Godoy condenado… ¡Fuerza Godoy!

El año pasado Jorge Mufarech Nemy, ex congresista y ex ministro, se querelló contra José Alejandro Godoy (por un artículo que este escribió en su bitácora Desde el Tercer Piso), la querella se basaba en que Godoy afirmaba determinadas cosas que, decía el ex ministro fujimorista, ya habían quedado rebatidas en su momento. En realidad José Alejandro Godoy solo enlazó contenido de otras páginas webs (contenido que no se ha retirado ni solicitado su retirada), para el ex-ministro la diferencia entre uno y otro se encuentra en que unos comentarios estaban en condicional (los de los medios informativos que contenían la acusación) y otros en afirmativo. Este matiz, solo visto por el ex ministro y ex congresista, lo ha considerado como penalmente relevante la jueza del caso (Flor de María La Rosa La Rosa), del Juzgado Penal 33º de Lima (que, según nos informa SpacioLibre, es aprista, ya saben, todo queda entre amigos), que ha declarado culpable a Godoy y le ha condenado a tres años de prisión suspendida, 350 mil soles de multa y 120 días de trabajo social por difamación. Por supuesto que Godoy recurrirá. La nota que enlazo de La Mula contextualiza el caso e incluye un reportaje de El Útero de Marita sobre el tema.

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De recursos contra prohibiciones de lidias

Estos días me he entretenido leyendo sobre el tema de los toros y tal, y tengo algunos problemas con los argumentos que esgrime el PP para conseguir la declaración de inconstitucionalidad de la ley catalana que prohíbe las corridas (que conste que he ido leyendo lo que aparece en la prensa, no el recurso, con todo lo que ello conlleva). Hay uno, y solo uno, que me parece potable (pero si sale adelante pondría en cuestión mucha pero que mucha legislación autonómica sobre espectáculos, desde la que prohíbe los toros en Canarias hasta todas esas que prohíben los espectáculos con «bombero torero» -esos «espectáculos taurinos» de corte «cómico» con personas con acondroplasia-, entre otras muchas), y es la falta de competencia para prohibir, por parte de una Comunidad Autónoma, un tipo de espectáculo concreto. Esto es, dice el PP, en la transferencia de competencias a Cataluña no incluye la supresión de fiestas y espectáculos.

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