De referendos, Alan García y demagogias varias: Pena de Muerte en el Perú

El sí o sí popularizado por nuestro anterior presidente, Alejandro Toledo, lo veremos, durante los próximos años, magnificado por la bilis de un presidente que se cree todopoderoso y cuyo criterio debe imperar, sin atender a la realidad parlamentaria del país, donde al APRA no se le dió la mayoría absoluta de la cámara, y todo ese juego parlamentario de votos a favor y en contra para aprobar las leyes. Al más puro estilo de Alberto Fujimori, el presidente Alan García quiere pasar de todos y aprobar la pena de muerte sí o sí, como medida que demuestre su puño de hierro, para lo que sea (no importa tanto si se aplica a los terroristas, o a los violadores, la cosa es tenerla y aplicarla), y pasarse olímpicamente al parlamento por el forro de los…

Encima el presidente peruano tiene la desfachatez de calificar como antidemocráticos a los parlamentarios que se oponen a la pena de muerte en nuestro país (con ello, a todos los que nos oponemos a dicha pena), y con pura demagogia habla de la mayoría de peruanos que apoyan la norma de la pena de muerte (aunque hayan votado distinto, a fin de cuentas) y otras tantas frases dignas de alguien que pretende justificar su accionar en el apoyo del pueblo, como suelen hacerlo, todo sea dicho, los dictadores de cualquier signo político. Declara, el presidente, que "no es la primera vez que la clase política se pone de espaldas del pueblo", tampoco es la primera vez que Alan García vulnera o quiere vulnerar los derechos humanos, ni es la primera vez que un Presidente pretende ejecutar gente en su país, ni la primera vez de tantas otras cosas.

Alan García dice que se debe realizar un referendo para que el pueblo peruano pueda decidir si se modifica o no el artículo 32 de nuestra carta magna (cuyo punto cuatro reza:"No pueden someterse a referéndum la supresión o la disminución de los derechos fundamentales de la persona") para poder realizar el referendo sobre la pena de muerte en Perú, imposibilitado por el precepto constitucional antedicho.

Pero, para darle más vuelta al asunto, el referendo del citado artículo sería hecho a la par que el cambio del artículo 140 de la Constitución para poder incluir la habilitación constitucional a una futura pena de muerte contra los violadores de menores (como poco). Esto es, se estaría modificando la norma que prohíbe referendos sobre la disminución de los derechos fundamentales a la par que se aprueba una disminución de los mismos, en otras palabras, es sacarle la vuelta al referendo que pretende posibilitar un segundo referendo. Pero los antidemocráticos somo los otros, los que no defendemos la pena de muerte (incluso sería antidemocrática la Ministra de Justicia, María Zavala, que se posiciona en contra de la pena de muerte).

También debe ser antidemocrática la Convención Americana de Derechos Humanos, ya que, según nos recuerda Luis Alberto Salgado, agente del Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la realización de un referendo para ampliar la pena de muerte resulta "difícil" puesto que "el artículo cuarto de la Convención Americana de Derechos Humanos es claro" (prohibiendo que se amplíe la pena de muerte a otros supuestos).

Incluso Unidad Nacional (bancada que presentó un proyecto de ampliación de la pena de muerte más amplio -por tanto, más negativo- que el de la bancada aprista) acusa al gobierno de utilizar el tema del referendo sobre la pena de muerte como una cortina de humo sobre la falta de políticas del ejecutivo sobre… sobre todo lo que tiene que ver con gobernar.

Ya en el clímax de lo demagógico y mezclando lo que no se puede mezclar, el Ministro de la Producción, el ultraderechista Rafael Rey, declaró que "Muchas personas que no aceptan que se pueda ejecutar a un terrorista o a un violador, sin embargo, no dicen nada cuando se legaliza la ejecución a niños inocentes" (refiriéndose al aborto), son cosas distintas señor Rey, y es curioso cómo defensores a ultranza del "derecho a la vida" estén tan a favor de la pena de muerte. No merece, en la presente entrada, mayor comentario que la inoperancia de los defensores de la pena de muerte para mantener su postulado (al igual que la idiotez de seguir insistiendo en el carácter disuasorio de la pena de muerte, algo para nada probado y que, viendo la criminalidad de las zonas con pena de muerte "en activo", queda rebatido).

El Presidente Alan García insiste en esto para poder hacer bulla con algo, para correr un tupido velo sobre la mala administración que está teniendo, sobre la falta de respuestas estructurales a los problemas peruanos y cómo intenta solucionarlos con medidas coyunturales que, encima, son claras violaciones a los derechos humanos. Pero eso no lo interesa un carajo, lo que quiere es distraer al electorado y ganar votos y popularidad. Y de paso, demostrar quién manda en el Perú y, lo que es peor, cómo manda.

Vuelve la mano de hierro, versión de la estrella.

Sindicatos se reúnen con el director de la OIT

El lunes quince de enero los dirigentes de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT), Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP) y la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP) se reunirán con el Director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el chileno Juan Somavía, para analizar la situación laboral de los peruanos, los sindicatos denunciarán las constantes violaciones a los derechos laborales y darán a conocer distintas propuestas para lograr un trabajo digno.

La situación de los trabajadores peruanos va de mal en peor, el subempleo y el desempleo afectan a la mayoría de peruanos, y en ciertas zonas el trabajo es casi esclavo y la escasa e ineficiente normativa laboral siquiera es conocida. Y todo ello en un país que se anuncia como en continuo crecimiento, cuyos indicadores macroeconómicos no dejan más que resultados positivos que, en la realidad peruana, no tienen reflejo alguno en los bolsillos peruanos (salvo, como siempre, de unos pocos).

Además, denuncia CGTP en el comunicado de prensa sobre la reunión del lunes, esos datos macroeconómicos ocultan "el incremento de las víctimas de trabajo forzoso, prácticas discriminatorias, los despidos arbitrarios, el trabajo infantil, los bajos salarios y acciones violatorias a la libertad sindical, entre otros", sin contar con que todas las recomendaciones y observaciones de la OIT para mejorar la situación laboral peruana han caído en los oídos sordos de un gobierno que ha incumplido prácticamente todo lo que prometió, que el cambio responsable que tanto anunciaba ni es cambio ni es responsable.

El gobierno ha decidido intervenir en las organizaciones sindicales, así pues, se han reducido las licencias sindicales del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), sindicato más que crítico con la labor del ejecutivo en el tema de la educación y que dificultó la evaluación precipitada de los profesores propuesta por el presidente de la Nación (muchos la calificaron como cortina de humo). En el mismo sentido, la banca aprista (oficialista) ha presentado en el Congreso un proyecto de ley para intervenir en las elecciones sindicales (este cariz interventor y autoritario del actual gobierno de Alan García en toda organización fiscalizadora de la actividad del gobierno lo hemos visto recientemente en la creación de una "ley mordaza" para las ONG).

Las centrales sindicales, anuncia la CGTP, pedirán apoyo "al Director General de la OIT para por lograr, luego de cuatro años de debate, la aprobación de la Ley General del Trabajo, medida que, junto con otras que serán planteadas en la reunión, logrará impulsar el “trabajo decente” en el Perú". En otras palabras, la reunión no será de sólo protestas, sino que busca ser constructiva ante una realidad laboral en continuo deterioro por la cual el gobierno no mueve un dedo en la dirección más positiva para los trabajadores del Perú, que incluso pueden ver sus derechos laborales reducidos si se generaliza el régimen laboral de las Medianas y Pequeñas Empresas (MYPES) al conjunto de los trabajadores.

(publicado en De Igual a Igual)

Le dan lo que quiere y ahora pide más

El Partido Popular (PP) ya no sabe qué inventarse para desligarse de una manifestación que les viene muy mal. Pidieron primero que se incluyera la palabra "libertad" en el lema principal de la marcha (lo veo innecesario, por cierto), para poder sumarse. Que si no defendían la libertad no valía la pena mojarse los pies en esos terrenos llenos de manifestantes, ay fuchi y todo eso. UGT, uno de los convocantes (y al principio el más reacio en insertar "libertad" en la pancarta de marras), anuncia que el lema será: "Por la paz, la vida, la libertad y contra el terrorismo". 

