Jorge del Castillo insiste: La ley no es discriminatoria, queremos a los mejores de profesores, no a los últimos de la clase. Y se defiende en que eso no es discriminación, es un criterio de selección*. Y en ese sentido tiene razón, se quiere premiar a los alumnos del tercio superior de las Instituciones de Educación Superior No Universitaria y las facultades de Educación de las Universidades con puestos de trabajo en las escuelas primarias y centros de educación técnico - productiva frente a sus compañeros de clase. Ahora bien, tener como principal criterio de selección (o primera valla) la pertenencia al tercio superior suena, en todo caso, a parche mal puesto en el sistema educativo peruano, como siempre se hacen estas cosas en nuestro país, sin tener claro las consecuencias, formas, medios, realidad y plan de acción… Como con las exámenes a los docentes y toda la novela entorno a los mismos.

La idea básica es por todos aceptable: Los mejores profesores deben ser los que enseñen en las escuelas públicas, o al menos, las escuelas públicas deben intentar contratar a las personas más cualificadas para realizar la actividad docente. Eso es indiscutible. El problema es cómo se lleva a cabo el plan de acción, se saca un Decreto Supremo que agrega a las directivas de contratación la de sólo coger al tercio superior de las Instituciones de Educación Superior No Universitaria y las facultades de Educación sin siquiera atender a la diferencia entre los centros, esto es, no es lo mismo pertenecer al tercio superior de una mala facultad de educación que de una buena, no puede ser una valla tan fuerte (absoluta) la pertenencia a un grupo concreto de alumnos igualando “por decreto” la enseñanza y métodos de calificación de todos los centros (sin atender, además, a las virtudes del egresado que quiere ser profesor). Ser el mejor alumno en el “Centro X” no garantiza que ese profesional sepa enseñar mejor que un alumno medio del “Centro Y”, sobre todo si el “Centro Y” es netamente superior y más exigente que el “Centro X”. Por no hablar de la exclusión de formación extra y experiencia previa que pueda tener un profesor ya en ejercicio y que quiera pasarse al sector público, si no ha estado en el tercio superior de su promoción, por más válido que sea como docente, no podrá ser contratado por los entes públicos. ¿Les parece esto lógico?

Por otra parte, me gustaría conocer los incentivos reales para que un egresado de una buena facultad de educación prefiera enseñar en un centro público que en uno privado, comenzando por el sueldo y terminando por las condiciones para que imparta las clases. El ser profesor es altamente vocacional, sobre todo para la primaria, y el Estado no está implementando unas buenas condiciones laborales y físicas para el desarrollo de la docencia en sus centros. ¿Y quieren espantar a los pocos que quieren enseñar en nuestras escuelas públicas? Craso error. El Ministerio de Educación quiere construir la casa desde el techo, con lo cual no hace más que tirar tejas sobre los habitantes.

Para algún tribunal, sí afecta al derecho al Trabajo

Por otra parte, por más que Del Castillo se empeñe en que no es una medida que afecte al derecho al trabajo (y en parte comparto su opinión, aunque matizaría que pertenecer al tercio superior puede ser premiado pero no se debería excluir del proceso de selección a los que no pertenecen a dicho cuadro de méritos, y ahí sí puede haber una discriminación), así pues, el Primer Juzgado Penal de Junín declaró fundado un hábeas corpus contra el decreto supremo que establece el tercio superior como requisito para la contratación de docentes.

A todo ello hay que sumarle la negativa de la mayoría de gobiernos regionales de aplicar el decreto (al que no se pueden negar realmente), que ya han avisado que se “moverán” para conseguir que el DS 004-2008-ED no sea aplicable, y tras la victoria del Hábeas Corpus en Junín ven dicho camino (incentivarlo) como una buena forma de que en sus regiones dicho Decreto no tenga valor tras el control difuso constitucional de las normas por parte de nuestras cortes. A la par que se pide al Congreso de la República que derogue el decreto supremo firmado tanto por el Ministro de Educación como por el Presidente de la República.

El problema, como siempre, es que las cosas, hasta cuando hay una aparente buena intención, se hacen mal, sin valorar todos los supuestos y las consecuencias, y por supuesto, pensando más en el titular “MINEDU sólo contratará a los mejores” que en el funcionamiento práctico y real de la medida (no se va a contratar a los mejores, no con las condiciones actuales ni con las instituciones de formación de profesores que nos gastamos en Perú), y encima se crea más crispación social.

*Entiendo que discriminar lo usamos en este caso con su sentido peyorativo -acepción segunda- y no en la que significa “seleccionar excluyendo” -acepción primera-, que es lo que cualquier proceso de selección hace.

Fuentes y noticias varias