirven para modificar las representaciones ideales e idóneas (pero es otro debate).

«Tiene que haber vencedores y vencidos y tiene que ganar la democracia y la sociedad española» María Dolores de Cospedal, Secretaria General del Partido Popular (ABC 04/10/2011)
«No habrá vencedores ni vencidos (…) Sólo con la vía policial jamás conseguiremos la pacificación del País Vasco» Ricardo Martí Fluxà, Secretario de Estado para la Seguridad y responsable de la lucha antiterrorista de España, siendo el ministerio del Interior presidido por Jaime Mayor Oreja (El País 28/11/1997)

El Partido Popular ha decidido cargar su artillería pesada con el tema de ETA contra el PSOE, ya se saben, elecciones cercanas, y aprovechando el «gesto» declarado del lehendakari vasco, Patxi López, de aligerar el sistema penitenciario, sobre todo con el acercamiento de presos, a aquellos reclusos que renuncien claramente a la violencia, ofrece a los antiguos etarras algo que ya está en la ley -el acercamiento para la reincersión para los que rechazan la violencia- y que en otras treguas ya se hizo de forma amplia como gesto para la paz (durante la de 1998 José María Aznar, presidente del gobierno, acercó a 138 presos condenados por distintos delitos vinculados con ETA al País Vasco), pero justamente uno de los grandes cambios entre el PP de 1998 y el actual (además de la necesidad de los votos de CiU y PNV y que ahora estamos en campaña) está en el discurso antiterrorista, no sé si porque fueron engañados (como casi todos los partidos) por una ETA que aprovechó la tregua para reforzarse o porque han visto que electoralmente el discurso belicista les viene mejor que el pacifista, y están dispuestos a mantener la histórica confrontación.

Por ello, además, insisten en que su postura no ha cambiado a lo largo del tiempo: Siempre estuvieron en guerra con Euroasia (parafraseando 1984), Aznar jamás dijo lo de «Movimiento de Liberación Nacional Vasco», nunca se acercaron presos y nunca se negoció (ellos iban, si eso, a ver si se rendían los de ETA), sus predecesores (AP) tampoco firmaron nunca el Acuerdo para la Normalización y Pacificación de Euskadi (pacto de Ajuria Enea) en donde además de la acción policial se manifestó el apoyo a los procesos de diálogo entre quienes quisieran abandonar las armas y los representantes del Estado.

Por eso, además, aunque se niega el conflicto (ahí solo hay unos asesinos, esto no es un conflicto con dos bandos, sino un Estado de Derecho, una democracia, contra unos criminales) a la par que emplean lenguaje militar para describir el final de la situación: Debe haber vencedores y vencidos. Para que los haya deben existir dos bandos, nunca hablamos de vencedores y vencidos cuando se destapa una red de corrupción y se arrestan a sus cabezas, nunca hablamos de vencedores y vencidos cuando el Estado captura una banda armada que asalta casas o destruye una red de trata de blancas, no porque en el Estado de Derecho la aplicación de la ley nada tiene que ver con lo de «vencedores y vencidos».

En una entrevista reciente en la Cadena Ser al ex lehendakari José Antonio Ardanza (quien gobernó el País Vasco ni más ni menos que 14 años, entre 1985 y 1999) explicó por qué el ya en el fallido Plan Ardanza hablaba de que no debían haber «vencedores y vencidos», comentó cómo la última vez que hubo vencedores y vencidos, con esas connotaciones, fue en el final de la guerra Civil, y lo que ello significó: El aplastamiento total de una serie de personas. También salió al paso: decir que no puede haber vencedores y vencidos no es igualar a las víctimas con los verdugos (como comentó Cospedal el día anterior a la entrevista) ni mucho menos, no significa impunidad contra los criminales, sino que la política que se desarrolle no puede buscar el «castigo de los vencidos» en ese sentido militar, de un grupo imponiendo a otro.

Y es cierto, la justicia (me refiero a la aplicación de la ley en un Estado de Derecho) no es «venganza» (es una de las razones por las que se debe rechazar la pena de muerte) ni tampoco tiene la lógica de la «victoria militar y humillación del derrotado». Esto lo entendía bien el primer gobierno del PP, de la boca del segundo al mando de Interior:

«Vamos por el buen camino a base de aislar la violencia, a base de unir a todas las fuerzas y a base de acción policial. El proceso y el procedimiento serán’ largos. No podrá haber nunca ni vencedores ni vencidos (…) La palabra rendición total es profundamente ajena a lo que puede suponer la posición del Gobierno en torno a ETA (…) Creo que habría sistemas para que ETA pueda hacer saber que quiere abandonar la violencia [pone como ejemplo el proceso con ETA P-M] En 1978, se vio muy claro cuando ETA político-militar quiso abandonar la violencia, se supo muy bien y se interpretó muy bien. El Estado tomó entonces determinadas medidas y manifestó su generosidad en un proceso que duró hasta el 1981-1982. No cupo ninguna duda de que ETA político-militar quería abandonar la violencia (…) Sólo con la vía policial jamás conseguiremos la pacificación del País Vasco»

Y todo esto antes del diálogo, cuando desde el gobierno se decía que aun no existían las condiciones para un proceso de negociación, que esas treguas parciales y demás no servían de nada (en el mismo artículo lo pone), y que querían hechos más que palabras (que se note la falta de la violencia por parte de ETA). ¿Ahora se dan las condiciones o aun no? En realidad debería ser esa la pregunta, no tanto si deben haber o no «vencedores y vencidos».

Si el Partido Popular ahora mantiene un discurso belicista totalmente, de vencedores y vencidos, haciendo referencia a esa humillación que supone el ser «vencido», esa persecución ideológica que algunos piden (no exigen algunos dirigentes del PP que ETA deje de matar, sino que la denominada izquierda abertzale deje de pedir la independencia), recuerda a un discurso militar que nada tiene que ver con el triunfo de la Democracia y la Sociedad que menciona Cospedal, puesto que supone la negación de los derechos de los victimatarios (que, aunque no guste a algunos, en una democracia y un Estado de Derecho hasta los delincuentes tienen derechos), el querer mantener términos como «vencedores y vencidos», «derrota total» y demás es permitir que ETA siga existiendo, porque la llama de venganza en el corazón del humillado, del vencido, perdurará aunque la organización parezca desarticulada, mantener la persecución y sospecha sobre más de cien mil personas es mantener una cantera de violentos con la justificación del vencido que quiere salir de esa situación.

Ese «vencedores y vencidos» suena demasiado al discurso franquista, recuerda demasiado lo que significa la represión contra los «vencidos», y no hablamos de la «treintena» de etarras que pueden temer la «posición de vencidos» sino de todo un entramado social que se puede sentir así, o mejor dicho, que quieren que se sientan así (con ese «todo es ETA» que mantiene el PP y otras organizaciones y partidos).

Negar, por otro lado, la existencia de «vencedores y vencidos» no es igualar a «víctimas y verdugos», como dice Ardanza y decía antes el PP gobernante, una cosa es negar ese discurso militar y otra favorecer la impunidad. Los «vencidos» no serán los «verdugos» ni las «víctimas» serán los «vencedores», entre otras cosas porque el Estado no está ejecutando una venganza en nombre de las «víctimas», y porque los «verdugos» deben ser tratados como el resto de delincuentes, sin ir un paso más allá (lo que es la humillación al «vencido», como son las medidas de dispersión, un castigo a la familia y al entorno más que al propio reo), procesados por un Estado del Derecho que debe huir plenamente del odio y el triunfalismo.

Y sí, la «paz», mejor dicho, el fin de ETA es casi imposible solo por la vía policial-judicial, no es una mera mafia, hay algo más, y ese algo más se debe canalizar por vías políticas.

En un país en que (casi) nadie dimite, que el representante de CC.OO. en el consejo de RTVE dimita (PDF) por no haber votado en contra de la propuesta de la mano de los representantes del PP (porque ahora se desligan, los del PP, de esos representantes, dicen que ellos actúan de forma independiente, claro, cuando conviene son independientes, y cuando no son del partido que les propone) es bastante digno. Reconoce así que debió votar en contra, y pone de manifiesto, además, que no fue un error lo que ahí se decidió, que cada uno iba a sabiendas de lo que quería votar (y en contra solo votaron, si no me equivoco, los de UGT e IU, votando a favor o absteniéndose todos los demás, contando a los del PSOE y CiU).

RTVE en general ha mejorado, los últimos 7 años han sido realmente mejores que los anteriores ocho años, no solo en oferta televisiva de programación, en el cambio de modelo (de tener a no tener publicidad), en la producción cultural (Tres14, Redes -este ya pinta canas-, Página 2, entre otros, son grandísimos programas, y con buena imagen) y, sobre todo, en el plano informativo. No hay color. Es cierto que muchas veces confunden «imparcialidad» con dar el 50% del tiempo al PP y el otro 50% al PSOE, y que determinadas alternativas políticas quedan relegadas, pero no es menos cierto que se venía de una época en que el director de los informativos parecía el jefe de prensa del Presidente del Gobierno. También volvieron los debates políticos a la radio y la televisión de todos, algo desaparecido en el pasado, en ese punto RTVE demostró tener más pluralidad que la gran mayoría de medios, y es lógico, es un medio público, es su fin.

Además, RTVE estos años ha pasado de ser un brazo del ejecutivo a algo decidido en las Cortes, para lo bueno y para lo malo, aunque personalmente veo más puntos positivos en tanto que permite mayor control y necesidad de más acuerdo para el nombramiento de las autoridades corporativas, en otras palabras, ya no puede ser utilizado con tanta facilidad por el gobierno para sus propios fines, siempre y cuando las instancias de control y decisión no estén domadas por mayorías absolutas.

Si desde el PSOE les gusta controlar la información, desde el PP lo necesitan, como lo hacen en las comunidades donde gobiernan, ya sea por medio descarado de lo público (la TV de Madrid o la de Valencia lo atestiguan, vean quiénes son los dirigentes de esas televisiones) o mediante lo privado (los favores a los medios afines -con concesión de licencias mediante, además del gasto en publicidad desmedido- son tan pero tan descarados) o una combinación aberrante entre ambos (vuelvo a Madrid, que me viene bien).

Pero esta lucha no es nueva, no se inició ayer por las elecciones, esta propuesta del PP (e insisto en la idea: Son los representantes del PP los que han puesto sobre la mesa más de una vez este tema), aun con Oliart de presidente de la corporación se planteó la misma, en ese momento fue rechazada (¿qué cambió en el Consejo para que ahora saliera aprobada? ¿Quiénes cambiaron su voto?), y no por una cuestión meramente técnica, se aseguró por parte del presidente que nadie debía influir en el trabajo diario de los periodistas (como dice el ex representante de CC.OO., esas presiones existen fuera de todas maneras). Esa persistencia no es gratuita. Ahora dicen que fue un «error», por favor, no somos idiotas, eso no es un «error» por ninguna parte, es una decisión con un claro objetivo que ya se había intentado tomar antes.

Se vienen tiempos malos en la televisión pública.

Fuera de esto, y volviendo un poco al tema de la información manipulada (aunque sea gráfica), el director de El Mundo reflexiona (extracto párrafo y medio, pero léanselo entero):

«Preguntas si la foto ‘refleja la visión de EL MUNDO de la realidad’ y no la realidad misma. Claro que sí porque ‘la realidad’ no existe sino a través de la mirada de los demás. Un periódico es siempre un proyecto intelectual, es decir una manera de mirar lo que sucede alrededor. Desde esa perspectiva todos los periodistas –vosotros mismos en PR- desarrollamos esas tareas de “selección, control y síntesis” en las que Peter Weiss resumía su teatro documental. La comparación viene a cuento porque la información siempre es representación, es decir búsqueda de lo representativo, de lo que resuma mejor –con palabras o imágenes- aquello que nos parece esencial en lo que está sucediendo. El ejercicio responsable de la libertad de prensa no consiste en ceñirse a un sentido canónico de la objetividad que siempre terminará dictaminado por quien ostente el poder. No, la esencia del pluralismo es la concurrencia de subjetividades honestas.
(…)
Quienes compran EL MUNDO quieren que esa interpretación corra a cargo del periódico, aunque sea una interpretación abierta que ellos siempre podrán contrastar con la de otros medios o con su propia percepción de la realidad.»

Vaya por delante que estoy de acuerdo con dos cosas: La objetividad no existe y la crítica a las imágenes «tal como son», esto es, que tal tipo de fotografías no existen (por eso una imagen no vale más que mil palabras). Pero que la objetividad no exista no significa que el periodista en su «ejercicio intelectual» pueda faltar a la obligación de ser veraz (en esta bitácora: «Lo mínimo: Veracidad» y «Pregunta abierta: “¿por quién vas a votar?”», es un tema recurrente en esta casa), el poner una foto resaltando las letras «eta» (que en ese contexto no es «ETA», sino parte de otra palabra) junto con el título hacen parecer que la pancarta era directamente a favor de la banda terrorista, es ir tres pasos más allá de la mera «interpretación» de la realidad o la negativa a hacer propaganda de los manifestantes (para Ramírez, colocar la foto entera o la traducción del lema era repetir la propaganda de ellos), es directamente MANIPULAR. Es plasmar lo que quieres ver (ni siquiera lo que ves) y lo que quieres transmitir faltando a los hechos de una forma demasiado descarada.