En otras palabras, se abrieron de piernas para que el PP aceptara manifestarse con ellos (llevan un par de manifas, estos peperos, pidiendo el fin de ETA y el cese de las negociaciones, ahora no hay negociaciones -se las cargó ETA, aunque según ellos no, nada que ver- y esta manifa pide el fin del terrorismo -ETA, por tanto-). La reacción del PP es, incluso, sorprendente. Y no, no lo digo porque el Partido Popular se sumara a una manifestación al lado del PSOE, nada que ver, sino que ha pedido "formalmente la desconvocatoria de las manifestaciones" (se refiere tanto a la que se celebrará en Madrid como la convocada en Bilbao). ¿Que las desconvoquen? Espero que sea una broma.

Ya que la prioridad, según los lumbreras del PP, es fijar una "política clara encaminada a la derrota definitiva de ETA" (pues a mí me parecía bien claro todo el tema del diálogo, más aún, sigo viéndolo cristalino -el cómo y qué se debe hacer-, otra cosa es que pueda funcionar). Que si no hay de eso (de la política clara y tal), que no cuenten con ellos, porque así no se puede definir ni un lema ni un manifiesto coherentes, que manifestarse para nada es tontería. Y del tema de las manifas, que por lo visto generan división y todo eso, el culpa, por supuesto, es Rodríguez Zapatero (ZP).

Me pregunto qué tan pisado estará Ibarretxe (convocante de la manifestación que se hará en Bilbao), Comisiones Obreras (no digo UGT, porque eso ya es otra cosa), la Federación Nacional de Asociaciones de Ecuatorianos en España (FENADEE), Izquierda Unida, CiU y el resto de partidos, por Rodríguez Zapatero ¡¡Ahora sí que tiene poder el hombre del talante!! Además, quien se ha separado del resto, esta vez, es el PP. No puede acusar a Rodríguez Zapatero de que a ellos no les de la gana asistir a una manifestación, que la división no la sembró nadie, que ellos llevan unos cuatro años yendo por libre…

A todo esto, es nuevo el requisito que ahora pone el PP, hasta hace unos días bastaría con lo de "la libertad", pero como ya se salvó el obstáculo, se han buscado otro inútil pretexto para no ir. Que, por cierto, están en todo su derecho de no ir, ojo, que acá no se critica la postura de fondo, sino la hipocresía del PP para excusarse de ir, al menos la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) insulta a los convocantes sin pelos en la lengua (han considerado la convocatoria como "partidista de quienes apoyan la negociación con los asesinos", y eso que ahora siempre van de la mano de unos que también negociaron con ETA -aunque ahora digan que no-).

Sólo espero que el Foro de Ermua (que dentro de todo me resulta francamente respetable) participe en la manifestación con el resto de fuerzas políticas, sindicales y sociales, a fin de cuentas ellos manifestaban una gran pega, y era la no inclusión de la palabra "libertad" (como el PP o la AVT, pero espero que no se inventen una nueva excusa para no ir), y justo acusaban a UGT de servir de "mamporreros" del gobierno al impedir, en un primer momento, la inclusión de dicha palabra en el lema oficial.

En fin, al PP, se nota, le sabe mal tachar a todo el que vaya a la manifestación de un zapaterista irrecuperable -habrán votantes posibles entre ellos, no es bueno insultarlos, por no decir que los insultos ya los vertió Losantos en la COPE hace un par de mañanas-, ni tirar piedras contra una manifestación que lleva un mensaje claro y conciso hacia el cual es difícil estar en contra. Pero debieron decir "no vamos a ir a una manifestación tan partidista" -que van todos los partidos menos ellos- y ya está, no hacía falta inventarse tanta historia, hacerse la víctima diciendo que sin una palabra en el lema no iban a la mani, que si cual y pascual ¡¡por favor!! El cuento para antes de dormir, no para las primeras horas de la mañana. Pero no, prefieren hacerse la víctima excluía, mientras piden la resurrección de un pacto que excluía al resto de formaciones políticas y se niegan a mesas multipartitas en el seno del Congreso de los Diputados y en la Moncloa ¡¡que viva la integración!!

En otras palabras, el PP sólo admite lo que él mismo diga, como lo diga, y como lo determine, cualquier cosa que se aparte de la verdad absoluta que ellos definan y del seguidismo incondicional a sus postulados, es divisionismo de la sociedad, o algo así. Y todo lo que haga el resto de la población española que no les sigue cual borregos es, como poco, un atentado contra la democracia, la Unidad de España y la madre que los parió a todos. Cansan, cansan mucho.

Pena de Muerte para terroristas: la insistencia de García

Hoy un buen amigo me daba una mejor noticia: El proyecto de ley para establecer la pena de muerte a los terrorista fue rechazado en el Congreso. 49 a 25 (o 26) el resultado final de la contienda política, donde UPP junto con PNP hicieron respetar los derechos humanos (ciertamente paradójico que PNP esté ahí, pero no nos detendremos en eso). Esta era una apuesta fuerte del ejecutivo presidido por el infumable y mentiroso Alan García. Y curioso que Valle Riestra (otro personaje peruano, donde los haya) fue el único aprista en romper la férrea disciplina del partido de la estrella. Curioso que el gran apoyo (insuficiente) recibido por el APRA en este tema vinieran, ni más ni menos, que desde la bancada fujimorista. Dios los cría y ellos se juntan.

Ante este panorama, de fracaso total de la norma presentada para dar el poder al Estado de asesinar a los terroristas dentro de los centros penitenciarios, Alan García pide un referendo sobre la pena de muerte. La cuestión es simple para el mandatario peruano, si el congreso no ha votado lo que él quería que votara, es porque «el sistema político esta completamente separado del pueblo peruano» (¿Recién se da cuenta de eso? Eso sí, se olvida que él es parte de ese Sistema Político). Es simple, con esto García nos muestra el camino que seguirá en todos los temas en los que la opinión pública sea fácilmente manipulable para que un referendo haga lo que las mayorías del Congreso no le permiten hacer. Aunque lo que intente sea aprobar una norma que permita fusilar (asesinar)…

¿El lumbreras de García qué preguntaría en el referendo? «¿Está usted de acuerdo con dejar libre a los terroristas o cree que debamos castigarlos?», cuyas respuestas serían: «sí», «no», «no sé», «Hay que castigarlos». Por supuesto, debajo de cada respuesta vendría una advertencia que rezaría así: «Si usted no vota la última opción será considerado un terrorista». Claro, ya se imaginan cual sería ese ejemplar castigo tan respetuoso con los Derechos Humanos de todo quisqui. En fin, un despropósito.

Y no, no vengan a decir que la ley que proponía el ejecutivo era viable, en tanto que ni siquiera sería constitucional (al parecer, abundaban las penas abiertas -prohibidas por el TC-, no respetaba el principio de proporcionalidad, no se acomoda a los tratados internacionales suscritos por Perú -en todo caso, antes de la entrada en vigor debiéramos retirarnos de algunos TI-).

La pena de muerte no es la solución para nada, y eso bien que lo sabe Alan García (entre otras cosas porque la usó -inconstitucionalmente, todo sea dicho- durante su anterior mandato, donde las ejecuciones sin juicios se daban, y donde en los penales se masacró gente, pero esa es otra historia), pero en un país como el nuestro, como ese Perú que tiene tanto de todo, las penas de muerte reciben cierto visto bueno por parte de una sociedad que se cree los discursos de que con mano dura se solucionan todos los problemas, de una sociedad que sigue maltratando a sus mujeres, linchando a los delincuentes, que sigue justificando la guerra antiterrorista que tantas muertes y violaciones de derechos humanos dejó, y que lo hecho por Fujimori no fue para tanto…

Lo peor es que nuestro sistema judicial ni siquiera sería capaz de evitar al cien por cien errores en las sentencias de terroristas, y eso lo tenemos reciente: ¿Cuanta gente vio revisada su sentencia condenatoria por terrorismo y salió libre en los últimos ocho años? Una verdadera burrada (también es cierto que el fujimorismo se dedicó a sentenciar sin pruebas), si esa gente hubiera sido ejecutada en virtud a una sentencia condenatoria no podríamos, como sociedad, intentar reparar el error (está claro que el daño ya se ha hecho, has apartado a una persona de su vida por unos años, pero si la matas no hay vuelta atrás). Y no, ni una sola de las víctimas (error del sistema) de un Estado con pena de muerte es justificada por un (supuesto) bien mayor de seguridad.

