«El despido en este país es causal. Ese modelo es contrario al convenio 158 de la OIT, a la carta de Derechos Humanos (sic) y a la Carta de Derecho Sociales de la Unión Europea (…) además, permite la arbitrariedad del empleado al despedir sin causa». Fátima Báñez, Ministra de Empleo.

El Contrato Único tiene muchos detractores, entre los que me encuentro, ya que, en realidad, es volver temporal todo el empleo. Al contrato Único se le suelen achacar dos grandes problemas jurídicos: Violar la igualdad entre los trabajadores (se darían unos viviendo en un mercado dual y otros en uno único) y el tema del despido arbitrario. Como bien nos recuerdan Bentolila y Jansen*, se pueden articular fórmulas para que tenga encaje legal, y para que no se den los problemas que normalmente se destacan.

No estoy de acuerdo con algunas de las cuestiones que mencionan (un contrato temporal que se extingue no quita la posibilidad al trabajador a recurrir la extinción, aunque sea menos frecuente que esto se haga y más difícil probar), pero sí con algo que es real: Actualmente el despido es libre. Cueste 0 días (determinados tipos de contratos temporales), 9 días (otros), 20 días (despidos causales procendentes), 30 días (improcedentes del contrato de fomento de la contratación indefinida) o 45 días (improcedente) por año trabajado, si al empresario se le permite despedir sin causa (improcedente) y no se le obliga a readmitir al trabajador (lo que actualmente pasa), en realidad estamos ante un despido arbitrario compensado económicamente. ¿Qué lo diferenciaría con el Contrato Único?

Que exista un «contrato único» no significa necesariamente que dicho tipo contractual tenga un despido libre, si lo adecuado es que exista causa, y el convenio de la OIT (art. 4) permite causas basadas en «el funcionamiento de la empresa» (adaptado para España como las causas objetivas que permiten la extinción del contrato, art. 52 del ET), así que la causa siempre podrá ser que a la empresa ya no le interesa el trabajador… Ahora bien, los despidos discriminatorios, que atenten contra derechos fundamentales y demás podrían seguir siendo impugnados, con la obligación de readmitir al trabajador en caso de perder el juicio (además de indemnizarlo).

Pero no hagamos trampas al solitario, la ministra de empleo (porque ya no es Ministerio de Trabajo, ahora es de Empleo y Seguridad Social), que sigue sin aclarar bien lo que sería la reforma laboral, sí deja caer una perla: El despido será más barato. ¿Qué diferencia hay entre tener despidos improcedentes casi al mismo precio que los procedentes y un contrato único con una indemnización única? En la práctica ninguna. Sin contar que abaratar el despido no sirve de nada.

Las causas, en nuestro sistema, se van ampliando poco a poco, es la historia de la legislación laboral en España en los últimos 30 años, contando las reformas de Rodríguez Zapatero de hace un par de años. ¿Qué diferencia hay entre no tener causa a que cualquier causa haga el despido procedente? Se ha invertido, en algunos casos (en los contratos de fomento de empleo, cuando se alega nulidad), la carga de la prueba, esto lleva al trabajador a tener que probar que la causa esgrimida por el empresario no es la real, lo que  es, en muchos casos, una prueba imposible (cuando debería ser el empresario quien demuestre la existencia de la causa, como es en el resto de los casos). Poco a poco alcanzamos un ideal de la patronal: La causa del despido la decide el empresario y el trabajador tendrá que probar que la misma no existe. O mejor todavía: No se podrá recurrir (ya se le ocurrirá algo a Gallardón).

Al final acabaremos con unas indemnizaciones vinculadas a la vida laboral del trabajador (algo parecido al tan mentado modelo austriaco, que en la penúltima reforma laboral se encargó como tarea al ejecutivo, algo que no se cumplió), con un despido libre que, en el Estatuto, dirá que es causal, con lo que ya el empresario ni siquiera tendrá que pagar por ese despido arbitrario, eso sí, sobre el papel siempre, se cumplirá con la causalidad de la extinción de los contratos. Vaya sandez. Para ese viaje, mejor sacamos el Contrato Único y santas pascuas.

Y todo esto en un país, no lo olvidemos, donde la causalidad no solo se incumple en los despidos, sino en los contratos: Es imposible que tengamos un 25% de empleo temporal y este se ajuste bien a las causas, sobre todo cuando 9 de cada 10 nuevos contratos son temporales. Ah, de perseguir a quienes contratan con temporales cuando deberían usar el tipo indefinido la ministra no dijo nada, pero sí contra el absentismo y otros temas vinculados.

* Bentolila, S. y Jansen. M.: «Viabilidad Jurídica del Contrato Único». En: Fundamentos de la Propuesta de Reactivación laboral en España. Fedea, 2009.

Excurso: A todo esto, ¡los minijobs ya existen en España! Demonios, si un contrato de 400 euros es cualquiera a tiempo parcial que esté cerca al SMI, que este gobierno, además, ha congelado.

Es una buena noticia con peros, claro, lo primero que se me ocurre, según cómo lo ha planteado, es el fondo del asunto, no se saca el tema de los juzgados por creer que es lo mejor para las parejas que ya no quieren serlo, o por una concepción realmente contractualista del matrimonio, sino porque se considera que así se quitarán pleitos y aligerará el trabajo de una atorada justicia (varias medidas van en ese sentido, no en mejorar la eficacia y eficiencia de los medios judiciales o dotar de más recursos, sino de quitarles curro), y de paso se manda trabajo a los notarios, que por lo visto se quejan de que estos años de crisis ganan menos que otros.

Esto del divorcio (y matrimonio) vía notarial existe en otros países, en uno muy querido por el Partido Popular: Cuba (si no mal recuerdo). En realidad el tema es sencillo: Lo importante es que se cumplan una serie de requisitos formales y que se registre el matrimonio, ambas cosas se consiguen perfectamente mediante un notario…

El bueno de Gallardón se pregunta por qué un alcalde puede casar y un notario no, bueno, no sé por qué no ha seguido con esa idea y ha llegado a la conclusión que quienes pueden casar puedan, a su vez, divorciar. Antiguamente tenía sentido el tener que pasar por el juzgado, no solo por el previo periodo de separación (que ya no existe), sino porque el divorcio era causal (con culpables, además), ahora no, el divorcio, en buena lógica, es tan libre como el matrimonio, con lo que, al menos en los casos que medie pacto, no tiene sentido reservar a las instancias judiciales la ruptura del vínculo matrimonial (como actualmente dejan claros los artículos 86 y 89 del Código Civil).

Si el juez encargado del Registro Civil (o delegado designado reglamentariamente), el funcionario diplomático encargado del Registro Civil en el extranjero y el alcalde (o concejal) del municipio donde se celebra el matrimonio son competentes para autorizar los matrimonios (art. 51 del CC), deberían poder disolver los matrimonios cuando es por mutuo acuerdo (o con aceptación de un cónyuge) y con convenio regulador de por medio (vamos, el art. 90 relacionado con el 86 y 81 del CC), si además se incluye a los notarios en toda esta ecuación, perfecto (al menos tendrán algo útil que hacer), si solo se da a los notarios, lo que se hace es engrosar sus bolsillos de forma descarada sin tener relación entre quienes pueden celebrar matrimonios y quienes pueden disolverlos.

Veremos cómo se desarrolla esta propuesta, en principio parece positiva.

*Significativo que antes la ley la presentaran la ministra de Igualdad y la de Sanidad una al lado de la otra, mientras que la «contrarreforma» la defendiera en solitario el Ministro de Justicia, como si la de Sanidad (al menos) no tuviera nada que decir, incluso en el Congreso, en la presentación de la ministra, obvió por completo el tema, algo que le afeó la oposición de izquierdas.

Hay que reconocer que Amaiur ha jugado mal sus cartas, o mejor dicho, las ha jugado de forma que se puedan hacer la víctima, por lo visto hasta última hora no buscaron amistad con nadie, apostaron todo a que no se considerara el diputado elegido por Navarra (como se hizo tanto en 1996 como en el 2000 para favorecer al PNV, favor realizado por el PP en ambos casos, esas dos legislaturas el PP estuvo generoso también con CC, en ambos casos les prestó los diputados de la coalición UPN-PP para que CC tuviera grupo propio, con 4 congresistas; antes el PSOE también le echó una mano al PNV no contando Navarra), ahora mira a Geroa Bai, pero Barkos ya es portavoz del Grupo Mixto, con lo cual todo se complica. Aun así, el Reglamento pudo ser aplicado con menos severidad tanto a UPyD (para que no requiera préstamos) como a Amaiur. En realidad esa norma del reglamento debería ser cambiada, da más problemas que soluciones. Se debería poder conformar grupo con más de un diputado en la cámara y santas pascuas.

Es cierto, he comenzado hablando de la necesidad de respetar el Estado de Derecho y luego pido una aplicación «flexible» de la norma, pero la pido para todos, no solo para los partidos que me gustan, esto es, una norma organizativa debe ser relativamente flexible, y en el Congreso se debe buscar la forma de «dar voz» a todos, no de dificultar el trabajo parlamentario, y esa es la lógica que se ha seguido en todos esos otros casos donde la mesa no ha tenido en cuenta determinados porcentajes para permitir grupos parlamentarios a partidos que rozaban el cumplimiento. Es que con tantos diputados Amaiur, incluso, es un estorbo en el Grupo Mixto, dentro del tiempo que le corresponderá será una resta al resto de partidos que se encuentran en ese grupo (que ya están bastante incómodos), con lo que no es tanto un castigo a Amaiur como una forma de apagar más las voces del resto que estén en el grupo mixto. Al final o alguien les prestará diputados o terminarán con «agrupaciones de diputados» (para parcelar el Grupo Mixto), lo cual es «casi» como un GP.

Pero eso de «favores a unos y la ley a otros» lo he leído y escuchado bastante estos días, «es de justicia» que UPyD tenga grupo propio, decían en coro, y a Amaiur hay que ilegalizarla. Cuando le preguntaban a Díez sobre el tema negaba la mayor, su grupo ya ha pedido la ilegalización de Amaiur (oyéndola en RNE, en la entrevista mañanera de hoy), Díez recordaba las sentencias de ilegalización de Batasuna a la par que decían que Amaiur es la heredera, «como Bildu», pero olvidaba que el Tribunal Constitucional dio el visto bueno a Bildu (por eso la ilegalización de Amaiur es harto difícil, más sin ETA actuando), y Amaiur no es heredera de Batasuna, lo es de la legal Bildu (eso de recordar unas sentencias y no otras queda mal)… Volvamos a los opinadores, que de eso les venía a hablar, les copio parte de la columna de Ignacio Camacho en ABC el pasado jueves:

«Contra esa democracia tonta hay que oponer una democracia antipática, firme, de persianas bajadas. Contra las tretas de listillos, la interpretación estricta de normas y reglamentos. Derechos, los que les correspondan, pero ninguna generosidad, ninguna cortesía, ninguna complicidad. Cero. Los favores, para quienes se los merezcan.
Para UPyD, por ejemplo. Favorecer al grupo de Rosa Díez y los suyos es un modo de enviar un mensaje de firmeza democrática: todo para los partidarios de la convivencia y de la libertad, nada para sus adversarios. Pedagogía política fácil de entender. Buenos y malos, como en el libro gordo de Petete. Al alcance incluso de esas mentes obtusas capaces de seguir justificando o comprendiendo la violencia ideológica.»

En otras palabras, para los amigos todos, para los enemigos la ley. Pero claro, el columnista se despacha llamando filoetarras y diciendo que ellos no condenan a la banda terrorista ETA cuando en la coalición están tanto Eusko Alkartasuna, Alternatiba y Aralar (partidos que han pedido el fin de ETA innumerables veces) suena a repetir una mentira mil y un veces, aunque es cierto que la mayoría de parlamentarios electos pertenecen a esos «independientes de la izquierda abertzale» (y no a miembros de los partidos antedichos)… Es como el titular en La Razón del 6 de diciembre «Amaiur sigue las órdenes de ETA y no festeja la Constitución», ¿perdón? ¿Y el PNV -que tampoco «festeja la constitución»- también sigue los dictados de ETA? ¿E Izquierda Unida, que tampoco la celebra y pide reemplazarla, también sigue los dictados de ETA?

Y sí, dejar un diputado en casa puede ser «fraude de ley», pero si así lo creemos, «prestar» diputados también lo sería. Lo que tiene difícil explicación, sin dudas, es que a veces se sea tan estricto y a veces tan flexible. Y encima pedir que así sea, que la aplicación de la ley no se base en principios pro-derechos (dar más voz, en este caso) sino en a quienes se considera «buenos» y a quienes «malos», esto es, piden la aplicación desigual de la ley para favorecer a quienes te caen bien. Eso sí torpedea la lógica del Estado de Derecho.

* Hace tres años y mucho desde UPyD se declaró que el acuerdo entre ERC, IU-ICV y BNG para que el partido gallego les preste los dos diputados y poder formar Grupo Parlamentario propio era un «uso instrumental» del Reglamento del Congreso de los Diputados, consideró que era una «chapuza» que el BNG fuera al Grupo Mixto tras ayudar a IU-ICV y ERC a tener grupo propio. ¿FAC se quedará en el grupo con UPyD o se irá al grupo mixto? ¿Ahora ya no es un «uso instrumental» del reglamento y una «chapuza» o lo sigue siendo? ¿Estaba mal si lo hacían los colegas de otros partidos y está bien cuando UPyD lo tiene que hacer? ¿Ahora es algo «de justicia» y antes no lo era? Cada vez UPyD cae en vicios que solía denunciar, contando la incoherencia.

La única razón para esta propuesta (retirada y nunca formal) es que se regule su compatibilidad real con otras ayudas o prestaciones (como la Renta Garantizada y similares), porque sino, bueno, por parte del trabajador, mejor en negro que perder la prestación por cuatro horas. Según la EPA (III trimestre de 2011) 851500 personas tienen, en su empleo principal, una ocupación efectiva en la semana de entre 1 y 19 horas, así que ese «contrato» de 15 horas a la semana ya es una realidad… Ahora, seguro que la mayoría no ganan 400 euros al mes.

Eso de 400 euros al mes me dejó otra duda: ¿A doce o a catorce pagas? En España son, por lo menos, 14 pagas, pero muchas veces cuando se habla de salarios ya se incluyen las dos extras prorrateadas. Así que nos movemos entre 4800 y 5600 euros al año, y son unas 45,57 semanas laborales al año, si hablamos de 15 horas a la semana, tenemos unas 683,57 horas al año, lo que nos da el precio-hora entre 7,02€ y 8,12€. Bien, el Salario Mínimo Interprofesional, regulado en España para el 2011 por el Real Decreto 1795/2010, es de 8979,6€ al año, en otras palabras, 4,92€ la hora. En realidad, 400 euros por algo más de 60 horas al mes es equivalente a 1062 euros al mes, si hablamos de 14 pagas, 14896€ al año, lo cual pondría a ese salario sobre el 43,03% de los salarios españoles (en relación con información de fuentes tributarias sobre el mercado de trabajo, para 2009). De todas formas, en el 2009 el 18,45% de los trabajadores cobró menos de medio SMI al año, con lo que cobrar 400 euros al mes ya te pone por encima de ese grupo (y te manda al siguiente, que es en el que se encuentran el 12,2% de los asalariados).