Dice Ramírez que no se manipuló la foto, que «habría sido deshonesto decirles a los lectores que la pancarta incluía una referencia expresa a ETA» pero eso no sucedió, en tanto simplemente es un encuadre del fotógrafo que les permitió a ellos «poner el foco en el aspecto de la historia» que querían destacar, si el aspecto de la historia era «ETA», simplemente están manipulando mediante el encuadre (al igual que la mera fotografía no existe, también se puede manipular con facilidad con un encuadre u otro). En realidad el periódico ya tiene decidida la historia antes de recibir los hechos, sea el relato de la manifestación sea las fotos tomadas. Además, se defiende diciendo: «Nunca quisimos dar a nuestros lectores gato por liebre. Todos ellos saben que “eta” es una conjunción copulativa en euskera además de las siglas de ETA.» Ya no sé si Ramírez sabe qué ponía la pancarta original, ya que ese «eta» resaltado en la fotografía ni siquiera es «Y» (la conjunción copulativa), sino parte de otra palabra (por eso la reacción en Twitter ha sido, justamente, hacer chistes poniendo palabras en castellano que contengan «eta» en algún lugar).

Ya sobre la falacia lógica al soltar: «Solo dejar constancia, apoyándonos en una imagen cierta, de que éramos conscientes de que si un pato habla como un pato y anda como un pato es un pato», la dejamos para otro día. En otras palabras, ellos tenían la conclusión de que la manifestación era de ETA (lo ponen más adelante) y buscaron una imagen (retorcida donde esté) que visualmente apoyara su conclusión que, por más que se empeñe, no es lógica, es prejuiciosa.

Así que la pregunta termina siendo: ¿Queremos una RTVE más parecida a El Mundo o a lo que sigue siendo por ahora?

A mí me gustaría saber, sin ir demasiado lejos, cómo la socialdemocracia (sea la clásica o la actual) pega con la «ortodoxia marxista», si es que hasta el principal partido comunista de España está algo lejos de esa «ortodoxia», así el PCE es más eurocomunista que otra cosa (para lo bueno y para lo malo). Es esa misma derecha la que tacha de izquierda radical a un gobierno capitalista, que El País le parece un rojerío (¿qué dirán de Diagonal?) y que Rodríguez Zapatero, como poco, es leninista. Se suele decir «affirmanti incumbit probatio», pero para ellos el tema de la prueba es simple: Afirman algo, ergo es cierto. En otras palabras, y ya que ando con latinajos, aplican el «notoria non egent probatione», pero realmente lo notorio no es el marxismo del presidente, sino todo lo contrario.

El gobierno de Rodríguez Zapatero no solo está muy lejos de ser considerado como comunista (o amigo de Pol Pot, Stalin y demás, como más de una vez he leído), incluso ha claudicado a proponer medidas de «centro izquierda», todo por el «principio de realidad», invento de «sentido común» de quien comanda el gobierno de la nación, en otras palabras, lo que ha hecho es aceptar por completo los postulados económico-sociales de las demás derechas europeas. ¿Eso es de «ortodoxia marxista»? Y no lo hace a regañadientes.

UGT no es comunista, lleva mucho tiempo sin ser socialista en un sentido marxista, aunque sí lo podemos ubicar a la izquierda del PSOE (o siendo la izquierda del partido), no tienen en su programa una sola línea que sea revolucionaria, no claman por llegar a una realidad socialista, son, también, un sindicato de clase socialdemócrata (en el mejor de los casos), todo ese río de tintas tildando de «rojos» a los compañeros del sindicato por lo de León no solo sobran, sino que se basan en mentiras y miedo.

Y es ahí donde quiero llegar. ¿Por qué esa Derecha mediática se empeña tanto en llamar rojo o marxista a Rodríguez Zapatero, al PSOE o a la UGT? Cuarenta años de educación anticomunista pesan mucho en el imaginario colectivo, cuarenta años que no tuvieron una ruptura con el fin del régimen dictatorial de Franco (o de extraordinaria placidez, según uno de los dirigentes del PP), ese «odio» y «miedo» (todo junto y revuelto) contra los comunistas continúa a día de hoy, solo hay que ver los libros revisionistas que están entre los más vendidos para darnos cuenta que, incluso, la Guerra Civil (iniciada por el levantamiento militar filofascista en un fallido golpe de Estado) es «culpa» de los «rojos», consecuencia ya sea de los levantamientos revolucionarios del 34 o, en todo caso, de la victoria electoral del 36, así todo lo malo que ha pasado en este país, incluso la muerte de Manolito, aun se sigue achacando a una izquierda comunista, izquierda que jamás llegó a gobernar en este país (descontemos el gobierno de amplio espectro durante la guerra civil en el lado republicano, donde hasta anarquistas eran ministros).

El «miedo a los rojos» se ha incentivado primero desde el gobierno y luego desde unos medios más bien cercanos a la ideología de la dictadura, ese miedo y odio persisten, como digo, en buena parte de la sociedad, en gente de todas las edades (en los mayores tal vez se note más), así pues el comunista es lo peor, un antiespañol que no merece ser tratado como persona, al que se le puede atacar, herir y odiar a partes iguales, con quien no se debate ni se discute, cuyas medidas, aunque sean exactamente la que sus señorías tomarían, jamás se hacen con buena idea o intención, siempre hay maldad en su actuar, siempre.

Por ello se esfuerzan en tachar a Rodríguez Zapatero de «rojo», por eso su falta de presencia en la fiesta de UGT en esa localidad leonesa no la ven como la forma de evitar una confrontación entre unas bases molestas con la cúpula del partido que consideraron hermano, esto es, no lo ven como lo que es, sino que quieren ver dobles sentidos: El presidente no va porque no tiene dinero para pagar a su clientela (tal cual lo pone el editorial de LD).

Por eso todas las medidas que ha tomado Rodríguez Zapatero y son coincidentes con la ideología de sus críticos, en vez de aceptarlas o aplaudirlas, las achacan o a «obligaciones» (tampoco les falta razón, al menos en parte) o simplemente recuerdan que no es suficiente, y que a los rojos ni se les saluda, o que si las tomó Rodríguez Zapatero es porque buscaba clientes, cuando las propuso o tomó el partido que ellos apoyan era por el bien de todos los ciudadanos (como el Cheque Bebé, eliminar el Impuesto de Patrimonio, bajar el IRPF para las rentas más altas, todo lo que se puedan imaginar, incluso lo malo que es cuando desde la izquierda se habla de administración única cuando el primero en llevar esto al parlamento fue Fraga)…

Y siempre se recuerda que «el verdadero Zapatero es marxista, aunque tome otras medidas». ¿Por qué? Porque si es rojo no hay nada bueno, en otras palabras una falacia de asociación combinada con una ar­gumentación ad hominem, y ambas basadas en mentiras, no es cierto que Rodríguez sea comunista, pero falazmente se le atribuyen los males ya asociados con los comunistas para que sirvan como un ataque contra la persona para desvirtuar cualquier cosa que diga o haga. Esto es, no suelen entrar en el fondo de las medidas propuestas o tomadas por Rodríguez Zapatero, sino que simplemente lo desautorizan bajo la acusación de comunista.

Todo ello manteniendo un odio a lo comunista o marxista, todo ello incentivando una serie de prejuicios fuertemente amplificados y manipulados, todo ello asegurándose una ceguera de quienes mantendrán el pensamiento simple de Rodríguez marxista, PSOE marxista, por tanto, malo, lo que beneficia un apoyo acrítico a otras formaciones e ideologías.

Con todo esto quiero decir que realmente sospecho que tantos «opinadores» de la derecha en realidad no creen que Rodríguez Zapatero o el PSOE sean marxistas, pero les viene bien mantener esa asociación y odio, y simplemente echan leña y más leña, o sea, mienten y manipulan. Y a quienes lo creen de verdad les recomiendo que lean a Marx y lo comparen con el «pensamiento Zapatero», como invitación para que salgan de su gordo error. Eso o que demuestren sus afirmaciones, por supuesto, yo estoy abierto a reconocer mi error si hay pruebas de ello.

Existe un discurso que indica que sobran inmigrantes al haber desempleo, ante eso la respuesta debe ser contundente: ¡Vaya estupidez!

En las últimas elecciones locales (y autonómicas en buena parte de España) el discurso racista saltó de los partidos de extrema derecha a partidos que se dicen de centro, e incluso a los que se creen de izquierda (como el PSOE), así que comienza a sobrevolar la idea de que «sobran» inmigrantes (legales o ilegales), hace no mucho salió publicada una encuesta sobre la percepción hacia los inmigrantes y es interesante cómo el «número» percibido es muy superior al real, así en el 2010 (al cierre del año) la población inmigrante era el 12,2% del censo pero, en la mente de los encuestados, suponían el 21,4% del total del censo.

A esto hay que sumarle una falsa percepción (numerosos estudios demuestran que no es cierto) de que hay muchas ayudas públicas para los inmigrantes, o que por su culpa la sanidad está atorada, cuando el uso de la sanidad, por ejemplo, es inferior entre la población inmigrante que entre la nativa, se explica por dos motivos: las franjas de edad -son los jubilados los que más usan y requieren de la sanidad- y por desconocimiento de qué cubre y qué no la seguridad social o si se puede acudir a ella, por ejemplo, si se está indocumentado.

Sobre los servicios sociales, si nos fijamos en los que solo pueden ser recibidos por inmigrantes y están vinculados a esta situación, la cifra es realmente marginal, si nos fijamos en el resto de servicios sociales, hay que tener en cuenta dos cosas: a los inmigrantes se les pide más requisitos por lo general (y los irregulares normalmente no pueden acceder a la misma), por ejemplo, exigiendo un tiempo determinado de empadronamiento, requisito que no existe para un español; y que su condición de inmigrante no tiene que ver con el recibir o no una ayuda o servicio, sino con su estado de necesidad, con lo cual da bastante igual si una persona es o no inmigrante para recibir una ayuda, no se puede recibir más o menos que un nacional si no estamos comparando situaciones similares.

Pero volvamos al discurso xenófobo vinculado con el empleo, hasta hace unos días (por lo menos) en la estación de autobuses de Valladolid se podía ver el cartel electoral del partido de extrema derecha Democracia Nacional que tenía como reclamo el «trabajo para los españoles», es uno de los tantos partidos que hacen una resta simple: Si hay cinco millones de desempleados sobran 5 millones de inmigrantes. Esta idea no solo es racista, sino que es falsa.

Unos cuantos datos:

Sobra decir que no existe ningún tipo de relación (ni indirecta ni directa) entre la inmigración (el aumento o parón de la misma) y las variaciones en el desempleo, en el momento que más paro tuvo España (cuando se llegó al 24,1%, en 1994) la inmigración era marginal (menos de medio millón), en el momento que España tuvo su punto más alto en la ocupación, esto es, más bajo en desempleo (2007, media anual de 8,3%) la población inmigrante ya superaba el 10% (4,8 millones de inmigrantes), más bien muchos estudios demuestran que la inmigración ayudó al crecimiento económico de España y palió un problema que aun persiste: la baja tasa de natalidad. La inmigración ha traído sangre joven y mayores tasas de natalidad se dan entre los inmigrantes que entre los nacionales.

Y ayudó al crecimiento de varias formas: Ocupó determinados puestos que los españoles no querían ocupar; permitió una mejor incorporación de la mujer española en el mercado laboral (haciéndose cargo, los inmigrantes, del cuidado de la casa, los niños, los mayores…); generó nuevos puestos de trabajo (normalmente más cualificados) vinculados con los servicios a prestar a los inmigrantes; y aumentó la demanda agregada de la economía en términos generales.

De los datos presentados más arriba, además, se ve que el desempleo afecta más a la población inmigrante (14,67 de diferencia en perjuicio de los inmigrantes no comunitarios con respecto a los españoles), esto está directamente vinculado a la destrucción de empleo que se ha dado fundamentalmente en sectores donde primaba la inmigración (y los contratos precarios) y porque, en el momento de extinguir un contrato, se tiende a eliminar primero el precario, y las tasas de temporalidad (los contratos precarios por excelencia) es mucho mayor entre los inmigrantes y los jóvenes que entre el resto de la población residente.

Si la aritmética racista de tantos parados tantos inmigrantes que sobran, en España se debería echar a 4,8 millones de personas, y no habría suficientes españoles activos y desempleados para cubrir (hay 3,7 millones de españoles en situación de desempleo), esto es, más de un millón de puestos quedarían vacantes, asumiendo ese matiz de «que se queden los necesarios» (y supongo que sus familias siempre que no sean población activa), resulta que hay 3,57 millones de extranjeros activos, esto es, hay más españoles desempleados que inmigrantes activos.