El referendo jamás se debe aplicar para violar Derechos Humanos, y sí, tener pena de muerte significa ser potencialmente un violador de Derechos Humanos, sin más y sin menos. No tiene sentido preguntar si queremos ejecuciones legales cuando las mismas no deben ser una opción siquiera. Sería como realizar un referendo para reactivar el esclavismo, pero sin poder enmendar a las víctimas que sufrirían los abusos de la mayoría.

Alan García, otra vez, gobierna con la calculadora de votos en el bolsillo, con el revanchismo en la punta de la cabeza y con la coherencia que jamás el APRA ha tenido. Por no decir que el APRA se enorgullece de pertenecer a la Internacional Socialista -socialdemócrata- (¿Alan no la ha presidido?) cuando ni siquiera cumplen una de sus más importantes campañas, que pretender abolir la pena de muerte.

Sobre el comunicado de ETA y el diálogo necesario, apuntes breves

Deberíamos replantearnos el concepto de "alto al fuego" para incluir la nueva acepción de "sin violencia pero con violencia", o mejor "alto al fuego pero con fuego". Ese sería el resumen básico de lo comunicado por ETA el día de hoy. Lo curioso es eso de hablar de cómo el gobierno incumple su parte, cuando ellos, ETA, son los que unilateralmente declararon el alto al fuego permanente (qué poco dura lo permanente en estos tiempos) y no pueden considerar que el otro incumple algo que no ha prometido.

Sin violencia. Era la consigna principal para el diálogo con la banda terrorista. La única forma de acabar con ETA (con una banda terrorista que mata) será mediante el diálogo, que sólo quede su parte política, esa es la que interesa en el debate público, las bombas y las pistolas, pues como que no interesan mucho. Pero ETA pasó el listón de la "lucha callejera" realizada por simpatizantes (que no por ella de forma directa o como para responsabilizarlos) y atentó en Madrid, con ello se cargó el actual proceso, o al menos la tregua. Y que digan lo contrario es una necedad.

El gobierno hizo lo que todos esperaban que hiciera (aunque la oposición dijera que se estaban rindiendo), siguieron aplicando las leyes tal cuales están, con esa "represión" (arresto de etarras que han matado, o lo han intentado, o continuar los juicios por hechos que ya tienen algunos años) que no es tal (al margen de la tortura que se da -muchos dirán que son pocos casos, que es marginal, pero es que ningún caso es tolerable-), con el alejamiento de presos, con el mantenimiento de la Ley de Partidos Políticos (que permite la ilegalización actual de Batasuna)… Aunque claro, siempre pudo hacer algo más para acercar posiciones, eso es una negociación, ceder en lo que se puede para conseguir un fin mayor. ¿Como qué? Ley de los partidos y acercamiento de presos (esto incluso lo hizo el anterior gobierno del PP en la tregua del 98). Pero, aún considerando eso como incumplimientos (que no serían tales en tanto que la tregua la declararon unilateralmente), la respuesta de ETA fue completamente desproporcionada (si es que no lo era ya la kale borroka renacida).

Pero en contra del tremendismo tomado por algunos, o de la idiotez manifestada por los otros (llámese "tregua con bombas" o "regresemos al pacto antiterrorista pero sin permitir que el resto entren"), el diálogo es posible, más aún, es necesario. Pero si ETA cree que una tregua en la que puede atentar en cualquier momento es una buena plataforma para negociar, se equivoca. Si ETA cree que esto ayudará en el proceso (reforzará su posición o acelerará el lento proceso) se equivoca aún más.

ETA podía hacer ruido de otras formas, comenzar con huelgas de hambre masivas entre todos los presos alejados de sus casas, con manifestaciones pacíficas (esa palabra no les suena mucho, de verdad), pero no le interesaba, quería mostrar qué tan grande la tenía y hacer un bum a lo bruto, como poco. Y le salió, encima, el tiro por la culata. Pueden asegurar cuantas veces quieran que su intención no era matar, pueden incluso decirlo ante notario. Pero poniendo quinientos quilos de explosivos en un lugar como la T-4 y haciéndolos explotar, ¿de verdad creían que no habría muertos? ¿Son tan idiotas?

En fin, se comienza a hablar de la unidad de todos los partidos, no tiene sentido cuando existen posturas tan infantiles ("no me sentaré en la misma mesa que ERC" o algo así declaró un dirigente del PP) que niegan la posibilidad de encuentro por "rechazar la mayor", o, mejor dicho, "la anterior". Es inútil recordar lo obvio, con bombas de por medio no hay proceso que valga (salvo, imitando un poco al gran Marx, el proceso para comenzar el proceso realizando las previas para el proceso que se podrá llamar proceso de paz tres, a la tercera va la vencida), pero ello no nos debe hacer perder la esperanza, se han solucionado situaciones más difíciles, más trágicas. Y no, la medida policial o represiva pocas veces sirve, y que sepa ETA que lo que hace es tan o más represivo que lo que dice sufrir.

Lástima que haya tanta demagogia en torno a este tema, y que realmente nadie escuche al otro, siquiera un poquito.

Sobre la tregua con ETA, anteriormente en esta bitácora:

Sobre la tregua con ETA en De Igual a Igual:

  • Sindicatos convocan a marcha por la paz el 13 de Enero
  • Comunicado de ETA: "Continúa el alto al fuego"
  • Más iniciativas a favor del diálogo para la Paz
  • Zapatero: "Se suspende el diálogo con ETA"

«Juicio popular» al Dictador Pinochet

En Chile se promueve un «Juicio Popular» contra el recientemente fallecido Augusto Pinochet. Bajo la premisa de no olvidar los delitos del ex dictador tras su muerte, y de poder ver (aunque sea simbólicamente) condenado a quien no respondió por sus delitos, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y otras organizaciones de Derechos Humanos han iniciado una campaña, bajo el lema de "Yo acuso, Chile acusa", para promover un "juicio popular" y que en un plazo de unos cuatro meses se constituya un tribunal con juristas nacionales e internacionales y que se condene, por parte de la comunidad, al ex dictador.

La frustración de las familias de nunca ver finiquitado los procesos duramente abiertos contra Augusto Pinochet los ha llevado a iniciar esta campaña. Patricia Silva, presidenta de la AFEP, señala que esta campaña se inicia porque «no existe justicia en los tribunales» y añade que «esta condena es por la vida de nuestros familiares, por las desapariciones, por la tortura, por el exilio, pero también por los tremendos crímenes económicos que se basan y se sustentan en la imposición del modelo neoliberal».

Se habla de al menos tres mil víctimas, de las cuales se cuentan más de mil desaparecidos. Otros hablan de más de ochocientas mil personas que sufrieron tortura, prisión o exilio por el régimen dictatorial de Augusto Pinochet entre 1973 y 1990 en Chile.

Parte de la comunidad Universitaria, a través de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), acompañó a Silva en la presentación de la campaña que busca una condena clara del fallecido Pinochet. Giorgio Boccardo, presidente de la FECH, realizó un llamamiento a los estudiantes chilenos para «reconstruir la memoria histórica del país para que sea "popular y democrático"» (fuente: El País), en otras palabras, para no olvidar lo que hiciera Pinochet y no permitir las justificaciones que se realizan del golpe de Estado en Chile y posterior dictadura, y todo construido desde la población.