¿Por qué estoy diciendo todo esto? Por lo que comentaba al principio: Ya mucha gente se encuentra en la situación de miniempleos con minisalarios, no hay trabas para contratar de esta forma. Lo siguiente que se me ocurre es que la patronal intente que no se apliquen las tablas salariales para personas con menos de cierta cantidad de horas a la semana y, para ellos, se aplique una tabla fija salarial independientemente del puesto, lo curioso es que si hacen esto los empleos más precarios y que más gente contratan de esta forma verían aumentados sus haberes (en no pocos trabajos y categorías profesionales no se llega a 7 euros ni de casualidad).

Sin contar mi actividad remunerada principal, el último empleo que compatibilicé con el mismo era de 8 horas semanales. He llegado a firmar por 4 horas semanales -contrato indefinido, eso sí- y he recibido ofertas por empleos de un par de horas a la semana -y casi todos por el SMI, por tanto, menos que la «propuesta patronal»-. Dentro del personal de limpieza -por nombrar un colectivo afectado por este tema- es habitual que se compaginen muchos empleos de pocas horas a la semana cada uno, considerando además que al final más tiempo se gasta en el transporte que en trabajar; sectores como la hostelería tienen este tipo de contratos parciales como la norma -pagando menos que lo propuesto por la patronal o muy similar-… Así que no sé de qué hablamos.

Lo que sí sé es lo siguiente: En ningún caso es una medida contra el paro. En Alemania no se puso para atajar el desempleo, sino para favorecer contrataciones de personas que no querían trabajar a tiempo completo*. Si un empresario no necesita un trabajador, no demandará un trabajador, da igual si es por una hora a la semana o cuarenta, si no le necesita no le contrata. Lo sé, es una Perogrullada, pero a veces se les olvida esto. ¿Cómo va a crear empleo esta medida? Es como la moderación salarial (¿ya lo han visto, este año los salarios han crecido por debajo del IPC? ¡Y no se han creado empleos! pero si es que hasta desde la OIT se reconoce que es una medida que no crea empleo -PDF-), lo único que hace es aumentar la cuenta de resultados de unos pocos, pero ni más empleo ni en mejores condiciones ni nada.

Así que, imagino, si piden un nuevo contrato de trabajo (¿no que había que simplificarlos o ir al contrato único? ¡aclárense!) de 15 horas por 400 euros solo puede ser para pagar menos para los casos que el precio/hora sea superior al resultante de esos 400 euros y así saltarse el Convenio Colectivo de alguna forma legal. Engañarnos, eso es lo que quieren. ¿O es que queremos repartir el trabajo? Siempre recordando que el trabajo demandado no es una cantidad fija, sino que es una demanda derivada. Bien, planteémoslo en serio y de forma global, propuestas como la soltada por el presidente de presidentes de patronales resultan un insulto a la inteligencia y/o un desconocimiento de la realidad bastante vergonzoso. Importar medidas concretas sin ver el conjunto del sistema resulta absurdo.

*Hay que tener en cuenta que en España existe un rechazo al trabajo a tiempo parcial, al punto que el 54,25% de los ocupados a tiempo parcial lo son por no haber encontrado un empleo a tiempo completo (datos de la EPA).

No me voy a extender en lo de la jura como requisito para el acceso al cargo, voy a recordar dos textos, uno mío de hace dos años: «¡Sí juro!» (no es por echarme flores, es por no repetirme tanto); y la Sentencia del Tribunal Constitucional 74/1991, publicada en el BOE el 14 de mayo de 1991, y recordando, de esta última, lo siguiente:

«Los recurrentes tienen derecho a prestar su juramento o promesa de acatar la Constitución en los términos realizados, y el impedirles la perfección de su condición de Senadores por no utilizar la fórmula establecida en el art. 11.3 R.S. supone una “restricción indebida” a su derecho a acceder al cargo en condiciones de igualdad. Se hace prevalecer una interpretación de la Constitución excluyente frente a otra integradora, teniendo en cuenta que la fórmula «por imperativo legal» según la STC 119/1990, no tiene valor condicionante ni limitativo de la promesa.»

Así que podemos partir de una premisa que ya tiene una jurisprudencia asentada, al punto que las últimas veces (como en el 2008) que alguien agregó el «por imperativo legal» ya no hubo controversia (un presidente negando el acceso al diputado, un diputado electo que no puede ejercer y tiene que recurrir al TC, ya me entienden, lo que dio lugar a toda la jurisprudencia existente). Así que por más circo que sea, es un circo legal y constitucional.

Bien, quien más ha puesto el grito en el cielo es Rosa Díez, en su papel de víctima y defensora de España, declaró:

«[U]n circo y una auténtica falta de respeto (…) no empezamos bien la legislatura (…) si no hay voluntad de reconocer la Constitución lo que deberían hacer es no presentarse a las elecciones».

A mí, personalmente, me parece una falta de respeto tener que jurar la constitución. En RNE hicieron, en el noticiario de las 2pm, una ronda de saludos, felicitaciones y preguntas entre las distintas cabezas de los principales partidos, entre ellos a Rosa Díez (no por gusto es el cuarto partido de España en cuanto a votos totales), y ella aprovechó para atacar a todos los que han agregado alguna coletilla a la jura o promesa (que no han sido solo los pérfidos separatistas), y declaró que su partido es «totalmente constitucionalista».

Y ahí me quedé, escuchando y digiriendo sus palabras, pensando en qué tendrá que ver que tenga más de un millón de votos con el que se le aplique una barrera del 5% para lo de los grupos, y de no entender que la situación del PNV es totalmente diferente (superan el 15% en todos los sitios donde se presentaron*), que incluso si a ellos se le aplicara esa vara de medir sobre los sitios donde han sacado diputados (Madrid y Valencia), tampoco tendrían derecho a grupo (en Madrid tuvieron el 10,29% y en Valencia el 5,92%), incluso, si se le aplicara esa vara a IU-LV-ICV en vez del 5% nacional, los 11 diputados no tendrían grupo propio (en ninguna de las 7 provincias donde obtienen representación llegan al 15%).

Pero volvamos a lo de «constitucionalista», le espeta a los pérfidos que no juran su absoluta sumisión al texto constitucional mientras, a la vez, critica la legislación electoral que parte desde la Constitución. ¿No ven la contradicción? UPyD propone casi más cambios en el texto constitucional (tanto cuantitativa como cualitativamente) que PNV, CiU, ICV, Amaiur, Esquerra… Bueno, más o menos, UPyD quiere un cambio total, que afecte a todos los españoles (otros quieren unos cambios que afecten a una parte de los españoles, al extremo, para algunos, de que parte de los mismos dejen de ser españoles), así UPyD propone toda una reforma que va desde el sistema electoral regulado por la constitución (por ejemplo, lo que proponen para el Senado, o la forma de trampear la provincia como circunscripción para el Congreso de los Diputados), a grandes cambios en la organización territorial (lo que llaman reordenar las competencias y «cerrar el mapa autonómico», además de quitar los derechos forales) y en otros múltiples aspectos, hasta quieren cambiar el juramento del Rey (pero no proponen quitarlo), UPyD no está nada cómoda con la actual constitución, pero se vende como «un partido totalmente constitucionalista».

¿Significa que sus objetivos pasan por reformar la Constitución respetándola? CiU, Esquerra, IU, ICV, PNV y demás también han propuesto reformar la constitución para poder cumplir con sus objetivos, piden referendos y demás, ¿eso los hace menos constitucionalistas que UPyD? ¿Por qué? Creo que el que más honda reforma constitucional propone no es un partido separatista, sino uno federalista, es IU quien propone una constituyente para la III República, que incluye el derecho de autodeterminación (y se quedan muy cortos en lo que quieren como final del camino).

Aun así, todos los que proponen cambios sustanciales (desde el PNV con su petición de bilateralidad hasta CiU con el pacto fiscal o ERC con la autodeterminación, o los ya mencionados de UPyD) son conscientes que los mismos deben tener encaje en la Constitución (al PNV ya se le echó un «plan» para atrás por no tenerlo, por más que ellos insistían que sí), y no son pocas las veces en que intentan justificar la constitucionalidad para no tocar el texto sagrado (CiU y el tema fiscal) o se apuran para pedir reformas constitucionales que abran la posibilidad de lo que ellos quieren (una reforma de la Constitución para que las autonomías puedan convocar referendos cuyo resultado es totalmente vinculante, mecanismo propuesto por ERC), están, finalmente, respetando la Constitución.

Si la Constitución sirve como ideología (no es un texto neutro), y coletillas como «por imperativo legal» (algo que es cierto, además) son «una falta de respeto», el proponer reformar el texto sagrado también sería una falta de respeto, un despropósito herético de innombrables consecuencias apocalípticas. Si ser un partido constitucionalista significa, por otro lado, el respeto a la constitución porque es la norma suprema del ordenamiento jurídico, todos los que están en la cámara son partidos constitucionalistas, con lo que la queja de la diputada rosada sobraría. ¿O es que son constitucionalistas los que no decían coletilla alguna aunque pretendan tocar tanto la Constitución que al final ninguno de sus padres del 78 la reconozca? Porque ahí estaríamos en una definición formal venida desde un acto ritual y formal, doblemente absurdo.

Bueno, señora Díez, yo creo que no existe voluntad de reconocer la constitución por parte de su partido en partes tan importantes para muchos españoles como los derechos históricos de algunas autonomías o comunidades forales, o de no reconocer la posibilidad (constitucional) de la anexión de Navarra al País Vasco (si los navarros quieren), ¿por qué se presentan a unas elecciones si no reconocen la constitución tal cual es? ¡Evidentemente porque quieren cambiarla! El cumplimiento de la Constitución se ve desde el momento en que deciden presentarse respetando las reglas de juego, aunque no les gusten (como a UPyD no le agrada la legislación electoral, que viene desde el propio texto constitucional). No es un tema de respeto o falta del mismo, indudablemente todos deben acatar la constitución (la misma lo manda así), pero no puede ser un ancla ideológica (el propio TC lo ha recordado innumerables veces) y se puede proponer cualquier reforma (que no vulnere los tratados de derechos humanos firmados por España).

Existe una clara doble vara de medir: si UPyD (o el PP o incluso el PSOE) proponen reformar la constitución, son partidos «constitucionalistas» (de «centro», que dicen los del PP), si quienes proponen tocar la carta magna son los demás, los mentados anteriormente los acusan de ser unos partidos que desprecian a los españoles de bien, no quieren la constitución, y les espetan que para qué se presentan a las elecciones, parafraseando a Rosa Díez. Al parecer solo algunos pueden criticar la carta magna y ser, además, sus más fieles defensores al mismo tiempo. Es lo que tiene ser el portador de la verdad absoluta, que el debate o disenso es una falta de respeto.

(Me recuerda todo esto a cuando se puso de moda la expresión de «patriota constitucional». También me recuerda, todo esto, a la doble vara de medir sobre la reforma constitucional en Perú, cuando unos proponen reformas está bien, cuando otros las proponen quieren atentar contra el sistema constitucional, y cosas así…)

*Hace no mucho escuché una entrevista a uno de los dirigentes del PNV, le preguntaron por el tema de los grupos en el parlamento y sobre su postura con respecto a Amaiur (si se fijan, el PNV sí tendrá grupo, mientras que Amaiur, con más diputados, puede que no), y el dirigente vasco recordó que su formación dejó de concurrir en Navarra (con sus siglas y fuera de coaliciones) para asegurarse, justamente, el tener el 15% en cada una de las circunscripciones donde se presentan y así poder tener grupo propio, dejando caer que los colegas de Amaiur ya conocían las reglas, como ellos (y ellos se adaptan a las reglas electorales, ¿eso es ser constitucionalista? porque el PNV se ha adaptado a las reglas electorales mientras que UPyD no -y con todo el derecho, pero ahora PNV le podría espetar a UPyD que por qué se presentan si no les gustan las reglas, como los de UPyD le reprochan al PNV por su forma de jurar la Constitución-), Amaiur no llega a ese 15% justamente en Navarra (se quedaron con 14,86%), y por eso «peligra» su grupo (y de ahí que el navarro no haya recogido su acta aun, estrategia curiosa para que solo se tomen en cuenta los porcentajes de las tres provincias donde sí tienen más del 15%).

El PP saca una considerable mayoría absoluta. Una tertuliana, en RTVE, comentaba cómo al PSOE se le castiga por los recortes pero se elige a un partido que ya los va anunciando (y haciendo donde gobierna), no confundamos, los que castigan al PSOE por los recortes (eso en concreto) no votan al PP, sus votos se van a otros partidos, abstención, blancos y nulos, tal vez los que salten del PSOE al PP lo hagan pensando que el PP puede hacerlo mejor en lo económico, o justamente para que meta con más fuerza la tijera. Al 95% de votos escrutados el PP obtendría, con el 44,55% de votos válidos, unos 186 escaños (mayoría más que absoluta), ojo, no parece que el PP consiga superar el techo de los 11 millones de votos, y tampoco es un triunfo, en votos, espectacular (no llegan a mejorar cinco puntos, y es solo 1,7 puntos más que el PSOE del 2008).

Es el PSOE el que se ahoga en su propia porquería, pasa del 43,87% al 28,66% de votos, esa sí es una caída espectacular, de 169 escaños a 110, un tercio menos (más o menos). El PSOE pierde en la práctica totalidad de las provincias (solo vence en dos circunscripciones, ¡solo 2!), al punto que por primera vez en Cataluña no es el partido más votado en unas generales (aunque gana en Barcelona).

En el otro lado, el PP gana en prácticamente toda España, solo no consigue ser el partido más votado en dos comunidades: País Vasco y Cataluña. Más aun, el PP es el tercero en Cataluña y el cuarto en el País Vasco (ahí el PP cae en votos válidos y todo), donde Amaiur, la formación de la izquierda abertzale, consigue ser la fuerza con más escaños (pero no la más votada), cayendo el PSE-EE del primer al tercer lugar. CiU es la gran ganadora, por primera vez es la fuerza más votada ahí en unas generales, y pasa de 10 a 16 curules, acomodándose con fuerza como la tercera fuerza en el Congreso de los Diputados. Y ha sido la CiU más racista e independentista, también la de los recortes sociales y las huelgas hasta de médicos. Y los ciudadanos catalanes la han premiado.

IU y UPyD aumentan considerablemente, tanto en votos (lo más) como en escaños (lo menos, siguen perjudicados por el sistema), así UPyD pasa de 1,19% a 4,75% (lo que le vale saltar de 1 escaño a 5 curules, o sea, directos al Grupo Parlamentario propio); la federación de izquierdas de Cayo Lara, por su parte, da un triple mortal, roza el 7% de votos y los 11 escaños (de 2 actuales). Varios partidos nuevos entran al Congreso de los Diputados, estará más fragmentado que otros años…

Una participación del 71,72% (2 puntos menos que en el 2008), más nulos y blancos (1,28 y 1,37% respectivamente).

Por ahora no digo más, pueden ir viendo el artículo en De Igual a Igual con los resultados o la web oficial.