Pero acá viene el otro gran error: Presentar el mercado laboral como estático. Hay tantos millones de puestos de trabajos, hay tantos millones de activos y hay tantos millones de desocupados. La demanda en el mercado de trabajo es derivada, elimina a 4,5 millones de personas de un país y tendrás una considerable disminución de los empleos existentes en dicho país. El consumo cae, por tanto muchos empleos existentes dejan de tener sentido, esto produce destrucción de empleo y así entramos en una horrorosa espiral de destrucción económica (no eterna, claro) que deja la aritmética demagógica de los racistas como papel más que mojado, quitarle el empleo a un conjunto de personas y echarlos del país no garantiza que al día siguiente esos empleos se mantengan, casi que asegura lo contrario, su destrucción al corto plazo.

Además, jamás se conseguirá el 100% de empleo, ni siquiera es recomendable, antes se hablaba de un 3-4% como desempleo natural, ahora se considera que positivo para economías como la española es algo más de 7% para evitar la «escalada de precios», esto es, una espiral alcista de los salarios habida cuenta de la poca mano de obra disponible.

Esto sin contar con que el envejecimiento de la población española volvió más que apetecible y necesaria la inmigración, que buena parte del superávit conseguido por la Seguridad Social se debió a la contribución de los nuevos trabajadores venidos de fuera, entre otras muchas consideraciones ya solo desde el plano económico, sin entrar en lo estúpido que resulta plantearse el tema como ellos y nosotros desde lo que ponga el pasaporte o el DNI de cada quién.

Así que les pregunto: ¿Cómo es posible que uno de los colectivos que más está sufriendo la crisis, con la tasa de desempleo por las nubes, sea el que deba pagar los platos rotos por otros sufriendo la expulsión del país al que contribuyó en la época de bonanza y hace lo que puede ahora? ¿Cómo es posible que el trabajador culpe al trabajador en vez de a los verdaderos culpables de la crisis? ¿Cómo es posible que a quienes están en la situación más delicada y precaria se les quiera castigar nuevamente? La solución de la crisis no puede pasar por la destrucción del menos favorecido.

Son muchos los mitos y mentiras sobre la inmigración en España, es fácilmente comprobable que no tienen base alguna, pero calan, calan porque se cultiva el discurso, se cuida y se mima desde los medios, porque el sistema busca culpables y los encuentra en los más débiles, que no son otros que quienes no tienen ni voz ni voto, porque, además, desde el sistema se ha enseñado a odiar al diferente, al foráneo, y se le pone como cabeza de turco en cuanto hay la menor oportunidad, y eso les conviene en tanto que dividen a la clase trabajadora, que en vez de reclamar toda la barra de pan vive y malvive peleándose por unas migajas que se les tira desde una lejana atalaya.

Entre los peruanos con derecho a voto la suma de Ollanta y Keiko es de 40,56%, si contamos solo los votos emitidos, tenemos que Humala y Fujimori suman el 48,46% de los sufragios. Realmente: ¿por qué debemos elegir entre dos opciones que no llegan al 50% siquiera? En realidad los porcentajes de ambos candidatos son bajos. Y eso que el candidato de Gana Perú sí consiguió superar el 30% de los votos válidos.

¿Por qué indico esa cantidad de votos válidos? En el artículo 5º de la Ley de Elecciones Regionales, Ley Nº 27683, publicada el 15 de marzo de 2002, según la modificación realizada por la Ley N° 29470 (de 14 de diciembre de 2009, que instauró esa segunda vuelta), es con el 30% con lo que una fórmula puede ganar la presidencia y vicepresidencia de una región sin necesidad de una segunda vuelta. En otras palabras, si aplicáramos las reglas que rigen nuestras Regiones ya tendríamos presidente, para desgracia de todos los que no votaron por él, Ollanta Humala ya estaría preparando el discurso presidencial.

Si, por otro lado, aplicáramos la fórmula municipal nos encontraríamos con que Gana Perú ya tendría 66 congresistas y Ollanta Humala sería el presidente (miren sino lo que dispone el artículo 25.2 de Ley de Elecciones Municipales, Ley Nº 26864, redacción dada por la Ley Nº 27734, de 28 de mayo de 2002).

Como se ve, en nuestra propia cultura electoral hay distintas formas de elegir autoridades ejecutivas, la del Presidente de la República simplemente es una de ellas, no necesariamente mejor o peor que el resto.

O planteemos qué pasaría su Perú tuviese un sistema como el estadounidense, cada circunscripción da todos sus «votos» a un solo candidato (bueno, no todas, pero prácticamente, solo en Nebraska y Maine no dan todos sus votos a un candidato), dividimos el Perú en 26 circunscripciones (las mismas que para el Congreso) y asignamos a cada distrito electoral el número de «congresistas» que eligen, volviendo estos los «electores» (así Lima provincia y extranjero tendría 36 electores, Madre de Dios 1, etc.), pues bien, en este caso la elección quedaría así: GP 53, AGC 40, F11 33 y PP 4. Así es, PPK sería el segundo y Ollanta no obtendría la mayoría suficiente para salir electo de forma directa, así que le tocaría al Congreso votar por quién dirigiría el país, en este caso cada región/distrito tendría un voto nada más, esto claramente beneficiaría a Ollanta Humala.

En las elecciones regionales francesas (mas no en las presidenciales) la segunda vuelta es algo más curiosa, no van solo los dos candidatos más votados, sino que a esa segunda vuelta concurren las formaciones que hayan conseguido al menos el 10% de los votos emitidos (en Perú irían 4 formaciones, PP, AGC, F11 y GP), las candidaturas entre 5 y 9,9% pueden «fusionarse» con las listas que pasaron el 10% (así pues, SN podría juntarse con cualquiera de los cuatro anteriores). La segunda vuelta sería mucho más interesante de esta manera, con más posibilidades de elegir para los ciudadanos, ya en esta se ganaría por mayoría simple y santas pascuas.

¿Con todo esto qué quiero decir? Lo de siempre: la importancia de la ley en la creación de la cultura electoral y lo contrario a la vez. También que hemos asumido que debe haber una segunda vuelta (¿por?) y que esta, necesariamente, debe ser entre dos candidatos (¿por?), y no nos planteamos por qué tenemos un sistema determinado, sus ventajas y desventajas, una de las cuales en este momento es clara: la suma de los dos candidatos no llega al 50% de los votos emitidos, esto es, el 52% de las personas que votaron no están representadas en la segunda vuelta; y en su caso, cómo mejorar el sistema (sin hacerlo excesivamente complejo e inentendible), por ejemplo, se puede establecer que a segunda vuelta pasen los que superen equis por ciento de votos emitidos o que pasen suficientes candidatos para que entre ellos sumen el tanto por ciento de los votos emitidos o los válidos.

Lo que no podemos es conformarnos, quejarnos por lo que otros peruanos han votado (otro día les hablaré de «La Ley del Número», como la llamó Mella), y ver cómo podemos mejorar el sistema, sin caer en la falsa idea de que es como tiene que ser y que no hay alternativas (y eso que no he hablado, tampoco, de sistemas parlamentaristas -aunque he mencionado unas elecciones en un país semi).

Últimamente he visto bastantes comentarios de gente que no es precisamente tonta negando la represión idiomática, incluso asegurando, directamente, que durante el franquismo la misma no existió, piden que como prueba de esa existencia se ponga sobre la mesa una norma general prohibiéndolo y, en contraposición, aseguran que hubo libertad con el idioma poniendo como ejemplo tal o cual libro que se imprimió en catalán o en gallego, a la par que afirman que ahora sí se da en Cataluña una persecusión al catalán, olvidando aplicar la misma vara de medir para asegurar que: a) no hay una «ley» que prohíba el castellano (en el Estatuto figuran con la misma oficialidad ambas lenguas); b) se imprimen libros en castellano en Cataluña.

Así el historiador filofranquista en una entrevista reciente soltó la siguiente perla:

«El catalán no estaba prohibido en absoluto. Se utilizaba como lo más normal del mundo. Ahora es cuando se está intentando prohibir el español en Catalunya.»

Vamos por partes: Es cierto que no existió «una ley» (así, en general) que prohibiera el catalán como tal, no se sacó una norma dejando claro que en cualquier circunstancia no se podía hablar ese idioma, lo que sí existieron es una serie de normas que dejaban claro que el único idioma de uso público y general era el castellano, así la educación tenía que ser en este idioma, la comunicación con la administración (sea de justicia sea la general) necesariamente debía ser en español, todos los documentos que pasaran por la fe pública, notarios o registros, también tenían que ser en el idioma de Cervantes, contando los «privados» que se registraban (como un acuerdo de una sociedad anónima que debe registrarse), incluso estaban prohibidos los registros de nombres que no fueran en castellano (esta norma, que sobrevivió a la propia constitución durante un tiempo, los registradores siguieron aplicándola cuando ya no existía de forma positiva, aun hoy podemos encontrarnos con gente nacida a mediados o finales de los ochenta a los que sus padres intentaron llamar de una forma y el registrador les dijo que de eso nada, que era extranjero, que le pusieran un nombre de toda la vida).

Vayamos al plano normativo, que es lo que se «solicita» cuando se piden pruebas de la represión idiomática (algunos ejemplos):

• Orden del Ministerio de Justicia de 18 de mayo de 1938, publicado en el BOE nº 577 de 28/5 de ese mismo año (PDF) donde se prohíben los nombres que no figuren en el santoral y no estén en español (salvo para los extranjeros y los no bautizados en la fe católica -que podrán usar su propio santoral o nombres castellanizados de personajes históricos reconocidos-).
• Orden del Ministerio de Organización y Acción Sindical de 21 de mayo de 1938, BOE nº 582 de 26/5 (PDF), en que se prohíbe el uso de cualquier idioma que no sea el español en «en los títulos, razones sociales, Estatutos o Reglamentos» y en las «asambleas y Juntas» de las entidades que dependen de ese Ministerio.
• Orden del Ministerio de la Gobernación de 7 de marzo de 1941, por la que se aprueba el Reglamento para el Régimen y Servicio interior del Cuerpo de Telégrafos, BOE nº 205, de 24/07 (PNG), para España solo se admiten el español para los telegramas en «lenguaje claro» (y para enviar hay un listado de idiomas admitidos, entre los que no están ninguno de los otros idiomas hablados en España).
• Órdenes de mayo y julio de 1940 sobre el uso del español en rótulos, nombres, marcas y demás (son tres normas del Ministerio de Industria y comercio: omic19400516, omic19400520 y omic19400708).
• Decreto 2 de junio de 1944, «Reglamento de la Organización y Régimen del notariado» publicado en BOE nº 189 de 7/7, Art. 148, deja claro que todos los instrumentos deben estar solo en español (PNG).
• Orden de 23 de abril de 1941 en que se obliga a todas las películas proyectadas a estar en español (no he encontrado esta orden, pero sí otra que la deroga parcialmente -de 1946-, además de tener referencias correctas de los aranceles cobrados).

Hay que sumar, además, la actuación de la Dirección General de Prensa que, de forma constante y reiterada, prohibía publicaciones de revistas o periódicos que no estuvieran en castellano, todo lo que se autorizara en «otros idiomas» (como esos ejemplos que algunos ponen para defender la libertad lingüística donde no la hubo) estaban autorizados por un fin político, no porque la normalidad diera como resultado la publicación de escritos en idiomas distintos al español.

Seguramente me dejo muchas normas del BOE en el tintero (anteriores y posteriores a las que coloco), y quiero recordar, en este punto, que también debemos atender a toda la normativa promulgada en ayuntamientos y provincias (por los delegados de Orden Público, gobernadores varios y demás) que traían consigo prohibiciones de rotular de tal o cual forma, de usar idiomas distintos al español acá o allá, en fin, una serie de normas que buscaban implantar el español como único idioma del país.

Todo esto sin contar la persecución real realizada sobre las personas que se empeñaban en hablar un idioma distinto al castellano desde el púlpito de una iglesia, el aula de una clase (la educación, además, estaba orientada y dada solo en español, y se enseñaba que el resto de idiomas peninsulares eran «dialectos» del español, algo más que incorrecto), o simplemente dentro de la actividad en la calle para todos. Se llegó a un absurdo: Se prohibió al Instituto de Estudios Gallegos realizar publicaciones en gallego.

Es cierto que no existían «penas de cárcel» por hablar catalán «en la intimidad» (como confesó un presidente español que hacía en la alcoba), pero si prohíbes todo uso público-oficial de un idioma propio (el catalán no deja de ser un idioma propio de buena parte de españoles, como lo es el gallego y euskera, entre otros), si prohíbes la enseñanza de ese idioma (no podías poner una academia de catalán), si prohíbes incluso los nombres y apellidos (¿cuántos apellidos castellanizados, tras la vuelta de la libertad en España, tuvieron que reescribirse en los idiomas originales de los mismos?) estás reprimiendo el uno de un idioma, estás intentando borrarlo, y cuando todo esto lo acompañas de una política educativa y propagandística en contra de los «otros idiomas» (solo hay que ver los libros de texto usados por el franquismo) y de exaltación del castellano, lo único que haces es aplastar las otras lenguas inmisericordiosamente.

Existió en España una persecución lingüística aunque no existiera una prohibición expresa contra los idiomas en general (ya vemos que en temas tan importantes como el nombre de una persona, o en otros culturales como la proyección de una película, sí estaba prohibido todo lo que no fuera castellano), que con el paso del tiempo fue atenuándose (como toda la represión durante el franquismo).