[Publicado en De Igual a Igual]

Bien, algo es algo

Una mala ley que produce resultados «molestos»

Demasiadas trabas. La ley de partidos peruana (Ley Nº 28094 de 1 de Noviembre del 2003) impone excesivas trabas a la creación de partidos en el Perú, y lo que es peor, facilita la cancelación de las inscripciones de los mismos, lo cual es un verdadero despropósito si consideramos que Perú, como la mayoría de estados del entorno, es un país con un sistema representativo, con lo cual no nos podemos permitir las "lindezas" que propicia nuestra ley. El Partido Nacionalista Peruano (PNP), como muchos otros partidos, verán su inscripción cancelada.

Algunas agrupaciones ya han levantado la voz, una de ellas es el PNP, que colocó a un candidato en la segunda vuelta de las elecciones generales (mejor dicho, lo colocaron los de UPP, ya que el PNP no se pudo presentar), pero que meses después no consiguió nada en las regionales y ahora verán todo su trabajo (recolección de firmas y demás) tirado por los suelos al ser cancelada su inscripción.

El PNP dispone de un puñado de representantes en el Congreso, ahora en vez de estar lloriqueando, debiera pedir la reforma de la Ley de Partidos y proponer una buena alternativa a la misma. Debiera buscar el apoyo de UPP, y de los otros partidos en el Congreso. Pero claro, es difícil pedir a una gente que sea autocrítica con las normas que saca y que, además, rompa una situación que le resultará MUY favorable. Los partidos que entraron en el Congreso son los que sobrevivirán a la cancelación de inscripciones, y si no sacan una Ley que prohíba nuevos partidos, ya nos podemos dar con un canto en los dientes.

Ahora, a los del PNP se les ha salido la demagogia por todos lados, personalmente no recuerdo propuestas del PNP antes de las elecciones peruanas para modificar la Ley de Partidos apenas llegasen al poder, no recuerdo que el grupo parlamentario se haya preocupado del tema hasta que su posición, su existencia, se ve amenazada por una ley que es mala de narices y que nos la estamos tragando sin muchos problemas.

En realidad, ya me parece bastante negativo todo el tema de las firmas para inscribir una formación política (por no decir que da problemas y lugar a fraudes hasta por alguna persona que ha llegado a ser Presidente de la nación recientemente) como para luego encontrarnos con una normativa que no sólo mantiene las dificultades para la inscripción, sino que facilita la cancelación de las mismas si no se cumplen unos dificilísimos objetivos electorales (¡4%!). No favorece para nada la creación de una cultura de partidos en tanto que promueve el statu quo de los que ya están, que podrán sentarse a esperar los votos y los que quieran ser candidatos, siendo tan difícil conformar nuevas formaciones que opinen distinto que las ya existentes.

No favorece una participación política puesto que te dice "o estás con uno de los grandes o no estés", no hace más que dificultar el que la gente pueda presentarse o formar partidos con objetivos distintos al colocar gente en el Congreso (u otros órganos que paguen bien), por otro lado, promueve el bestialismo de las organizaciones políticas existentes, promueve el argollismo, los amiguismos, con ello el clientelismo que tan dañino es para las democracias (representativas o no), y, curiosamente, promueve la creación de partidos de usar y tirar. Si cada elección hay que reinscribir al partido por no alcanzar o el 5% de los votos (desde la próxima, en esta fue de un 4%) o representación parlamentaria (6 congresistas al menos) no estamos favoreciendo a los partidos, sino cargándonos las normas de pura lógica para su funcionamiento.

Ollanta Humala Tasso se queja, dice que esta cancelación no es legal, en tanto que ellos no pudieron participar en las elecciones generales anteriores, así que no estaríamos dentro del apartado mencionado en el párrafo anterior (y que en la ley lo encontramos en el Artículo 13,a). Humala, con su normal paranoia, habla de persecución política y tal, y se olvida que hay otras formaciones (cuatro) que están en la misma situación que el PNP, no participaron en la anterior cita electoral y verán cancelado su registro por no obtener los suficientes votos. Y a ellas debemos sumar todas las formaciones que sí participaron pero no consiguieron los votos necesarios para mantener la inscripción o entrar en el congreso.

También podríamos estar ante el típico "problema de interpretación" de la Ley, en tanto que el PNP se inscribió antes de las generales, y no obtuvo voto alguno (no tuvo tiempo para formalizar en plazo su inscripción para las elecciones) se podría defender la cancelación del Registro (no suena lógico, pero cosas más raras se han visto). Por otro lado, esos cuatro partidos no se presentaron a las elecciones, y en el caso del PNP, ni siquiera pudieron hacerlo. Así que es demasiado castigo para una formación de nueva inscripción por no pasarse por unas elecciones en las que no podía concurrir. En otras palabras, si se inscriben en Agosto en vez de en Enero ahora no estarían viendo cancelada la inscripción y los efectos para la formación serían los mismos ante las elecciones generales (que no se presentó ni podía hacerlo). No tiene mucha lógica que digamos.

Sea como sea, 23 formaciones políticas recibirán portazo, todos sus afiliados, miembros, ideólogos y demás, verán cómo el Sistema los echa con una patada en el inmenso trasero de sus señorías, a la par que grita que todo es por nuestro bien y para generar cultura de partidos Políticos (como la reforma que estableció una barrera o valla electoral a nivel estatal teniendo un sistema de distrito múltiple)…

¿Quién vigila a los vigilantes?

O el por qué es importante organismos como el Tribunal Penal Internacional.

Aunque en este caso, quien saca las castañas del fuego es la propia Organización de las Naciones Unidas, que ha investigado a unos 319 "cascos azules" en los últimos tres años por temas de explotación sexual y abusos, ya ha separado de sus misiones a unos 179 ex-cascos azules, según cuenta El Mundo. Cuatro soldados acaban de ser repatriados a sus casas tras un caso de agresión sexual en Sudán… Y es sólo la punta del iceberg de una realidad que siempre ha existido en tanto que unas fuerzas ocupan unas tierras y ellos son la ley, por más buenas intenciones que supuestamente tengan.

Según los datos aportados por la subsecretaria de las Naciones Unidas para Operaciones de Paz, Jane Holl, se han despedido a 18 civiles, repatriado a 17 policías y 144 militares. Y, siempre según la subsecretaria, se han implementado nuevas medidas para "prevenir y evitar" los casos de agresiones y abusos por parte de los encargados de restablecer la paz o conseguir que se mantenga en territorios azotados por la guerra. U otras desgracias.

Eso sí, la subsecretaria no se olvidó de mencionar que quien tiene que juzgar a ese presunto violador/agresor no es la ONU, sino los países de origen del militar o funcionario de la misión de paz, lo cual realmente produce una traba en los procedimientos de sanción (ejem, aunque no sea un caso de cascos azules ni de conducta violenta "individual" sino de una conducta aceptada y promovida por los superiores ¿se acuerdan de Abu Ghraib? ¿Se acuerdan de la pena final para los torturadores de esa cárcel? no hay que olvidar que hay malos tratos promovidos por los gobiernos que jamás serán castigados, pero que, está claro, no atienden a los estándares humanitarios de la ONU).

Eso sí, ha mencionado que la ONU podría prescindir de los servicios para las misiones de los cascos azules de los países que no castiguen los abusos… ¿Nos quedaremos sin cascos azules gringos? La ONU, por pura coherencia, debería exigir que todo soldado (y funcionario) que participe en una misión de paz pueda ser juzgado por el Tribunal Penal Internacional (TPI), por todo lo que haga, tanto dentro como fuera de sus funciones en el periodo que dura la misión -mientras el personaje permanezca en ella, se entiende-. Nada de medias tintas, nada de soldados que no quedan sometidos a ese organismo. Habría que dar más viabilidad al TPI, reformarlo, mejorarlo, hacerlo efectivo y someter a todos los soldados y funcionarios en Misión de Paz a su directa jurisdicción y que a todos se les castigue mediante la misma normativa y con la misma vara.