Actualización (11:12am del 21/11): Tonto el que no se consuela. Le voy a dar un argumento a mis amigos del PSOE para que se sientan algo mejor: Ustedes, señores del PSOE, tuvieron, en términos absolutos, un mejor resultado electoral en el 2008 (y 2004) que el PP en estas elecciones. No hombre, no se echen las manos a la cabeza, ya sé que en el 2008 (y 2004) el PSOE no obtuvo mayoría absoluta, también sé que en votos válidos el PSOE del 2008 sacó 0,75 puntos menos que el PP ahora (sí, la diferencia entre la victoria del PSOE y la del PP no llegan a un punto), pero les voy a dar datos para la alegría: El PSOE, tanto en el 2004 como en el 2008, superó los 11 millones de votos, el PP en el mejor resultado de su historia no ha llegado (por poco, se queda con 10,83 millones), los votos con respecto al censo (hoy hay más votantantes que en el 2008, en concreto, un 2% más) indican que esta mayoría absoluta tan clara del PP (por tanto, un resultado en términos relativos) no lo es con respecto a la población con derecho a decidir, así el PSOE en el 2008 consiguió el apoyo del 32,19% de los censados (en el 2004 el apoyo del 31,89%) mientras que el PP en esta ocasión se queda con el 30,27% del voto de los censados (ya que tanto se compara este resultado con el del 86 del PSOE, en esa ocasión el PSOE obtuvo el favor del 30,57% de los censados).

Pero claro, las elecciones no son una carrera de absolutos, sino que se miden en términos relativos, uno puede sacar más o menos el mismo resultado en votos absolutos pero tener una suerte dispar al momento de transformarse esos votos en diputados, ya que esto depende de la diferencia relativa, y ahí es donde el PP ha goleado, le ha sacado a su principal contendiente la friolera de 15,89 puntos en el total estatal, pero es que en 30 circunscripciones la diferencia fue de más de 20 puntos (y en 3 de 40 puntos o más).

Me sirve como ejemplo Burgos: el PP ha bajado en votos absolutos pero ha subido en votos relativos, y lo que es más importante, ha aumentado su ventaja relativa, así en el 2008 obtuvo el 50,51%, esta vez, con 2000 votos menos (y 3 puntos menos de participación de los censados), el PP se lleva el 54,25% de los votos válidos. El PSOE esta vez consiguió un patético 27,94% (de algo más del 40% que sacó la vez anterior), con lo que la diferencia de 10 puntos de antaño ahora se volvió en 26,31 puntos, conclusión: El PP con menos votos (absolutos) sacó 3 diputados (uno más que en el 2008), y la debacle del PSOE hizo que perdieran uno de los dos que habían conseguido en esa circunscripción. Y eso ha pasado en media España, el PP manteniéndose o subiendo poco en términos absolutos, el PSOE desplomándose, conclusión: Más escaños para el PP. En todos esos sitios donde una pequeña diferencia en votos es una gran diferencia en escaños, donde al repartirse poco el partido que ha ganado se lleva el 75% de la tarta, es el PSOE el que más lo ha sufrido, y ahí donde más partidos han aparecido quién más ha sufrido la sangría de escaños es el segundo o tercero, o sea, el PSOE. Por poner ejemplos: Valencia (PP mantiene 9, los 7 del PSOE se reparten en 4 partidos), Madrid (se reparte uno más, ese extra se lo lleva el PP con menos votos absolutos que en el 2008, los 5 del PSOE se reparten entre IU y UPyD), y así en un par más, salvo Asturias, donde respetuosamente el PP y el PSOE le han dado uno a FAC e IU, respectivamente.

Por último, y ya que hablo de la dispersión del voto (en todos menos en el PP), este es el año con más partidos superando la barrera del millón de votos (5, frente a los 2 del 2008) o más partidos superan el 1% del censo electoral (5 frente a los 4 del 2008)…

Para el PP todo está perfecto
Ni una mención en el programa. El partido que conseguirá la mayoría absoluta no habla de la monarquía, lo suyo es el gobierno, el jefe del Estado les importa poco, así como la sucesión o lo que tercie. Claro, hablar de una reforma constitucional de la corona es algo difícil, se necesita un acuerdo amplio y convocar elecciones, y ya sabemos que para el PP, cuando gobiernan, mientras menos elecciones mejor. Así que el PP no propone nada sobre la jefatura del Estado, ni siquiera para eliminar el machismo consagrado en el artículo 57.1 de la constitución.

El PSOE y la promesa constante
El PSOE consiguió reformar la constitución con ayuda del PP, pero no en algo que ya había prometido en el pasado: Eliminar el machismo constitucional en la sucesión a la corona. El PSOE es un partido que se reclama republicano («republicanismo cívico», según las resoluciones del 37 Congreso del PSOE) pero que no lo lleva en el programa ni siquiera como declaración de intenciones (como sí habla, por ejemplo, de la «cultura federal»).

En el apartado sobre «la optimización de nuestro sistema de descentralización del poder» vuelve a tocar de forma somera (página 125) el tema de la discriminación en la línea de sucesión, para reclamar o prometer un cambio constitucional para que mande el primer hijo en igualdad del resto de condiciones, esto es, que se elimine la preferencia del varón sobre la mujer (digo «vuelve» porque en el 2008 ya lo prometió, miren la página 270 del programa).

UPyD con una monarquía sin discriminación
Lo sé, la monarquía hereditaria por definición es discriminatoria (una sola familia tiene el derecho de acceder al cargo), pero nos referimos a la línea de sucesión, proponen eliminar del art. 57.1 de la Constitución la preferencia por el varón. También, y cada uno con sus filias y fobias, proponen eliminar del art. 61.1, que regula el juramento del Rey ante las Cortes, eso «de las comunidades autónomas». Me escama que un partido que propone tantas reformas constitucionales y se llame a sí mismo progresista pretenda mantener la monarquía (es algo que no les preocupa, tampoco hay menciones al tema, por ejemplo, en el Manifiesto Fundacional).

IU y la III República
Esto me gusta. Bien, decir «esto me gusta» está alejado de un comentario sobre el programa, cierto, ahora lo desarrollo: En el Eje 2 («Propuestas para una democracia avanzada») tienen un punto (el quinto) titulado: «El proceso constituyente como camino hacia la III República». Tal cual. En el cambio profundo del Estado que pide IU se encontraría con la III República como «medio» (y no solo un cambio en la jefatura del Estado). IU comienza haciendo un repaso de lo conseguido por la izquierda en la Constitución del 78 y cómo quedaron en papel mojado (como derechos al trabajo, vivienda y demás, es que los derechos los carga el diablo, y si te los ponen en la sección de «principios» ya no son realmente «derechos»), así que la coalición propone una República, como «cosa pública», en que todos están «comprometidos ejerciendo la responsabilidad de su condición ciudadana».

Recordando cosas como que no hay libertad sin las condiciones materiales para ejercerla, que «[l]a libertad republicana es la ausencia de dominación» (lean, por cierto, sobre las culturas republicanas -y II- en esta bitácora), por ello hablan de una República laica y de un Estado Social. No dicen que Las Cortes tengan que hacer una reforma que vaya a la república, no, hablan de que el trabajo desde dentro y fera de las instituciones logre una constitución republicana, basada en la participación ciudadana, hablan, finalmente, de construir el Estado de abajo a arriba, y consideran que el actual sistema «ha devenido ilegítimo». Para IU, además, la construcción de la República nos dará un modelo federal, que defienda la autodeterminación de los pueblos que libremente formen el Estado.

Consideraciones finales
Tanto el PP como UPyD y el PSOE se sienten cómodos en la monarquía parlamentaria, no proponen cambiarla ni a corto ni a largo plazo, para el PP ni siquiera es un tema del que se deba hablar (ni para acabar con el machismo institucional, seguro que hasta les parece bien, los carlistas andarán contentos con el PP). El PSOE se supone que es republicano, pero cada vez menos, en realidad eso de «republicanismo cívico» es una forma de decir que una cosa es lo que piensan y otra la forma de Estado… Triste claudicación. UPyD se suma a ese «intocable» sobre la forma de Estado, piden cambios de todo tipo, menos la república.

Izquierda Unida es el único partido de los vistos (no el único de los que se presentan, claro) que pide claramente la República, y no como un mero cambio de forma de jefatura del Estado, sino un cambio profundo que afectaría a toda la nueva república española, un cambio hacia el modelo federal puro y duro, y libre en cuanto a la entrada y salida de las partes que conformarían esa república (que recoge los valores republicanos como el de la no dominación). De cajón en este punto coincido con IU y me alejo totalmente de los otros tres partidos mencionados.

El PP: ¿Cambios electorales? No gracias
Una de las medidas que el Partido Popular propone es ampliar «los mecanismos de participación de la sociedad en la elaboración de disposiciones normativas legales y reglamentarias», lo cual no significa absolutamente nada… Más adelante ya tienen un apartado titulado «Una Democracia Ejemplar» (pp 169 y ss), entre otras cosas el concepto de «regeneración política» es centrarse sober «las verdaderas preocupaciones de los ciudadanos» para pasar a ningunear lo hecho por el PSOE por «obsesiones ideológicas y la satisfacción de intereses minoritarios», una de dos, o esos intereses minoritarios no son preocupaciones de ciudadanos (minoritarios) o simplemente el PP cree que solo lo que ellos opinan es lo que interesa a los ciudadanos, o que solo los intereses de la mayoría son dignos de ser atendidos (lo cual es muy grave).

Una de las pocas medidas concretas sobre participación ciudadana está en «reconocer» el derecho de la oposición a promover iniciativas sin que sean «vetadas», vamos, lo de iniciativa legislativa popular debe ya sonar a chino… La novena medida del apartado 5.1 de «Una Democracia Ejemplar» va en la línea de reformar el sistema electoral municipal «para respetar la voluntad mayoritaria de los vecinos» garantizando «la estabilidad de los ayuntamientos», lo primero que me planteo acá es por qué solo para los ayuntamientos (¿y las Comunidades Autónomas? ¿Y el Estado?), lo que parece indicar que harán que el partido que gane se lleve la mayoría absoluta (no suena a que hagan segundas vueltas)… Y ya. Eso es todo. El sistema electoral para el PP no merece ni una línea, ni reforzar, más allá de lo mencionado, la participación ciudadana, ¡por el pueblo sin el pueblo!

Cabe recordar que la modificación restrictiva de la Ley electoral aprobada a comienzos de año contó con el voto favorable tanto del Partido Popular como del Partido Socialista Obrero Español.

El PSOE ante el sistema electoral
El PSOE tiene un punto, en el quinto apartado («Democracia») que apunta al Sistema Electoral, el 2.3, y otro sobre participación ciudadana, el 2.4, nos centraremos en ambos.

La idea, nos dice el PSOE, es mejorar la relación entre representante y representado (entonces no entiendo la razón que les llevó a aprobar la reforma de la LOREG hace unos meses) y para ello apuntan al «modelo alemán», mientras tanto, como parche proponen «listas electorales desbloqueadas» (lo que se conoce como voto preferente, no solo votas por un partido, sino que dices qué políticos de los que te dan en la lista prefieres), tanto para las nacionales como para las locales, y ya, poco más reseñable, sí, hablan del «voto por Internet» como complemento al del correo y a seguir buscando la «presencia equilibrada entre hombres y mujeres». Ahora, si quieren mejorar la representatividad, sin cambiar la constitución, deberían proponer ir al máximo de diputados (400), reducir el mínimo a 1 por circunscripción y cambiar el método de reparto (de D’Hondt a Resto Mayor, método Hare).

En cuanto a participación ciudadana, y en un claro guiño al 15-m, quieren «un Estado más abierto (…) participativo e incluyente» y así abrir «más espacios para la participación política», por ello quieren crear una nueva Ley Básica de Participación Cívica e Institucional, que parta de un proceso de participación impulsado desde los ayuntamientos, mejorar el proceso de Iniciativa Legislativa Popular, bajando los requisitos y límites, hablan del diputado 351 (el defensor de la iniciativa en el pleno, comisión y demás, con voz pero sin voto), convertir la comisión de Peticiones en una de Participación Ciudadana, que las comisiones del Congreso deban «oír» a los representantes de los sectores afectados por las normas que debaten, crear procedimientos para que todas las administraciones públicas para dar a conocer sus iniciativas y poder recibir valoraciones y propuestas ciudadanas.

Algunas propuestas del PSOE no son malas, lástima que no las hayan planteado durante los últimos 7 años, pero ni de lejos. ¿Por qué ahora sí y antes no? ¿Por cambios filosóficos? No, no lo parece. ¿Para atraer a los del 15M? Puede. ¿Para limitar el poder del PP gobernante poniéndolo en jaque? Puede también. Aun así, son propuestas insuficientes.

UPyD y la reforma profunda en el tema electoral
El saque del programa de UPyD es «Reforma de la Ley Electoral General» y dentro del apartado de «Reforma de la Constitución y el Estado» nos encontramos con el apartado de «Mejora de la participación ciudadana en las decisiones políticas» (2.7). En cierta medida sorprende que la reforma electoral no esté dentro de la Reforma de la Constitución y el Estado y sea el primer punto del programa (¿lo más importante? tal vez no lo sea, ¿algo con autonomía propia e independiente como para no entrar en el siguiente apartado? No), pero está claro que a UPyD el tema electoral le preocupa de forma importante, son uno de los partidos más damnificados por el actual sistema.

De saque proponen llegar al límite constitucional actual de 400 diputados y el cambio del método de reparto por Resto Mayor usando Hare (hasta cierto punto hecho en falta que expliquen en su programa qué significa este cambio), a la par que un cambio del sistema de forma que «trampea» la circunscripción provincial, 200 diputados se elegirían por circunscripciones provinciales y los otros 200 por circunscripción única nacional. Bien, un pequeño paso inicial para luego cambiar la provincia como circunscripción en favor de las Comunidades Autónomas (esto me sorprende, mantienen un doble sistema para el Congreso, preferiría una circunscripción única para el Congreso de los Diputados, y un Senado fuerte con una representación territorial basada en las autonomías). También proponen las listas desbloqueadas, pero me asusta que lo vinculen a las «herramientas informáticas», ya saben que en esta casa no queremos el voto electrónico.

Sobre la última reforma, proponen eliminarla (quitar ese 0,1%, esto les honra, ya que esa reforma no les ha perjudicado), me pregunto si también eliminarían la barrera electoral, esos 200 diputados en una única circunscripción usando Resto Mayor con el método Hare permiten que partidos pequeños, realmente pequeños, puedan entrar en el Congreso de los Diputados, algo que yo veo positivo, pero en la web de UPyD más de una vez he leído cosas como subir la barrera para eliminar a los nacionalismos del Congreso de los Diputados (con una barrera nacional alta, del 3 o 5%, y eso también se lo he oído a varios de sus ideólogos), lo que es contradictorio con esa proclamación de respeto a la pluralidad.

Todo este cambio de políticas para favorecer el derecho a elegir choca con una prohibición: Limitación de los mandatos máximos a dos legislaturas (es la 328). No termino de entender esta medida, y menos la interpretación que hace Rosa Díez de la misma (muy parecida a la forma en que la planteó Fujimori en su día), ¿para qué tanto voto preferente y demás si luego me prohíben elegir a Menganito porque ya ha sido diputado durante dos legislaturas? ¿Y si lo está haciendo realmente bien? ¿Y si ahora sería gobierno y ayer fue oposición? Lo curioso es que esto lo suelte una persona que es política profesional y que no ve realmente nada malo en ello.

Sobre participación ciudadana resulta interesante que los ciudadanos podamos promover referendos consultivos (con esas 500 mil firmas) así como una reforma de la constitución para permitir que la Iniciativa Popular pueda entrar en temas de Ley Orgánica (curioso que no digan lo mismo de cuestiones tributarias, también excluidas). Y nada más.