Esto no nos debería extrañar, el franquismo fue un régimen totalitario que tenía una cantidad innumerable de funcionarios cuya misión era «reeducar», censurar y reprimir, castigar todo lo que se alejara de la ortodoxia mandada por Franco y los suyos, y el lenguaje es uno de los lugares donde primero inciden, y si para ellos la unidad de la patria se fundaba en el español, este idioma era el único admitible para «la gente de bien» y el uso oficial y «normal» (como para los nombres de productos, marcas y demás).

«Por suerte, no creo que los peruanos seamos tan idiotas como para aupar otra vez al fujimorismo a la casa de Pizarro, no creo que el APRA lo haga tan pero tan mal que vuelva a permitir que un Fujimori ocupe palacio, y no creo que la izquierda sea tan inocente de confiar otra vez en un Fujimori como el mal menor (bastante torpes hemos sido en las últimas elecciones -y bueno, las de los últimos 25 años más o menos-). Pero, por si las moscas, hay que estar atentos a las maquinarias publicitarias de un ex mandatario que siempre ha tenido buenos asesores en eso de manipular.»

Para pitonisa no valgo, eso lo tengo más que comprobado. Hoy veo las encuestas, de una arrolladora victoria de Ollanta Humala hemos pasado, primero, a una victoria holgada de la ex primera dama y, ahora, de un final de fotografía que favorece a la hija del criminal Fujimori.

Hasta ahora quería anular mi voto presidencial, como hice en la primera vuelta, pero hay un mal mayor y un mal menor, y aunque Nader tiene razón, a veces no queda otra que elegir entre dos males, como son los casos en que hay una segunda vuelta y las opciones electorales son dos y una opción de «limpieza de conciencia» como es el voto nulo, blanco o no votar (en la segunda vuelta del 2006, por un error mío, no voté). Voy a votar «anti» (como fue mi voto nulo en la primera vuelta) a la par que ejerceré un «voto útil», útil para que no salga Keiko Fujimori, esto es, votaré por Ollanta Humala. Y me fastidia mucho tener que marcar Gana Perú o su rostro. Los porqués no quería votar por Gana Perú los pueden leer en:

• «Lo siento, no puedo» (UBJ);
• «Economía Nacional de Mercado y Humala» (Diai);
• «Segunda vuelta a la vista» (Diai).

No me gusta Ollanta Humala. No me gusta el plan de gobierno de Humala. Creo que es otro fracaso más para la izquierda, creo que será, además, una desilusión, que las expectativas de cambio solo se cumplirán en lo negativo y no en lo positivo (como pasó con el APRA), creo que es un peligro para las libertades en Perú y que su gobierno será socialmente reaccionario, pero estoy seguro que la alternativa electoral, hoy por hoy, es mucho pero que mucho peor.

Sobre algunos falsos argumentos en favor de Keiko Fujimori hablé hace un tiempo en «Datos falsos para justificar un voto» (Diai), estos días han corrido ríos de tinta en contra de uno u otro candidato, sobre Keiko recaen, sobre todos, recuerdos del pasado reciente y lo que ahora ocurre.

Sobre el plan de gobierno de Keiko Fujimori se habla muy poco, a diferencia de lo que pasa con el de Humala. ¿Han leído el plan del fujimorismo (PDF)? Si a ese panfleto de pocas páginas le llamamos plan, ¿qué nombre le tenemos que poner al de Gana Perú? Al final nos queda claro que Fujimori nos propone, realmente, «más de lo mismo», contando «más corrupción», «más utilización del estado para fines privados» (prevaricación), más conservadurismo (si creo que Humala será demasiado conservador, pero estoy seguro que un gobierno de Fujimori nos devolverá a la caverna deseada por Cipriani y Rey), «más impunidad», «más violaciones de derechos humanos», y, sin lugar a dudas, el fin de la poca independencia que goza el Poder Judicial y los medios de comunicación en el Perú.

Y no es solo por lo que Alberto Fujimori hizo, de lo que su hija poca culpa tiene (salvo la culpa del silencio y de aprovecharse de esa situación, lo que queda patente por la «educación» que todos los peruanos le pagamos fuera), por lo que debemos temer la vuelta de los Fujimori al palacio de Pizarro (por más que «Fujimori dirige la campaña de Fujimori», como tituló Ocram), debemos temer esa vuelta por todo lo que el fujimorismo está haciendo ahora y quiénes acompañan a Keiko Fujimori. Si Fujimori hija hubiese roto con Fujimori padre pocas críticas en ese sentido le haría, pero si ella no se arrogara todos los «éxitos» de su padre lo justo es ponerle todos los sambenitos habidos y por haber de los crímenes de su padre (condenado por algunos de ellos). Y no son «errores», son «crímenes», y fueron sistemáticos.

Pero volvamos a lo que hace ahora:

• Amenazas a periodistas. Así es, coronas de flores fúnebres incluidas. Y los medios no han necesitado nada más que el miedo a Ollanta (espero y supongo) para ponerse al lado de Keiko al punto de despedir a todo periodista que no se alinee contra el ex militar, o dejar que se marchen caricaturistas. También se nota en cómo la prensa trata a uno y otro candidato, a una ni con el pétalo de una rosa le tocan mientras que al otro le llaman de asesino a lo menos. Acompañamos esas amenazas con las ganas de Keiko Fujimori de «controlar Internet».
• Amenazas a jueces y fiscales. Queda claro que algo que harán los fujimoristas al llegar al poder será pasar las facturas pendientes a esos miembros de la judicatura peruana que se «atrevieron» a condenar a Fujimori. Martha Chávez cada vez que puede se lo dice a toda la prensa. Si ya hay poca separación de poderes en Perú con el fujimorismo no es que habrá «menos», es que los jueces harán lo que el gobierno les mande hacer, y los que no lo hagan serán represaliados duramente.
• Nulo respeto por los derechos Humanos. No solo porque sigan atacando a la Comisión de la Verdad y la Justicia, sino porque se niegan a aceptar que el Estado cometió delitos (los siguen justificando, todos, hasta el autogolpe de estado), llegan a hablar de «excesos» y «errores» «puntuales», pero tienen poco de excesos y errores, casos como el de las esterilizaciones forzosas siguen sangrando en nuestra memoria colectiva y en las víctimas ni reparadas ni reconocidas como tales, y fueron actos totalmente planeados, como lo fue toda la política antisubversiva y de corrupción total… No solo eso, para volver al presente, siguen exigiendo la impunidad (Keiko, aunque ahora lo niegue, en algunos mítines gritó que ella encabezaría la lucha en favor de la libertad de su padre) sino que ponen como vocera a una persona como Milagros Maraví, ahí es nada.
• El equipo que acompaña a Fujimori. Toda la vieja guardia del padre va con la hija. ¿Cómo quiere la hija que no veamos continuidad si va con todo el pasado a cuestas? Va con la vieja guardia, hasta se ha traído, como As bajo la manga, a Hernando de Soto, aquel que plagió un texto para confeccionar el discurso con el que Fujimori «defendió» el autogolpe, aquel que habla de las titulaciones como el fin de todo mal, aquel que habla de capitalismo salvaje como solución, ¡como si no lleváramos 20 años aplicándolo con cuestionables resultados! Si fuera poco con los fujimoristas de antes puestos hoy Keiko se ha juntado con conservadores de otras casas, como el propio Rey, para dejar claro que en su equipo solo cabe la ultraderecha. Y como dice Marco Sifuentes: «el fujimorismo no ha regresado para limpiarse, ha regresado para vengarse».
• Por las amenazas contra los sindicatos y la izquierda. El fujimorismo continua con un discurso antisindical, antiprotesta, promilitarización, y anticomunista, mantiene un discurso que ataca directamente a toda la clase trabajadora peruana, que nos ataca a todos los que deseamos una mejora en las condiciones laborales, ataca a la negociación colectiva y las únicas organizaciones que pueden defender a los trabajadores, y eso no lo podemos permitir.
• Y muchas más razones…

Y sí, también hay muchas razones para no votar por Ollanta Humala (muchas las puse al comienzo de esta entrada), contando lo de Madre Mía (o el caso que ensucia a los dos candidatos, en realidad), pero dentro de mí gana el «anti Fujimori» por las certezas que ya tenemos, en ese sentido me veo más cercano a Steven Levitsky (autor de la célebre frase «se puede tener dudas de Humala, pero de Keiko tenemos pruebas») que a Fernando Rospigliosi (que le contestó de forma invertida, las pruebas, dice, la tenemos contra Humala y su talante antidemócrata). La PUCP organizó un interesante debate entre ambos personajes (video completo), y comparto más las certezas y los paños húmedos del estadounidense que los de Rospigliosi.

A Humala lo marcaremos en corto, lo marcarán los medios (que en su mayoría son anti-Ollanta), y lo marcarán sus propios votantes (porque, como dice Carlos Meléndez, más conocido como El Jorobado, «su discurso ha terminado elevando las expectativas de cambio que podrían desbordar sus posibilidades reales de canalización»), ¿con Fujimori qué tendríamos? Lo mismo que pasó con Alan García: Una prensa suave con el poder vigente que permite todo tipo de atropello, una oposición inoperante y pactista en buena medida (como lo fue la alianza entre el APRA y el fujimorismo) y tantos o más conflictos sociales de los que tendremos con Humala o tuvimos con García, y todo esto con los mismos riesgos antidemocráticos (o más) que con Ollanta Humala, pero con más inmunidad para los criminales desde el Estado.

De yapa: ¿No queremos un Chávez en Perú? ¿Entonces qué hacemos con Keiko como presidenta? Salvo el tema de las nacionalizaciones, desde el plano institucional, Chávez y Fujimori fueron o son lo mismo: Destrucción de la oposición y el sistema de partidos; perversión de la democracia; uso del clientelismo asistencial del Estado; cambios constitucionales para perpetrarse en el poder; fraude; destrucción del Poder Judicial; control directo o indirecto de los medios de comunicación; infiltración y control de las organizaciones de la sociedad civil; ataques a todo sindicato considerado hostil con el gobierno o no colaboracionista; destrucción de la libertad de prensa; poco respeto de los derechos humanos. Sí, cierto, Chávez nacionaliza y Fujimori privatizó (hacia sus amigos nomás). Ahí acaban las diferencias. Ah, Fujimori ha robado bastante más. Fujimori protegió a los golpistas en el 92, Chávez apoyó a Fujimori en el 2000, ambos se servían de Montesinos todo el tiempo. ¿No quieren a Chávez? No voten por Fujimori.

(Al final Toledo apoya a Ollanta, pero sin que todo el PP esté de acuerdo, y PPK apoya sin cortapisas a Keiko, acá algunos de los miembros de la alianza se han manifestado «neutrales»… ¿Quiere jugar con los endoses de votos? Hágalo acá: «Mapas Interactivos hacia la segunda vuelta- resultados presidenciales Perú 2011».)

Pero… Pero… No sé por qué están tan «contentos», esto es, sí lo sé, lo que les importa es el poder, no otra cosa (igual al PSOE, no quiero separarlos en esto), están que lloran de felicidad por ese 37,53% de los votos válidos les permite estar en el 41% de ayuntamientos (y porque gobernarán casi todas las autonomías), y ponen en valor que casi llegan a los ocho millones y medio de votantes, y que nunca antes un partido en unas municipales había tenido tantos votos (ni llegado a los ocho millones). A esto último hay que recordar que estas son las elecciones con más votantes, que se amplió la cantidad de inmigrantes que pueden votar en las locales, y que el censo creció sustancialmente con respecto al 2007. También podemos recordar que el PP en las generales del 2008 rozó el 40% de votos válidos y no fue el partido ganador, que tuvo más de 10 millones de votantes. Sí, en las locales y en las generales se vota distinto (y en las generales se vota más, la participación en el 2008 fue del 73,85%, mientras que en estas locales, siendo alto, se quedó en el 66,23%), pero el PP y todos estos partidos grandes se deberían preguntar por qué les votan más en las generales que en las locales, para ver en qué fallan en las locales (el PP lo puede comparar en sus votos a las autonomías y a los ayuntamientos, que también es distinto, sin problemas saca 10 puntos más en las autonómicas).

Vamos a relativizar un poco el resultado, vamos a hablar todo el tiempo, entonces, de votos en relación con el censo (para saber cuántos españoles realmente apoyan a tal o cual partido, los votos válidos o votos a partido nos dan la relación de los partidos con respecto a los votantes, no de los ciudadanos con derecho a votar), así tenemos:

En ese cuadro vemos: que el máximo histórico en el periodo señalado no lo tiene el PP, sino el PSOE, con el 25,42% de los votos de los censados (una de cada cuatro personas con derecho a voto lo ejerció en favor del PSOE), mientras que el PP no ha tenido este 2011 su mejor resultado electoral en término de votos, sino que lo consiguió en 1995 con el 24,47% de los votos en relación al censo, esto es, un 0,03 puntos por encima de los presentes comicios. Como decía, lo importante puede ser la diferencia relativa, y en estas elecciones entre los dos partidos mayoritarios nos encontramos con 6,34 puntos de diferencia en favor del PP, mientras que en las de 1995 (el mejor resultado del PP con respecto al censo) fue de 3,07 puntos, desde ese plano la victoria de este año es más contundente que lo que fue la de 1995. Y ya que estamos en ese plano, entre lo que ahora es el PP (en ese entonces fue AP y PDP por separado), en 1987 la diferencia entre el PSOE y esos dos partidos fue de 10,33 puntos en total.