Y, mientras tanto, ir viendo cómo remplazamos a los gringos (que copan gran parte de las misiones de paz) en tanto que los mismos vienen de un gobierno que no muestra ningún respeto por la ONU (ya, que nadie me salga con los norcoreanos o los iranís, porque más bien son países que aportan poquito a los Cascos Azules, así que, en la presente nota, no nos interesan en lo más mínimo). O, lo que sería mejor, alegrándonos de ver a una EUA sometiéndose por entero a la normativa internacional, tanto humanitaria como de Derechos Humanos, y sometiéndose a tribunales como el TPI. Que soñar es gratis.

Ya puestos, habría que vigilar al TPI, hay que vigilar a los vigilantes.

Breve repaso por el Derecho Sindical Español – Nacionalsindicalismo (II)

Nacional-sindicalismo durante el franquismo

Ideario base del Nacional-sindicalismo

Dentro del funcionamiento del Estado como actor principal en la esfera socio-económica, para resolver los distintos problemas sociales, superando tanto a las teorías liberales como a las marxistas, todo ello dentro de las tesis acontractualistas y con tendencias totalitarias. La organización Liberal del funcionamiento político (esto es, el Estado de Derecho con un sistema de democracia representativa) es rechazado. “Responde a un molde corporativo-autoritario. O sea: Regreso a la tradición, exaltación del gremialismo, asunción por el Estado de una misión protagonista, nacionalismo, introducción de criterios «profesionales» en las relaciones de producción y extracción de conceptos espiritualistas extraídos del pensamiento católico”1.

Así pues, en el nacional-sindicalismo (y por tanto, la configuración orgánica o vertical de los sindicatos) tenemos la máxima expresión del principio armonicista2, se considera la forma adecuada de superar la lucha de clases, donde se quiere eliminar tanto la idea de patrón como la de obrero, confundiéndose en la categoría de productor, no es la desaparición de las clases sociales, sino la unión de las mismas en un "mismo empeño", donde se de una "cooperación animosa y fraterna"3, así pues, el Estado no puede tolerar los conflictos internos, su misión es armonizar y coordinar los intereses particulares o de clase, sometidos (subordinados) a los intereses nacionales (del Estado), lo cual se manifiesta en los sindicatos, siendo los puntos de encuentro de las tres fuerzas socioeconómicas productivas (Estado, Empresas y trabajadores), toda organización obrera que genere discordia no puede existir, deberá ser eliminada.

El principio autoritario o de caudillaje4 es otro de los que tienen importancia en el nacional-sindicalismo, como máxima expresión de la importancia de este principio en el mundo laboral cabe decir que al Jefe de Estado más de una vez se le denominaba “Caudillo Laboral”. Así pues, ante la existencia de la dualidad empresario-trabajador, el nacional-sindicalismo decide por imponer la solución armónica, dentro de la organización jerárquica, donde el nuevo orden sindical (Sindicato Único y Vertical) responde a los principios jerárquico-autoritarios, donde a dirección suprema queda en manos del Estado. Por otro lado, dentro de las empresas también se desarrolla con la mayor naturalidad este principio, se crean los Jefes de Empresa, donde los poderes del empresario se ven aumentados desde el mismo "Fuero del Trabajo".

Luego tenemos el principio de Intervencionista5, donde es el poder público el indicado para establecer en cada momento, no puede dejarse en manos de los propios interesados, donde el Estado es el encargado de regular la totalidad de las condiciones de trabajo. En gran medida, esto viene dado por las teorías acontractualistas, que se encarnan "en la publificación de los vínculos individuales de trabajo"6.

Otro principio, el ético-religioso7, es bastante importante, ya que sirve como medio armonizador y moralizador de toda la organización laboral, pone el sentido humano por encima de la producción, mientras que pretende el hermanamiento de los productores (fomento de la armonía social antedicha) y ensalza de paso el trabajo del Estado en la normativización y publificación de las relaciones laborales, al igual que configura al Trabajo como un derecho-deber.


Bocetos de regulación del Sindicalismo Nacional, el Fuero del Trabajo

Hay que recordar que por decreto se prohíbe "cuantas organizaciones han tomado parte en la oposición hecha a las fuerzas que cooperan al movimiento nacional"8, por tanto, todos los sindicatos que no pertenecían al Movimiento (básicamente, quedan legales la Central Obrera Nacional-Sindicalista y el Frente Nacional de Trabajo). Una vez dicho esto pasemos a analizar un par de puntos del Fuero del Trabajo.

"A través del Sindicato, el Estado cuidará de conocer si las condiciones económicas y de todo orden en que se realiza el trabajo son las que en justicia corresponden al trabajador." (Punto III.5 del Fuero del Trabajo).

Como vemos, el uso del singular no es ocioso, tiene una clara connotación de no permitir la existencia de otros sindicatos, donde el singular, y con mayúscula, sabemos que sólo existe un sindicato último, o mejor, una Organización Sindical única y total9 (puesto que a las distintas ramas de dicho sindicato se les llamará a su vez “sindicatos”), donde el Estado se vale del mismo con una herramienta, que no es exactamente la que soluciona las cuestiones que tienen que ver con los conflictos laborales (dentro de su seno, sin que exista un conflicto interno), sino que termina siendo el conductor de los problemas que el Estado deberá resolver.

Por otro lado, se recurre al concepto de justicia para describir el límite (máximo y mínimo, en realidad) que el trabajador puede reclamar al estado benefactor, es el punto por el que gira el sistema, sin obviar, ni necesidad de mencionar, a los empresarios10, pero dejando en claro la posición subordinada del trabajador, tanto del Estado como de la Empresa, puesto que no se configura su condición como un ente individual que puede exigir por sí mismo los derechos que crea pertinente, sino que se vuelve abstracta no sólo su función, sino el proceso en que sus reivindicaciones es, o mejor, la forma de hacer justicia según las condiciones laborales existentes.

Así pues, el trabajador es el fin último de la protección del Estado, pero sin participación de él mismo en el proceso de reclamo, del conocimiento de las necesidades reales. En este momento podríamos caer en la tentación de pensar que toda reclamación del trabajador pasa por el Sindicato, organización idónea para las reclamaciones laborales, pero nos olvidaríamos de que no estamos hablando de un Sindicato de Clase, o gremio siquiera, sino de un Sindicato Vertical, por tanto, la decisión de las necesidades, y de las condiciones “justas” se realiza en un órgano no-trabajador, sino mixto, donde el empresario tendrá “voz y voto”, pero no la decisión última. Hay que tener presente, en todo momento, que en esta primera etapa el trabajador no tenía representación electa dentro del Sindicato Único, incluso, este es el punto de inflexión entre los dos grandes periodos del franquismo en la cuestión Sindical (en general, en todos los aspectos).

Tampoco debemos olvidar que en los primeros tiempos (hasta finales de los cincuenta11), cualquier tipo de negociación interna dentro del Sindicato estaba totalmente prohibida, y el funcionamiento jerárquico y autoritario quedaba patente. Como también debemos tener en cuenta que, en la práctica, los empresarios sí estaban separados de los trabajadores en cuanto a las ramas que ocupaban.

Así pues, el Sindicato se volvía un actor principal para poder configurar la realidad laboral de las relaciones de trabajo, pero no tiene la última palabra, sino que es un mero instrumento en manos del Estado para que el mismo, a fin de cuentas, decida lo mejor para el individuo en su cualidad de trabajador. Como vemos, todas las notas del nacional-sindicalismo están presentes de una u otra forma. Faltaría el Nacionalismo entendido como la exaltación de lo propio…

Los españoles, en cuanto participan en el trabajo y la producción, constituyen la Organización Sindical.” (Punto XIII.1 del Fuero del Trabajo).

Es interesante la forma en que inicia el enunciado, puesto que no habla de la persona en cuanto a trabajador (o empresario), sino del Español, dándose una nota de exaltación nacional necesaria en un movimiento nacional-sindicalista, donde lo que importa es “el de aquí”, dejando de lado cualquier pronunciamiento sobre trabajadores o empresarios foráneos, aunque a los mismos se les trate en igualdad jurídica, esto no es imprescindible. La nota de “los españoles” en vez de “las personas” constituye un buen elemento sobre el tratamiento desigual del régimen, son los españoles los que forman parte del Estado, y es a ellos a los que se dirige la norma. Luego, después de su condición de Español, está su condición de trabajador o productor.