Izquierda Unida y el eje «Para una Democracia avanzada»
Los tres primeros puntos del Eje 2 del programa de Izquierda Unida van dirigidos al tema electoral y de participación ciudadana. Aunque es un poco vago, sabemos por dónde van, proponen «eliminar los factores que provocan la desproporción», hablan del «tamaño de las circunscripciones», su magnitud, la barrera electoral, la fórmula electoral, y mejorar la proporcionalidad, pero no, realmente no proponen nada (en ese sentido está mejor el programa de UPyD), sí me parece destacable que hablen de que todos los partidos tengan los mismos requisitos (actualmente se distingue a los partidos ya representados frente a los extraparlamentarios, favoreciendo a los que ya están en las cámaras). Es una pena que no concreten más.

Es interesante además dos propuestas que amplían el universo de las personas con derecho a votar: Bajar la edad legal a los 16 años y permitir que los inmigrantes con 2 años de residencia puedan votar en las generales. ¡Genial! Eso sí permitirá una verdadera integración.

Desde IU buscan un «Estado Social Participativo», con especial protagonismo para las organizaciones y colectivos sociales, no solo en la participación al configurar y planificar las políticas, sino también para la ejecución de las mismas y en la gestión de los servicios públicos, llevando la democracia «a las empresas públicas y privadas» (no concretan, nuevamente, qué significa eso), solo dicen que se debe educar mejor (para una cultura participativa, no solo de ciudadanos pasivos) y que se deben establecer mecanismos de participación a todos los niveles. En cuanto a la Iniciativa Legislativa Popular, quieren que realmente sirva y los ciudadanos en el procedimiento legislativo, eliminando restricciones, dando voz a los proponentes, entre otros… También proponen implementar los «presupuestos participativos»… Y llegamos a la oveja negra en casi todos estas propuestas: Potenciar el voto electrónico. No, por ahí no debemos pasar.

El apartado de participación ciudadano está bastante explicado, en cambio el tema electoral, aunque es un constante en los debates de IU, queda vacío de contenido propio más allá de unas declaraciones de intenciones y esas dos medidas positivas sobre la masa de ciudadanos que podrán votar.

Consideraciones finales
El PP pasa por encima de este tema, realmente no le interesa un pimiento, en su ideario, por lo visto, tal como estamos la participación ciudadana es más que suficiente… El PSOE propone algunas cosas curiosas, insuficientes, pero curiosas, lástima que no lo haya pensado hace 7 años (o durante los mismos), fijo que en partidos como IU, UPyD, ERC, BNG y alguno más hubiese encontrado suficientes votos para reformar la LOREG en el sentido que ahora proponen. Es que su único gesto en la materia electoral fue a peor. UPyD tienen un buen desarrollo del tema y propuestas interesantes (algunas quedan algo raras por las prohibiciones o por lo que el partido normalmente manifiesta) e IU creo que ha desperdiciado una oportunidad para explicar mejor cómo debe ser el sistema electoral para ellos, aunque la parte en que describen la participación ciudadana no está nada mal.

De todas formas, tanto UPyD como IU son, de los 4, los dos que más se acercan a algunas ideas que he pintado en esta casa de lo que pienso que deberían ser las elecciones para mejorar la representatividad, así como en el tema de participación ciudadana.

El PP y la Propiedad Intelectual
Su modelo es el estadounidense. No paran de decirlo. Aprobaron el canon digital (en el 2006), luego se sumaron a la corriente que pidió su eliminación, aprobaron la «Ley Sinde», pero comprometiendo a que se cambiara todo el tema de la copia privada, contando el mal llamado canon digital…

Hablan mucho de generar las condiciones para un nuevo «modelo de negocio», el incentivo fiscal a los «creadores» (editores y productores, entiéndase, y a inversores, esto último lo dicen), favorecer el micropago (¿cómo? a saber) y de «promover una mayor protección» a la propiedad intelectual. El nuevo modelo se basa, en cierta medida, en cambiar las subvenciones por mecenazgos (esto no me convence nada, tampoco las subvenciones…).

Hablan de suprimir el canon digital, pero a la par de modificarlo, esto es, quitan una cosa para poner otra, lo que en mi casa se llama modificar, no suprimir (pero es que llevan tanto prometiendo que lo «suprimirán»), la idea es un sistema más «justo y equitativo» (como la ley dice que debería ser la compensación por copia privada, que fue en lo que se ciscaron en la Orden Ministerial y es lo que el TJUE ha dicho que está mal en la legislación española), a la par que quieren «reforzar» la «protección» de la propiedad intelectual, ¿quitar la «Ley Sinde»? Realmente no, o sí, o sea, harán «más» para impedir la copia. Me escama que siempre pongan la propiedad intelectual y la industrial juntas, no son lo mismo, al menos no en las culturas continentales, esa forma de ver los derechos de autor es propia del modelo anglosajón.

(El PP farda mucho de tener muchas medidas en su programa, pero es que algunas las tiene repetidas, o sea, en distintos apartados la misma, por ejemplo, miren la tercera del apartado 1.9, súmenle la octava del 1.8 y ahora la tercera del apartado 3.8, así también yo completo cuatrocientas medidas numeradas. Y pocas medidas son concretas, ¿qué significa «reforzar la protección de la propiedad intelectual»? Por otras declaraciones lo sabemos: Más criminalización del usuario.)

El PSOE y los derechos de autor
El retroceso que hemos tenido en los últimos años en los Derechos de Autor de la mano del PSOE son innumerables, y son los autores de la inefable «Ley Sinde», que en realidad es la última gota en el vaso, ni más ni menos.

En el punto 4.4 del programa del partido que se irá del gobierno (porque se irá) ya tiene una diferencia clara con el PP, al menos hablan de más cultura que la puramente en español, y no meten la protección a la tauromaquia como una medida concreta (mira, de las pocas realmente concretas del PP)… en fin, al lío:

Proponen crear una Agencia de Propiedad Intelectual, sustituir el «canon digital» por un «nuevo modelo de protección» que de equilibrio a los derechos de usuarios y creadores, algo que en sí mismo tampoco significa nada, y más viniendo de la boca del PSOE, habló antes de equilibrio y sacó la «Ley Sinde» y una OM horrorosa con tarifas absurdas. También insisten en el mecenazgo… Lo único interesante es que el IVA super reducido (4%) de los libros físicos se aplique también a los digitales. También hablan de «cambio en el modelo de negocio», sin decir qué modelo de negocio nuevo, oyen campanas pero no saben desde donde.

En realidad no hay nada nuevo bajo el sol del puño con la rosa, no proponen cambios reales en materia de propiedad intelectual, es más de lo mismo. Solo el tema del IVA resulta positivo y claro (y es algo que intentaron en el actual gobierno, pero haciéndolo mal y no consiguiéndolo).

Izquierda Unida ante el mundo de la creación
No hay que olvidar que IU también votó a favor de la reforma de 2006, pero bueno, a partir de ahí pareciera que han reflexionado más sobre el tema y se han ido acercando a posturas más transformadoras de lo que actualmente existe (ya hemos visto que el PSOE y el PP proponen o más de lo mismo o irnos a lo estadounidense, cada cual peor que la otra).

El punto 3 del eje 8 se titula «Por un nuevo modelo de la Propiedad Intelectual y por la libre distribución de la cultura», lo cual ya es más significativo en la orientación. Han comprendido más o menos la transformación en los medios de producción (el acceso a los mismos) y en el cambio desde el punto de vista laboral que se está produciendo. No estoy de acuerdo en que «se ha eliminado a los intermediarios (editores y distribuidores)», más aun, con todo lo que se ha aplaudido el desembarco de Amazon y el triunfo de Apple y su modelo de distribución cerrado lo que se produce es un cambio en los distribuidores, pero no su eliminación (aunque la misma sí esté en la potencia de la red).

Pero bueno, hablan directamente de «gestionar de forma pública los derechos de autor», del software libre (y en contra de las patentes de software), de ayudar a difundir las creaciones desde los artistas de base y en un cambio en el modelo de propiedad intelectual, entendiendo que el actual modelo sirve únicamente para maximizar el «beneficio de grandes empresas (…) y [que] dificulta el acceso al conocimiento», además de existir un oligopolio de entidades de recaudación, así que hablan de crear un modelo que permita proteger a autores a la par que permita «mayores facilidades posibles para que esas obras puedan llegar a la ciudadanía».

Para IU la gestión debe ser pública de los derechos (esto presenta nuevos y complejos problemas, aleja la idea de la autogestión, si el modelo que santifica el oligopolio es malo, uno puramente público puede ser peligroso), el «canon digital» se eliminaría (¿y el «analógico»?) y se cambiaría por una contribución de los operadores de telecomunicaciones e industrias tecnológicas a determinar, siempre que no sea «indiscriminado», es un paso pequeño, pero un paso. Curiosamente incorporarían la posibilidad de que el autor renuncie a determinados derechos (el de cobrar por las copias privadas es irrenunciable actualmente) además de un reconocimiento legal de las Creative Commons, lo cual tiene un doble y absurda lectura: Que son las únicas licencias libres/semilibres que existirían de forma claramente legal y que actualmente no son legales. Ambas lecturas resultan de un mal planteamiento de la cuestión en realidad. Hablan de derogar la «ley Sinde» para garantizar la neutralidad de la Red.

Otro punto positivo es favorecer la digitalización de obras literarias y científicas que estén en dominio público para, se entiende, su acceso global, hablan de apoyar iniciativas tipo Proyecto Gutenberg (¿por qué no directamente ese proyecto) así como favorecer a esta digitalización de las obras descatalogadas por las editoriales (¿y las huérfanas? no son lo mismo que las descatalogadas).

Los derechos de autor para UPyD
En el punto 10.1 encontramos las propuestas de 363 a 368, todas ellas sobre Propiedad Intelectual. Lo primero que proponen es una nueva LPI, considerando que la actual no está adaptada a la era digital y que defienda a la cultura y difusión como bien social, hablan, y esto es importante, de dejar de criminalizar a los usuarios.

A mis colegas devolucionistas les puede agradar lo siguiente: Proponen que el Dominio Público como algo no solo obligatorio, sino como opción para «la creación amateur o como opción gratuita», eso sí, confunden licencias libres (o dominio público) con gratuidad, no señores, incluso hoy se siguen vendiendo copias del Quijote, ¡y está en el Dominio Público! Pero bueno, hablan de que los fondos digitales del procomún (como RTVE) se favorezca el acceso y que usen prioritariamente licencias «copyleft» (a saber si hablan de libres o en ese concepto en que se permiten como «copyleft» cosas como CC BY-NC-ND) y el uso de software libre.

También pretenden acabar con la llamada «Ley Sinde» y con los monopolios de las sociedades de gestión, pero no sé a qué se refieren con eso de «flexibilizar el mercado de patentes». Sobre la «compensación por copia privada» o el resto de tasas cobradas (entiendo que acá están hablando de cosas como el «canon» por comunicación pública y todo eso), hablan de un cambio de modelo, del actual a uno mediante fiscalidad especial…

Es interesante esa plataforma de creación que proponen, bueno, hablan de dos (¿por qué dos?), una para contenidos de pago (sea tarifa plana u otros) para obras (sin importar si son copyright o copyleft, no sé para qué se favorecería a los primeros, si no aportan tanto como los segundos) y otra de contenidos gratuitos para «copyleft», y acá tienen otro concepto, porque hablan de obras que estén en el Dominio Público (por extinción o por decisión de los autores) y las que están en el procomún (como RTVE). La idea de dos plataformas me parece absurda, mejor sería una con todos los contenidos, distinguiendo gratuitos y de pago, si se quiere, y potenciando los «copyleft» (si es Dominio Público por extinción no es copyleft, no sé por qué UPyD tiene tantos problemas con los términos).

Sobre las entidades de gestión proponen un cambio de modelo algo insuficiente, se distinguen tres niveles, no sé por qué las «sin ánimo de lucro» solo puedan ser financiadas por cuotas y no por la venta de material, el ánimo de lucro no está tanto en que exista una actividad económica sino lo que se hace con lo recaudado.

Consideraciones finales
Personalmente, en este apartado, no me siento representado por ninguno de los cuatro programas, los del PP y el PSOE no dicen nada nuevo realmente, o lo que es peor, van en la línea contraria a mis propios pensamientos en esta materia, UPyD tiene alguna buena idea, pero no sé si tiene claros los conceptos que maneja (o si estamos hablando el mismo lenguaje), e IU tiene, como en otras tantas materias, un quiero y no puedo claro, también con algunas buenas ideas que siguen encajando con el esquema internacional (ninguno propone apartarse, y es que hay que cambiar los convenios Internacionales).

En este apartado, para mí, quienes más piedras favorables colocan la balanza, para inclinar el voto a un lado u otro, es IU, eso sí, con muchos peros y puntos a mejorar.

En un mitin ayer, entre UPN y el PP (que esta vez se presentan como coalición), el líder del partido regionalista afirmó que Navarra no es «transitoria», a lo que el líder del nacional Partido Popular respondió diciendo que su partido impulsará la eliminación de dicha disposición transitoria de la Constitución.

¿Qué dice la tantas veces repetida disposición? Lo siguiente:

1. En el caso de Navarra, y a efectos de su incorporación al Consejo General Vasco o al régimen Autonómico vasco que le sustituya, en lugar de lo que establece el artículo 143 de la Constitución, la iniciativa corresponde al Órgano Foral competente, el cual adoptará su decisión por mayoría de los miembros que lo componen. Para la validez de dicha iniciativa será preciso, además, que la decisión del Órgano Foral competente sea ratificada por referéndum expresamente convocado al efecto, y aprobado por mayoría de los votos válidos emitidos.
2. Si la iniciativa no prosperase, solamente se podrá reproducir la misma en distinto período de mandato del Órgano Foral competente, y en todo caso cuando haya transcurrido el plazo mínimo que establece el artículo 143.

No es nada del otro mundo. En otras palabras, pone que el órgano foral puede decir «ey, queremos ser una sola comunidad con el País Vasco» y someterlo a votación de los navarros, que decidirían si entran o no en esa comunidad. Ni más ni menos. Ah, y que si el resultado del referendo es «no», para volver a plantearlo deben pasar cinco años (es el plazo del art. 143 de la Constitución).

La Constitución está llena de previsiones de carácter transitorio que bien se pueden reformar, o que su utilidad ahora es pequeña, en tanto que lo ahí previsto ya se cumplió (la formación de comunidades autónomas) o simplemente no se usó (la formación de Regiones -hay comunidades que se llaman «Regiones», pero son autonomías-), pero son previsiones cuya existencia tampoco sobra. En el caso navarro-vasco, estas disposiciones adicionales y transitorias son las que les permiten tener el régimen foral que disfrutan (y que Navarra no tenga «Estatuto de Autonomía» como tal).

En la Constitución el «mapa autonómico» no está cerrado (UPyD, por ejemplo, propone «cerrarlo»), no hay una limitación de comunidades, solo un diseño de tres vías (forales e históricas por un lado, el resto por otro) para ir asumiendo competencias (al final todas tienen más o menos las mismas competencias, distinguiéndose por el régimen fiscal las forales), así como tampoco está cerrado el «mapa territorial», no hay una descripción, en la Constitución, de qué territorios son España (se asume, sin más, que lo que había en el momento de hacer la Constitución eran España, así se menciona acá o allá con nombre y apellido ciudades o territorios, como son los casos forales, los de Ceuta y Melilla, o, cuando se habla del Senado, las islas que forman parte de España).