Algo parecido a lo que ocurre con el PP y la lectura que hacen de sus resultados pasa en Izquierda Unida (IU), están que no caben en sus propios pantalones al recuperar voz en muchos sitios donde la habían perdido (hace 4, 8 o 12 años, según corresponda), insisten en que han roto el bipartidismo en algunos sitios (por ejemplo, en Extremadura) o han vuelto en otros (muchos ayuntamientos, Castilla y León, entre otros lugares), con un pequeño aumento en tal o cual sitio han superado la valla y conseguido entrar en el reparto, con todo lo que ello supone.

Pero deberían plantearse un par de cosas: Por qué les votan menos en las generales que en las locales (sin refugiarse en la explicación del voto útil en favor del PSOE y demás); qué rayos ha pasado para que en determinados lugares IU no haya presentado una lista en que todos los miembros de la coalición la apoyen, como pasó en Salamanca donde el PCE apoyó a La Izquierda de Salamanca y no a la candidatura local de IU; qué ha pasado para que toda la indignación y debacle del PSOE no haya favorecido más a IU (solo hay que ver lo que pasó en el 95 y ese 8% de votos con respecto al censo y el tímido aumento de IU en el 2011). En muchos sitios IU ha quedado relegado a la cuarta o quinta plaza de preferencia, y eso simplemente es el fin para un partido que aspira a hacerse con el poder.

Como se suele decir, no es tan importante el «resultado concreto» como la tendencia, o, en este caso, la evolución, el resultado tan «positivo» de algunos partidos es un triunfo relativo, no absoluto, esto es especialmente cierto con el PP y con CiU (que recobran mucho poder gracias a la caída del PSOE), mientras que el PSOE ve cómo el buen resultado del 2003, que le costó mucho recuperarse (del 95) fue un techo, cayó un poco para el 2007 (en unas elecciones que ocurrió aquello de perder en votos pero ganar en concejales) y en el 2011 se han pegado el «tortazo» de su vida, desde el 81 que no tenía un resultado tan malo. El PSOE no es lo que era, y desde el 82 que no consigue atrapar a tanto electorado. Una gráfica de las elecciones locales:

Comparación con los votos al Congreso de los Diputados
Los hechos (gracias al Derecho) en España han ido acumulando los votos en dos grandes formaciones, el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), las elecciones generales en este país tienen una participación superior que las locales, también que ambos partidos se afanan por volver a las locales una suerte de «primarias» contra el gobierno de turno o para desligarlas por completo. Las locales tienen una lógica algo distinta que las generales (por lo que se elige y por cómo se elige -en los pueblos chicos-), en las generales priman algunos conceptos de castigo y utilidad que en las locales no se da (al menos con esa fuerza), entre otras consideraciones.

Sobre comparar unas con otras, el primer problema lo encuentro en qué jornada electoral comparamos con cuál, generales hubo en 1986, 89, 93, 96, 2000, 2004 y 2008, y las habrá, posiblemente, en 2012, mientras que locales encontramos en el 1987, 91, 95, 99, 2003, 2007 y 2011, en los últimos periodos sí que las locales coinciden un año antes que las generales (podríamos comparar unas con otras), mas en el periodo previo esto no sucede así, los tiempos de las generales fueron menores (de 3 años tres veces consecutivas). Para los datos de participación les mostraré cada uno por su lado (cuadro 2) y para el resto de datos electorales nos centraremos en el periodo 1995 – 2011, esto es, 5 elecciones municipales y 5 generales, dentro de las generales, haciendo honor a la nomenclatura del epígrafe, en el Congreso de los Diputados, puesto que al Senado las listas son abiertas y no se vota por partido, sino por candidatos concretos (al menos en la teoría, y así es como se cuenta), mientras que al Congreso de los Diputados sí se vota a los partidos.

Podemos apreciar que solo en 1987 y 1989 las elecciones locales y generales tuvieron una participación similar, a partir de ahí la diferencia, aunque variable, ha jugado en favor de las generales, atrayendo estas a más votantes. Es una lógica que no termino de entender, si les soy sincero, en tanto que considero que las locales deciden cuestiones más cercanas al ciudadano (y claro, mi alma municipalista pone al ayuntamiento en el centro de todo), y entiendo más que uno sienta que su voto se diluye en las Generales frente a las locales (donde los votos son los de la gente que te rodea y nada más, sobre todo en la gran mayoría de ayuntamientos españoles, que no se definen como de millones de ciudadanos). Así en el 2008 fueron a votar 10 puntos más de ciudadanos frente al 2007 (locales), la diferencia fue de 8 puntos entre el 2004 y el 2003 y 5 puntos entre el 2000 y 1999 , 14 puntos entre el 93 y 91. Lo podemos ver gráficamente acá:

Viendo estas diferencias no sé si es útil hablar de votos en relación al censo (como hice más atrás) o hablar de votos válidos emitidos para comparar el apoyo que tiene cada formación en cada tipo de elección… Aunque justamente por esa diferencia, que es lo que estoy poniendo en valor, indicando cómo jalan más votantes para las generales que para las locales. Acá los votos en relación al censo de las elecciones para el Congreso de Diputados desde 1989 a 2008:

Para comparar los resultados por partido nos centraremos en los cuatro primeros (PP, PSOE, IU y CiU) entre 1995 a 2011, en tanto que son los periodos en que las locales justo han sido el año anterior de las generales, faltándonos para completar la comparativa los resultados del próximo año de las generales (que serán parecidos, dicen las encuestas, a las locales que acaban de celebrarse). Un cuadro (el 4) y un gráfico (el 3, donde notarán que falta el resultado de 2011, es por no tener contrapartida) para verlo:

Lo que podemos apreciar es que tanto el PP como el PSOE obtienen votaciones mucho más altas en las elecciones generales con respecto a las locales, el voto se moviliza más (como hemos visto en la participación) y este está más concentrado en las elecciones generales, así en el 2008 el 61,49% de los ciudadanos con derecho al voto apostaron por el PP o el PSOE, el año anterior, en las locales, solo lo hicieron el 44,6% de los llamados a votar. Como adelanté al comienzo de esta entrada, el PP en las últimas generales, en las que quedó como el segundo partido más votado, tuvo 3 puntos porcentuales más de votos válidos que lo obtenido en estas elecciones locales (las del 2011), las cuales ganó de largo.

Tanto el PP como el PSOE se vuelven formaciones atrápalo todo en las Generales, y lo intentan en las locales pero ni movilizan ni obtienen resultados parecidos, aun así entre las dos consiguen lo que pretenden: El gobierno. Sean gobiernos locales sea el nacional. Ambas formaciones políticas se reparten la gran mayoría de los ayuntamientos, y llevan la alternancia al gobierno de la nación hasta la eternidad.

Algunas consideraciones finales
En los últimos periodos vistos (esto es, desde el 95, cuando el PP ya se presentó como la sólida alternativa aglutinante de toda la derecha española con posibilidades reales de gobierno) podemos apreciar que el PP gana y pierde pocos votos con respecto al censo, esto es, entre el 95 y el 2011 no existen grandes variaciones ni en el congreso ni en las locales, son dos puntos porcentuales, como mucho, lo que diferencia una gran victoria (la del 2000 o la del 87 u de 2011) de una derrota más o menos clara (2003 y 2004), así el grupo de votantes del PP es francamente constante y fiel (y considerablemente inferior en las locales frente a las generales) y depende más de lo que haga su principal contrincante, el PSOE, para conseguir un buen, un gran o un mal resultado, así si ese partido se desmorona, la victoria del PP se vuelve aplastante. La diferencia entre los votos conseguidos en las locales con respecto a las generales son entre 5 y 8,55 puntos en favor de las generales.

El PSOE, por su lado, tiene una variación superior que el PP (en las locales más de 5,1 puntos, que se dice pronto, mientras que en el Congreso ha llegado a 3,22), su mejor resultado es superior que el del PP y su peor resultado es más bajo que el de PP, pero se ha aprovechado menos de la distancia con ese partido, esto es, mientras que el PP pudo conseguir una mayoría absoluta con el 30,88% de los votantes, el PSOE gobierna sin mayoría absoluta con el 32,19% del apoyo popular, las victorias socialistas no han ido acompañadas de debacles del contrincante, así que la diferencia relativa es mucho menor. La diferencia de lo que consigue el PSOE en las generales y en las locales es más amplia de lo que ocurre en el PP, así 10,11 puntos, aunque el mínimo es de tan solo 1,6 puntos, parece que el suelo que saque en las locales será, en el peor caso, el suelo que consiga en las generales.

IU, por su parte, no hace más que desinflarse, ganó bastante gracias al fin del socialismo hegemónico español (tras el pinchazo del PSOE que gobernó entre 1982 y 1996), no supo mantener a sus electores y solo ha conseguido un pequeño balón de oxígeno es las últimas locales (el primer repunte en mucho tiempo), la mayor diferencia entre unos comicios generales y unos locales la tuvo en 2003/2004, sacando más en las locales (a diferencia de los dos partidos mayoritarios que consiguen mucho más votos en las generales, IU tiene su fuerte en las locales). Parece que CiU tiene un grupo de votantes más «fiel» tanto en locales como en Generales.

He visto y leído fuertes críticas sobre dos puntos de las acampadas: La organización actualmente está en manos de una izquierda «perroflauta» (es el término que los «críticos» usan) y que se han escorado (mucho) a la izquierda.

Sobre lo primero: Si la organización está en manos de un determinado grupo de personas es porque son quienes más se han puesto a trabajar para sacar adelante las acampadas, porque fueron los primeros que decidieron que con las meras marchas no era suficiente, y que había que tomar las plazas. Ya es el colmo criticar al que organiza algo por ponerse a organizarlo. En la acampada que conozco, la de Valladolid -no voy a extender mis comentarios sobre otras acampadas, puesto que no las he vivido-, hay gente que se rompe el lomo trabajando todo el día para que salga adelante y que no excluye a nadie en la organización, esto es, cualquiera que quiera puede sumar y variar el rumbo del total si convence a la gente, o al menos, participar (en una de las asambleas uno de los que habló pidió regresar a los consensos y formas centradas de hacer política de UCD), por supuesto que el trabajar por algo no te libera de la crítica, esto es, todos podemos criticar que la asamblea o la acampada se organice así o asá, pero criticar las propias acampadas por el grupo que trabaja pidiendo que sean otros los que tomen el mando sin hacer nada para ello es un tanto absurdo.

Sobre el viraje a la izquierda poco puedo decir: Es cierto. Y es lógico, son los que están ahí todo el día los que perfilan los programas o las reivindicaciones. Los que vamos a las asambleas, en general, somos personas que estamos bastante hartas del sistema actual, que es de Derechas, así que es difícil encontrar a gente de derechas, pero haberlas, haylas (como el señor de la UCD), y exponen su opinión con la misma libertad que el resto. También hay revolucionarios y reformistas. Si usted quiere que tomen otro rumbo, vaya y propóngalo. O no apoye (lo más curioso son los que se quejan del giro pero jamás participaron en las acampadas, ni apoyaron la manifestación del 15M). Hasta ahora las reivindicaciones presentadas están más cerca al centro izquierda que, por ejemplo, a la izquierda anticapitalista, sea socialista o libertaria. Incluso el programa de IU ya incluye varias.

No ponga excusas como «no me representan» o «quiénes son ellos para tomar decisiones por todos» por dos razones: Las acampadas no representan a nadie ni quieren representar a nadie (ni a los de izquierdas ni a nadie en general) y porque ellos toman, como cualquier grupo, las decisiones que les da la regalada gana y en ningún caso lo hacen en nombre de «todos».

Otra crítica que estoy encontrando entre los iniciales de DRY (entre esos «gurús de Internet» que venían del #NoLesVotes y formaron parte del primer movimiento, el que nos sacó a la calle el 15M, pero no eran los únicos) es el cuestionamiento sobre el «programa» que está sacando cada acampada, y es cuando vuelve a salir el tema de la representación. ¿Acaso solo pueden sacar lista de peticiones los que representan a alguien? Otros se quejan de que las acampadas morirán justamente porque piden cosas etéreas y no concretas, no hay como medir los triunfos. Justamente por ese lado van las listas de peticiones, es sacar unos puntos que se pueden cumplir y verificar su cumplimiento, y evidentemente quejarse de las peticiones por el tema de la representación resulta idiota, no representan a nadie más de los que ahí están. Y pueden pedir lo que les plazca. Faltaría más.