Así pues, tanto el trabajador como el empresario españoles son parte de la Organización Sindical por el simple hecho de ser un trabajador, o un productor, y es aquí donde encontramos el aspecto obligatorio del Sindicato Único, en que no se exige nada más que prestar el trabajo o realizar una actividad productiva para ya estar incluido en la organización sindical.

Hay que recordar, en este sentido, que estamos ante una ideología acontractualista12, por tanto, es completamente normal y justificado pensar en una organización obligatoria en la cual se ingresa sin necesidad de un acto positivo y voluntario del individuo, ya que la realidad laboral (todas las relaciones posibles) las configura el Estado (“en favor de los trabajadores”, según el ideario último). Así pues, vemos la calidad orgánica del Sindicato, en el sentido de pertenencia obligatoria, como parte “natural” de la organización social y laboral de todo el Estado, siendo parte interna de las obligaciones o derechos de todo trabajador, no como una libertad individual (donde siempre estaría el derecho de pertenecer o no pertenecer), sino como una obligación más en el entramado de las relaciones laborales configuradas desde el Estado.

Se evita, lo más posible, el término de “empresario”, salvo para cuestiones puntuales, cuando se refiere a los sindicatos, la dialéctica usada es distinta, se recurre al trabajo y producción, para englobar a las dos partes interesadas en los procesos productivos englobándolas como una sola. Se es Español, se es parte del sistema o tejido productivo del país, si se es como empresario o como trabajador no reporta una diferencia de clase, sino de función dentro del Estado (fin último de todo).

Así pues, mediante un sencillo pronunciamiento como el presente, toda persona que pertenezca al tejido productivo de España (como español) es parte, a su vez, de la Organización Sindical, un instrumento del Estado sometido a la autoridad última del Caudillo, con ello se cierra el círculo, completamente obligatorio, donde la persona no escapa de las distintas instancias creadas para el control absoluto de la producción. El Sindicato es para los españoles que participan en la producción, parte de ellos.

Y eso que desde un primer momento se abandonó la idea básica del nacional-sindicalismo de crear un Estado en que los medios de producción pertenecieran al Sindicato13. En la redacción del Fuero del Trabajo se ve que la facción “ganadora” es la más conservadora del falangismo.

Medio y final del franquismo


Segunda etapa del sindicalismo español durante el franquismo

Sin abandonar el Sindicato Único, la estructura interna se democratiza, con la aparición de los primeros representantes de los trabajadores libremente elegidos dentro de las empresas. En 1957 los mineros de La Camocha designan una comisión (o comité) heterogénea para discutir con la empresa14 (recordemos que eso estaba terminantemente prohibido por el sistema sindical nacional-sindicalista).

La necesidad de aceptar dicha negociación se ve impuesta por las constantes grandes huelgas15, así pues, en 1958 se promulga una limitada Ley de Convenios Colectivos16. En 1960 aparece un sindicato de clase, de origen católico, descontentos con el régimen dictatorial.

Son años bastante movidos en cuanto al resurgimiento sindical, así pues, aparece en 1961 la Alianza Sindical en el País Vasco (conformada entre UGT, CNT, STV17), en 1962 se produce una gran huelga en Asturias, en donde el gobierno se ve obligado a dialogar con los mismos18.

En 1965 incluso el gobierno toma la iniciativa de entablar diálogo con CNT y las naciente Comisiones Obreras (CC.OO.), conversaciones en las que no se llega a buen fin. En las elecciones sindicales de 1966 (dentro del Sindicato Único) CC.OO. entra en el aparato oficial del sindicato, consiguiendo más o menos la mitad de los representantes. En la clandestinidad se termina de organizar CC.OO., como «movimiento de toda la clase obrera», no se basó en la afiliación para conseguir activistas, sino en la lucha práctica en cuestiones concretas. El funcionamiento “desde dentro” del mismo sistema sindical amarillista le dio una efectividad bastante alta en la consecución de algunos grandes logros, aunque lo pagara con arrestos y persecución19 de algunos de sus dirigentes y activistas.

En 1971 se crea una nueva Ley Sindical, junto con normas complementarias como un decreto sobre el régimen de los cargos sindicales electivos. Dicho año se firmó el Convenio Número 135 de la OIT sobre la protección y facilidades que deben otorgarse a los representantes de empresas, que no fue ratificado hasta 1974.

En los setentas la línea sigue similar, España pasa a ser, en 1974, el segundo país con más horas de trabajo perdidas por huelgas, solo teniendo por delante a Italia. Sindicatos como CC.OO., STV y USO20 participan activamente en huelgas que superan el ámbito laboral, pasando a ser verdaderas manifestaciones contra el régimen. UGT despertaría (con un verdadero “bum sindical”) en la siguiente etapa.

En 1975 muere el Dictador y con ello todo el sistema que venía desmoronándose desde años atrás, comienza una nueva etapa en España. El Sindicato único ya se había demostrado completamente inútil como vehículo de armonización de los intereses tanto de los trabajadores como de los empresarios, en 1975 estaba claro de la falta de funcionalidad de la Organización Sindical21. Aunque desde el Ministerio de Relaciones Sindicales se tenía un plan para mantener el Sindicato único como órgano público y permitir los sindicatos como asociaciones “satélites” que trabajaran de forma conjunta22.

El retorno a las libertades

En 1977 el gobierno Español firma23 "Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, hecho en Nueva York el 19 de diciembre de 1966, donde la Libertad Sindical está consagrada en el artículo 8 de dicho Pacto. España se obligaba a otorgar una libertad Sindical que hasta ahora negaba el propio sistema basado en el nacional-sindicalismo.

Durante este periodo se da una “especie de furor normativo”24, donde las normas se suceden unas a otras sin que quede nada claro el sistema jurídico vigente, se “abusa” de la derogación tácita, con lo cual nada aclara el Derecho Sindical aplicable. Se firmó y ratificó, ese mismo año, el Convenio número 98 de la OIT sobre la aplicación del Derecho de Sindicación y Negociación Colectiva, el número 87 de la OIT sobre la Libertad Sindical y Protección del Derecho Sindical. La Ley 19/1977, de 1 de Abril, Sobre el derecho de asociación sindical25 ve la luz (con ello un paso de gigantes en la regulación de la institución sindical en España), también importante (sobre todo para el tema de la negociación colectiva) el Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de Marzo, sobre Relaciones de Trabajo26.

Cabe destacar que estas normas nacieron con cierto conocimiento de la temporalidad, puesto que se presumía que todo el proceso de reforma política podía acabar con una Constitución Democrática, y habría que revisar la legislación existente para que se adapte a la misma, así pues, el grado de reconocimiento del Derecho Sindical iba a realizar, pero se intentó una especie de prevenir la norma constitucional posible, realizándose esta normativa desorganizada27.

En este proceso de transformación del Estado, donde los Sindicatos tolerados, aunque ilegales aún, participaron en la formación de la Ley 19/197728, proponían un cambio profundo del sistema pero aceptaban29, en términos generales, con cierta buena gana lo que el gobierno en ese momento podía ofrecer, siempre presionando por más pero con una actitud abierta de negociación, se jugaban mucho y lo sabían. Mientras tanto, dentro de los sindicatos existió cierta tendencia a la Unidad, aunque no resultara como se deseaba, CC.OO. con UGT y USO formaron, en Julio del 76, la Coordinadora de Organizaciones Sindicales (COS), que es disuelta en marzo del 77 (algo antes de la aprobación de la Ley 19/1977).

Toda esa normativa fue, en cierta medida, la semilla del posterior gran desarrollo normativo de los Sindicatos, con una relevancia constitucional bastante importante30, actualmente sólo queda vigente de la normativa sindical de ese entonces (en lo organizativo) la parte referida a las asociaciones de empresas, según la Disposición Derogatoria de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.