La Constitución sí prohíbe expresamente la «federación de Comunidades Autónomas» (art. 145.1 de la carta magna), pero no que un territorio se «salga» de una Comunidad y constituya otra, o se incorpore en otra, siempre con respeto a la Constitución y al Estatuto de Autonomía, la única diferencia que existe con respecto a Navarra y el País Vasco es que para este caso sí hay una previsión constitucional expresa para realizar este procedimiento. ¿Por qué existe? Sencillo, los que impulsaban el autogobierno en el País Vasco pensaban que Navarra se sumaría con ellos (y terminaron pasándolo hasta mal para que se sume Álava), así que en la negociación de la Constitución los partidos vascos presionaron para dejar la puerta abierta a la par que aceptaban que fuera una decisión navarra pura y dura, y en todo caso esa unión se haría respetando los «regímenes forales».

Mientras que en Navarra, aun existiendo una minoría considerable que querían ser «País Vasco» (PNV, EE y HB, y otras formaciones de electores, todos con representación en el órgano foral legislativo previo a la Comunidad, sumando algo más del 25% de los votos), la mayoría sí eran favorables al autogobierno en una provincia autonómica (UCD,UPN, el PSE-PSOE -antes de unirse con el EE en el País Vasco, antes del PSN también-, carlistas -¡sí, carlistas!-), con lo que se rechazaron de plano los intentos de convocar un referendo para ver si se unían o no al País Vasco (EE llegó a presentar propuestas en el sentido de realizar una consulta popular), incluso, y a diferencia del resto de «comunidades históricas», en Navarra no fue necesario un referendo para su «Estatuto».

¿Y todo esto a qué viene? Bien, tenemos claro lo que propone UPyD (siempre ha sido claro en este sentido) y el fuerte «navarrismo» del PP (al punto que el PP, como partido, no tenía presencia en Navarra hasta que se rompió el pacto con UPN), pero el PP, además de posicionarse en contra de una posible unión (como lo hacen los nacionalistas-regionalistas de UPN), no suele pedir que se reforme la constitución en este punto. ¿Para qué? No sirve de nada, no impediría que Navarra, en un momento dado, se uniera al País Vasco (insisto en que no existe prohibición constitucional para ello), así que solo queda como un «gesto».

Gesto, por usar un eufemismo, que no está contemplado en el programa electoral del Partido Popular. Estos últimos años el PP ha sacado en cara al PSOE en múltiples ocasiones que el partido de gobierno incumplía su programa, que tomaba medidas en contra del mismo o, lo que es más curioso, que hacía cosas que no había prometido en su programa (como, si no me equivoco, fue el reproche que se hizo cuando la reforma de la legislación sobre el aborto -que en el 2008 no lo llevó en el programa, pero en el 2004 sí-), ¿cómo calificaríamos una «promesa electoral» que no está en el programa? ¿Está Rajoy haciendo campaña prometiendo cosas que no van en su programa? ¿Por qué?

Al Partido Popular se le acusa con frecuencia de ser «ambiguo» en el programa, de hablar sin decir ni prometer nada (y cuando prometen dicen que no es una promesa electoral, sino una «aspiración», como con el tema del empleo), y ahora resulta que cuando prometen algo esto mismo no está contemplado en el programa. ¿Para qué tienen programas si es que ni los usan durante la campaña electoral? (Como cuando en el debate Pérez Rubalcaba leyó un cacho del programa del PP y Rajoy negó la mayor, incidias y tal.)

Pero bueno, a Rajoy le pusieron en un compromiso ante navarristas de pro, y respondió mediante el populismo más barato que sacó de su chistera.

Excurso: ¿Por qué el PP (o UPyD) puede proponer reformar la Constitución y los partidos no españolistas no pueden mencionar eso sin que se les acuse de querer romper con la Transición?

Ahora bien, según la encuesta del CIS, en el reparto el PP tendría entre 190 y 195 escaños, esto supone que ocuparía entre el 54,29 y el 55,71% de la cámara baja, lo cual nos da más de 9,71 puntos de diferencia entre los votos obtenidos y la ocupación real en el Congreso de los Diputados (la diferencia del PSOE del 82 fue de 9 puntos). Así pues, el aumento del PP en el peor momento del PSOE en toda su historia reciente es de 6,6 puntos, aunque eso se reflejará en una aplastante mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.

Como decía, es el PSOE el que más cae, de un 43,87% de votos válidos en el 2008 a, posiblemente, un 29,91% (según el CIS), estamos hablando de -13,96 puntos. Y aun así, con ese resultado tan adverso, mantendría entre 116 y 121 curules, esto es, una presencia en la cámara baja entre el 33,14 y el 34,57%, seguiría estando sobrerrepresentado (es lo que tiene la actual legislación electoral, favorece a los partidos mayoritarios de cada circunscripción). El peor resultado del PSOE fue en el 2000, con el 34,16% de los votos válidos y una representación en la cámara del 35,71% (125 diputados, si se fijan, más ajustado que lo que ahora dan las encuestas, esto se debe a la dispersión actual).

Unión Progreso y Democracia daría un salto cuantitativo inmenso, mejoraría su resultado electoral en un 144,54% (pasando del 1,19% de los votos válidos de los pasados comicios al 2,91% de votos válidos en los próximos), y triplicaría su presencia en el Congreso de los Diputados (con hasta 3 escaños), Izquierda Unida / ICV, por su lado, aumentaría en un 63,66% sus votantes, de tener un 3,77% a un 6,17% lo cual le llevaría hasta los 8 escaños. Fíjense que 3 escaños son el 0,86% de la cámara, y 8 son el 2,29%, esto es, ambas formaciones estarían subrepresentadas con -2,01 puntos UPyD y -3,88 puntos IU/ICV.

Cabe decir que también se encontrarían subrepresentadas formaciones como PNV, ERC, Amaiur, BNG, Compromís-Equo y CC, y muy levemente sobrerrepresentadas CiU, FAC. Ahora bien, siendo conscientes de la dificultad de una traslación exacta del porcentaje de votos con respecto a los escaños, si consideramos que toda desviación de menos de 0,5 puntos es una buena representación, ninguna de las formaciones de este párrafo están o sub o sobre representadas, con lo que en realidad tendríamos que PP y PSOE agrupan toda la sobrerrepresentación e IU/ICV y UPyD agrupan toda la subrepresentación.

Estas elecciones habrá más dispersión de voto, que perjudicará fundamentalmente al PSOE (es curioso ver en la encuesta que hay más gente que asegura estar cercanos al PSOE que los que afirman que votarán por esa formación, +7 puntos, caso contrario con el PP, -5 puntos, por cierto), pero esta dispersión del voto no tendrá un reflejo en el bipartidismo en el Congreso de los Diputados, así el 76,51% votará por PP+PSOE (en el 2008 fueron el 83,81%) y estas dos formaciones tendrán, más o menos, el 88,86% de la cámara baja (en el 2008 ocuparon el 92,29% los curules), en otras palabras, baja considerablemente el voto agregado a las dos formaciones principales (baja mucho el PSOE y sube algo el PP, realmente) pero su copamiento del Congreso de los Diputados no se reciente tanto, mantendrán una sobrerrepresentación de 12,35 puntos (en el 2008 la sobrerrepresentación fue de 8,58 puntos).

Nota curiosa: En la encuesta el 79,7% dicen que fue a votar y votaron, la participación en el 2008 fue del 75,35%.

Unión Progreso y Democracia (UPyD)
Página Web: UPyD.es
Programa electoral: Programa de UPyD para las elecciones Generales de 2011
Comentario: Partido impulsado por la ex-PSOE Rosa Díez, quien se presenta para gobernar España, y en Salamanca tienen como cabeza de lista al profesor universitario (de la UPSA, eso sí) Óscar Sánchez Alonso. Es un partido «recentralista» que agrupa a los liberales venidos del PP (esos que son liberales tanto en lo económico como en lo social, y no conservadores como el PP, como pasó en el 2008 con el apoyo de gente como Mario Vargas Llosa) como a los «desencantados» del PSOE, sobre todo al ala derecha de este partido y por materias de política antiterrorista. Uno de los partidos que más reformas constitucionales piden, les queda bien el adjetivo «socialiberales», sea eso lo que sea que signifique. Actualmente cuentan con una diputada y un eurodiputado.

Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
Página Web: PSOE.es
Programa electoral: Programa del PSOE para las Elecciones Generales de 2011
Comentario: Se dicen socialdemócratas, pero gobiernan como el resto de derechas de la Unión Europea. Ha estado al mando del país los últimos 7 años, sus idas y vueltas son antológicas, los crímenes como reformas laborales contra la clase obrera también, ahora presentan al ex ministro del Interior como candidato con un programa que es más de lo mismo, pero vestido con ropas rojas, pero poco. Lo único que tienen de socialdemócratas es el logotipo.

Partido Animalista contra el maltrato Animal (PACMA)
Página web: Pacma.es
Programa electoral: Programa de PACMA para las elecciones Generales de 2011
Comentario: Partido animalista a más no poder, sus propuestas giran alrededor de los animales: prohibiciones de deportes en que se les use o maltrate, que siempre haya alternativas vegetarianas en los menús escolares, prohibición de la caza o la experimentación con animales.

Partido Popular (PP)
Página web: PP.es
Programa: Programa del PP para las Elecciones Generales de 2011
Comentario: Un partido de derechas con un programa de derechas. Y muy conservador. Gobierna en más de media España (en las CC.AA.), y llama «ajustes» a duros recortes en educación o sanidad. Son quienes mandan en Salamanca y Castilla y León. Suelen decir que gobernarán como lo hicieron desde el 96, ¿inflarán de nuevo la burbuja inmobiliaria? Porque gran parte del crecimiento vino por ahí. Gobernaron en España entre 1996 y 2004.

Equo (EQUO)
Página web: Equava.org
Programa electoral: Programa de EQUO para las elecciones Generales de 2011
Comentario: Partido «verde» con tintes de izquierda, impulsado y encabezado por Juan López de Uralde, ex director de Greenpeace en España. Primero fueron una fundación (en 2010) y hace poco menos de un mes ya nacieron como partido político. Fuertemente impulsado por el Partido Verde Europeo. Es un partido/fundación que inició su andar restando a IU.

Higiene Democrática (HD)
Página Web: HigieneDemocratica.es
Programa electoral: Programa de Higiene Democrática para las elecciones Generales de 2011 (he compilado todos los artículos en tanto que no tienen un programa para descargar)
Comentario: Movimiento nacional que solo se presenta al Congreso de los Diputados en Salamanca, se presentan como «sin ideología» pero con «ideas» (con lo cual está claro que no saben lo que es una ideología), en el fondo proponen, sobre todo, una batería de medidas que más tienden a la derecha y al centralismo que otra cosa. Otro de los partidos que se presentan con ganas de fiscalizar a los grandes y al gobierno y no tanto para gobernar. Muestra del hartazgo frente, sobre todo, a los principales partidos. Presentan como cabeza de lista al veterinario Javier Alonso-Vaquero Velasco, pro-taurino reconocido.

Unificación Comunista de España (UCE)
Página Web: UCE.es
Programa electoral: Programa de UCE para las elecciones Generales de 2011 [No tienen un programa para descargar, esta es la página que tienen como programa.]
Comentario: Comunistas de tendencia maoísta (lo que le diferencia del resto de PC que pululan por España) y unionista (frente al federalismo imperante), les pesa el sambenito de ser más que un partido una secta. En multitud de ocasiones pidieron el voto para IU, en las últimas elecciones lo han hecho en favor de Ciudadanos o UPyD… Llevaban muchos años sin presentarse a las elecciones, hasta las europeas de 2009.

Partido regionalista del País Leonés (PREPAL)
Página web: Prepal-León (¿?)
Programa electoral: 404
Comentario: Derecha regionalista con más presencias en las pintadas en las calles que real, al menos en Salamanca. Reivindican la Región del Reino de León (que contaría con tres provincias, León, Zamora y Salamanca). En las últimas locales sacaron el 0,11% de los votos válidos de la provincia (y cero escaños), por detrás de otras 13 formaciones políticas.

Por Un Mundo Más Justo (PUM+J)
Página web: Porunmundomasjusto.com
Programa electoral: [Aun no colgado en su Web]
Comentario: Como ya dije hace años, es un partido que más se asemeja a una ONG de Desarrollo que otra cosa, para lo bueno y para lo malo, normalmente apuntan a unas propuestas de alcance global que busca reducir las desigualdades y garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos humanos, así como parar las «injusticias» del mundo, sean en forma de guerra, hambre o corrupción y abusos. En gran medida podría etiquetárseles como «socialdemócratas», aunque ellos se presenten de forma diagonal.

Izquierda Unida de Castilla y León: La Izquierda Plural (IU CyL)
Página web: Izquierda-unida.es
Programa electoral: Programa de IU para las elecciones Generales de 2011
Comentario: IU es el partido más perjudicado por la legislación electoral, y también el que más sufre la sangría interna de los conflictos, contando cómo en las últimas elecciones locales IU de Salamanca no se presentó con el apoyo del PCE charro, este partido apoyó a otra formación local «de izquierdas». Federación heredera del eurocomunismo en España, devenido en socialdemócratas con tintes verdes, en vez de presentarnos su cara más izquierdista se hacen los «modernos» trayéndonos el «plan Obama», aunque al menos tienen un programa asumible en cuanto a reformas fiscales y demás, así como los apartados dedicados a la cultura, pacifismo, temas ambientales y otros.

Escaños en blanco (Eb)
Página web: Votoenblancocomputable.org / Esconsenblanc.org
Programa electoral: «Dejar vacíos los escaños que pudieran corresponder al partido, sin tomar plena posesión del cargo y, por tanto, evitando los costes para las arcas públicas que eso supone.»
Comentario: Es el programa electoral más corto, consta de solo un punto, y allá donde han sacado representación lo han hecho (esto es: 3 concejales en total en dos localidades, Foixà y Gironella), básicamente abogan por que los votos en blanco cuenten en el reparto y se lleven su escaño (ya he comentado que pasaría si eso se hace en Lima) si es que les corresponde, así los votos que no van a ningún partido quedarían reflejados en la configuración del arco parlamentario (esto tiene efectos para mayorías absolutas y el quórum). En el 2004 consiguieron, en toda España, 40 mil votos (0,16%), en el 2008 tuvieron un resultado más discretos, 14,1 mil votos (0,06%). Antes de abstenerme o votar en blanco depositaría en la urna un voto para ellos, se lo han ganado, cumplen lo que prometen.

Candidaturas de los demás partidos con representación parlamentaria (ordenados alfabéticamente)
[UPN se presenta en esta ocasión en coalición con el PP, con lo que no pongo su programa entendiendo que apoyarán al PP, ICV se presenta junto con EUiA, pero luego en el Congreso votan distinto, coloco el plan de ICV, Nafarroa Bai no se presenta estas elecciones, pero su cabeza va con Geroa Bai, así que coloco a esta nueva formación en su lugar, en tanto que representan lo mismo, otras formaciones que pueden o no entrar en el Congreso según las encuestas si no cumplen con alguno de los dos criterios marcados -actual representación o que se presenten en Salamanca- no entran en este listado, lo siento.]