El movimiento de DRY salió a la calle con unas reivindicaciones concretas (un manifiesto incluido), las acampadas están haciendo exactamente lo mismo, pero con ámbitos de discusión y debate más abiertos. A las manifestaciones del 15M fuimos aceptando lo ya decidido por los organizadores (como es lógico y normal), y bien decían los de DRY que no representaban a nadie que no estuviera ahí presente, pues con las acampadas lo mismo, con la diferencia que los debates son, literalmente, en plazas públicas, y pueden ir variando las peticiones y reivindicaciones día a día (frente a la idea del manifiesto cerrado de DRY). Si se está en la calle de forma constante habrá que pedir algo que, si se cumple, hace que recojas las cosas y vuelvas a casa, así que es lógico que se hagan petitorios, y el que estos sean distintos a los de DRY (muchos coinciden), en tanto que DRY y las acampadas no son lo mismo ni participa exactamente la misma gente (aunque muchos estuvieran en los dos movimientos). Además, así las acampadas son pro-algo y no solo anti-algo. Buscan construir (estés o no de acuerdo con lo que proponen).

Quienes dicen que las propuestas de las asambleas «no sirven para nada» porque «ha sido generadas por gente que no representa a nadie» (ambas son frases originales de uno de los fundadores de #NoLesVotes) sería exactamente la misma «crítica» que podríamos hacer a la manifestación del 15M. La misma.

Es curioso que algunos de los que iniciaron DRY no entiendan el tema de la representación (la negación de la misma) de las acampadas y de su propio movimiento, que salió a la calle negando la representación a políticos que ha votado la mayoría de españoles con derecho a votar, para que luego suelte alguno lo de «nadie los ha votado» refiriéndose a los de la acampada. ¿Y quién votó a los de DRY para que hicieran un manifiesto con peticiones más o menos concretas? No pues, esa más que una crítica es una falta de congruencia brutal entre lo que uno hizo y pidió y cómo juzga lo que otros hacen y piden.

Sobre si dividen o fragmentan con las propuestas las protestas de DRY, hay que tener en cuenta que solo hubo un día de protestas de DRY, no se han convocado más, lo que hacen las acampadas y otros actos que se organicen, es ampliar el conflicto (porque lo hay, el mero hecho de salir a la calle ese 15M fue la demostración palpable del conflicto existente) a la par de variarlo, acusar a las acampadas de excluyentes, al menos a la de Valladolid, es desconocer su funcionamiento, y si alguien no se siente a gusto con una propuesta, con no apoyarla es más que suficiente, insisto en la idea de no-representatividad, algo que ya dicen los propios acampados en Pucela. ¿Afecta esto a DRY o al «movimiento global»? Pues no, el día que DRY convoque otra protesta con el manifiesto original (y sus peticiones, porque las tenía, no era, como he leído a alguno, algo neutro) no habrá ninguna división, serán los originales del 15M tal cuales, con la gente que desee participar.

Es como cuando se pone la crítica en las acciones lúdico-educativas que en casi todas las acampadas se están haciendo, algunos se preguntan que qué tiene que ver ese de los malabares con lo que se pide, lo que pasa es que si estás en un sitio todo el día durante un par de semanas algo tendrás que hacer para distraerte, para distraer a los compañeros y para llamar la atención de los transeúntes, si alguien pasa y se queda a ver el teatro de calle, igual se entera de qué va la acampada y la apoya, firma el manifiesto (el original de DRY, al menos el puesto en Valladolid el día que firmé era ese) o les llevas comida a la carpa de logística. Es útil.

Ahora bien, evidentemente las acampadas ni son ni pueden ser revolucionarias, no lo son por las peticiones que se hacen (no dejan de ser «mejoras del sistema»), en algunas asambleas siempre hay alguien pone en relieve que dentro del capitalismo no hay salida, pero claro, dentro de las acampadas no hay medios para salir del capitalismo ni fuerza para ello, no hay medios organizativos ni un movimiento lo suficientemente popular para poder ser revolucionario, así que se conforman (nos conformamos) con el tema de la «mejora del sistema».

Unos pocos hemos salido a las calles porque es donde vemos que está la poca lucha que hoy por hoy podemos dar (porque somos minoría, eso hay que reconocerlo, y aun son más minoría los que están todo el día acampados), y por eso estamos ahí, sin representar a nadie más que a nosotros mismos, debatiendo y ampliando el conflicto, proponiendo soluciones que tendrán que ejecutar los poderes públicos actualmente existentes (como cuando hacemos una huelga general contra una norma, lo que hacemos en la calle no puede cambiar la norma, pero intentamos influir en quien tiene el poder de variarla). No es más, pero tampoco es menos. Y en estos tiempos, se me antoja, incluso, mucho.

¿Que al final nada cambiará? Pero nada de nada. Es lo más seguro, que el cansancio nos gane antes que el mover una coma de la Ley Electoral (por ejemplo), que la desesperanza cubra a los optimistas que están en las acampadas todo el día y la noche, pero bueno, eso es lo que ya tenemos, si no nos movemos nada cambia, si nos movemos, al menos, podremos decir que lo hemos intentado (tal vez con más errores que aciertos, pero rayos, al menos lo intentamos). Como antes de cualquier manifestación o acto reivindicativo: El No ya lo tenemos, lo que buscamos es el Sí. A todo esto: O conseguimos llevar el conflicto a los barrios, centros de enseñanza y centros de trabajo, o esto morirá más pronto que tarde.

Sobre la acampada pucelana: ¡Democracia Real Ya! Acampada Valladolid. Y recuerden, este viernes 27 estamos convocados a una gran (mini) manifestación desde la Plaza Fuente Dorada a la Plaza Mayor, y de vuelta a la Plaza Fuente Dorada.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LO 5/1985, LOREG) dispone de todo un marco normativo para las campañas electorales, posiblemente el más incumplido antes, durante y después de los periodos de campaña (así la existencia de la «pre-campaña» sería el ejemplo más palpable de esto, sin ir más lejos), las juntas electorales se esfuerzan malamente en reaccionar ante incumplimientos y, básicamente, prohibir actos que puedan ir contra ese marco normativo (esta vez, tras la última modificación de la LOREG, se lo han pasado pipa prohibiendo inauguraciones de locales, obras y demás, sean declaradas como tales o aperturas encubiertas, y a los partidos con poder municipal -sobre todo- reclamando una aplicación no estricta de la ley que ellos mismos aprobaron -cuando es el PSOE o el PP quien reclama-). El art. 53 de la LO 5/85 establece, al principio: «No puede difundirse propaganda electoral ni realizarse acto alguno de campaña electoral una vez que ésta haya legalmente terminado.» Ese fue el caballo de batalla en todo lo de Democracia Real Ya o Movimiento 15-M para que se permita su presencia en las calles en la jornada de reflexión y en el día de votaciones: Lo que hacemos, decían, no es propaganda electoral según la ley (por eso el día de la reflexión y hoy mismo se cuidaron muy mucho de hacer referencias explícitas a cualquier partido político). Ayer en Pucela la organización se afanaba para que no se pidiera voto para nadie o en contra de nadie.

Ayer una compañera, en la bitácora de DRY de Valladolid, sobre la Jornada de reflexión hacía notar y preguntaba lo siguiente:

«Titular del editorial del periódico La Razón en el día de reflexión de estas elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2011: “La alternativa es el PP”. Y comienza el debate. ¿Desde cuándo los medios de comunicación tienen derecho a pedir el voto de manera tan flagrante en una jornada como ésta y ciudadanos de a pie han de ser cautelosos al extremo para evitar episodios de brutalidad policial como los que ya se dieron el año pasado en el barrio El Cabanyal de Valencia? ¿Por qué la propaganda electoral no se retira de farolas, mástiles, casetas y quioscos de anuncios? Y finalmente, ¿tiene sentido mantener la propia jornada de reflexión en un momento en el que el proceso de deliberación personal resulta cada vez más visible con la expansión de Internet y el boom de las redes sociales?

Caricaturizando la resolución de la JEC sobre las reuniones durante el 21-M Vergara nos proponía una formación de «homologada» para el paseo sabatino, mientras que a un grupo no-partidista se le ponían todas las trabas legales, un periódico se daba el lujo de incluir en su titular la petición de voto directa por un partido político («La alternativa es el PP»), y durante la jornada electoral (donde las prohibiciones de la jornada de reflexión son aun más fuertes, si cabe) ha sacado otra editorial atacando a los partidos de izquierda y al PSOE y en favor del PP (aunque no se le mente directamente, se le da como ganador y como comienzo del cambio en España) bajo el titular de «El cambio empieza hoy», así el periódico «advierte» que «[n]o parece que la izquierda radical, cuyo modelo de modernización se inspira en el castrismo y en Hugo Chávez, sea el cambio que quieren los ciudadanos y el que necesita España para salir de la crisis, crear empleo y alejar definitivamente los fantasmas de una intervención financiera», y luego ya pone que se necesitan nuevos gestores, y estos no están ni en la izquierda ni en los partidos chicos (como nos dejó claro el día anterior). A esto podemos recordar dos cosas, por un lado que el partido que gobierna un cabildo, ayuntamiento o comunidad autónoma y presenta a los mismos que están actualmente gobernando no puede ser alternativa de nada, y por otro, que se equivoco de lleno en dónde están las inspiraciones de la izquierda, o incluso, en considerar que el PP es alternativa a nada (incluso donde no gobierna), puesto que significa más de lo que ya tenemos.

La propaganda electoral en las calles no se retira, cierto que no se reparten pasquines ni se celebran mítines, pero convengamos que ambos puntos son los menos interesantes de las campañas, los que menos gente ve o lee, los que convencen a menos población y los que sirven menos, salvo para ganar minutos noticiosos o algunas letras impresas en el rotativo local o nacional de turno. La propaganda de carteles sigue ahí el día de la reflexión. Cierto, es una propaganda pasiva, pero que inunda las calles, la vemos de reojo aunque no queramos.

Los periódicos y demás medios de comunicación, como vemos en el mero ejemplo de La Razón, también continúan en campaña electoral, tanto el sábado pre-elecciones como el día de las elecciones, los carteles electorales siguen puestos en las avenidas y paredes de la ciudad, toda la campaña significativa, en realidad, continua, lo único que no vemos son a políticos exigiendo el voto para llegar al poder, que es casi lo único sincero de toda la propaganda, así que la pregunta es: ¿Por qué toda esa campaña puede seguir hasta el mismo día de las elecciones pero en cambio se deben prohibir las manifestaciones que no están vinculadas directamente a ningún partido? O incluso la de los partidos. Esto es: ¿Por qué mantenemos la jornada de reflexión? Nada más fuera de tiempo que ese día para pensar en quién votar.

Dos argumentos extras contra ese día de «reflexión»: Existe el voto por correo que cualquiera puede solicitar, ahí votas unos cuantos días antes del final de la campaña, y decides el voto con toda la campaña funcionando, y nadie puede decir que esa decisión está malformada por la no existencia de un día de reflexión «sin campaña», en tanto que se emite libremente durante la misma; La mayoría de gente decide su voto mucho pero que mucho antes de la jornada de reflexión, más aun, la mayoría lo tiene decidido incluso antes del inicio de la campaña. ¿De qué sirve, entonces, la jornada de reflexión?

La ley electoral nos trata como niños pequeños que necesitan de un poco de silencio para tomar una decisión, pero, como es lógico, no puede conseguir todo el silencio, y evidentemente cortar las alas a los columnistas o editorialistas esos dos días sería atentar contra la libertad de expresión, así como lo es prohibir reuniones y manifestaciones esos dos días, como ya ha dejado claro parcialmente el Tribunal Constitucional (limitando, y mucho, la forma en que se entiende qué es un acto de campaña, algo que el JEC en su mayoría no quiso entender cuando prohibió las manifestaciones y concentraciones de estos dos últimos días).

Países de la órbita española no tienen jornada de reflexión, y nadie resta una pizca de legitimidad a sus elecciones considerando que sus ciudadanos han visto atentado su derecho a decidir porque alguien celebrara un acto electoral acá o allá, es lógico, igual que a nadie le interrumpe ese acto el viernes, ¿por qué debería hacerlo el sábado? Y como digo, más gente lee los periódicos (o cualquier otro medio, en la red o fuera de ella) que bien siguen pidiendo el voto o el no voto para distintas opciones que la que acude a actos puramente electorales en la calle, ¿qué sentido tiene prohibir el uso de la vía pública para la campaña y no el resto de medios, que tienen mucho más alcance real?

Acabemos de una vez con el día de reflexión (así como con las prohibiciones de publicar encuestas, otra cosa absurda, más cuando los medios extranjeros a los que tenemos perfectamente acceso las siguen publicando).

Excurso: Hoy a las 9pm todos en Fuente Dorada.

La valla funcionó, y eso es una mala noticia
Cambio Radical (CB) se quedó sin escaño en Lima. Esa lista no goza, precisamente, de mi estima, que Álex Kouri se quede sin un curul no me quita el sueño precisamente, pero lamento que esto no ocurra por el voto popular, sino por la ley electoral. Ya he hablado repetidas veces en estas líneas sobre cómo la legislación influye en el comportamiento electoral y viceversa, y también me he posicionado repetidas veces contra las vallas electorales, CR sacó un 3% de votos válidos en Lima, y a nivel nacional no le fue mucho mejor, estuvo lejos de saltar la barrera electoral, pero es que con un 3% de votos en Lima, al repartirse tantos escaños (36), si no aplicáramos esa ficticia valla, debería bastar para al menos conseguir un curul (que representa el 2,77% de los escaños repartidos en la circunscripción electoral), cualquier cosa distinta a eso significa que CR queda subrepresentado. Kouri cuenta con más votos preferentes que algunos de otros partidos que sí entran al Congreso y realmente se queda fuera por el bajo resultado de su formación de alquiler.