Fuentes usadas


Normativas:

  • Fuero de los Trabajadores de 1938.
  • Ley de Bases de la Organización Sindical de 6 de diciembre de 1940.
  • Ley sobre Unidad Sindical, 26 de Enero de 1940.
  • Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del derecho de asociación sindical.
  • Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de Marzo, sobre Relaciones de Trabajo.
  • Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.
  • Constitución española de 1978.

Bibliográficas:

  • "Derecho Sindical” de Tomas Sala Franco e Ignacio Albiol Montesinos en Tirant lo Blanch, Derecho, Valencia, 1989.
  • “Derecho Sindical” de Antonio Ojeda Avilés, Tecnos, Madrid, Séptima Edición de 1995.
  • “Nacionalsindicalismo y relación de trabajo” de A.V. Sempere Navarro, AKAL, Madrid, 1982.
  • "Derecho Sindical y transición política” de Rafael Sastre Ibarreche, Tecnos, Madrid 1987
  • "La utopía comunitaria de la colonia San José en Argentina”, publicada en el portal Swisslatin, podemos encontrarlo, a 1 de Junio de 2006 en http://www.swisslatin.ch/quintasuiza-3.htm.

Notas al pie:

1. “Nacionalsindicalismo y relación de trabajo” de A.V. Sempere Navarro, AKAL, Madrid, 1982, página 44.

2. Ibid… páginas 48 y siguientes.

3. Ibid… página 49, que cita a José Antonio.

4. Ibid… página 53 y siguientes.

5. Ibid… página 58 y siguientes.

6. Ibid… página 65.

7. Ibid… páginas 66 y siguientes.

8. Antonio Ojeda Avilés, ob. cit. página 120.

9. “La Organización Sindical se constituye en un orden de Sindicatos industriales, agrarios y de servicios, por ramas de actividades a escala territorial y nacional que comprenda a todos los factores de la producción.” Fuero del trabajo, punto XIII.2., también tenemos en este sentido la Ley sobre la Unidad Sindical, de 26 de Enero de 1940, publicada en el BOE 5 días después, donde se dispone la integración de todos los sindicatos (aún legales, o mejor, adeptos al régimen) en el Sindicato Único.

10. Recordemos en este sentido el componente jerárquico de la empresa, donde el empresario es el máximo exponente del poder dentro de la empresa, donde sí existe una libertad para el empresario.

11. En 1956 y 1957 se dan una serie de huelgas bastante grandes (y seguidas), se suma la presión de EUA y los intentos de España por entrar a la ONU y ser considerado un Estado de Derecho, con lo cual acepta una serie de reformas internas, entre las que se encuentra el permitir que dentro de los sindicatos se negociaran lo que ahora reconocemos como Convenios Colectivos.

12. Cabe destacar que dicha teoría acontractualista se rompió, en parte, con la aprobación de la Ley del Contrato de Trabajo de 26 de Enero de 1944.

13. A.V. Sempere Navarro, ob. cit. página 8.

14. Antonio Ojeda Avilés, ob. cit. página 121

15. En este sentido, véase la nota 11.

16. Así pues, la idea de un sistema sindical armonizador queda, cuanto menos, en entredicho, tienen que reconocer la realidad, que no es otra que la existencia de conflictos de intereses entre el colectivo de trabajadores y los empresarios, así pues, la regularización del Convenio, aunque sea de forma limitada, es una medida muy heterodoxa en el marco de un estado que pretendió ser nacional-sindicalista.

17. Sindicato de trabajadores vascos, central sindical moderada afín al Partido Nacionalista Vasco (PNV).

18. Antonio Ojeda Avilés, ob. cit. página 122

19. Ibid… página 122. Donde nos relata de forma breve el «proceso 1001», contra dirigentes de CC.OO., que termina convirtiéndose en un proceso contra la Sindicación Libre, y del cual la dictadura franquista sale mal parada en la prensa internacional.

20. Unión Sindical Obrera

21. "Derecho Sindical y transición política" de Rafael Sastre Ibarreche, Tecnos, Madrid 1987, página 77.

22. Ibid… páginas 78 y 79.

23. España depositó el instrumento de ratificación el 27 de julio de 1977, entrando en Vigor para España el 27 de abril de 1977, publicado en el BOE el 20 de Abril

24. Rafael Sastre Ibarreche, ob. cit., página 65

25. En este sentido, véase el proceso de aprobación de desarrollado en Rafael Sastre, ob. cit., páginas 81 y siguientes.

26. Para un mejor listado del derecho positivo existente en esa época, véase Rafael Sastre, ob. cit., páginas 66 a 69.

27. Ibid… páginas 70 y 71.

28. Véase nota 25.

29. Rafael Sastre Ibarreche, ob. cit., páginas 99 y 100.

30. Artículos 7 y 28.1 de la Constitución de 1978.


Esta es la segunda parte del artículo dedicado al derecho sindical español durante el franquismo, con un pequeño repaso por las etapas anteriores del sindicalismo en el mencionado país. Puede consultar la primera parte dando click acá.

Breve repaso por el Derecho Sindical Español – Nacionalsindicalismo (I)

Otro de los trabajos presentados durante el periodo de docencia del doctorado, en este caso trata, o intenta tratar, sobre la normativa sindical antes y durante el franquismo, que marcó un antes y un después en cuanto a la realidad sindical y a las reivindicaciones obreras, así como supuso una verdadera mordaza a una de las libertades que forman un pilar en las relaciones laborales en tanto que permiten a la parte débil de la misma poder unirse para reclamar lo que consideran justo. La libertad Sindical, no lo olvidemos, es un Derecho Humano que se ve constantemente atacado tanto por los estados que ven en ella un estorbo como por los empresarios, que los ven como una amenaza a su derecho. Como siempre, he cambiado un poco la introducción con respecto al trabajo entregado, así como algún que otro punto. Como otras veces, he separado el artículo en dos notas, que pueden leerse de forma independiente la una de la otra, aunque es más que recomendable su lectura conjunta.


Introducción:

Este trabajo está planteado como un breve recorrido por el Derecho Sindical español, centrándonos sobre todo en la etapa franquista, desde sus inicios hasta su final. Veremos cómo en un inicio se dieron fuertes disputas dentro del Movimiento Nacional donde unos pretendían construir un sistema económico-político ceñido al programa nacional-sindicalista (querido por parte de la Falange), mientras que los más conservadores del movimiento (incluida una parte de la Falange) no deseaban remover demasiado lo existente durante la dictadura previa a la Segunda República española. En todo caso, el concepto de Sindicalismo manejado está muy alejado de las ideas de Libertad que, ya en ese entonces, existían (y que luego fueron incorporadas totalmente, mediante la aceptación de los distintos instrumentos internacionales de protección de la Libertad Sindical).

Durante la dictadura de Franco se adoptó el funcionamiento de Sindicato Único (o Vertical), en su forma más ortodoxa durante los primeros años del régimen, y luego sólo como un medio de encausar las relaciones laborales donde las libertades de los trabajadores se mantenían coartadas, pero ya podían participar en los procesos de elección de representantes.

En este aspecto, la muerte del Dictador marca un antes y un después en el funcionamiento del Estado, donde España poco a poco va firmando los tratados internacionales en que se reconoce el derecho sindical, y por ello, pasa a reconocer la Libertad sindical, primero de forma muy limitada (una Ley del 77) y luego, con la Constitución de 1978, de una forma plural, ampliada de forma considerable por el tribunal constitucional, en una interpretación basada en los tratados internacionales (de la OIT sobre todo) y en la función de los sindicatos según la propia carta magna. Pero a la constitución y el desarrollo realizado por el Tribunal Constitucional no nos detendremos. Es interesante como aún manteniendo la fachada de ese gobierno dictatorial se aprobaron normas que concedían unos derechos que, unos cuantos años atrás, resultaban una utopía por la que los trabajadores luchaban.

Así pues, mediante este trabajo se pretende ver la evolución histórica en el contexto jurídico – político español en parte a través de los textos normativos, entendiendo que con ellos se pretende hacer sociedad, a la vez que es la sociedad quien los hace, al menos parte de ella, la que en un momento dado sustenta el poder político (en este caso, durante la Dictadura, no podemos negar que sí tenía un apoyo social detrás de ella, aunque no se viera reflejada en un sistema de representación en el que los distintos agentes pudieran discutir libremente).