• Bloque Nacionalista Galego (BNG): [No lo encontré]
• Coalición Canaria-Nueva Canarias (CC-NC-PNC): Programa de CC-NC para las elecciones Generales de 2011
• Convergéncia i Unió (CiU): Programa de CIU para las elecciones Generales de 2011
• Esquerra Republicana de Catalunya-Catalunya Sí (ERC-Ri.Cat): Programa de ERC para las elecciones Generales de 2011
• Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV): Programa del PNV para las elecciones Generales de 2011
• Geroa Bai (GBAI): [No lo encontré]
• Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa: L’Esquerra Plural (ICV-EUiA): programa de ICV-EUiA para las elecciones Generales de 2011

El PP no trae nada nuevo en el pequeño apartado sobre la reforma laboral (de la página 36 a la 38), incluso en el resumen del programa las líneas ahí contenidas eran casi iguales al contenido de la noticia de Expansión que originó la entrada, en esta bitácora, de «Breves notas sobre el PP y la negociación colectiva», con lo que ya el contenido lo teníamos adelantado.

El diagnóstico que hace el partido que aspira a gobernar es que el sistema laboral en España es demasiado rígido, lo que hizo que las empresas en España tuvieran que despedir como mecanismo de ajuste. Lo interesante es que ya existían mecanismos para suspender contratos, para bajar el tiempo de trabajo (el sistema más usado en Alemania) y durante la última legislatura se mejoró el mecanismo del mismo complementándolo con un mejor funcionamiento de la prestación por desempleo cuando la rebaja del tiempo contratado de trabajo es superior a un porcentaje (como se hace en Alemania), por no decir que las empresas tienen otros costes y también pudieron, por ejemplo, reducir los beneficios, muchas empresas con números muy azules han aprovechado que el Pisuerga pasa por Valladolid para despedir o pre-jubilar. Pero bueno, es la cantaleta de siempre, la rigidez del sistema…

El objetivo (declarado) del PP es igualar el sistema español con «los mejores sistemas europeos» que han capeado la crisis sin tanto desempleo, evidentemente no van a copiar cosas como el salario mínimo allá existente, o el alcance de la prestación por desempleo, creo, además, que ellos son conscientes de que un tejido productivo distinto también hace que se pierda más o menos empleo con respecto a una bajada de producción puede, al margen de la legislación laboral, causar una mayor o menor caída del empleo, vamos, que si la construcción llegó a suponer el 14% del empleo y ahora no es el 8% (y siempre ha sido muy cíclico) es difícil pensar que esto se deba a la rigidez del mercado laboral, en países como Alemania no hubo una burbuja inmobiliaria ni un peso tan grande de la construcción en ningún momento. Por otro lado, la cultura empresarial es también distinta, acá primero se despide y luego se pregunta, en Alemania primero se baja el tiempo de trabajo (algo que ya se podía hacer en España, y que tras una reforma se intentó favorecer, algo que no se ha hecho). Es la industria quien menos empleo ha destruido en España, pero su peso es testimonial, en otros países también ha sido el sector que menos ha cerrado, pero su peso es mayor.

(Ojo, que en otros países la destrucción de empleo, en términos relativos, fue mayor en menos tiempo, pero o se han recuperado antes o es que pasaron de pleno empleo a situaciones malas, mientras que España pasa de una mala a una pésima y se nota más, vamos, que Estados Unidos, ejemplo máximo de mercado flexible, entre enero de 2007 y enero de 2010 ha aumentado su desempleo en más del 110% -el aumento de España en ese periodo fue de más del 138%-, pero es que en Estonia -otro de los Estados ejemplo en tema de flexibilidad- la destrucción fue del 238% -pero ellos están en una rápida recuperación actualmente-, en Dinamarca entre enero de 2008 y enero de 2011 la destrucción es del 128%, y es este país el mejor ejemplo de la flexiseguridad -¡lo inventaron ellos prácticamente!-, el mercado Alemán es mucho más rígido que el Español en cuanto a la negociación colectiva y participación de los sindicatos en las empresas, así como el sueco, en el primero de los periodos puestos en Alemania la tasa de desempleo se redujo en un 19% mientras que en Suecia solo aumentó un 34%.)

El PP dedica un par de párrafo a hablar de lo que normalmente se conoce como flexiseguridad (algo que CiU defiende en las Cortes con insistencia), aunque el PP no le pone ese nombre, más bien habla de seguridad y flexibilidad, la seguridad es para el trabajador desde la perspectiva de su empleabilidad (vinculado con la formación continua), esto es, que siempre podrá encontrar un trabajo cuando le echan del primero, y la flexibilidad para la empresa, para que pueda contratar-despedir con más facilidad (¿más que ahora? será más barato, pero más flexible es imposible) así como variar (mucho) las condiciones de trabajado durante el contrato (esto sí es más flexibilidad que ahora, y es algo que, curiosamente, no se puede hacer en un contrato mercantil), también se ponen como objetivo acabar con la segmentación entre temporales y fijos, esto es algo que todos dicen pero, salvo que el objetivo sea cargarse la definición, con el actual marco productivo se me antoja imposible (de paso les recuerdo la entrada «Mercado dual y contrato único», las medidas del PP van en esa línea, que es la tomada por las últimas reformas laborales).

Son 12 medidas «concretas» las propuestas por el PP, no iré una por una pero sí comenzaré citando el final de la primera:

«Esta reforma integral supondrá un cambio coherente y coordinado de la contratación, la negociación colectiva, el sistema de relaciones laborales, la formación orientada al empleo y la intermediación.»

No creo que en el plano de «intermediación» haya un cambio, este se produjo de forma efectiva con la reforma que le costó una huelga general al aun gobierno del PSOE, esto es: Más intermediación privada y con ánimo de lucro. Es un tema sobre el cual ha insistido el PP en el Congreso de los Diputados, y ha sacado algunos triunfos (aunque luego digan que sus enmiendas no son recogidas, buena parte de las mismas van en las transaccionales). Pero vamos a las medidas de verdad (la primera es una reiteración del diagnóstico y los objetivos realmente) agrupadas:

Negociación Colectiva y regulación laboral
Casi podría copiar y pegar lo adelantado hace un mes largo, pero agregándole un par de ingredientes extras. El PP primero habla de adecuar los ámbitos de negociación colectiva sectorial dentro del más «óptimo» (hasta ahora qué se negocia y dónde se negocia, en general, es decidido por los agentes sociales, más tras la última reforma sobre la negociación colectiva, que quitó la coletilla de «convenio colectivo estatal o en su defecto autonómico» para ciertas materias, lo que abría el paso de otros ámbitos para esas materias), este impulso, si es por ley, más bien sería una imposición, hablan de unidad del mercado, pero es que luego viene el meollo de la cuestión: Primará el convenio de empresa para condiciones salariales y laborales. Así que dejan fuera formación, seguridad, y grupos profesionales para los convenios sectoriales, y todo lo demás, lo que en el fondo más preocupa a trabajadores y patronos, va por convenio o acuerdo entre empresarios y trabajadores (ni siquiera hablan de convenios de empresa, lo cual deja la puerta abierta a pactos individuales o con sub-grupos de trabajadores en realidad). Una de las razones de los CC es que impiden el llamado «dumping social», esto es, que las empresas fijen los precios del trabajo por debajo de unos mínimos, lo que permite a todas competir en igualdad, si cada empresa fija sus salarios ese «dumping» será una realidad. ¿Dónde está ahí la unidad de mercado? Recuerdo, de la entrada enlazada, que Soraya Sáenz de Santamaría insistía que no debían primar los convenios autonómicos porque a igual trabajo igual salario… ¿Dónde queda eso si los salarios se deciden en cada empresa? (Sin contar con que actualmente los CC autonómicos pueden variar el salario del CC estatal, al igual que el resto de CC, siempre a más, claro.)

Las otras medidas son de flexibilizar o variar las condiciones de trabajo, así el PP propone aumentar las medidas de flexibilización dentro de las empresas para que estas se adapten al mercado (por ejemplo, más movilidad geográfica, funcional, modificaciones de las condiciones de trabajo como el número de horas contratadas, etcétera, insisto en la idea que eso no se puede hacer en un contrato civil-mercantil pero cada vez se hace más en uno laboral) y, algo que me aterra, es la idea de «adecuar la legislación laboral a las necesidades específicas de autónomos y microempresas», me aterra porque si tanto hablan de la igualdad de los trabajadores esa frase supone todo lo contrario, habrá (como ya los hay en la práctica) trabajadores de primera (en empresas grandes) y de segunda (en pequeñas empresas), ojo, hablan de trabajadores de autónomos, un autónomo es cualquiera realmente. Estas dos sentencias suponen menos derechos para los trabajadores, por un lado sus derechos se vuelven «flexibles» y por otro, según tu empleador, tus derechos pueden ser legalmente mermados (y otra vez, adiós negociación colectiva, ¿de qué servirá un CC si no es aplicable al 100% de las empresas?).

(En favor del PP cabe decir que el PSOE ya se cargó la negociación sectorial en gran medida, y que lo que proponen en su plan de gobierno es más de lo mismo.)

Contratos de trabajo y modelo austriaco
En una de las reformas laborales de esta legislatura se obligaba al gobierno para que creara un Fondo de Capitalización, en el último Real Decreto Ley de reforma laboral el gobierno aumentaba el plazo para la presentación de ese proyecto. Pues bien, el PP (medida 3) trae dicho modelo como promesa electoral, pero va más allá de lo propuesto por el PSOE: Este modelo sustituirá la actual prestación de desempleo, el fin de la medida es que «favorezca la movilidad y la formación continua». La movilidad en España la asegura la precaridad del mercado de trabajo (en Austria se puso como un incentivo para la movilidad, en su caso bajísima, igual que la temporalidad), en España no hace falta, como no lo hace para la formación continua. En realidad el cambio de modelo puede perjudicar a la mayoría de trabajadores, cuando se vive en precario (como hace la mayoría de gente, imposible estar 5 años en el mismo trabajo) ese fondo será constantemente vaciado e insuficiente. En el caso Austriaco, además, está ligado con la indemnización por despido, ¿lo harán así en España también? ¿Garantizarán la parte de la prestación no contributiva?

En el PP han abandonado el hablar de «contrato único», pero sí dicen que simplificarán los tipos contractuales existentes (medida 2), es cierto que actualmente hay muchos (superan la treintena), también es cierto que se usan, básicamente, cuatro tipos (con los matices que cada uno permite). No indican en qué sentido se reducirán, sí aseguran que será más «simple» y reducirá la flexibilidad (me gustaría saber cómo la reducen mediante cambios legales en sectores que funcionan de forma temporal, que es lo que abunda en España), a mí me aterra pensar que lo que harán será llamar fijo a contratos que de hecho son temporales (que es el fondo de la medida del «contrato único», vamos, como en Estados Unidos). En el PP aseguran que así dan «expectativas de estabilidad, flexibilidad y seguridad a todos los trabajadores y empresas», esto es contradictorio, si eres flexible no eres estable. Aunque mantengas el empleo. (Todo esto me recuerda mucho a la Corrosión del Carácter.)

Formación
Tal vez lo más interesante (o lo que menos me asusta, como prefieran verlo) está en la formación, muy vinculado a esa mejora de la empleabilidad, pasa de ser un instrumento manejado por la negociación colectiva (que es donde está el dinero para sindicatos y patronales, por cierto) a algo individual, así el esquema pasa de ser la empresa la que forma bajo una contribución obligatoria (es la que decide, dentro de un marco negociado, los cursos, luego los trabajadores se apuntan o no libremente) a uno de «bonos» (medida 8) donde la formación pasa a ser una decisión de la persona para mejorar. Lo curioso de esta medida es que resulta contraria a la inversión en capital humano, esto es, desincentiva los planes de formación de las empresas y pone la pelota sobre el tejado de los trabajadores. En la práctica eso ya está pasando, solo que ahora el trabajador contará con bonos. No sé cómo vincularán estos bonos al fondo de capitalización individual (supongo que ahora las cuantías de la Seguridad Social para formación y para desempleo irán a un único fondo que el trabajador podrá manejar) de la medida 3.

La medida 9 contiene una mención a la formación dentro de ese periodo de tiempo en desempleo, así la formación es impulsada como mecanismo para conseguir empleo (básicamente lo que ahora pasa, incluso las prestaciones están vinculadas a realizar cursos de reciclaje o mejora de la formación) pero se agrega la formación a empresas, cuya sola mención deja una gran interrogante sobre la propia medida.

El papel del Estado: Inspección e Impulso laboral
El papel del estado no desaparece ni se agota en el plano regulador (o re-regulador, como la medida para adaptar la regulación a microempresas y autónomos), sino que se mantiene en el resto de aspectos, de una forma algo distinta. Insisten en la idea de la colaboración público-privada para los servicios de intermediación laboral y selección de personal (es algo que la reforma del 2010 impulsó con fuerza, supongo que esta medida, la 9, del PP es reforzar o mejorar esos mecanismos, porque existir, lo que se dice existir, ya están ahí), esto en cierta medida significa (como viene pasando desde el 84) insistir en la privatización total del sistema de intermediación (nunca se ha dotado al INEM y a su sucesor de recursos e instrumentos que permitan que funcionen de verdad, así que su fracaso es la lógica aplastante de su diseño sin recursos).

Este impulso del trabajo también lo es del teletrabajo (medida 11) y de la conciliación familiar, así como los planes de reinserción para los que estuvieron lejos del mercado de trabajo (esto lo deberíamos conectar con la formación, supongo, aunque no lo mencionan), la bonificación (medida 12) para el primer contrato realizado por un «autónomo empresario» (¿hay otros autónomos? por definición un autónomo que contrata es un empresario), esta insistencia en las bonificaciones es tan generalizada en la legislación española (y en las propuestas del PSOE también) que en términos prácticos es costosa e inútil, España es uno de los países de la UE (creo que solo por detrás de Italia) que más peso tiene en este apartado, cuando está más que demostrado que las bonificaciones no crean empleo neto.

El impulso del trabajo tiene un tercer eje que sí me parece positivo (sí, alguna de las 12 medidas me debía gustar, ¿no?), que es permitir «la cotización por el tiempo real de actividad profesional a aquellos trabajadores que ya coticen  jornada completa en el régimen general y que viene obligados a cotizar en el RETA» cuando realizan otra actividad económica alternativa en la que realmente no ocupan una «jornada completa», esta medida (la 6) tiene dos carencias, por un lado, deja fuera a los que estudian y tienen una actividad económica autónoma a tiempo parcial (esto es, personas que no cotizan en régimen general porque no trabajan) y a quienes tienen un contrato laboral a tiempo parcial (extrañamente no hay medidas para favorecer estos contratos, cuando son un clásico y es lo que triunfa en el resto de la Europa con tasas de desempleo bajos) y ocupan parte de su tiempo en una actividad económica. La otra carencia está en la forma de evitar que sea un coladero de fraude en las cotizaciones mediante el concepto de «por el tiempo real» (al ser este autodeclarativo), o las dificultades e incoherencias que plantea ese concepto. El tiempo dedicado en una actividad profesional no está necesariamente vinculado con el rendimiento económico, debería buscarse otro valor (o una batería de los mismos) para esa cotización parcial al RETA. Es el impulso del pluriempleo mediante la mezcla de empleo asalariado y autoempleo, de una forma en que no se perjudica a la Seguridad Social.