Los porcentajes reales
Nos solemos centrar mucho en los porcentajes de los votos válidos, siendo en Perú los votos nulos y blancos considerados como inválidos (en España, por ejemplo, los votos en blanco son votos válidos), esta forma de presentar los datos oculta una dura realidad: El altísimo porcentaje de personas que no votan a partidos sino que o vician su voto o lo dejan en blanco. Así que acá va un cuadro de los resultados en Lima y Extranjero:

A primera vista unas cuantas consideraciones: El voto está harto disperso, al punto que si hablamos de votos válidos y sumamos los resultados de los dos partidos que más sufragios reciben están, ellos juntos, se quedan con 44,52% con la preferencia de limeños y residentes en el exterior, si hablamos de votos emitidos solo representan al 36,15%, y si hablamos del total de los electores hábiles en la circunscripción, solo el 31%. Cinco de los seis partidos que consiguen escaño, hablando en votos válidos, superan el 10% de las preferencias electorales, y si hablamos del porcentaje de votos emitidos nos encontramos que ningún partido supera el 20%, esto es, ningún partido puede decir que represente al menos a un quinto de los limeños y residentes en el extranjero que votaron.

También podemos ver algo: el 18,81% de los votos emitidos son o blancos o nulos (6,95% y 11,86% respectivamente). Esta cantidad es casi la misma que la del partido más votado en Lima (Fuerza 2011 tiene un 18,91% de los votos emitidos en la circunscripción), con lo que sería, si sumamos blancos y nulos, la segunda fuerza política limeña. Hay más gente que votó en blanco que al APRA, hay más gente que anuló su voto (o votó mal) que a Solidaridad Nacional. Aunque luego veremos una comparativa con las elecciones presidenciales y un juego con esos resultados, cabe destacar que el voto nulo y blanco para Presidente suma un 7,71% de los votos emitidos, cifra 11 puntos por debajo que la del Congreso. Para pensarlo bien.

Como curiosidad extra, los votos a partidos políticos en relación al censo electoral en Lima fueron inferiores que esos mismos votos en las elecciones al Congreso en España en el 2008 (esto es, el 69,63% de los limeños y residentes en el extranjero votaron por algún partido político, mientras que el 72,58% de los españoles en las Generales de 2008 votaron por algún partido político, ¿podemos decir que son más legítimas las elecciones peruanas porque se obliga a votar que el resultado de las españolas donde es voluntario si atendemos a los votos que reciben los partidos políticos en relación con el censo? Porque sí, en Perú vota más gente, pero no vota necesariamente a partidos).

Reparto de curules
Dejo para otro día un reparto pormenorizado con distintas fórmulas y esta vez haré uno más «sencillo», partiendo de los resultados oficiales aplicaré un reparto, primero, obviando la valla electoral (ese engendro) y luego contando a los votos blancos y nulos como si fueran formaciones políticas (o por separado o juntas -ya que la ley peruana los trata de igual forma-).

En el cuadro pueden ver que un partido se quedó sin representante (como veíamos al mencionar la barrera electoral) y ese escaño favoreció, ni más ni menos, que a Gana Perú. También se puede ver que si los blancos y nulos fueran una única formación, esta se llevaría 7 curules (el 19,4% de la cámara), siendo «perjudicados» los partidos «grandes», y si fueran por separado, sumarían 6 escaños (2 para los votos en blanco, 4 para los nulos). Ya que los nulos pueden ser votos mal realizados (esto es, existía la intención de votar por un partido pero, por error, se votó mal), mientras que los blancos responden a la idea de no votar por ninguno (salvo que el error sea dejar la casilla sin marcar…), al menos los votos en blanco deberían ser considerados en el reparto, y dejar, evidentemente, «vacío» los escaños que corresponden a dicho tipo de votos.

Esta tabla de escaños véanla en relación con la anterior, vean cómo el fujimorismo representa a menos del 20% de los votos emitidos y tiene el 25% de los curules de Lima, o cómo la Alianza por el Gran Cambio tiene el favor del 17,24% de los votantes pero se lleva el 22,22% de los escaños. Y así con todos, salvo con CR, que se quedó sin escaño por disposición legal nomás.

El distinto voto entre la preferencia presidencial y la del Congreso
No solo hemos visto que los votos en blanco y nulos son claramente superiores en el caso del Congreso que en el de Presidente (y eso que es la misma elección), sino que los partidos que se presentan a uno u otro poder del Estado también son distintos, tres partidos (APRA, CR y FS, aunque FS sigue apareciendo en los resultados de la ONPE como voto válido, algo que no deberíamos considerar así, por más que apareciera en la cédula de votación) no presentaron candidato presidencial, dos de ellos tuvieron una buena acogida en Lima (con 6% y 3% respectivamente). Esto nos debería hacer creer que en el caso del presidente, al no haber «pedido» el voto para una candidatura concreta ninguno de esos partidos sin «candidato a presidente» deberían haber más blancos y nulos (gente que quiere uno de esos partidos pero que, a falta de candidato, no vota -blanco- o lo hace nulo para presidente), pero es todo lo contrario, se vota más a presidente que al Congreso. Y se vota distinto además.

Fuerza 2011 ganó en Lima para el Congreso, pero para presidente fue la Alianza por el Gran Cambio quien «arrasó» (28,14% de los votos válidos). De los partidos «grandes» solo el fujimorista mantuvo más o menos invariable su voto presidencial con respecto al voto para el Congreso (podemos asumir que no recibió ni muchos votos apristas ni muchos votos de CR, al menos en la primera vuelta), así la diferencia es de tan solo un punto entre las dos elecciones (hablando del voto emitido, no el válido), mientras, que por ejemplo, PPK sacó 8,7 puntos (candidato presidencial) más que su partido para el Congreso, ¡8,7 puntos!

¿Por qué PPK fue incapaz de que el voto que para él iba fuera también para sus congresistas? Esta misma pregunta se la podemos hacer a Ollanta Humala (5,16 puntos de diferencia) y a Castañeda (3,05 puntos). Esta gran diferencia la podemos explicar gracias a los votos blancos y nulos, para presidente votamos más de forma válida que para el Congreso, mucha de la gente que apoya a PPK o a otros candidatos no apoyan, a su vez, a sus listas parlamentarias.

Los partidos políticos (o las organizaciones que se presentan como tales) deberían reflexionar seriamente sobre este punto, no se puede tener a un candidato presidencial con el 25% de los votos emitidos y que el partido no llegue al 18% de los mismos en la candidatura al Congreso, eso encima hace que, un posible gobierno de ese candidato, tenga menos apoyos en el Congreso que los que tendría si todos sus votantes lo fueran también de su lista parlamentaria. Los partidos deberían evitar caudillos que hacen campañas para sí mismos sin ayudar a sus listas del Parlamento.

En otro artículo ya me meto con distintos sistemas de reparto, juegos con presidenciales y al Congreso y con dos posibles cámaras en vez de una. Ya saben, estos divertimentos que no son más que eso en tanto que la legislación electoral también condiciona la forma en que se vota, con lo que lo que hago no puede ser extrapolable de forma inmediata.

A esa pregunta, en realidad, hay que responderle de otra forma: Los ecologistas en general no están de acuerdo con poner pantanos a tontas y locas, sea para regadíos o para plantas hidroeléctricas, y los efectos, a largo plazo, entre una inundación y un desastre nuclear no tienen punto de comparación. Aunque la inundación pueda matar más gente en un primer momento.

En el caso español buena parte de los pantanos se construyeron para poder regar los campos, no para llevar agua potable (esto se implementó después, sino pregúntenle a los colonos en el norte extremeño o en el sur de Salamanca cómo tenían pantanos que regaban las tierras para los poblados construidos por el gobierno pero no agua corriente, no digamos ya potable o electricidad), luego se pusieron plantas hidroeléctricas y demás, lo que hace que muchos estén mal construidos o sean ineficientes (a lo que podrían ser), esos pantanos, cuando se desbordan, lo hacen al margen de que haya o no haya una planta hidroeléctrica, esto es, la gran mayoría son más reservas de agua que fuente de energía, con lo que, incluso eliminando todas las plantas hidroeléctricas, la gran mayoría de pantanos seguirían estando ahí.

Pero vamos a los efectos, digamos que hay un pantano hecho exclusivamente para tener una central hidroeléctrica (que seguro los hay, en este momento no podría decir ninguno, pero el mundo es ancho y largo a partes casi iguales y más amplia mi ignorancia), si el pantano que contiene el agua para aumentar la presión, por las lluvias o lo que fuera (se vuelan la presa con una bomba, por ejemplo), se desborda, posiblemente se inunden varias localidades, y como ya ha pasado con otras veces que ocurre algo así, miles de personas mueren.

Al día siguiente (una fecha cercana, al pasar las lluvias torrenciales, por ejemplo) ya se puede comenzar a rehabilitar la zona. Las muertes no se recuperan, no, pero el terreno sí. La presa se puede reconstruir (o dejar que el río vuelva a su cauce natural sin detener el agua), la tierra estará lista para ser cultivada pronto, y los pueblos para ser rearmados. Los supervivientes, además de las consecuencias psicológicas o puramente físicas, no presentarán enfermedades extrañas dentro de diez años, tendrán lo que se ve que tienen.

Digamos que al final, y no lo quiere nadie, lo de Fukushima termina en un verdadero desastre nuclear (nivel 7 que le llaman, ahora van, por lo visto, en el 6). Puede que en un primer momento mueran menos que con el agua desbordada (ya han evacuado 20 kilómetros a la redonda), por algo, además, suelen poner las centrales nucleares más o menos lejos de centros con mucha población, se minimiza así el riesgo.

¿Durante cuánto tiempo toda la zona afectada de forma directa o indirecta por el accidente nuclear queda deshabitada e «inutilizable»? ¿Cuál es el alcance potencial de la contaminación producida por un accidente de este tipo fuera del radio directo de acción? Todos conocemos qué pasó en Chernóbil y también que algunos errores gordos provocaron más daño que el que intentaban evitar (produjeron una nube radioactiva que se paseó por Europa), pero difícilmente esto es imaginable con un accidente hidroeléctrico. O con uno de molinos de viento.

Los efectos sobre la tierra y la salud de las personas, incluso las que no estuvieron cerca del accidente (puesto que la radiactividad es como es), duran generaciones de generaciones, y son muy difíciles de reparar. Los efectos psicológicos también duran más que los producidos por desbordes de ríos o pantanos.

Es cierto que las plantas nucleares intentan ser lo más seguras que la mano humana puede hacer, es cierto que incluso antiguos ecologistas han terminado apoyando este tipo de energía prefiriendo los riesgos nucleares o las emisiones actuales de CO2 a la atmósfera, es cierto que se invierte mucho en la reutilización o el reciclaje de los residuos nucleares (aun así son una factura para miles de vidas futuras), pero no es menos cierto que un desastre nuclear es muchas magnitudes más dañino que uno hidroeléctrico, tanto en el momento de producirse como a futuro, además de que el accidente hidroeléctrico es fácilmente medible (tantas víctimas en las inundaciones) los efectos a muy largo plazo sobre la salud de las personas producidas por las centrales, en cambio, son poco o difícilmente cuantificables (esta es una de las razones por las que en Alemania, para el trabajo duro de mantenimiento en las centrales nucleares, se tiende o tendía a contratar inmigrantes que casi no supieran el idioma, así se les mandaba a morir a sus países sin que figuren en las estadísticas de trabajadores de nucleares que mueren por algún cáncer raro, y esto sin accidentes de por medio). Y hablando de energías limpias, la minería de uranio es muy contaminante…

A esto hay que añadir que la transparencia en cuanto a la producción, tratamiento y mantenimiento de las centrales nucleares es poco menos que inexistente, justo uno de esos cables de Wikileaks nos muestra cómo en Japón ya se han ocultado problemas con sus centrales, y eso pasa, lamentablemente, en todo el mundo.

Ojo, que los ecologistas critican también con dureza todo lo que venga de combustibles fósiles, no es que la tengan, en concreto, cogida con las nucleares. Y sí, los derrames de petróleo son realmente dañinos para el medio ambiente, y sí, también están en contra de las plataformas de petróleo puestas en lugares sensibles.

La energía nuclear, por otro lado, no da a la mayoría de países independencia energética (una de las ventajas que se le suelen colocar sobre la fósil), por dos razones: No todos los países son productores de uranio u otro material usado por las centrales (con lo que eres dependiente de un elemento esencial), entre esos países que no producen está España (hace tiempo cerró sus minas de uranio, aunque alguna se ha reabierto o intentado reabrir -no sé en qué punto se encuentran ahora-), ni reemplaza a los combustibles fósiles cuando todo el transporte sigue usándolos (vamos, el principal gasto -y contaminación- de derivados del petróleo se seguirá teniendo mientras no se cambien desde las motos hasta los camiones por vehículos eléctricos, por no hablar con lo que se tendría que hacer con el transporte aéreo).

