Lima: Obras en proceso de fiscalización

Podemos entender que, cuando estamos en una situación de urgencia, las administraciones se cisquen en los procesos: Prima la necesidad. Ahora bien, si la municipalidad de Lima, con su anterior burgomaestre y actual candidato a la presidencia del Perú, contrató el 48% del presupuesto de Obras Públicas por medio de una institución internacional «para agilizar el proceso» (palabras textuales de Marco Parra, ex teniente alcalde limeño, recogidas en la edición impresa de El Comercio) estamos ante un claro fraude de ley. Ese fraude de ley, además, es puerta para todo tipo de corrupción (ya que esa «agilización» se consigue saltándose controles), de ahí se entiende sin ningún problema cómo unas obras que debían costar Equis terminaron costándonos Equis más mucho (el Intercambio de la Panamericana Norte y Habich, por ejemplo, pasó de 32,5 millones de soles a costar 93 millones de soles, la Vía Expresa de Grau pasó de 59 millones a 124 millones, por poner dos ejemplos, y sin olvidarnos, por supuesto, del metropolitano, que se acortó en trayecto pero duplicó el precio).

Susana Villarán, por fin, está cumpliendo una de sus promesas electorales: La fiscalización de la gestión de Castañeda Lossio (en la edición impresa de El Comercio). Aunque la hace larga con el caso de Comunicore (que la actual alcaldesa deja para el próximo informe). En el texto de El Comercio recogen:

«El avance de ayer se centró entonces en el gasto innecesario de recursos, la falta de transparencia, la inflación de presupuestos y la entrega de obras inconclusas. Casi todo ello podía englobarse en una crítica: la excesiva utilización de un tercerizador para la administración de los recursos destinados a obras de infraestructura.

Se trata de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM); contratada por la administración Castañeda para ejecutar y supervisar la inversión en 178 obras, por S/.1.211 millones: el 48% del presupuesto total para infraestructura. “La OIM se ocupó de todo. Desde el proceso de selección del contratista hasta la entrega y liquidación de la obra. La municipalidad solo aparecía para la foto de la inauguración”, reprochó la alcaldesa. Dijo que el problema de recurrir a esta modalidad es que no da opción a la fiscalización. “Al ser la OIM un organismo internacional, la Contraloría General de la República no puede pedirle cuentas; así, nuestras principales obras no han sido auditadas”. Al respecto, voceros de la contraloría explicaron que “no se pudo fiscalizar a la OIM debido a que este tipo de organismos cuenta con blindaje diplomático”.»

¿Y cómo se defiende Luis Castañeda Lossio y sus partidarios de todo esto? Atacan furibundamente a Villarán mediante una idiota falacia al acusar que ésta se mueve con el interés de dañar al ex alcalde limeño en su carrera presidencial para favorecer a Toledo (en todo caso, sería para favorecer a Rodríguez Cuadros, ¿no? que para algo es el candidato de FS a la presidencia). Previsible, no responden realmente las dudas planteadas, sino que se quieren cargar al mensajero. La otra técnica es aun más patética, y ya la he mencionado antes: Afirmar que la contratación de la OIM se hizo para «agilizar el proceso» (a la par que afirma que varias entidades públicas hacen lo mismo, cabe decir que el que otros lo hagan no significa que esté bien, algo obvio para cualquiera con dos dedos de frente).

Los procesos existen para algo, si son demasiado complejos o ponen realmente muchas piedras en el camino, lo que se debe hacer es instar a su modificación, no saltárselos a la torera, no son ni formas ni se justifican los medios para esos fines, cuando una administración hace lo posible para saltarse los controles públicos, principalmente a la Contraloría General de la República (que no puede pedir cuentas a organismos internacionales), algo huele demasiado mal. Sobre todo cuando esto es práctica común, esto es, no fue una vez en un proyecto concreto que además recibía financiamiento externo, no, para nada, se ha estado contratando a la OIM para todo tipo de obras, externalizando un trabajo que compete a la propia municipalidad y saltándose los controles, todos.

Esta forma de actuar, de por sí, ya supone un fraude de ley (hacen algo que está permitido -buscar auxilio de organismos internacionales para proyectos- para conseguir un fin ilícito -saltarse el procedimiento y a la Contraloría-), y aunque no faltara ni un sol de las arcas públicas o ni un acto corrupto hubiese ocurrido en el proceso (que, con los presupuestos tan inflados, permítanme dudar de ambas cosas) seguiría siendo una práctica rechazable e ilegal.

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