La inspección de Trabajo seguirá existiendo (medida 10), pero cambia, ya no solo perseguirá a las empresas sino también a los trabajadores (medida 10). Así, tal cual.Ojo, el impulso de la inspección es contra los comportamientos que supongan «un trato discriminatorio contra los trabajadores» (no en el plano de la seguridad o para evitar los fraudes en los contratos temporales, la verdadera lacra del sistema español), así que eso de vigilar el abuso de las medidas flexibilizadoras internas (algo que pasa demasiado) tampoco será impulsado, pero sí el «absentismo laboral injustificado». Actualmente ese absentismo solo es controlado cuando afecta a la Seguridad Social (que no se le caen los anillos para «espiar» a ver si las bajas son de verdad bajas, y con razón), pero ahora el acento se pone en términos generales, es una de las reivindicaciones históricas de la patronal (y que CiU ha llevado a las Cortes muchas veces), que el Estado se implique en la lucha contra el absentismo. Esto no tiene sentido. La inspección sirve para hacer cumplir la ley donde no existe autocomposición, esto es, el empresario si detecta ausentismo tiene instrumentos para atajarlo (sanciones que pueden llegar al despido disciplinario), el trabajador ante incumplimientos del empresario no tiene nada, o solo tiene instar a que otros (Inspección y Juzgados) hagan cumplir la ley, así que no tiene sentido que la inspección se dedique al tema del absentismo cuando el empresario ya tiene instrumentos para atajarlo.

Consideraciones finales
No voy a llamar idiotas a los trabajadores que voten ese programa (como lo hizo el portavoz del PP sobre los votantes del PSOE), cada quien vota lo que quiera por las razones que sean, a mí ya solo el apartado laboral (salvo esa medida puntual que veo positiva) me echan totalmente para atrás.

No creo ni en las razones ni en los objetivos que el PP nos presenta, ni en la utilidad de las medidas para conseguir los mismos, hace poco la OIT ya nos recordó que la moderación salarial, por ejemplo, no crea empleo neto, como no lo hacen todas esas medidas que el PP propone, tampoco mejoran las condiciones objetivas de los trabajadores, solo permiten más inseguridad, más flexibilidad (en el mal sentido), y más, bueno, todas las lacras en el sistema laboral.

Y reducir la temporalidad llamando fijo a empleo precario e inestable es hacer trampas al solitario. También es un programa que marca con más fuerza la individualización en las relaciones de trabajo, lo que nos devuelve a una relación asimétrica de amo-siervo, con una mayor segmentación de los trabajadores, lo que aumenta las desigualdades sociales… No sé, el modelo en general me parece un tremendo error.

Me centraré un poco en esta última, puesto que sus consecuencias inmediatas son más amplias que la primera, que es como un fluir constante y más interpretable, salir a la calle, cuando quienes salen no son los propios, es visto como «desorden y caos» por algunos (esos mismos que aplauden a rabiar cuando quienes salen a la calle se manifiestan en contra del Aborto, en favor del Papa, en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, en contra de la política antiterrorista del gobierno… en fin, en contra de lo que ellos están en contra, cuando la manifestación es contra la reforma laboral, el sistema político o económico, etc., son unos desordenados que no aceptan el mandato de las urnas), y así lo reflejan en sus medios e interpretación de la realidad (parafraseando a uno de los directores de esos medios, ese ejercicio intelectual de interpretar la realidad para los consumidores del medio).

En el segundo caso mencionado, en la Conferencia de Paz, se ha rozado la calumnia (cuando no nadado dentro de la misma) al asegurar, sin rubor ni pruebas, que es una conferencia «al servicio de ETA», o que incluso el principal impulsor de la misma, desde la sombra, es Rubalcaba o el gobierno o los dos (otra vez basándose únicamente en deducciones nada lógicas como cuando Mayor Oreja -Ministro del Interior cuando negoció el PP con ETA y cuando el jefe antiterrorista decía que no debía haber vencedores ni vencidos- suelta perlas en plan «si no mata es porque está ganando»), o cuando dicen que Lokarri está al servicio de ETA (cuando ya desde tiempos de Elkarri esta formación, como su hija Lojarri, han criticado los medios violentos de ETA a más no poder), esta afirmación de que todo en la llamada izquierda abertzale es ETA se ha demostrado en los tribunales de forma repetida que es falsa, por un lado tenemos formaciones políticas que inequívocamente condenan la violencia y forman parte de esa izquierda, y por otro tenemos organizaciones sociales que ya han sido procesadas y absueltas (varios pacifistas de la Fundación Joxemi Zumalabe -que abogan por la desobediencia civil- fueron absueltos de ese macroporceso del sumario 18/98 que se basó en la tesis de Todo es ETA que, finalmente, quedó desvirtuada), y dos casos recientes insisten en la línea de que se puede coincidir en fines sin ser coincidentes en medios, organización y, por tanto, ilegalidad (me refiero a los casos de Bildu y de Iniciativa Internacionalista).

Que en Lokarri se busque la independencia de Euskal Herria no significa que sean de ETA, ni quieran ayudarles. Más bien, Lokarri ha demostrado una apertura y lucha frontal contra el terrorismo de forma legal que el Estado no siempre ha tenido (sí, pienso en los GAL, estos días se ha insistido mucho que en España, a diferencia de otros países con terrorismo y conflicto interno, no tuvo «paramilitares» ni fuerzas ilegales antiterroristas pagadas por el Estado, se olvidan de lleno de los GAL, y de otros delitos ya cometidos directamente por el Estado, como los casos de torturas y demás), sin contar con que buscan una solución consensuada (no abogan, por ejemplo, por una declaración de independencia unilateral, algo que algunas formaciones legales sí lo piden o han pedido en el pasado, o incluso intentado).

Y es calumnia porque están diciendo que Lokarri, el gobierno, gente del PSE-EE o de otros partidos, están ayudando a ETA, y eso significa colaboración con banda armada, que es un delito tipificado en el Código Penal, no es una mera acusación dialéctica. Acá no pasa nada porque muchos consideran que es mera opinión, pero no debemos olvidar que alguno de esa izquierda abertzale (y otras izquierdas básicamente) ya se ha cansado de que le llamen terrorista, y alguno ya ha conseguido condenas a opinadores y similares por llamarles terroristas cuando no lo son.

¿Están contra «los asesinos» o contra «los etarras»? La diferencia, cuando el etarra es asesino, es pequeña, pero aun así es un matiz importante, esto es, se está en contra del proyecto político que ETA dice defender o contra los medios usados para conseguir ese objetivo político. Porque ahí sí que radica la diferencia fundamental. Hace ya un año y mucho escribí sobre el tema, «¿Están contra los “etarras” o contra los “asesinos”?», así que no me extenderé demasiado en este punto, pero es importante para lo que acá estoy diciendo: la ideología independentista no está proscrita, está prohibido matar, coaccionar o imponer la independencia. Si confundimos fines con medios no hay nada que hacer, no hay punto de encuentro y, en realidad, se está atacando a la democracia misma en esa confusión. Me autocito del artículo enlazado y acabo con este punto:

«Siempre están exigiendo que ETA deje de matar y busque sus fines por medio de la política, pero cuando hay una posibilidad de que eso ocurra, afirman que no es suficiente, que ETA no solo debe dejar los medios violentos, sino que debe abandonar sus fines políticos. Ellos, los que exigen esto, que no se puedan perseguir determinados fines políticos por medios legales, son los que disuelven esa España constitucional, son los que niegan la libertad y el pluralismo, y los que olvidan que la propia Constitución prevé la forma de modificarla, y si la mayoría de españoles lo aprobara (no importa quién tenga la iniciativa de la modificación), no habría problema alguno con eso, individualmente estemos o no de acuerdo con lo decidido.»

Y vuelvo a lo de las realidades y el comunicado de la Conferencia de Paz

Como decía al principio de la entrada, este es un claro ejemplo de «interpretaciones distintas», y la verdad es que superan lo que es la interpretación para romper con la veracidad exigible a un medio, esto es, se sobrepasa el ámbito de esa distinta lente con la que todos miramos el mundo para llegar al terreno de la mentira y la manipulación.

La noticia en La Razón, cuyo título es «17-O: el día de la infamia», comienza mintiendo al decir que el PSE-EE es un impulsor de la cita (en realidad se negaron a asistir hasta que uno de sus miembros más ilustres dijo que él sí iría, por lo menos a título personal, fue después de esto que el PSE-EE decidió ir, como quien va a la tercera boda de su suegra, sin ganas y con mente cerrada), en la entradilla de la nota ya encontramos esto:

«La “Conferencia de Paz” alentada por los socialistas vascos termina sin exigir a ETA la entrega de las armas y asume todas las peticiones de los terroristas, entre ellas, que el Gobierno negocie. Pide que se cree una mesa de partidos para abordar la independencia del País Vasco y la anexión de Navarra y que se equiparen víctimas y verdugos»

Ramírez, el director de El Mundo, decía que su interpretación de la realidad podía ser contrastada en otros lados para que el consumidor del medio (lector en ese caso) se hiciera su propia idea de la realidad, pues bien, invito a todos los lectores de La Razón, ABC (que tiraron parecido), El Mundo, La Gaceta, así como los telespectadores y radioyentes de Intereconomía, Veo 7, Cope, Punto Radio, Antena Tres, Telecinco, entre otros, que se lean la declaración de la conferencia de paz (los cinco puntos de las conclusiones sí se encuentran en el artículo de La Razón, mas no el resto del documento). La primera de las conclusiones del documento:

«1.- Llamamos a ETA a hacer una declaración pública de cese definitivo de la actividad armada, y solicitar diálogo con los gobiernos de España y Francia para tratar exclusivamente las consecuencias del conflicto.»

¿Pedir que una banda armada cese de forma definitiva su actividad armada no es pedir el fin de la misma? Cierto, no dicen literalmente «entreguen las armas», pero es una consecuencia lógica del fin del conflicto, del fin de la lucha armada, y de entablar negociaciones para tratar exclusivamente las consecuencias del conflicto (por ejemplo, una amnistía para la entrega de armas, en tanto que la mera posesión de esas armas es delito, el entregarlas es reconocimiento de culpa, para que haya una entrega debe haber un gesto que permita la misma, o dejar que las destruyan por su lado, no se entregan, de forma literal, pero desaparecen, que es lo que importa). Decir que esa conferencia NO ha pedido el fin de ETA, de ETA como organización armada, es simplemente mentira, si decimos que ya no pueden tener actividad armada, nos queda solo la parte política de ETA, eso ya pasó en el pasado con una escisión de ETA, y fue el inicio de la paz por parte de los que en ese momento empuñaban armas.

En el tercer puntos leemos:

«3.- Instamos a que se adopten pasos profundos para avanzar en la reconciliación, reconocer compensar y asistir a todas las víctimas, reconocer el dolor causado y ayudar a sanar las heridas personales y sociales.»

Afirmar, como lo hace La Razón, que se igualan víctimas y verdugos es falso, lo que se intenta es que todas las víctimas tengan un tratamiento igual, un (presunto) etarra asesinado por la policía (ejecución extrajudicial) o por los GAL es tan víctima como ese concejal que recibió el tiro en la nuca. Debemos entender esto simplemente para honrar el Estado de Derecho que dicen defender los que están en contra de, por ejemplo, la negociación con ETA.

El punto que creo que más ha escocido y más alas ha dado a la imaginación de los presuntos periodistas de La Razón creo que es este:

«4.- En nuestra experiencia de resolver conflictos hay a menudo otras cuestiones que si son tratadas pueden ayudar a alcanzar una paz duradera. Sugerimos que los actores no violentos y representantes políticos se reúnan y discutan cuestiones políticas así como otras relacionadas al respecto, con consulta a la ciudadanía, lo cual podría contribuir a una nueva era sin conflicto. En nuestra experiencia terceras partes observadoras o facilitadoras ayudan el diálogo. Aquí, el diálogo también podría ser asistido por facilitadores internacionales si así fuese decidido por las partes involucradas.»

Primero, pasa por decir lo evidente: En todo el documento no se habla de Navarra, no expresamente, se insta a que se negocie entre partes que no ejerzan la violencia, esto es, no con ETA armada. ¿Negociar es dar la razón a los terroristas? Por favor. Por eso mencionaba más arriba el tema de contra quién se está, si contra el que asesina o contra quien tiene un proyecto político determinado. Los terroristas no ejercen su actividad para negociar, sino para imponer, prácticamente cualquier solución que se tome sin armas sobre la mesa es una derrota de la vía terrorista-militar.

No es cierto, como dicen en La Razón, que uno de los objetivos de ETA es negociar con el gobierno, ETA tiene como objetivos la independencia unilateral de Euskal Herria dentro de un régimen socialista, ni más ni menos, sino no hubiesen tomado las armas y seguirían caminos de consenso como buena parte de la izquierda abertzale.

Así que frases en La Razón como la siguiente: «En 17 líneas, los organizadores del evento hacen suyas las demandas de la banda etarra, salvo en el tercer punto, de una extensión de cuatro reglones escasos, referido a “todas las víctimas”» simplemente son mentiras, no es que estén interpretando el documento, es que mienten sobre el contenido del mismo y sobre los objetivos de la banda terrorista. Lo de las dos mesas no es un objetivo de ETA, es una salida para la rendición de ETA, que no es lo mismo.

Si no hay violencia, la segunda mesa, contando con todo lo demás, no solo es posible, sino totalmente legal, hay que recordar que la constitución se puede modificar, y si hablamos de la «anexión» de Navarra al País Vasco (yo apostaría por lo contrario, si hablamos de derechos históricos) es algo que ya está contemplado en el Estatuto de Autonomía del País Vasco (art. 2 de la LO 3/1979) y en la propia Constitución (Disposición Transitoria Cuarta de la Carta Magna), ¡es que para ese punto no hay que tocar siquiera la constitución! Es algo que, evidentemente, deben decidir los navarros. Incluso la anexión de provincias al País Vasco actual (estoy pensando en el país vasco francés) no requieren, por parte del lado español, más cambio que una Ley Orgánica de Alteración de límites provinciales y una modificación del Estatuto de Autonomía del País Vasco (del art. 2 y relacionados al mismo), no sería necesario tocar la Constitución española (no contiene un «listado» de territorios que forman parte de España, solo una declaración de la indisoluble unidad de la Nación española, pero esta nación no está definida).

Además, entrar en un diálogo para un reacomodo político no es rendirse a ETA, rendirse a ETA es aceptar la independencia del País Vasco bajo su directo mando, que está lejos de ser lo que la Conferencia de Paz afirma, y el contenido final de un posible acuerdo de la negociación política, que no será, ni de lejos, lo que ETA podría llamar «un triunfo».

Además, el orden de los factores acá sí altera el producto, si decimos que primero debe cesar la violencia y luego, si eso, se negocian temas políticos, no se acepta la tesis del 2006 de ETA (que tanto recuerda La Razón), ya que no serían paralelas, y la segunda dependería del final de la violencia previo. ¿Y no habíamos quedado en que sin violencia todo es negociable y opinable en una democracia? ¿No habíamos quedado en aceptar el pluralismo político? Hay que entender que en el País Vasco el independentismo no es bandera exclusiva de ETA, ni fue ETA el primero en plantear dicho deseo u objetivo, el independentismo viene de antiguo, y se pueden articular varias formas para que las partes independentistas y las no independentistas queden más o menos contentas, eso es el régimen especial foral que tienen tanto Navarra como el País Vasco. El conseguir un consenso nuevo que contente a buena parte de la sociedad (independentistas, autonomistas, federalistas, no-independentistas, centralistas, etc.) y todo esto sin armas sobre la mesa, no puede interpretarse en ningún caso como una rendición al terrorismo, es todo lo contrario, un triunfo del sistema democrático. Ojo, hablar de negociar algo no significa que todas las tesis de una parte sean aceptadas sin más, sino, al menos, dialogar sobre el tema propuesto. Tal vez esa negociación no llegue a puerto alguno, o la conclusión de la misma se aleje, y mucho, de las pretensiones iniciales de alguna de las partes.