También quiero poner, ya acabando y siempre en gerundio, que la nuclear tampoco es la peor de las energías que podemos usar para generar electricidad, pero está lejos de ser la panacea que nos venden los pro nucleares (menos en el plano económico, sino habría peticiones, por parte de las eléctricas, de construirlas en cualquier sitio, pero sin dinero público no están dispuestas a invertir lo que cuesta montar una, solo quieren usar las que el Estado pagó), y el riesgo es demasiado alto como para minimizarlo como pretenden hacer estos días, o compararlo con accidentes en otro tipo de plantas, como las hidroeléctricas y sus ríos o pantanos, eso es un insulto a nuestra inteligencia.

«El salario debería determinarse, como todos los precios de una economía, por la oferta y la demanda. Sin embargo, en economías con mercados poco desarrollados como el nuestro, hay quienes opinan que existe la necesidad de establecer parámetros mínimos para impedir abusos. El salario mínimo en el Perú, dicen otros, lo único que hace es dificultar el acceso de más trabajadores a los beneficios de la economía formal. En ese sentido, establecer un salario mínimo más alto equivaldría a condenar a muchas personas a trabajar por los mismos montos que ahora pero sin ningún beneficio social adicional, coma vacaciones o seguro médico. En el Perú, el salario mínimo está entrando en desuso porque el mínimo real está por encima de aquel. Así, el monto oficial es más una referencia que un precio fijado.»

Lo primero es una declaración de intenciones (o ideológica) en toda regla, no está mal, cada vez vuelve a tener más auge esa doctrina que sigue tratando los mercados de trabajo (sí, los) como un solo mercado en que se pueden aplicar las ficticias leyes del mismo para que de la oferta y la demanda salga el precio, pero bueno, es una postura ideológica que por ahora no entraré a criticar.

Me ha llamado poderosamente la atención la afirmación sobre las «economías de mercado poco desarrolladas», no voy a negar que hay quienes defienden el sueldo mínimo de esa forma (porque de todo hay en esta viña), sino la propia idea que se deja caer que es algo que pasa en las en «economías con mercados poco desarrollado», claro que la RMV busca que no se cometan abusos (fin del Derecho Laboral, así como de otras ramas como es el Derecho de Consumidores y Usuarios), pero sin más, no se justifica en que la economía de mercado esté poco desarrollada. No tiene que ver con su mayor o menor desarrollo.

Así en Alemania existe un sueldo mínimo bastante decente, y si no lo consideran una economía de mercado desarrollada por el fuerte intervencionismo estatal y sindical (donde mejor funcionan las empresas es donde se les permite a los trabajadores participar en la gestión por medio de sus representantes), podemos poner de ejemplo Estados Unidos, país que mal que bien es el ejemplo mundial de economía de mercado desarrollada, donde existe la Fair Labor Standards Act que establece el salario mínimo federal, existiendo además, en los estados que lo estiman oportuno, un salario mínimo por encima del federal a aplicar dentro de dicho estado (en otros es inferior, pero se aplica, en este caso, el federal).

No estoy negando que el salario mínimo sea polémico (es duramente atacado por quienes defienden una apertura total de los mercados de trabajo en cuanto al precio del mismo -aunque a la par defiendan, irónicamente, cerrarlo a extranjeros, esto es, restringir la oferta-), pero sí niego que esté relacionado con el poseer una economía de mercado subdesarrollada (por decirlo de otra forma), prueba de ello es que economías de mercado muy desarrolladas tienen también sus propios salarios mínimos. Esa simple idea plasmada en la segunda oración de la respuesta hace pensar que tenemos una RMV porque somos un país aun atrasado, sin instituciones económicas asentadas. Y la verdad, el salario tiene poco que ver con eso.

Las dos críticas siguientes contra el salario mínimo son parte de la misma expresión inicial, la de la economía de mercado como fijador de los precios, y es curioso cómo sale siempre a relucir el tema de la economía formal – informal cuando se habla del salario mínimo, tiene más sentido hablar de limitar la contratación de nuevas personas (por el coste elevado) que de asumir que si una ley no es económicamente atractiva la misma se incumplirá y santas pascuas (y como si no se contratara «en negro» a mucha gente que cobra por encima de la RMV), sin que haya ningún tipo de control o sanción.

Pero bueno, pasemos al final (el final y el comienzo, de textos así, son los que tienen toda la chicha):

«En el Perú, el salario mínimo está entrando en desuso porque el mínimo real está por encima de aquel. Así, el monto oficial es más una referencia que un precio fijado.»

Teniendo en cuenta que en Perú la tasa de empleo informal es demasiado elevado, así como el subempleo en sus distintas formas, sumando a ello la micro empresa y los «independientes» (que no son tales), difícilmente se puede asegurar que el salario mínimo está en desuso por un mínimo real superior, menos pensando en las tasas de pobreza que hay en Perú. Ojo, mínimo real y media de salarios no son lo mismo, evidentemente la media está muy por encima del mínimo, entre otras cosas porque solo se toman los ingresos regulares o formales.

Tampoco hay que perder de vista que si existe un sueldo mínimo este se use las menos veces, y que todos ganen por encima de ese mínimo vital, siendo las reivindicaciones sobre aumentos del salario mínimo una forma de «presionar hacia arriba» todos los salarios.

La Remuneración Mínima Vital, como su propio nombre indica, es el pago mínimo por el trabajo para que una persona (solo una, no su familia) pueda vivir (también con lo mínimo), así que, en principio, debe estar relacionado con el coste de vida (el salario mínimo, como todo salario, luego tiene más que ver con el poder de negociación, en este caso no solo entre los privados, sino en el poder de presionar al gobierno al momento de determinar la RMV). Pero ya vemos cómo en Perú el coste de vida se dispara mientras que el salario se modifica como le venga en gana al gobierno (como pasó con la última subida), y a veces ni siquiera se aumenta relacionándolo con el IPC o con cualquier otro indicador que nos permita ver las variaciones en el coste de vida.

Excurso: Aun tengo unas entradas pendientes sobre el salario, los mercados de trabajo (en plural) y temas anexos, donde sí criticaré con más profundidad -porque acá la he criticado por encima- afirmaciones neoliberales sobre cómo se debe determinar el salario y contra el propio concepto de «mercado de trabajo» (en singular). Sí quiero recordar que lo que está en juego en esos mercados no es «el trabajo» sino la «fuerza de trabajo», que tampoco son lo mismo.

Ahora bien, en Perú tenemos un alto índice de votación (gracias, nos dirán, a que es obligatorio) pero ¿cuánta gente vota a los partidos políticos? Esto es, si consideramos que es mejor que voten a que no lo hagan y por eso se pone la obligación de tener que depositar una papeleta, para considerar que esa obligación da un extra de legitimidad al sistema (que yo no lo veo claro) deberíamos no ver las cifras de ausentismo electoral o de votos emitidos, sino fijarnos únicamente en los votos a candidaturas.

En las últimas elecciones presidenciales (las del 2006) votó casi el 89% del censo, pero solo el 74,42% de los peruanos con derecho a votar marcaron una candidatura presidencial (esto es, el 83% de los votantes lo hicieron por una candidatura). En esas mismas elecciones del 2006 se votó para congresistas y para miembros del Parlamento Andino, las candidaturas al Congreso fueron marcadas por el 65,19% de los peruanos con derecho a voto mientras que las del Parlamento Andino solo fueron elegidas por el 51,72%… Y son personas que estaban ahí, en la cola de la urna, y que no quisieron votar por candidaturas.

Los partidos políticos deberían reflexionar sobre este punto: Las personas van obligadas a votar, están en cola, y en algunos casos votan por candidaturas (como para presidente) y en otros no (como para el Parlamento Andino). Si la justificación que nos dan para que el resultado electoral sea legítimo es que la gente vaya a votar, ¿cómo deberíamos entender un resultado que a duras penas ha recibido el voto del 51,7% de los que estamos en el censo? ¿Ya dejó de ser legítimo ese resultado o lo mantenemos como «válido»? Y no me quiero imaginar qué pasaría si para el Parlamento Andino no se votara a la vez que para presidente (o sí, tal vez algo como al Parlamento Europeo en España).

El que vote más o menos gente no solo depende, claro, de la propia oferta electoral (si a los electores no se les ofrece incentivos para votar, no lo harán), de lo que el ciudadano «se juega» (o «siente que se juega») en cada elección (por eso hay más votos a candidatura en la presidencial que en el Parlamento Andino, o para presidente regional que para el consejo regional, o para las municipales provinciales que para las municipales distritales), sino también en la propia cultura electoral, de la importancia que se le dé a los comicios en general (y no solo a «lo que se juega» en cada elección concreta).

Tenemos un bajo ausentismo electoral, cierto, a punta de multas (y antes a punta de muerte civil y multas), pero no tenemos una cultura electoral asentada, no votamos a candidatos salvo cuando no queda otra (el ejemplo sigue siendo el Parlamento Andino, o los Consejos Regionales), esto es, el peruano vota, pero obligado y mucho a nulo y blanco, al punto que esas dos opciones están entre las más elegidas en muchas circunscripciones, por ejemplo, en Lima para el Congreso en el 2006 se depositaron entre blancos y nulos 1198350 votos (22,43% de los sufragios), el partido más votado, UN, recibió el apoyo de 836362 limeños (15,66% de los votos emitidos), ¿podríamos decir que UN está deslegitimado para presentarse como la opción preferida por los limeños en esas elecciones?

¿Para qué quieres que ese 22,43% de limeños vayan a votar si no quieren hacerlo por alguna candidatura? Esto lo podemos decir para todos los peruanos en todas las elecciones, obligar a que la gente vaya a votar, en general, incentiva un mal voto, y también el voto nulo y en blanco.

Una comparativa
Pero se puede tener un sistema electoral en que el voto es voluntario y la gente vaya a votar masivamente unas veces y no pisen los colegios otras y que el sistema ni se inmute, o incluso, tener un sistema en que formalmente el voto es un «deber cívico» y no vayan ni los candidatos a las urnas y eso no ponga en peligro ni un poquito el sistema.

A continuación un cuadro con tres países (Perú, España y Portugal) y tres elecciones distintas:

Algunas cuestiones para contextualizar el cuadro, ya que se están comparando algunas cosas que no tienen punto de comparación. En Perú, como ya sabemos, el voto es obligatorio, y esas tres elecciones mostradas fueron simultáneas, o sea, el elector iba obligado una sola vez a la urna y participaba en tres elecciones, esto hace más grave, si cabe, el que un partido movilice votos para una cosa (presidenciales) y no para otras (Parlamento Andino), hay que tener en cuenta, además, que el país es presidencialista.

En el caso español, se recogen las últimas tres grandes elecciones, municipales, generales (en concreto se consignan los votos para el Congreso de los Diputados) y Parlamento Europeo, el voto es voluntario y el país es parlamentarista, el Congreso de los Diputados es quien elige al presidente del gobierno.

Portugal también es parlamentarista, tienen un presidente que es jefe del Estado y se elige directamente por el pueblo cada cinco años pero que tiene pocos poderes realmente (el mayor es poder disolver el parlamento discrecionalmente), el parlamento elige al primer ministro que es quien realmente gobierna el país (y quien arma el gabinete), el voto es voluntario aunque formalmente esté consignado como «deber cívico».

Como se puede ver en el cuadro, en un caso un país con voto voluntario lleva, en el mejor de los casos mostrados, al 72,56% de los electores a votar por una candidatura, en Perú, en el caso «similar» (elecciones a la presidencia) se consiguen, obligando a votar, el 74,42% de papeletas a favor de un candidato, poca diferencia para justificar que sea obligatorio y multar a quien no vote.

En el caso portugués se vota poco, en una de las elecciones legislativas de las más importantes en los últimos tiempos votaron un 7,1% menos que en las anteriores, un claro castigo a la clase política. En las elecciones de 1980 votaron el 83,94% de los llamados a las urnas, y no llegan al 70% de participación desde el 87… Pero no se deslegitiman los resultados electorales por la baja participación, no hay revueltas declarando que el actual presidente no ha sido votado ni por su padre, porque a los actores del sistema no les interesa ponerlo en jaque por un «detalle» como la participación.

Consideraciones finales
No es un argumento la legitimidad del sistema para obligar a votar, y no lo es porque va contra la propia esencia del sistema, el poder decidir, y tampoco lo es porque la falta de asistencia electoral no tiene por qué deslegitimar nada y porque, además, más ensucia un resultado electoral el ver millones de votos nulos y blancos (que son un frontal rechazo a los candidatos) que electores que se quedan en casa (que tiene muchas más lecturas, desde el pasotismo hasta el «es que está claro que mi candidato ganará»), también porque se pueden conseguir votos a partidos casi en igual número teniendo la obligación legal de votar que sin ella, y que son los partidos los que deben procurar que la gente quiera ir a votar, no el sistema legal quien movilice a los ciudadanos hacia los colegios electorales.

Si queremos una democracia de verdad debemos comenzar aceptando que el ciudadano es mayor de edad y debe poder decidir si ir o no a votar.