En el caso del triunfante en un alzamiento como el producido en el 36, tenemos un buen ejemplo del intento de construcción de una nueva realidad por medio del Derecho, en este caso, se rompe con todo un proceso (mundial) de aceptación y regularización de los sindicatos (después de la fase de negación y Tolerancia).

Y todo ello usando la misma justificación política, en donde se mantiene un discurso con una práctica totalmente distinta, superada por los acontecimientos sociales y las crisis económicas, que azuzan a quienes más sufren, a reclamar unos derechos que ven limitados durante demasiado tiempo.

 

Breve repaso histórico de la realidad Sindical Española

Primera época, S. XIX

En 1813, en Cádiz, se abolen las trabas gremiales (una muestra del fin del antiguo régimen), con ello, se declara la libre actividad industrial, sin necesidad de examen, título o incorporación a los gremios existentes, ello no trae consigo el derecho a fundar sindicatos (por supuesto, aunque ya en la Europa industrial se estaba comenzando la fase de tolerancia1 ante los sindicatos o asociaciones obreras), años más tarde, en 1839, se autorizan las sociedades obreras de Socorro mutuo, que sirven como base de los sindicatos. En realidad, las mutuas fueron utilizadas como sindicatos en todo sentido, durante el tiempo que los mismos estaban prohibidos, aprovechando un tipo de asociación profesional (entre obreros) permitida, un buen ejemplo es la Sociedad de Tejedores fundada en 1840 (contando con unos 3 000 afiliados), que entendía de una forma peculiar este socorro, por ejemplo, durante las huelgas los afiliados tenían derecho a un “socorro de paro”. En cambio, intentos más directos de formar organizaciones sindicales no gremiales el gobierno las prohibía, como es el caso del intento en 1841 de crear un falansterio furierista2 en Jerez de la Frontera (Andalucía)3.

Tras unos años de huelgas constantes (donde se llega a pedir la pena de muerte contra los piqueros, en Cataluña) e incluso un intento de implantar la República (en Andalucía, donde los jornaleros toman el control de unos 43 pueblos, luego fuertemente reprimidos por el ejército. Se implanta la Federación Regional de la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) en 1861, en una época donde el asociacionismo es libre, y permite un gran desarrollo del movimiento obrero. La AIT tiene dos corrientes clara, la marxista o socialista, y la anarquista. Esto se refleja también en España, donde Andalucía y Cataluña se inclinan por la segunda mientras que Madrid y otras ciudades del norte por la primera (en parte gracias a la participación de Lafargue, yerno de Marx). En 1874, el 10 de enero, se prohíben por Decreto las organizaciones que "atenten contra la propiedad, la familia y las demás bases sociales"4, así pues, la Internacional queda prescrita. Pero no el resto de organizaciones obreras, mientras se atengan a dichos límites (al menos no hagan frontal su postura en favor de la Internacional).

En 1887 una Ley de asociaciones da la base jurídica necesaria para que surja, en 1988, tras unas huelgas y bases doctrinales generadas desde 1882, la Unión General de Trabajadores (UGT), primera organización sindical a nivel Estatal. En 1891 la encíclica Rerum Novarum da pie a la creación de organizaciones obreras católicas que acaban en la creación del Consejo Nacional de las Corporaciones Católico-obreras, de corte corporativista, donde la organización está integrada tanto por los trabajadores como por los empresarios, entra en la senda del sindicalismo amarillista5. En 1910 se funda la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), central sindical de corte anarquista creada en Barcelona tras el repunte del sindicalismo catalán a principios del siglo XX.

Segunda época, de 1914 a 1931

La época de huelgas se recrudece tras los aumentos desproporcionados del coste de los productos (producido tras el inicio de la primera guerra mundial), en 1916 se comienza una nueva huelga general (esta vez existe el primer pacto de unidad de acción entre CNT y UGT). Cuando acaba la primera guerra mundial, la situación boyante desaparece y la violencia se recrudece, sobre todo en Cataluña. El gobierno decide decretar la jornada de 8 horas, los empresarios catalanes se niegan a cumplir la ley, el gobierno existente cae y sube otro que decide "disciplinar" a los trabajadores (mas no a los empresarios), la violencia llega a niveles insospechados (en 1921 mueren casi 150 trabajadores, unos 50 policías y 30 directivos y empresarios). Se da el levantamiento de Primo de Rivera (1923), y con ello el final (temporal) de la CNT. UGT en esta situación decide "mantenerse en la legalidad"6, cerrando, por ejemplo, el periódico “El Socialista” y pidiendo a sus cuadros que no hicieran nada que justificara acciones represivas por parte del Dictador. Incluso deciden participar en los órganos públicos creados por la dictadura, el Consejo de Estado, el Consejo de Trabajo y los comités paritarios. Las huelgas políticas quedan prohibidas, pero se permiten las económicas. En 1929 la UGT se une al boicot contra la Dictadura. En 1930 Primo de Rivera presentaría su dimisión, la débil dictadura continuada por Berenguer presagiaba la llegada de la República, la CNT es legalizada.

Tercera época, la Segunda República

Durante la segunda República el repunte de los sindicatos fue claro, llegan a cifras millonarias en cuanto a afiliados, y el bienio reformista trajo consigo una serie de reformas laborales en la línea de lo anteriormente pedido. Los jurados mixtos funcionan como órgano de creación de "bases de trabajo", o, en otras palabras, condiciones mínimas de contratación laboral7. En todo este proceso UGT participa activamente, mientras que la CNT, bajo el control de la Federación Anarquista Ibérica (FAI), prefiere continuar con la acción directa y procede a una cierta depuración de sus bases, así pues, expulsa a los grupos moderados y a los dirigidos por Comunistas (entre las que estaba toda la Federación Local de Sevilla), UGT hizo lo mismo con los cuadros sindicales comunistas, los cuales se juntan con los expulsados de CNT creando la Confederación General del Trabajo Unitaria (CGTU) para luego, en 1935, integrarse en la UGT.

Por otra parte, la Falange crea la Central Obrera Nacional-Sindicalista, y la Confederación Nacional de Sindicatos Católicos queda completamente a la Derecha del espectro político al unirse con el Frente Nacional de Trabajo. El paro llega a niveles insospechables, la situación es precaria, y se da las revueltas de octubre en 1934, que fracasan y tienen como saldo más de dos mil muertos y cuarenta mil encarcelados. Durante el Bienio Negro se produce una neutralización de la legislación laboral producida en los primeros años de la república. El antagonismo social y de clase se recrudece. Durante la guerra civil las centrales sindicales cumplen un papel protagonista en la defensa de la República, pero finalmente son derrotadas junto con las fuerzas republicanas. Pero esa ya es otra historia.

Notas al pie de página:

1. En este sentido, véase “Derecho Sindical” de Tomas Sala Franco e Ignacio Albiol Montesinos en Tirant lo Blanch, Derecho, Valencia, 1989, páginas 36 y siguientes.
2. Falansterio quiere decir “Edificación para gente que vive en comunidad”, donde se siguen las ideas del socialista utópico francés François Fourier. Al respecto de una experiencia de este tipo, podemos encontrar “La utopía comunitaria de la colonia San José en Argentina”, publicada en el portal Swisslatin, podemos encontrarlo, a 1 de Junio de 2006 en http://www.swisslatin.ch/quintasuiza-3.htm
3. "Derecho Sindical" de Antonio Ojeda Avilés, Tecnos, Madrid, Séptima Edición de 1995, página 111.
4. Ibid… página 113.
5. Hace referencia a los sindicatos orgánicos, donde conviven los distintos agentes de la relación laboral, también conocido como sindicalismo vertical.
6. Antonio Ojeda Avilés, ob. cit. página 117.
7. Ibid… página 118.


La segunda parte del presente artículo puede leerla dando click acá.