Y no, no es un precio político por dicho final, en tanto que el fin se produce ANTES que la propia negociación política, y dicho acuerdo sería, además, consensuado, no las condiciones impuestas por la banda para considerarlo un precio de la paz.

Sobre los cambios en la Constitución
Ya para acabar, no sé por qué se rasgan tanto las vestiduras diciendo que tal quiere romper España o que su propuesta atenta contra la Constitución y por tanto no hay que ni hablar de ella (y como digo, la anexión de Navarra no atentaría contra la carta magna) a la vez que aplauden a formaciones como UPyD que entre otras cosas propone acabar con los sistemas fiscales forales (que están en la Constitución) o cambiar el texto constitucional para que el Estado recupere determinadas competencias actualmente en manos de las autonomías (algunas por derecho propio y otras por cesión del Estado). Aquí entramos en una lógica perversa: Si un partido no españolista quiere cambiar la constitución para que su región tenga la cabida que él cree, es atentar contra la carta magna, si un partido españolista quiere cambiar la constitución para que el estado sea más centralista o no se mencionen los «derechos históricos», es un avance en la democracia.

No pues, el querer cambiar la constitución, siempre que se haga por los mecanismos en ella establecidos, venga la decisión de un debate en Las Cortes porque un partido presentó la propuesta, venga como finalización de una mesa negociadora entre partidos en unas regiones con posturas radicalmente distintas y con fuerte arraigo social todas ellas, se debe entender en el mismo plano: «Procesos plurales y democráticos de funcionamiento». Ni más ni menos.

Hay que recordar que los estados democráticos de Derecho son básicamente, espacios en que se decide una norma suprema y unos procesos, y todo lo que quepa ahí dentro, para respetar el pluralismo dentro del Estado Democrático, debe ser aceptado (no necesariamente compartido, sino aceptado) como parte de las reglas de juego. El problema está cuando eso se vicia, y las reglas de juego sirven para modificar las representaciones ideales e idóneas (pero es otro debate).

«Tiene que haber vencedores y vencidos y tiene que ganar la democracia y la sociedad española» María Dolores de Cospedal, Secretaria General del Partido Popular (ABC 04/10/2011)
«No habrá vencedores ni vencidos (…) Sólo con la vía policial jamás conseguiremos la pacificación del País Vasco» Ricardo Martí Fluxà, Secretario de Estado para la Seguridad y responsable de la lucha antiterrorista de España, siendo el ministerio del Interior presidido por Jaime Mayor Oreja (El País 28/11/1997)

El Partido Popular ha decidido cargar su artillería pesada con el tema de ETA contra el PSOE, ya se saben, elecciones cercanas, y aprovechando el «gesto» declarado del lehendakari vasco, Patxi López, de aligerar el sistema penitenciario, sobre todo con el acercamiento de presos, a aquellos reclusos que renuncien claramente a la violencia, ofrece a los antiguos etarras algo que ya está en la ley -el acercamiento para la reincersión para los que rechazan la violencia- y que en otras treguas ya se hizo de forma amplia como gesto para la paz (durante la de 1998 José María Aznar, presidente del gobierno, acercó a 138 presos condenados por distintos delitos vinculados con ETA al País Vasco), pero justamente uno de los grandes cambios entre el PP de 1998 y el actual (además de la necesidad de los votos de CiU y PNV y que ahora estamos en campaña) está en el discurso antiterrorista, no sé si porque fueron engañados (como casi todos los partidos) por una ETA que aprovechó la tregua para reforzarse o porque han visto que electoralmente el discurso belicista les viene mejor que el pacifista, y están dispuestos a mantener la histórica confrontación.

Por ello, además, insisten en que su postura no ha cambiado a lo largo del tiempo: Siempre estuvieron en guerra con Euroasia (parafraseando 1984), Aznar jamás dijo lo de «Movimiento de Liberación Nacional Vasco», nunca se acercaron presos y nunca se negoció (ellos iban, si eso, a ver si se rendían los de ETA), sus predecesores (AP) tampoco firmaron nunca el Acuerdo para la Normalización y Pacificación de Euskadi (pacto de Ajuria Enea) en donde además de la acción policial se manifestó el apoyo a los procesos de diálogo entre quienes quisieran abandonar las armas y los representantes del Estado.

Por eso, además, aunque se niega el conflicto (ahí solo hay unos asesinos, esto no es un conflicto con dos bandos, sino un Estado de Derecho, una democracia, contra unos criminales) a la par que emplean lenguaje militar para describir el final de la situación: Debe haber vencedores y vencidos. Para que los haya deben existir dos bandos, nunca hablamos de vencedores y vencidos cuando se destapa una red de corrupción y se arrestan a sus cabezas, nunca hablamos de vencedores y vencidos cuando el Estado captura una banda armada que asalta casas o destruye una red de trata de blancas, no porque en el Estado de Derecho la aplicación de la ley nada tiene que ver con lo de «vencedores y vencidos».

En una entrevista reciente en la Cadena Ser al ex lehendakari José Antonio Ardanza (quien gobernó el País Vasco ni más ni menos que 14 años, entre 1985 y 1999) explicó por qué el ya en el fallido Plan Ardanza hablaba de que no debían haber «vencedores y vencidos», comentó cómo la última vez que hubo vencedores y vencidos, con esas connotaciones, fue en el final de la guerra Civil, y lo que ello significó: El aplastamiento total de una serie de personas. También salió al paso: decir que no puede haber vencedores y vencidos no es igualar a las víctimas con los verdugos (como comentó Cospedal el día anterior a la entrevista) ni mucho menos, no significa impunidad contra los criminales, sino que la política que se desarrolle no puede buscar el «castigo de los vencidos» en ese sentido militar, de un grupo imponiendo a otro.

Y es cierto, la justicia (me refiero a la aplicación de la ley en un Estado de Derecho) no es «venganza» (es una de las razones por las que se debe rechazar la pena de muerte) ni tampoco tiene la lógica de la «victoria militar y humillación del derrotado». Esto lo entendía bien el primer gobierno del PP, de la boca del segundo al mando de Interior:

«Vamos por el buen camino a base de aislar la violencia, a base de unir a todas las fuerzas y a base de acción policial. El proceso y el procedimiento serán’ largos. No podrá haber nunca ni vencedores ni vencidos (…) La palabra rendición total es profundamente ajena a lo que puede suponer la posición del Gobierno en torno a ETA (…) Creo que habría sistemas para que ETA pueda hacer saber que quiere abandonar la violencia [pone como ejemplo el proceso con ETA P-M] En 1978, se vio muy claro cuando ETA político-militar quiso abandonar la violencia, se supo muy bien y se interpretó muy bien. El Estado tomó entonces determinadas medidas y manifestó su generosidad en un proceso que duró hasta el 1981-1982. No cupo ninguna duda de que ETA político-militar quería abandonar la violencia (…) Sólo con la vía policial jamás conseguiremos la pacificación del País Vasco»

Y todo esto antes del diálogo, cuando desde el gobierno se decía que aun no existían las condiciones para un proceso de negociación, que esas treguas parciales y demás no servían de nada (en el mismo artículo lo pone), y que querían hechos más que palabras (que se note la falta de la violencia por parte de ETA). ¿Ahora se dan las condiciones o aun no? En realidad debería ser esa la pregunta, no tanto si deben haber o no «vencedores y vencidos».

Si el Partido Popular ahora mantiene un discurso belicista totalmente, de vencedores y vencidos, haciendo referencia a esa humillación que supone el ser «vencido», esa persecución ideológica que algunos piden (no exigen algunos dirigentes del PP que ETA deje de matar, sino que la denominada izquierda abertzale deje de pedir la independencia), recuerda a un discurso militar que nada tiene que ver con el triunfo de la Democracia y la Sociedad que menciona Cospedal, puesto que supone la negación de los derechos de los victimatarios (que, aunque no guste a algunos, en una democracia y un Estado de Derecho hasta los delincuentes tienen derechos), el querer mantener términos como «vencedores y vencidos», «derrota total» y demás es permitir que ETA siga existiendo, porque la llama de venganza en el corazón del humillado, del vencido, perdurará aunque la organización parezca desarticulada, mantener la persecución y sospecha sobre más de cien mil personas es mantener una cantera de violentos con la justificación del vencido que quiere salir de esa situación.

Ese «vencedores y vencidos» suena demasiado al discurso franquista, recuerda demasiado lo que significa la represión contra los «vencidos», y no hablamos de la «treintena» de etarras que pueden temer la «posición de vencidos» sino de todo un entramado social que se puede sentir así, o mejor dicho, que quieren que se sientan así (con ese «todo es ETA» que mantiene el PP y otras organizaciones y partidos).

Negar, por otro lado, la existencia de «vencedores y vencidos» no es igualar a «víctimas y verdugos», como dice Ardanza y decía antes el PP gobernante, una cosa es negar ese discurso militar y otra favorecer la impunidad. Los «vencidos» no serán los «verdugos» ni las «víctimas» serán los «vencedores», entre otras cosas porque el Estado no está ejecutando una venganza en nombre de las «víctimas», y porque los «verdugos» deben ser tratados como el resto de delincuentes, sin ir un paso más allá (lo que es la humillación al «vencido», como son las medidas de dispersión, un castigo a la familia y al entorno más que al propio reo), procesados por un Estado del Derecho que debe huir plenamente del odio y el triunfalismo.

Y sí, la «paz», mejor dicho, el fin de ETA es casi imposible solo por la vía policial-judicial, no es una mera mafia, hay algo más, y ese algo más se debe canalizar por vías políticas.

Ese discurso mantenido como excusa para permitir el decretazo resulta francamente increíble cuando:

• El PP propone que el Convenio que prime sea el de empresa (aunque la nota completa es de pago, en el vídeo explican toda la noticia), sobre todo en la parte salarial. Así que esa «unidad de mercado» o «a igual trabajo igual salario» no solo se incumpliría entre comunidades autónomas, sino entre empresas que sean vecinas unas de otras;
• Actualmente ya ocurre que cada quien tiene el salario que le viene en gana, esto es, el convenio nacional marca un mínimo que en las comunidades autónomas, provincias, ciudades o dentro de la propia empresa se pueden mejorar, por convenio o sin él, con lo que ya ocurre que dos personas que trabajan en el mismo sector ganan de forma distinta incluso estando dentro de la misma ciudad, por no decir que la actual legislación permite con mucha facilidad el descuelgue salarial, con lo que también pueden ganar menos;
• No en todos los sectores hay convenio a nivel estatal (cada vez son menos los que quedan sin convenio, cierto, pero no todos lo tienen, y algunos muy importantes y grandes aun carecen de los mismos), con lo que tampoco existe, en ese punto, unidad de mercado ni igualdad entre los españoles;
• El trabajo en la mayoría de puestos es independiente del sector (un administrativo, un conserje, el personal de limpieza, un archivista, etc., es básicamente lo mismo en una industria que se dedique al tabaco, a la protección de la infancia, a la administración de fincas o a fabricar automóviles), pero los salarios son distintos (no gana lo mismo un administrativo en la banca que en la industria pesada que en el tercer sector), con lo que no se da en ningún caso eso de a igual trabajo igual salario.

Ojo, no estoy diciendo que el Ministro de Trabajo no haya llamado al PP pidiendo su auxilio y con unas ganas nulas de cumplir lo pactado con CiU, PNV o quien fuera, sino que ese no es el argumento real de fondo, o sea, que esa frase de mantener la igualdad de los españoles en cuanto a las condiciones laborales ni es ni puede ser, porque actualmente no existe dicha igualdad y porque el PP la niega al dar primacía a la negociación en la empresa. Me parece más creíble que la razón de fondo sea la petición del PSOE para no tener que cerrar una reforma amplia de la negociación colectiva, así el PP tiene manos más o menos libres para la próxima legislatura.

De la propuesta del PP, en realidad, no dice nada que no esté ya en la negociación colectiva, el descuelgue salarial es extremadamente fácil ahora (antes requería seguir el procedimiento marcado en el convenio colectivo, ahora ya no), lo único novedoso es cargarse la autonomía de las partes para decidir cómo se producen los aumentos salariales (ojo, no es obligatorio que sea con el IPC como referencia ni mucho menos, no sé por qué insisten en eso), para hablar de la «productividad», lo cual es un engañabobos en tanto que:

• Muchos puestos no se puede medir la productividad concreta, con lo que no es un método para medir más «justo» que valorar el aumento salarial en relación con el IPC (ni menos, tampoco);
• La misma depende, primero y ante todo, del propio empresario (de la organización empresarial, la inversión en tecnología y demás);
• No está vinculado con «la marcha real de la economía» como suelen decir, ni con los beneficios de la empresa (la empresa puede ir mal y aun así aumentar la eficiencia y eficacia -productividad finalmente- en sus procedimientos, pero si el sector está de capa caída eso ayuda a no desplomarse, pero no a tener beneficios altos), el IPC como referencia sí está vinculado a la economía en general;
• Los salarios en España en los últimos 15 años, por lo menos, han subido en promedio menos que el IPC real (no el previsto, que es el que se coge como referencia al negociar), el poder adquisitivo se ha ido perdiendo, moderación salarial mediante, y eso ni ha creado empleo ni ha generado una economía más competitiva, ahorrar por el lado de los salarios es de todo menos estimulante para el trabajador.

Cuando hablan de «autorregulación» y de «autonomía de las partes» no es ni uno ni otro, si le das al empresario de forma única y directa ciertas prerrogativas, lo que haces es impedir la autonomía de las partes (sacas temas de la negociación o al dar primacía a la decisión del empresario, al menos la dificultas), mientras más pequeño es el ámbito menos poder de negociación tiene la bancada sindical, y más en un país de pequeñas y medianas empresas como es España (donde abundan las que no tienen representantes unitarios de los trabajadores siquiera). Autorregulación se suele entender como la regulación de las condiciones por las partes implicadas, si la última palabra la tiene el empresario no estamos en la autorregulación, sino dentro del poder de dirección.

Si tanto le preocupaba al PP la jerarquía de los convenios colectivos, no sé cómo puede defender ahora que el empresario «elija», eso hace simplemente inútil cualquier negociación que pretenda mejorar al convenio de ámbito superior, o, lo que es lo mismo, garantiza negociaciones a la baja en todos los ámbitos, máxime cuando lo acompañas de poder de descuelgue por parte del empresario de las condiciones dichas en un convenio.

Temo lo que vendrá en el ámbito laboral en el próximo gobierno, el actual se ha dedicado a dar hachazos a la clase trabajadora incumpliendo sus promesas, el que posiblemente gane ya avisa que viene un ministro de trabajo en plan Mikel Mindegia (sí, el famoso aizkolari), esto es, empuñando hachas y listo para batir récords de cortes por todos lados.

Duros tiempos para los trabajadores se vienen. Sí, incluso más duros que los actuales.